¿EN QUÉ ESTABA EL MINISTERIO DEL INTERIOR: EN PROTEGERNOS O EN CLASIFICARNOS?

Hay documentos que explican mucho más por lo que contienen que por lo que sus autores pretendían que significaran.

El dossier elaborado en 2024 por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior, con 54 páginas y fichas de 280 periodistas y tertulianos, es uno de ellos.

Fotografías. Trayectorias profesionales. Medios en los que trabajan. Y, junto a todo ello, algo mucho más difícil de entender: valoraciones sobre su orientación ideológica y sobre su posición respecto al Gobierno.

A unos se les identifica como próximos al PSOE o favorables al Gobierno. A otros como de derechas, críticos o «anti-Sánchez».

Y entonces surge una pregunta que, a mi juicio, nadie puede evitar:

¿Para qué necesitaba el Ministerio del Interior clasificar ideológicamente a los periodistas?

UNA COSA ES CONOCER LOS MEDIOS. OTRA, CLASIFICAR A QUIENES INFORMAN.

Interior sostiene que se trataba de un documento interno de trabajo destinado a conocer el panorama mediático y mejorar la comunicación del Ministerio.

Puede ser.

Pero esa explicación no resuelve la cuestión fundamental.

Para saber qué piensa un periodista sobre una determinada política basta con leer sus artículos, escuchar sus intervenciones o consultar sus trabajos.

Para saber qué línea editorial mantiene un periódico, basta con conocer ese periódico.

Otra cosa muy distinta es elaborar una ficha personal, con fotografía, trayectoria e ideología atribuida.

Ahí ya no estamos solamente analizando información.

Estamos perfilando personas.

Y cuando quien realiza ese perfilado es un Ministerio del Gobierno, la pregunta adquiere una dimensión mucho mayor.

¿POR QUÉ INTERIOR?

Porque el Ministerio del Interior no es un partido político.

No es una organización electoral.

Y tampoco es un gabinete privado de comunicación.

Es el departamento responsable, entre otras materias, de la seguridad ciudadana, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la protección de nuestras fronteras.

Por eso la pregunta que da título a este artículo no es retórica.

Es una pregunta política y democrática:

¿Estaba el Ministerio dedicando más energía a saber quiénes éramos ideológicamente los periodistas que a garantizar que los ciudadanos estuviéramos protegidos?

No afirmo que una cosa sustituyera a la otra.

No tenemos pruebas para decirlo.

Pero sí tenemos derecho a preguntarnos cuánto tiempo, cuántos medios y qué recursos públicos se dedicaron a elaborar aquel mapa ideológico del periodismo español.

Y tenemos derecho a exigir que se explique para qué se hizo.

¿Y DESPUÉS, QUÉ?

Aquí comienza la parte verdaderamente importante de la investigación.

Porque todavía necesitamos saber quién ordenó exactamente la elaboración del dossier, quién decidió sus criterios, quién redactó las fichas, quién tuvo acceso al documento y, sobre todo, si aquella clasificación tuvo alguna consecuencia práctica.

¿Influyó en la relación con determinados periodistas?

¿En el acceso a fuentes?

¿En entrevistas?

¿En la información facilitada?

¿En la prioridad de las respuestas?

¿En la publicidad institucional?

No sabemos que fuera así.

Y precisamente por eso hay que investigarlo antes de sacar conclusiones.

Lo que sí sabemos es que el documento existió.

Y sabemos también que las opiniones políticas aparecen tratadas como una característica de las personas incluidas.

Eso obliga, además, a formular otra pregunta: ¿con qué base jurídica se realizó ese tratamiento de información?

Las opiniones políticas son una categoría especialmente protegida por la legislación de protección de datos. Que una opinión haya sido expresada públicamente no significa automáticamente que una Administración pueda recopilarla, organizarla y convertirla en un perfil individual para sus propios fines.

Interior tiene que explicar también este extremo.

LA LIBERTAD DE PRENSA NO CONSISTE EN QUE EL PODER NOS TOLERE.

Hay una cuestión que deberíamos ser capaces de defender independientemente de nuestras preferencias políticas.

La libertad de prensa no consiste en que el poder distinga entre periodistas amigos y periodistas incómodos. Consiste precisamente en que el periodista pueda ser incómodo para el poder sin convertirse por ello en una ficha del poder.

Porque un periodista no tiene que ser de izquierdas para criticar a un Gobierno.

Ni de derechas para defenderlo.

Ni progresista para cuestionar una política.

Ni conservador para denunciar un abuso.

Su obligación es informar.

Y la obligación del poder democrático es soportar esa información, incluso cuando resulta incómoda.

NO ES UNA CUESTIÓN DE IZQUIERDAS O DE DERECHAS.

Si mañana un Gobierno de otro signo político hiciera exactamente lo mismo, mi opinión sería idéntica.

El Estado no debería elaborar mapas ideológicos de periodistas.

Ni de izquierdas.

Ni de derechas.

Ni favorables.

Ni críticos.

Porque cuando una Administración comienza a mirar a los periodistas no solamente por lo que publican, sino también por quiénes son políticamente, aparece una frontera que una democracia sana debería vigilar con enorme cuidado.

Y más aún cuando hablamos del Ministerio encargado de la seguridad y de la protección de los ciudadanos.

ESTA HISTORIA NO HA TERMINADO

Las 54 páginas son solamente el principio.

Ahora toca saber quién las encargó, cómo se confeccionaron, qué criterios se utilizaron y qué ocurrió después con ellas.

Y, sobre todo, si aquel mapa ideológico fue simplemente un documento interno sin consecuencias o si terminó sirviendo para algo más.

Porque una democracia no debería tener miedo de investigar al poder.

El poder democrático, por el contrario, debería ser el primero interesado en demostrar que nunca utiliza su fuerza para vigilar, clasificar o condicionar a quienes tienen la obligación de vigilarlo a él.

Y vuelvo a la pregunta inicial, que quizá sea la más sencilla y, al mismo tiempo, la más incómoda:

¿En qué estaba el Ministerio del Interior: en protegernos o en clasificarnos?

La respuesta no debería depender de nuestra ideología.

Debería depender de los hechos.

Luis Faraco.