Hay momentos en política en los que una polémica deja de ser una simple polémica y empieza a revelar una estrategia.
Lo ocurrido estos días con los ataques de un ministro al Rey puede ser uno de ellos.
Porque una cosa es criticar al Rey. En democracia, faltaría más. Otra muy diferente es que desde el Gobierno se convierta al Jefe del Estado en un nuevo frente de confrontación política.
Y quizá ahí esté la verdadera cuestión.
Yo siempre me he sentido republicano. Y, sin embargo, hoy me encuentro defendiendo al Rey.
No porque haya cambiado de convicciones, sino porque ser republicano no obliga a aceptar que quien ocupa la Jefatura del Estado sea arrastrado a la batalla partidista.
Puedo preferir una República y, al mismo tiempo, defender al Rey frente a quienes pretenden convertirlo en un adversario político.
Hay, además, una paradoja que quizá no se haya medido bien: cuanto más se intenta desgastar una institución desde el poder, más puede terminar reforzándosela ante la sociedad.
Una parte importante de los ciudadanos puede no sentirse especialmente monárquica y, sin embargo, rechazar que el Gobierno utilice al Rey como pieza de una estrategia de polarización. Incluso dentro del electorado socialista existe un respaldo significativo a la Monarquía: según los datos publicados por El Independiente, alrededor de un tercio de sus votantes la apoya y la valoración de Felipe VI es mayoritariamente positiva.
Por eso convertir al Rey en un nuevo adversario político puede acabar produciendo un efecto inesperado: hacer que ciudadanos que nunca se habían planteado defender la Monarquía terminen defendiendo al Rey.
Pero el problema de fondo no es la Monarquía.
Es el poder.
Pedro Sánchez ha demostrado una extraordinaria capacidad de supervivencia política. Ha sabido construir mayorías difíciles y adaptarse a escenarios cambiantes. Eso forma parte de la política y, por sí mismo, no merece reproche.
La cuestión empieza cuando la conservación del poder deja de ser un medio para aplicar un proyecto político y parece convertirse en el objetivo que condiciona todo lo demás.
Sánchez no llegó al Gobierno en 2023 gracias a una mayoría ideológica homogénea. Llegó gracias a una mayoría parlamentaria extraordinariamente heterogénea, en la que fueron imprescindibles los apoyos de ERC, Junts, EH Bildu y PNV.
Sin esa suma, la investidura no habría sido posible.
Pactar con quien piensa diferente es perfectamente legítimo en democracia. Lo que merece reflexión es que la estabilidad de un Gobierno pueda quedar vinculada a fuerzas cuyo proyecto político cuestiona algunos de los elementos esenciales del Estado constitucional.
Y entonces surge la pregunta que está por encima de cualquier pacto concreto:
¿Dónde están los límites?.
Porque una democracia no se define únicamente por quién gobierna, sino también por aquello que ni siquiera quien gobierna puede hacer.
Cuando las instituciones que ponen límites al poder empiezan a ser tratadas como adversarios, algo cambia. El conflicto deja de desarrollarse únicamente dentro del sistema y comienza a proyectarse sobre los propios pilares que permiten que el sistema funcione.
Es entonces cuando la polarización deja de ser solamente una estrategia electoral y puede convertirse en una forma de ejercer el poder.
El problema no es que un Gobierno tenga adversarios. El problema aparece cuando cada límite al poder acaba presentado como un obstáculo que debe ser neutralizado.
Y ahí el episodio del Rey adquiere una importancia que va mucho más allá de una declaración desafortunada de un ministro.
Porque el Rey puede ser criticado. Puede ser cuestionado. Incluso puede defenderse legítimamente la República.
Lo que no debería ocurrir es que el Jefe del Estado sea utilizado desde el poder ejecutivo como una pieza más de la confrontación partidista.
Las instituciones no son trincheras. Son los límites que protegen a todos cuando cambia el poder.
Y esa diferencia resulta esencial.
Porque Sánchez pasará. Como pasaron todos los presidentes anteriores y pasarán todos los que vengan después.
Lo que permanecerá será el Estado y sus instituciones.
Por eso quizá el verdadero debate no sea si Sánchez es monárquico o republicano. Ni siquiera si desea o no una República.
La cuestión es mucho más incómoda:
¿Está dispuesto a aceptar límites cuando esos límites dificultan su permanencia en el poder?
Si la respuesta fuera negativa, estaríamos ante un problema mucho mayor que una disputa política.
Porque una democracia no puede depender de la capacidad de resistencia de un gobernante.
Necesita que incluso el gobernante más poderoso encuentre límites que no pueda cruzar.
Montesquieu lo formuló hace casi tres siglos con una claridad que conserva toda su vigencia:
«Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder.»
Ese es el verdadero debate.
No Monarquía o República.
No izquierda o derecha.
No Sánchez o el Rey.
Democracia frente a la tentación de un poder sin límites.
Luis Faraco Roldán
No hay comentarios:
Publicar un comentario