«Los Estados no tienen amigos, solo intereses permanentes.»
Lord Palmerston
Hay escándalos que terminan con las detenciones. Y hay otros que, lejos de terminar, abren preguntas mucho más incómodas.
El Marocgate, destapado en diciembre de 2022 en el Parlamento Europeo, pertenece a la segunda categoría.
La investigación judicial belga puso al descubierto una trama de corrupción en la que aparecieron eurodiputados, asistentes parlamentarios, dinero e intermediarios al servicio de intereses extranjeros. En la vertiente marroquí, el objetivo era defender los intereses de Rabat y, especialmente, su posición sobre el Sáhara Occidental.
Y surge una pregunta inevitable:
Si Marruecos fue capaz de construir una red de influencia en el Parlamento Europeo, ¿qué mecanismos utiliza para defender sus intereses en España?
NO ESTAMOS HABLANDO DE UNA DEMOCRACIA OCCIDENTAL.
Antes de seguir, conviene recordar quién es el actor que tenemos delante.
Marruecos es una monarquía autoritaria, con un poder político, religioso y de seguridad extraordinariamente concentrado en la Corona y en el entorno del Majzén.
Las elecciones existen. El Parlamento existe. Los partidos existen.
Pero no confundamos las formas con el fondo.
Marruecos no funciona como una democracia liberal europea.
Y esto es fundamental para entender lo que viene: cuando hablamos de diplomacia, inteligencia, lobby o presión migratoria, estamos hablando de un Estado con una estrategia de poder muy definida y con una enorme concentración de decisiones en torno a la Corona.
SÁNCHEZ: UN GIRO COPERNICANO Y DEMASIADAS PREGUNTAS.
El 18 de marzo de 2022 Pedro Sánchez dio un giro copernicano a la política española sobre el Sáhara.
La propuesta marroquí de autonomía pasó a ser para el Gobierno español «la base más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto.
Marruecos había conseguido lo que llevaba años buscando.
Y lo había conseguido de un Gobierno socialista.
Sánchez ha defendido que aquello no fue una ruptura, sino una evolución de posiciones anteriores. Puede defenderlo.
Pero las preguntas permanecen:
¿Por qué entonces?
¿Por qué después de la crisis de Ceuta?
¿Por qué después del espionaje mediante Pegasus?
Y, sobre todo:
¿Qué recibió España a cambio de abandonar una posición mantenida durante décadas?
Una política exterior puede cambiar. Lo que resulta difícil de entender es que un cambio tan radical parezca no haber tenido un precio político conocido ni una explicación suficientemente convincente.
PEGASUS: LA PIEZA INCÓMODA.
En mayo de 2021, en plena crisis con Marruecos, los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles fueron infectados con Pegasus. Posteriormente se conoció también la infección del teléfono de la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya.
El Gobierno calificó los ataques de externos e ilícitos.
No existe una prueba pública que permita afirmar que Marruecos utilizó Pegasus para chantajear a Sánchez.
Pero tampoco podemos ignorar la secuencia:
crisis con Marruecos → Pegasus → menos de un año después, giro histórico sobre el Sáhara.
Sánchez negó que ambas cuestiones estuvieran relacionadas.
Perfecto. Esa es su explicación.
Pero la pregunta permanece:
¿Qué información fue obtenida mediante Pegasus y pudo influir, directa o indirectamente, en las decisiones posteriores del Gobierno español?
No afirmo una relación directa.
Digo que merece ser investigada.
LA IZQUIERDA Y SU PROPIA CONTRADICCIÓN.
Durante décadas, el Sáhara fue una de las grandes causas internacionales de la izquierda española.
PSOE, PCE, Izquierda Unida y posteriormente Podemos hicieron de la defensa del pueblo saharaui y de su derecho a la autodeterminación una bandera política.
Hasta marzo de 2022.
Sánchez cambió la posición española.
Podemos protestó.
El PCE habló de traición.
El Frente Polisario rompió con el Gobierno español.
¿Y qué hizo Podemos?
Continuó en el Gobierno.
Porque una cosa es denunciar una decisión y otra estar dispuesto a perder el poder por ella.
Podemos no lo estuvo.
En 2023 llegó Sumar. Se negoció un nuevo Gobierno con Sánchez y el Sáhara no fue una condición para gobernar.
Sumar ha seguido defendiendo posteriormente la autodeterminación saharaui. Es cierto.
Pero existe una diferencia fundamental entre mantener una causa en el discurso y convertirla en una condición para ejercer el poder.
Para una parte de la izquierda española, el Sáhara fue una causa irrenunciable mientras estaba en la oposición. Cuando llegó la hora de gobernar, dejó de ser una condición irrenunciable.
LOS AMIGOS ESPAÑOLES DE RABAT.
Después del giro aparecen antiguos dirigentes españoles defendiendo una relación especialmente estrecha con Marruecos.
Zapatero, Bono, Trujillo, Moratinos…
No estamos diciendo que sean agentes marroquíes ni que hayan recibido dinero de Rabat.
Estamos señalando algo mucho más concreto:
Existe una red de relaciones políticas, diplomáticas, empresariales y personales entre determinados sectores de las élites españolas y Marruecos.
Y aparece otra palabra:
lobby.
El Marocgate representa la influencia clandestina: dinero, intermediarios y presunta corrupción.
Pero la influencia también puede ejercerse legalmente.
Aquí aparece Acento, la consultora fundada por José Blanco, con actividad de lobby y vinculaciones profesionales con intereses marroquíes. Su estructura ha contado además con antiguos cargos del PP, como Alfonso Alonso.
Esto demuestra que el fenómeno no puede reducirse a un solo partido.
Y tampoco tiene que ser ilegal para ser poderoso.
La pregunta es:
¿Qué intereses se defienden, ante quién, con qué intensidad y con qué resultados?
Y LLEGAMOS A CEUTA.
Después de la crisis de 2021, España modificó su posición sobre el Sáhara y construyó con Marruecos una relación presentada como estratégica y privilegiada.
Se reforzó la cooperación migratoria y de seguridad.
Y, sin embargo, en 2026 decenas de miles de personas llegaron a Ceuta desde Marruecos, en una avalancha de dimensiones extraordinarias.
Aquí resulta difícil aceptar sin más la explicación de que «nadie lo esperaba».
En esta crisis confluyen Marruecos, España, Estados Unidos e Israel, cuatro países con capacidades de inteligencia y seguridad de primer nivel.
Por eso la pregunta no es:
«¿Por qué no se esperaba la avalancha?»
La pregunta es:
¿Qué sabía el Gobierno español, cuándo lo supo, quién recibió esa información y qué hizo con ella?
Porque las posibilidades son muy diferentes.
Una cosa sería una extraordinaria ineficacia.
Otra, recibir información suficiente y no actuar adecuadamente.
Y otra, infinitamente más grave, que hubiera algún grado de conocimiento, tolerancia o entendimiento previo que todavía no conocemos.
Porque pretender que una avalancha de semejante magnitud podía producirse sin información previa suficiente es pedirnos demasiado.
LA VERDADERA PREGUNTA.
Después de recorrer todo este camino, quizá la pregunta inicial —«¿compra Marruecos políticos?»— sea demasiado simple.
El Marocgate demuestra que Rabat utilizó mecanismos clandestinos de influencia en Bruselas.
Pegasus introdujo una dimensión de espionaje extraordinariamente sensible durante una crisis con Marruecos.
El giro de 2022 modificó radicalmente la posición española sobre el Sáhara.
Podemos y Sumar muestran la contradicción de una izquierda que mantuvo el discurso de apoyo al pueblo saharaui, pero no convirtió esa causa en una condición para continuar gobernando.
El lobby demuestra que la influencia también puede ejercerse dentro de la legalidad.
Y Ceuta 2026 obliga a preguntar qué sabía realmente el Estado español sobre lo que estaba ocurriendo al otro lado de su frontera.
No sabemos si todas estas piezas forman parte de una misma estrategia.
Pero tampoco parece razonable contemplarlas como episodios completamente aislados.
Porque quizá el verdadero éxito de Marruecos no consista en comprar voluntades.
Quizá consista en algo mucho más sofisticado:
Construir relaciones, generar dependencias, ejercer presión y conseguir que sus intereses terminen siendo asumidos como propios por quienes toman las decisiones.
Y si eso fuera así, el Marocgate no sería el final de la historia.
Sería solamente el momento en que descubrimos cómo funciona una parte de ella.
«Cuando un Estado autoritario consigue que una democracia haga su voluntad sin necesidad de ordenárselo, quizá ya no estamos hablando solamente de diplomacia. Estamos hablando de poder.»
Luis Faraco Roldán.



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