CRECIMIENTO SIN PROSPERIDAD.

Cuando las estadísticas mejoran, pero la vida de los ciudadanos no.

Durante los últimos años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido el crecimiento del PIB en el principal argumento para defender su política económica. España —se nos dice— lidera el crecimiento entre las grandes economías europeas, crea empleo y recibe el reconocimiento de diversos organismos internacionales.

Sin embargo, millones de españoles perciben una realidad muy distinta. Cada vez resulta más difícil acceder a una vivienda, ahorrar, llegar a fin de mes o confiar en que los hijos vivirán mejor que sus padres.

¿Cómo pueden ser ciertas ambas cosas al mismo tiempo?

Porque crecimiento y prosperidad no son lo mismo.

Éste es, probablemente, el mayor error del relato económico del Gobierno: confundir el crecimiento de la economía con la mejora real del bienestar de los ciudadanos.

El crecimiento mide el tamaño de una economía. La prosperidad mide la calidad de vida de las personas. Una economía puede crecer porque aumenta la población, porque trabajan más personas o porque se consume más. Pero la prosperidad se refleja en los salarios reales, en la capacidad de ahorro, en el acceso a una vivienda, en la estabilidad laboral y en las oportunidades que una sociedad ofrece a quienes viven en ella.

Y es precisamente ahí donde empiezan las dudas.

Uno de los principales motores del crecimiento reciente ha sido el fuerte aumento de la población, impulsado en gran medida por la inmigración. España necesita inmigración para afrontar el reto demográfico y cubrir determinadas necesidades del mercado laboral. Negarlo sería tan equivocado como sostener que cualquier volumen de inmigración puede absorberse sin consecuencias económicas y sociales.

Porque la economía funciona sobre principios que ningún gobierno ha conseguido derogar. Uno de ellos es la ley de la oferta y la demanda.

Cuando la oferta de trabajadores aumenta con mucha rapidez, especialmente en los sectores de menor cualificación, puede producirse una presión sobre los salarios y reducirse el poder de negociación de quienes dependen exclusivamente de su trabajo para vivir. La intensidad de ese efecto depende de numerosos factores, pero ignorar que puede existir supone negar uno de los principios básicos de la economía.

Los principales beneficiados de esa situación son aquellos sectores que necesitan abundante mano de obra y pueden contener sus costes laborales. Los principales perjudicados son quienes viven exclusivamente de su salario, los jóvenes que intentan incorporarse al mercado laboral y buena parte de la clase media trabajadora.

Pero los efectos no terminan en el empleo.

Cada nuevo residente necesita una vivienda. Si la población crece mucho más deprisa que la construcción de nuevas viviendas, el resultado es previsible: aumenta la presión sobre el mercado inmobiliario y los precios del alquiler y de la compra continúan escalando.

España lleva años viviendo precisamente ese desequilibrio.

Los jóvenes retrasan su emancipación. Cada vez más familias destinan una parte creciente de sus ingresos a la vivienda. Ahorrar resulta más difícil. Y el esfuerzo necesario para adquirir una casa se ha convertido, para muchos, en un objetivo casi inalcanzable.

Paradójicamente, muchos inmigrantes también acaban padeciendo esa misma realidad. Llegan buscando una vida mejor y se encuentran con alquileres prohibitivos, empleos precarios y enormes dificultades para construir un proyecto de vida estable.

No se trata, por tanto, de enfrentar a españoles e inmigrantes. Ambos terminan soportando las consecuencias de unas políticas que no han acompasado el crecimiento demográfico con la construcción de vivienda suficiente, el incremento de la productividad, la inversión empresarial y el refuerzo de los servicios públicos.

El verdadero debate no debería ser si España necesita inmigración. La cuestión es si el Gobierno está gestionando ese fenómeno con criterios económicos y de sostenibilidad o si, por el contrario, está confundiendo crecimiento demográfico con prosperidad.

Durante demasiado tiempo se nos ha querido convencer de que un mayor PIB equivale automáticamente a un mayor bienestar.

Pero el PIB no paga el alquiler.

El PIB no llena la cesta de la compra.

El PIB no permite ahorrar para comprar una vivienda.

Eso lo hacen los salarios, la productividad, el empleo de calidad y unas políticas económicas capaces de generar oportunidades reales.

Las políticas públicas no deben juzgarse por las intenciones que proclaman, sino por los resultados que producen. Cuando una parte creciente de la sociedad tiene más dificultades para acceder a una vivienda, ahorrar o mejorar su nivel de vida, conviene preguntarse si el éxito que reflejan las estadísticas es también el éxito que perciben los ciudadanos.

Los gobiernos pasan. Las ideologías cambian. Las cifras suben y bajan. Pero hay una pregunta que permanece inalterable y que cualquier ciudadano entiende sin necesidad de ser economista:

¿Vive hoy mejor que hace unos años?

Si la respuesta es negativa para una parte creciente de la sociedad, quizá haya llegado el momento de replantear las políticas que nos han traído hasta aquí.

Porque el crecimiento es un medio; la prosperidad es el fin.

Los países no prosperan cuando simplemente aumentan su PIB. Prosperan cuando el trabajo vuelve a ser suficiente para construir un proyecto de vida, acceder a una vivienda, formar una familia, ahorrar y mirar al futuro con confianza.

Ésa, y no otra, es la verdadera medida del éxito de una política económica.

Luis Faraco Roldán

NO ES UN PACTO DE ESTADO, ES UN PACTO DE SUPERVIVENCIA

«Los Pactos de Estado solo son posibles cuando el interés general está por encima del interés del Gobierno.»

Los Pactos de Estado constituyen la máxima expresión de la política con mayúsculas. No nacen para resolver las dificultades de un Gobierno ni para mejorar la posición de un presidente en un momento de debilidad. Nacen para proteger los intereses permanentes de una nación. Trascienden las mayorías parlamentarias, las legislaturas y las estrategias electorales. Exigen altura de miras, generosidad y, sobre todo, un elemento sin el cual ningún gran acuerdo resulta posible: la confianza.

Precisamente por eso conviene preguntarse si la apelación de Pedro Sánchez a un nuevo Pacto de Estado responde a una verdadera convicción institucional o a una necesidad política.

Porque la confianza no se improvisa.

Se construye con el tiempo. Con el respeto al adversario. Con la lealtad institucional. Con la voluntad sincera de buscar espacios de encuentro incluso en medio de las discrepancias. Y, desgraciadamente, nada de eso puede edificarse de la noche a la mañana cuando durante años ha predominado la confrontación.

A lo largo de esta legislatura, el principal partido de la oposición ha dejado de ser tratado, en demasiadas ocasiones, como un legítimo adversario político para convertirse en el destinatario de una descalificación permanente. Paralelamente, el Gobierno ha sustentado su estabilidad parlamentaria en fuerzas que no ocultan su propósito de revisar, cuando no de cuestionar abiertamente, algunos de los pilares del consenso constitucional de 1978.

Ese contexto no puede ignorarse cuando se reclama ahora un gran acuerdo nacional.

Los Pactos de Estado no se construyen sobre una fotografía institucional ni sobre una declaración solemne. Se construyen sobre la credibilidad de quien los propone. Y la credibilidad depende siempre de la trayectoria política previa.

No basta con invocar el consenso cuando arrecian las dificultades. Hay que haberlo practicado cuando las circunstancias eran favorables.

España atraviesa uno de los periodos de mayor polarización política de las últimas décadas. Esa fractura no puede atribuirse exclusivamente a una sola fuerza política, pero tampoco sería honesto negar que desde el propio Gobierno se ha contribuido, en numerosas ocasiones, a alimentar un clima en el que el desacuerdo político ha terminado convirtiéndose en descalificación personal y la discrepancia en sospecha.

En un ambiente así resulta extraordinariamente difícil reconstruir la confianza imprescindible para afrontar las grandes cuestiones de Estado.

La confianza constituye uno de los patrimonios más valiosos de cualquier democracia. Se tarda años en ganarla y apenas unos meses en perderla. Cuando desaparece, ninguna convocatoria en La Moncloa puede restablecerla por decreto.

Por eso conviene distinguir entre un auténtico Pacto de Estado y un pacto de supervivencia.

El primero nace de la voluntad compartida de fortalecer las instituciones y afrontar unidos los grandes desafíos nacionales. El segundo aparece cuando un Gobierno debilitado necesita proyectar una imagen de liderazgo, estabilidad o centralidad política en un momento especialmente delicado.

Son dos conceptos radicalmente distintos.

Nadie puede reclamar confianza después de haber gobernado durante años alimentando la confrontación. Nadie puede exigir grandes consensos si previamente ha convertido el enfrentamiento en una herramienta habitual de acción política.

Los Pactos de Estado requieren algo más que una convocatoria. Requieren autoridad moral. Y la autoridad moral no la otorga una investidura parlamentaria; se conquista cada día mediante el respeto a las instituciones, a las reglas del juego democrático y también a quienes representan legítimamente posiciones diferentes.

Gobernar no consiste únicamente en reunir los apoyos necesarios para aprobar leyes. Gobernar también significa preservar el clima institucional que permite que, cuando el interés nacional lo exige, las principales fuerzas políticas puedan sentarse alrededor de una mesa con un mínimo de confianza recíproca.

Ese capital institucional es tan valioso como frágil.

Quizá por eso la cuestión no sea si España necesita Pactos de Estado. Desde luego que los necesita. En materias tan esenciales como la educación, la justicia, la política energética, la inmigración, la política exterior o la sostenibilidad del sistema público de pensiones, el consenso debería ser la regla y no la excepción.

La verdadera pregunta es otra.

¿Puede liderar esos grandes acuerdos quien ha contribuido durante años a erosionar el clima de entendimiento imprescindible para alcanzarlos?

Cada ciudadano responderá conforme a su propio criterio.

Pero existe una realidad difícilmente discutible: los grandes acuerdos nacionales no nacen cuando un Gobierno los necesita. Nacen cuando quienes los impulsan han demostrado, a lo largo del tiempo, que consideran el consenso un principio de actuación y no un recurso de última hora.

Porque los gobiernos pasan.

Las instituciones permanecen.

Los Pactos de Estado son el patrimonio de una nación, no el salvavidas de un Gobierno. Cuando se utilizan para sobrevivir políticamente, dejan de ser verdaderos Pactos de Estado para convertirse, simplemente, en pactos de supervivencia.

Luis Faraco Roldán