«Los Pactos de Estado solo son posibles cuando el interés general está por encima del interés del Gobierno.»
Los Pactos de Estado constituyen la máxima expresión de la política con mayúsculas. No nacen para resolver las dificultades de un Gobierno ni para mejorar la posición de un presidente en un momento de debilidad. Nacen para proteger los intereses permanentes de una nación. Trascienden las mayorías parlamentarias, las legislaturas y las estrategias electorales. Exigen altura de miras, generosidad y, sobre todo, un elemento sin el cual ningún gran acuerdo resulta posible: la confianza.
Precisamente por eso conviene preguntarse si la apelación de Pedro Sánchez a un nuevo Pacto de Estado responde a una verdadera convicción institucional o a una necesidad política.
Porque la confianza no se improvisa.
Se construye con el tiempo. Con el respeto al adversario. Con la lealtad institucional. Con la voluntad sincera de buscar espacios de encuentro incluso en medio de las discrepancias. Y, desgraciadamente, nada de eso puede edificarse de la noche a la mañana cuando durante años ha predominado la confrontación.
A lo largo de esta legislatura, el principal partido de la oposición ha dejado de ser tratado, en demasiadas ocasiones, como un legítimo adversario político para convertirse en el destinatario de una descalificación permanente. Paralelamente, el Gobierno ha sustentado su estabilidad parlamentaria en fuerzas que no ocultan su propósito de revisar, cuando no de cuestionar abiertamente, algunos de los pilares del consenso constitucional de 1978.
Ese contexto no puede ignorarse cuando se reclama ahora un gran acuerdo nacional.
Los Pactos de Estado no se construyen sobre una fotografía institucional ni sobre una declaración solemne. Se construyen sobre la credibilidad de quien los propone. Y la credibilidad depende siempre de la trayectoria política previa.
No basta con invocar el consenso cuando arrecian las dificultades. Hay que haberlo practicado cuando las circunstancias eran favorables.
España atraviesa uno de los periodos de mayor polarización política de las últimas décadas. Esa fractura no puede atribuirse exclusivamente a una sola fuerza política, pero tampoco sería honesto negar que desde el propio Gobierno se ha contribuido, en numerosas ocasiones, a alimentar un clima en el que el desacuerdo político ha terminado convirtiéndose en descalificación personal y la discrepancia en sospecha.
En un ambiente así resulta extraordinariamente difícil reconstruir la confianza imprescindible para afrontar las grandes cuestiones de Estado.
La confianza constituye uno de los patrimonios más valiosos de cualquier democracia. Se tarda años en ganarla y apenas unos meses en perderla. Cuando desaparece, ninguna convocatoria en La Moncloa puede restablecerla por decreto.
Por eso conviene distinguir entre un auténtico Pacto de Estado y un pacto de supervivencia.
El primero nace de la voluntad compartida de fortalecer las instituciones y afrontar unidos los grandes desafíos nacionales. El segundo aparece cuando un Gobierno debilitado necesita proyectar una imagen de liderazgo, estabilidad o centralidad política en un momento especialmente delicado.
Son dos conceptos radicalmente distintos.
Nadie puede reclamar confianza después de haber gobernado durante años alimentando la confrontación. Nadie puede exigir grandes consensos si previamente ha convertido el enfrentamiento en una herramienta habitual de acción política.
Los Pactos de Estado requieren algo más que una convocatoria. Requieren autoridad moral. Y la autoridad moral no la otorga una investidura parlamentaria; se conquista cada día mediante el respeto a las instituciones, a las reglas del juego democrático y también a quienes representan legítimamente posiciones diferentes.
Gobernar no consiste únicamente en reunir los apoyos necesarios para aprobar leyes. Gobernar también significa preservar el clima institucional que permite que, cuando el interés nacional lo exige, las principales fuerzas políticas puedan sentarse alrededor de una mesa con un mínimo de confianza recíproca.
Ese capital institucional es tan valioso como frágil.
Quizá por eso la cuestión no sea si España necesita Pactos de Estado. Desde luego que los necesita. En materias tan esenciales como la educación, la justicia, la política energética, la inmigración, la política exterior o la sostenibilidad del sistema público de pensiones, el consenso debería ser la regla y no la excepción.
La verdadera pregunta es otra.
¿Puede liderar esos grandes acuerdos quien ha contribuido durante años a erosionar el clima de entendimiento imprescindible para alcanzarlos?
Cada ciudadano responderá conforme a su propio criterio.
Pero existe una realidad difícilmente discutible: los grandes acuerdos nacionales no nacen cuando un Gobierno los necesita. Nacen cuando quienes los impulsan han demostrado, a lo largo del tiempo, que consideran el consenso un principio de actuación y no un recurso de última hora.
Porque los gobiernos pasan.
Las instituciones permanecen.
Los Pactos de Estado son el patrimonio de una nación, no el salvavidas de un Gobierno. Cuando se utilizan para sobrevivir políticamente, dejan de ser verdaderos Pactos de Estado para convertirse, simplemente, en pactos de supervivencia.
Luis Faraco Roldán
