"Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder."
— Montesquieu

El mayor peligro de mantener a un gobernante débil y sin escrúpulos

El mayor peligro de mantener a un gobernante débil y sin escrúpulos es que altera por completo el funcionamiento normal del sistema político. Cuando la cabeza es débil, las partes menos importantes del "cuerpo" político adquieren un poder y una capacidad de influencia que jamás tendrían en circunstancias normales.

Esa puede ser una de las razones por las que, desde 2018, partidos situados en posiciones ideológicas aparentemente irreconciliables —desde la extrema izquierda hasta el nacionalismo y el independentismo más radical— han respaldado a Pedro Sánchez. Mantener un Gobierno central débil, presidido por un dirigente sin una ideología reconocible, sin escrúpulos y sin límites, facilita la obtención de privilegios y concesiones para quienes anteponen sus propios intereses al interés general de España, que debería ser la prioridad de cualquier gobierno digno de ese nombre.

Durante estos años hemos asistido a cesiones al País Vasco y a Cataluña que, en opinión de numerosos juristas y analistas, debilitan principios esenciales del Estado. Entre ellas destacan medidas que afectan a la Caja Única de la Seguridad Social y otras decisiones que, según esos análisis, cuestionan el principio constitucional de igualdad de todos los españoles, con independencia de su lugar de residencia o de cualquier otra circunstancia personal. La percepción de una parte de la sociedad es que esos principios han quedado seriamente erosionados.

Hay, además, algo que sigo sin comprender. ¿Cómo han podido partidos como el Partido Comunista, Izquierda Unida, Podemos o Sumar asumir sin apenas resistencia una deriva política tan alejada de muchos de los principios que históricamente defendían? Desde una perspectiva sociológica y politológica resulta difícil encontrar una explicación convincente, salvo que la conservación del poder, los cargos institucionales y los privilegios de sus dirigentes haya terminado prevaleciendo sobre cualquier otra consideración.

También provoca una profunda perplejidad la actitud de una parte de la Unión Europea y de la anterior Administración demócrata de Estados Unidos durante estos años. La tolerancia mostrada hacia los continuos deterioros institucionales parece haber respondido a intereses coyunturales que hoy comienzan a revelar un coste político muy elevado. Ese precio puede resultar incalculable y, en algunos aspectos, difícilmente reparable.

Más allá de la polarización interna y del enfrentamiento entre españoles, la actual situación proyecta vulnerabilidad sobre la propia Unión Europea, sobre la OTAN y, en definitiva, sobre el conjunto del mundo occidental. Cuando un Estado miembro debilita deliberadamente sus instituciones, el problema deja de ser exclusivamente nacional para convertirse en un riesgo compartido por todos sus aliados.

Confío en que quienes hicieron posible la continuidad política de Pedro Sánchez sean también conscientes de la responsabilidad histórica que les corresponde y retiren su apoyo antes de que finalice el año. Si no lo hacen, el deterioro institucional seguirá profundizándose y el coste para España será cada vez mayor.

Porque las democracias no suelen morir de golpe. Se desgastan lentamente, concesión tras concesión, cesión tras cesión, hasta que un día los ciudadanos descubren que aquello que daban por garantizado ya ha desaparecido. Reconstruir unas instituciones debilitadas siempre resulta mucho más difícil que haberlas protegido a tiempo. España todavía está a tiempo de evitar ese desenlace, pero el margen para reaccionar se estrecha cada día.

Luis Faraco.