EL FRACASO DE LOS «DECRETOS MARICARMEN».

El Gobierno ha recibido hoy un doble varapalo. El Congreso ha rechazado los dos decretos de vivienda que Pedro Sánchez presentó como respuesta al caso de Maricarmen. El primero por 178 votos frente a 172 y el segundo por 184 frente a 166.

Pero la derrota parlamentaria es solamente una parte del fracaso. Lo ocurrido demuestra también la utilización política de un caso particular para intentar sacar adelante, por la vía del decreto, unas medidas que el Gobierno sabía que no contaban con el respaldo suficiente del Parlamento.

Durante días hemos asistido a una operación perfectamente organizada alrededor de la acampada de la Puerta del Sol. El llamado Sindicato de Inquilinas convirtió el caso Maricarmen en bandera política y trató de trasladar la presión de la calle al Congreso. La Delegación del Gobierno permitió la acampada y TVE le proporcionó una cobertura extraordinaria para una movilización que, a la hora de la verdad, reunió a unas pocas centenas de personas.

La operación ha terminado como tenía que terminar: los decretos han sido rechazados.

Pero hay algo todavía más grave.

Los decretos de hoy constituyen una nueva demostración de la falta de respeto del Gobierno por la división de poderes.

Hace apenas 22 días, el Congreso de los Diputados aprobó por mayoría los ocho puntos de una moción sobre vivienda. Entre ellos estaban la derogación de la Ley de Vivienda, la reforma de la Ley del Suelo, la lucha contra la ocupación ilegal, la reducción del IVA de la primera vivienda nueva al 4 %, la ampliación de avales para jóvenes, la simplificación de licencias y la movilización de suelo público para vivienda asequible y social.

El Parlamento había fijado una posición política mediante una votación democrática. No era una propuesta de los acampados de Sol. No era una reivindicación de un sindicato. Era una decisión del Poder Legislativo.

Y 22 días después, el Gobierno presenta dos reales decretos-ley que van en dirección contraria a buena parte de aquello que el Congreso había aprobado.

Esto no es respetar la división de poderes.

El Gobierno no respeta al Poder Judicial cuando una resolución judicial no le gusta y tampoco respeta al Poder Legislativo cuando una mayoría parlamentaria no coincide con sus intereses.

Gobernar no consiste en aprobar por decreto aquello que no se consigue aprobar en el Parlamento. Para eso está precisamente la división de poderes.

Y lo ocurrido hoy tiene además otra vertiente especialmente preocupante. Hemos visto a ministros y dirigentes de la izquierda señalar con nombres y apellidos a dirigentes y diputados del PP, Vox y Junts por su decisión de votar en contra de los decretos. Sánchez llegó a plantear que esos partidos debían demostrar «de qué lado están» y desde Sumar se llegó a hacer corresponsables a PP, Vox y Junts de posibles muertes y sufrimientos si votaban en contra.

Un diputado no tiene que pedir permiso al Gobierno para votar. Tiene que votar libremente y responder ante sus electores.

Nuestra democracia se construyó precisamente para que el adversario político pueda votar diferente sin ser señalado como enemigo.

Nuestra historia ya conoció demasiadas veces la intimidación política y la negación del adversario como legítimo representante de una parte de la sociedad. No deberíamos volver a ese camino.

En una democracia representativa, la calle protesta. El Parlamento decide.

Las pancartas no sustituyen a las urnas. Las acampadas no sustituyen al Congreso.

Y hoy el Congreso ha decidido. Dos veces. Y dos veces ha dicho no.

El fracaso es doble. Ha fracasado el Gobierno y ha fracasado la operación política del llamado Sindicato de Inquilinas, que pretendía condicionar desde la calle la decisión de los diputados.

También ha quedado en evidencia la distancia entre la dimensión real de la protesta y la enorme repercusión mediática que ha recibido. Durante días parecía que Sol estaba protagonizando una movilización social multitudinaria. Hoy, cuando llegó el momento de contar votos, la realidad fue muy distinta.

Y eso es lo que importa en una democracia parlamentaria: los votos, no las pancartas.

Los decretos tampoco iban a solucionar el problema de la vivienda. No iban a construir las viviendas que faltan, no iban a crear suelo, no iban a conseguir que bajaran los alquileres ni iban a resolver la emancipación de los jóvenes.

Los decretos no construyen casas.

El problema de la vivienda sigue donde estaba.

Y ahora el problema lo tiene Pedro Sánchez.

Porque esta derrota vuelve a demostrar que el Gobierno no dispone de una mayoría parlamentaria estable para sacar adelante su política. Y cuando un Gobierno no puede gobernar porque no consigue los votos necesarios en el Parlamento, tiene dos posibilidades: negociar y aceptar las decisiones de la mayoría parlamentaria o devolver la palabra a los ciudadanos.

Después del fracaso de los «decretos Maricarmen», creo que ha llegado el momento de que Pedro Sánchez tome una decisión.

CONVOCAR ELECCIONES ANTES DE NAVIDAD.

Que sean los españoles quienes decidan.

Porque una legislatura no puede convertirse en una resistencia permanente contra el Parlamento.

Sánchez tiene la palabra. Y los españoles tienen que tener la urna.

Luis Faraco Roldán.

¿QUIÉN DIO LA ORDEN CONTRA LA JUEZA BIEDMA?

LA INVESTIGACIÓN PUEDE ACABAR CON MÁS DE UNO EN LA CÁRCEL.

«La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio.» 

Cicerón.

Lo que estamos conociendo sobre la jueza Beatriz Biedma es mucho más grave que una operación de descrédito.

La UCO está interrogando a personas que aseguran haber sido contactadas para actuar contra ella. La propia Biedma está personada como perjudicada en la causa que instruye Santiago Pedraz.

Y aparece un dato especialmente grave: el supuesto contacto con personas vinculadas a clanes del narcotráfico de Badajoz.

Según los testimonios publicados, se habría proporcionado información privada de la jueza y se habría planteado una actuación contra ella.

Pero hay más.

También se habría ofrecido una contraprestación: beneficios judiciales para quienes colaborasen.

Si esto se confirma, estamos ante algo muy distinto de una campaña política de desprestigio.

Estamos ante una posible operación para interferir en una investigación judicial.

Y entonces la pregunta es inevitable:

¿QUIÉN DIO LA ORDEN?

Hoy esa pregunta ha llegado al Congreso. El PP se la ha planteado directamente al ministro de Justicia: si fue Sánchez, Cerdán o alguien de su entorno quien ordenó actuar contra Biedma.

La respuesta política puede ser la negación.

La respuesta que interesa está en los teléfonos, los audios, los documentos y las declaraciones.

BLANCO Y EN BOTELLA.

Hay una regla elemental en cualquier investigación: hay que averiguar quién se beneficiaba.

Biedma investigaba una causa que afectaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Si alguien pretendía apartarla, ¿quién salía beneficiado?

No significa que el beneficiario sea automáticamente culpable. Pero sí que debe estar en el foco de la investigación.

Y hay otra pregunta todavía más importante:

¿QUIÉN PODÍA PROMETER A UN CLAN DELICTIVO QUE SUS PROBLEMAS CON LA JUSTICIA SE SOLUCIONARÍAN?

Porque si alguien ofreció ese trato, tenía que creer que podía cumplirlo.

Y si podía cumplirlo, hay que saber por qué.

AQUÍ PUEDE ESTAR LA CLAVE.

Los testimonios son importantes.

Los audios pueden ser decisivos.

Si las grabaciones que maneja la UCO confirman lo declarado por quienes recibieron los contactos, la investigación tendrá una base probatoria muy diferente.

Ya no estaríamos ante rumores, interpretaciones o anotaciones.

Estaríamos ante hechos concretos: personas contactadas, una jueza identificada como objetivo, información privada sobre ella y una supuesta contraprestación judicial.

Y entonces habrá que subir un escalón.

De los intermediarios a quienes dieron las instrucciones.

De quienes ejecutaban a quienes ordenaban.

MÁS DE UNO PUEDE ACABAR EN LA CÁRCEL.

Si se acreditan estos hechos, no estamos hablando solamente de responsabilidades políticas.

Podrían existir responsabilidades penales.

Y algunas conductas investigadas podrían llevar aparejadas penas de prisión.

Por eso creo que es perfectamente razonable pensar que más de uno de los protagonistas de esta trama puede acabar en la cárcel si la investigación confirma lo que ahora se está conociendo.

No sabemos todavía quién llegará al final de la cadena.

Pero sí sabemos qué hay que investigar.

QUIÉN CONTACTÓ.

QUIÉN OFRECIÓ.

QUIÉN AUTORIZÓ.

Y QUIÉN DIO LA ORDEN.

Ahí está la cuestión.

Y ahora le corresponde a la Justicia contestarla.

Luis Faraco Roldán.

MARICARMEN: DE UN DESAHUCIO A UNA OPERACIÓN POLÍTICA.

El caso de Maricarmen empezó con una historia humana difícil de discutir: una mujer de 87 años, después de más de setenta años viviendo en la misma vivienda, era desahuciada tras un largo proceso judicial.

Hasta ahí, poco que discutir.

El problema empieza cuando aquel drama personal se convierte en “el caso Maricarmen”, el “decreto Maricarmen” y el eje de una movilización nacional sobre la vivienda.

Porque una cosa es Maricarmen y otra, bastante diferente, es todo lo que se ha construido políticamente alrededor de Maricarmen.

¿Un fondo buitre?

Durante días hemos escuchado hablar de un “fondo buitre”.

Pero ¿quién es realmente el propietario?

Urbagestión Desarrollo e Inversión SL es una sociedad privada dedicada a actividades inmobiliarias. No es un gran fondo internacional de inversión. La propia empresa sostiene, además, que la vivienda de Maricarmen es su única propiedad residencial.

Esto no convierte a Urbagestión en “la buena” de la película. Compró la vivienda y reclamó judicialmente su posesión.

Pero tampoco parece demasiado riguroso sustituir los hechos por una etiqueta.

Y hay otro dato fundamental: el conflicto llegó hasta el Tribunal Supremo y la posición jurídica de la propiedad terminó prevaleciendo.

Conviene recordarlo.

Porque una historia puede ser dramática y, al mismo tiempo, tener antecedentes jurídicos que no pueden desaparecer del relato.

Maricarmen vuelve a casa. ¿Y ahora qué?

Aquí aparece una de las paradojas de esta historia.

El problema concreto de Maricarmen tiene una solución.

Después de más de cuatro horas de negociación, representantes de Maricarmen y Urbagestión alcanzaron un acuerdo, con la mediación del Ayuntamiento de Madrid, para que pueda regresar a su vivienda. El acuerdo queda pendiente de su ratificación. 

Perfecto. Entonces debería haberse acabado el problema Maricarmen.

Pero no. Porque el problema ya no es Maricarmen.

El Sindicato de Inquilinas ha dejado claro que sus reivindicaciones van mucho más allá: contratos indefinidos, regulación de alquileres temporales y por habitaciones, límites a las rentas y mayores garantías frente a los desahucios, entre otras medidas. 

Y aquí está la cuestión:

Maricarmen es una persona.

El decreto Maricarmen es política.

Hacer política es legítimo.

Presentar una agenda política completa como si fuera simplemente la consecuencia de un desahucio es otra cuestión.

LA VIVIENDA: EL PROBLEMA REAL.

España tiene un problema de vivienda. Y es enorme.

Pero precisamente por eso conviene hablar de las causas y no solamente de los eslóganes.

Desde la Ley de Vivienda de 2023 se han introducido mecanismos de prórroga extraordinaria y limitaciones de renta en determinadas zonas tensionadas.

Al mismo tiempo, el Banco de España señala que las restricciones que limitan el crecimiento de la oferta son el principal factor que explica los problemas actuales de acceso a la vivienda, y apunta entre otros problemas a la lentitud en la producción de suelo, el planeamiento y los procedimientos administrativos.

Es decir: tenemos un problema de oferta.

Y una vivienda que no existe no se puede alquilar.

Una vivienda que tarda años en construirse tampoco aparece porque aprobemos otro decreto.

Si queremos viviendas más asequibles necesitamos suelo, construcción, inversión, licencias rápidas y seguridad jurídica.

Más oferta. Mucha más oferta.

Y hay algo más que la gente debería conocer, dos de las figuras más visibles del movimiento tienen trayectorias internacionales que incluyen organizaciones vinculadas documentalmente con Open Society Foundations, la red filantrópica fundada por George Soros. 

Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres de Catalunya, desarrolló actividad como defensora de derechos humanos acompañando a activistas mexicanos y publicó en Open Democracy. Esta última organización ha recibido financiación de Open Society Foundations. Además, documentación de Peace Brigades International México identifica a Open Society Foundations entre sus donantes. 

Valeria Racu, una de las caras visibles del Sindicato de Inquilinas de Madrid, estudió en SOAS y en 2019 fue elegida copresidenta de su sindicato de estudiantes. SOAS fue una de las doce instituciones que participaron en la primera fase de la Open Society University Network, iniciativa anunciada por George Soros en 2020. 

Son hechos. Personas. Organizaciones. Trayectorias. Relaciones institucionales.

No hace falta añadir la conclusión.

Que cada lector valore qué importancia tienen.

EL VERDADERO DEBATE.

El caso Maricarmen ha conseguido colocar la vivienda en el centro del debate.

Pero también ha demostrado algo más: la enorme facilidad con la que un drama individual puede convertirse en una bandera política.

La pregunta debería ser mucho más sencilla:

¿Queremos seguir convirtiendo cada conflicto de vivienda en una batalla entre propietarios e inquilinos?

¿O queremos conseguir que en España se construyan las viviendas que hacen falta, de forma mucho más rápida y con menos burocracia?

Podemos llenar Sol de tiendas de campaña.

Podemos aprobar decretos.

Podemos enfrentarnos unos a otros.

Pero hay una realidad que no admite consignas:

si no construimos viviendas, no habrá viviendas.

Y esa es, probablemente, la parte más importante de toda esta historia.

Luis Faraco Roldán.

EL GOBIERNO CONTRA EL GOBIERNO.

Hay escenas que parecen escritas por un guionista empeñado en llevar el esperpento político hasta sus últimas consecuencias.

Una vicepresidenta del Gobierno alentando a los ciudadanos que acampan en la Puerta del Sol a mantener e intensificar la presión para exigir a su propio Gobierno un decreto de vivienda más contundente.

Pero no es una exageración. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha reclamado que el decreto que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el martes «meta mano» a los fondos de inversión y ha dado la bienvenida a la acampada de Sol, animando a sus participantes a movilizarse «mucho y más». También ha advertido de que Sumar no aceptará cualquier decreto. 

La imagen resulta difícil de mejorar: una parte del Gobierno presionando públicamente a otra parte del Gobierno.

Hay una vieja frase atribuida a John Galsworthy que dice: «Sólo hay una regla para todos los políticos del mundo: no digas en el poder lo que decías en la oposición».

Yolanda Díaz parece haber encontrado la excepción: estar en el poder y hablar desde la oposición.

Porque la cuestión ya no es solamente la protesta de Sol. Lo ocurrido durante este fin de semana ha revelado una pugna mucho más profunda dentro del espacio político que sostiene a Sánchez.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas ha advertido de que, si el martes no sale adelante el decreto en los términos que reclaman, se abrirá una «crisis política muy grande». Y Podemos ha pasado también a la ofensiva. Ione Belarra e Irene Montero han respaldado la acampada y han anunciado un «otoño de movilizaciones que puede cambiarlo todo», reclamando ir «mucho más lejos de lo que quiere el Gobierno». 

Ya no estamos, por tanto, ante una protesta que los partidos observan desde fuera.

Los partidos han entrado en ella.

Y aquí aparece la verdadera batalla: quién representa a la izquierda.

Podemos necesita recuperar el terreno perdido. Sumar necesita consolidar su propio espacio. Y el PSOE necesita conservar una parte importante del electorado situado a su izquierda. Todos compiten, con distintas estrategias, por una zona electoral en la que cada voto puede resultar decisivo.

La vivienda ofrece un terreno extraordinariamente fértil para esa disputa.

No hace falta afirmar que Podemos o Sumar hayan organizado la acampada. Basta con observar lo que está ocurriendo: una reivindicación social ha adquirido una dimensión política, y las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE están intentando convertir esa protesta en una palanca para presionar al Ejecutivo. Podemos, de hecho, ha rechazado las negociaciones del Gobierno con Junts sobre el decreto y ha anunciado que seguirá presionando desde la calle. 

Yolanda Díaz se encuentra en una posición todavía más singular. No habla desde la oposición: forma parte del Consejo de Ministros que tendrá que aprobar el decreto.

Su mensaje, por tanto, tiene una doble lectura. Por un lado, expresa una discrepancia legítima dentro de una coalición. Por otro, transmite a la calle que debe seguir presionando al propio Ejecutivo del que ella forma parte.

Eso coloca a Pedro Sánchez ante un dilema incómodo.

Si el Gobierno aprueba un decreto que satisface ampliamente las exigencias de sus socios y de las organizaciones movilizadas, estos podrán presentar la presión de la calle como un factor decisivo. Si el decreto se queda corto, la protesta tendrá un nuevo argumento para continuar.

Y mientras tanto, Sánchez tiene que negociar con sus socios, con Junts y con el resto de los grupos parlamentarios, intentando evitar que cada concesión se convierta en una derrota política.

Pero hay otra cuestión que no deberíamos perder de vista: el calendario.

Para el presidente, cada semana de legislatura es tiempo para gobernar. Para sus competidores de la izquierda, también puede ser tiempo para reorganizarse, recuperar presencia pública y reconstruir una estructura política que en los últimos años ha perdido buena parte de su fuerza.

Por eso Sol importa más de lo que pueda parecer.

La cuestión no es únicamente el decreto de vivienda. Es si esta protesta consigue mantenerse, extenderse y convertirse en un movimiento capaz de devolver protagonismo a quienes necesitan recuperar espacio frente al PSOE.

Y aquí aparece la paradoja.

Sánchez necesita que sus socios de izquierda permanezcan dentro de su mayoría parlamentaria. Pero esos mismos socios necesitan demostrar ante su electorado que son capaces de presionar a Sánchez.

Necesita gobernar con ellos y, al mismo tiempo, competir con ellos.

Ahí está el verdadero problema.

La derecha intenta desgastar al Gobierno desde fuera. La izquierda alternativa intenta recuperar terreno desde dentro y desde la calle.

Y el presidente queda atrapado entre ambas presiones.

Ayer hablábamos de los fantasmas del 15-M.

Hoy la cuestión es distinta.

Ya no se trata solamente de quién ocupa la Puerta del Sol.

Se trata de quién consigue ocupar el espacio político que hay detrás de ella.

Luis Faraco Roldán.

PUERTA DEL SOL: LOS FANTASMAS HAN VUELTO.

«Los espíritus del pasado» vuelven a ocupar la Puerta del Sol. Quince años después del 15-M, las tiendas de campaña han regresado al corazón de Madrid. ¿Estamos ante una protesta más o ante el intento de reconstruir un movimiento político que necesita volver a encontrar su espacio?

Hay imágenes que tienen memoria. La Puerta del Sol llena de tiendas de campaña vuelve a traer a la memoria colectiva aquella primavera de 2011 en la que el 15-M convirtió esta plaza en el epicentro de una protesta que terminó alterando profundamente el mapa político español.

Quince años después, los fantasmas vuelven a Sol.

Esta vez el detonante ha sido el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, y la protesta contra la situación de la vivienda. La manifestación del sábado desembocó en una acampada que ha continuado durante la madrugada. Centenares de personas han permanecido en la plaza, donde se instalaron tiendas de campaña. 

Pero hay una frase que convierte esta protesta en algo políticamente más interesante: «O cae el rentismo, o cae el Gobierno». No es una interpretación propia. Es el lema con el que el Sindicato de Inquilinas llamó a permanecer en Sol. 

La propia organización ha dejado claro que no considera que esto termine con una manifestación de un día. La acampada continúa y sus convocantes pretenden mantener la presión para que el Gobierno adopte nuevas medidas en materia de vivienda.

Aquí es donde empieza la verdadera cuestión política.

La izquierda alternativa lleva tiempo buscando cómo recuperar un espacio que el PSOE de Pedro Sánchez ha ocupado en buena medida. Podemos, Sumar y otras organizaciones situadas a la izquierda de los socialistas necesitan diferenciarse para mantener una identidad política propia. Y la vivienda ofrece un terreno especialmente fértil para esa reconstrucción.

No hace falta afirmar que exista una conspiración perfectamente organizada detrás de la acampada. Tampoco que todos los participantes respondan a una estrategia partidista. Lo que sí puede observarse es que una reivindicación concreta ha adquirido rápidamente una dimensión política más amplia: se reclama un cambio de modelo de vivienda y se dirige una presión explícita contra el Gobierno.

Eso ya ocurrió, con otras circunstancias, en 2011.

El 15-M tampoco nació como una operación electoral convencional. Pero aquella movilización terminó generando un nuevo espacio político y contribuyó a transformar la relación entre la calle y las instituciones. Ahora, en la misma plaza, vuelve a aparecer una fórmula conocida: protesta, acampada, consignas y presión política.

Karl Marx escribió en El 18 Brumario de Luis Bonaparte que, en determinadas épocas de crisis, los protagonistas «conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado», tomando prestados sus nombres, sus consignas y sus ropajes.

Quizá Sol esté haciendo precisamente eso.

Pero el momento merece también atención.

El Gobierno llega a este otoño sometido a una fuerte presión política por distintos frentes. La crisis de Ceuta y los distintos casos judiciales y acusaciones de corrupción que afectan al entorno del Ejecutivo han aumentado el desgaste político de Sánchez. En ese contexto, la izquierda que teme perder todavía más espacio tiene un incentivo evidente para intentar recuperar iniciativa, presencia pública y capacidad de movilización.

La vivienda puede ser su oportunidad.

Y aquí aparece el problema del calendario para Sánchez.

Cuanto más tiempo permanezca abierto el escenario político, mayor será el margen para que sus competidores a la izquierda reconstruyan organizaciones, liderazgo, discurso y presencia en la calle. Una protesta que hoy tiene como símbolo a Maricarmen puede convertirse mañana en una plataforma mucho más amplia contra la política de vivienda del Gobierno.

Además, el Ejecutivo tiene previsto abordar esta semana nuevas medidas sobre vivienda. La acampada llega, por tanto, justo cuando el Gobierno debe responder políticamente a una movilización que ya le exige resultados.

Sánchez se encuentra así ante una doble presión. A su derecha tiene una oposición que pretende desgastarlo; a su izquierda, unas fuerzas que necesitan recuperar el espacio que el PSOE les ha ido ocupando.

Y cuanto más tiempo pase, más oportunidades tendrán estas últimas para reorganizarse.

Por eso la cuestión no es únicamente qué ocurrirá en Sol.

La verdadera pregunta es cuánto tiempo tendrá esta movilización para crecer, organizarse y encontrar un relato político propio.

En 2011 nadie sabía, cuando aparecieron las primeras tiendas, hasta dónde llegaría aquello.

Ahora tampoco.

Pero los fantasmas tienen memoria.

Y esta vez han vuelto a la Puerta del Sol.

Luis Faraco Roldán.

LA LEY DE NIETOS: CUÁNDO UNA PRESUNCIÓN SE CONVIERTE EN UNA BATALLA DE PODER.

«Para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder.»

Montesquieu

La polémica sobre la llamada Ley de Nietos ha dejado de ser una cuestión meramente administrativa. Hoy afecta directamente a la nacionalidad española, al censo electoral, al derecho de sufragio y, sobre todo, a la relación entre el poder político y el Poder Judicial.

La Ley 20/2022 establece determinadas vías para que descendientes de españoles puedan adquirir la nacionalidad. Entre ellas figura la de quienes acrediten que sus padres o abuelos fueron originariamente españoles y, en determinados supuestos, que tuvieron que exiliarse por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual.

Hasta aquí, ninguna controversia.

El problema aparece al analizar cómo se desarrolló administrativamente esa previsión.

La Instrucción de 25 de octubre de 2022 estableció que se presumiría la condición de exiliado respecto de quienes hubieran salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, siempre que acreditasen documentalmente esa salida.

Y aquí aparece la cuestión fundamental: ¿demuestra la salida de España durante un determinado periodo histórico la causa por la que una persona abandonó el país?

Demuestra que salió. Pero no necesariamente por qué salió.

España vivió durante esos años una guerra civil, una posguerra, una dictadura y también importantes movimientos migratorios. Hubo exiliados políticos, pero también emigrantes económicos, personas que se trasladaron por razones familiares y ciudadanos que abandonaron el país por circunstancias diversas.

Confundir esos conceptos puede tener consecuencias enormes.

Una cosa es utilizar una presunción para facilitar una prueba y otra muy distinta convertirla en sustituto de la prueba del requisito esencial que exige la ley.

Sería como afirmar que una persona que tuvo entre 18 y 25 años durante un determinado periodo debe ser considerada universitaria. La edad demuestra la edad; no demuestra que haya cursado una carrera. Del mismo modo, haber salido de España entre 1936 y 1955 demuestra la salida, pero no acredita por sí mismo que aquella salida obedeciera a un exilio político.

Y no hablamos de una cuestión burocrática menor. Hablamos de la adquisición de la nacionalidad española y, posteriormente, de la inscripción en el censo electoral y del ejercicio del derecho de sufragio.

La magnitud tampoco es menor. La propia Abogacía del Estado ha reconocido que 168.896 personas accedieron a la nacionalidad mediante esta vía basada en la presunción de exilio.

Eso no significa que esas personas sean falsos exiliados ni que hayan obtenido indebidamente la nacionalidad. Pero sí demuestra la dimensión extraordinaria de una cuestión que ahora se encuentra sometida a controversia jurídica.

Y entonces interviene el Tribunal Supremo.

El Alto Tribunal ha cuestionado cautelarmente los efectos de esta interpretación administrativa sobre el censo electoral, al considerar que existía un riesgo que justificaba adoptar medidas mientras se resuelve el fondo del asunto.

Las críticas desde el Gobierno fueron inmediatas y contundentes.

Óscar López calificó la decisión del Supremo de «salvajada» y «atropello democrático» y afirmó que existen jueces que actúan como «salvapatrias» y pretenden «derrocar al Gobierno».

Óscar Puente, por su parte, acusó a algunos jueces de «hacer política» y de «querer gobernar el país por detrás». En relación con la Ley de Nietos llegó a calificar de «inexplicable» la suspensión cautelar del derecho de voto.

Félix Bolaños también expresó públicamente el desacuerdo del Gobierno con la decisión del Supremo.

Pero la reacción no se quedó en las declaraciones públicas.

El secretario general del Partido Comunista y diputado de Sumar, Enrique Santiago, decidió ir un paso más allá.

Registró una enmienda en una ley orgánica de Educación para intentar elevar a rango de ley la presunción establecida en la Instrucción de 2022 y dejar sin efecto las consecuencias de la decisión cautelar del Supremo.

Una cuestión que afecta directamente a la nacionalidad y al derecho de sufragio pretendía introducirse así en una norma cuyo objeto nada tiene que ver con ella.

Y aquí es donde la cuestión deja de ser simplemente jurídica.

Porque si se considera necesario modificar la Ley de Memoria Democrática para garantizar que esa presunción tenga rango legal, lo razonable sería presentar una reforma específica, explicar públicamente su contenido y someterla al debate parlamentario correspondiente.

Lo que resulta difícil de entender es que, justo cuando el Tribunal Supremo está examinando la legalidad de aquella interpretación, se intente blindarla mediante una enmienda introducida en otra ley.

Y no parece tratarse de una iniciativa aislada. Santiago anunció posteriormente que Sumar estaba dispuesto a utilizar cualquier otra ley orgánica en tramitación para conseguir ese objetivo si la enmienda no prosperaba en la Ley de Educación.

No es una cuestión menor. Es una cuestión de procedimiento, de transparencia y de respeto a las reglas del juego democrático.

Los gobiernos gobiernan. Las Cortes legislan. Los jueces juzgan.

Y ninguno de los tres poderes debería pretender ocupar el espacio del otro.

La cuestión de fondo es sencilla: ¿puede una presunción histórica general convertirse en prueba suficiente para adquirir la nacionalidad y ejercer posteriormente el derecho de sufragio?

Y, sobre todo:

¿puede el poder político intentar blindar esa interpretación precisamente cuando los tribunales están examinando su legalidad?

La respuesta no corresponde al Gobierno.

Tampoco a Sumar.

Ni al Partido Comunista.

Corresponde a la ley y, en última instancia, a los tribunales.

Porque eso, precisamente eso, es el Estado de Derecho.

Luis Faraco Roldán.

LA VIVIENDA: PROMESAS, CULPABLES Y NINGUNA SOLUCIÓN.

 

Prometieron 183.000 viviendas. Sumar llegó a prometer dos millones. Tres años después, el déficit sigue siendo muy elevado y el propietario privado parece haber adquirido un protagonismo que difícilmente debería corresponderle en la solución de un problema de esta magnitud.

Hay una frase atribuida a Henry Ford que dice: «No busques culpables, busca soluciones».

En España, cuando hablamos de vivienda, quizá convendría recordar esa idea.

En las elecciones generales de 2023, Pedro Sánchez prometió 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible, una parte importante destinadas a jóvenes. No fue una ocurrencia de campaña: figuraba en el programa electoral del PSOE y Sánchez volvió a asumirla en su discurso de investidura.

Pero su futuro socio de Gobierno prometía mucho más.

Sumar se comprometió a crear dos millones de viviendas públicas de alquiler asequible en diez años, con una inversión equivalente al 1% del PIB anual.

Dos millones.

No doscientas mil.

Han pasado tres años.

Y la pregunta parece razonable:

¿Dónde están?

No se trata de exigir que dos millones de viviendas aparezcan de la noche a la mañana. Se trata de conocer qué parte de aquella promesa se ha traducido realmente en viviendas construidas, terminadas y disponibles para los ciudadanos.

Porque anunciar viviendas no es lo mismo que construirlas.

Y mientras tanto, el propio Gobierno reconoce que España arrastra un déficit estructural superior a 400.000 viviendas.

MÁS DEMANDA Y UNA OFERTA INSUFICIENTE.

España ha experimentado, además, un fuerte crecimiento demográfico. La población nacida en el extranjero supera ya los diez millones de personas y el número de hogares ha aumentado considerablemente.

No sería riguroso atribuir exclusivamente a la inmigración la crisis de vivienda. Hay otros factores: la creación de nuevos hogares, la concentración de población en determinadas zonas, el turismo, el alquiler temporal, la falta de suelo y los costes de construcción.

Pero tampoco parece razonable ignorar que más población y más hogares suponen una mayor demanda de vivienda.

Y cuando la demanda crece más deprisa que la oferta, resulta difícil que los precios no se vean afectados.

La respuesta parece bastante evidente: aumentar la oferta.

Construir. Rehabilitar. Liberar suelo. Agilizar licencias. Facilitar la inversión. Y, naturalmente, construir vivienda pública.

Pero aquí aparece una de las contradicciones del debate actual.

UNA LEY CUYOS EFECTOS TAMBIÉN DEBEN EVALUARSE.

La Ley de Vivienda de 2023, una de las principales banderas de la política impulsada por Podemos durante su participación en el Gobierno, introdujo, entre otras medidas, mecanismos de control de rentas en las denominadas zonas de mercado residencial tensionado.

El objetivo declarado era contener el precio del alquiler y aliviar el esfuerzo de los hogares que ya estaban arrendando una vivienda.

El problema aparece cuando analizamos qué ha ocurrido con la oferta disponible.

Un estudio del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre los primeros años de aplicación de la ley encuentra en las zonas reguladas una reducción significativa de los anuncios de alquiler y un aumento de la competencia por cada vivienda disponible. En Cataluña, donde el control se aplica de forma generalizada desde marzo de 2024, el estudio estima una reducción de la oferta anunciada superior al 20%; en Barcelona, alrededor del 22%.

Es decir, el control puede beneficiar a quien consigue acceder o permanecer en una vivienda con una renta regulada, pero puede complicar el acceso de quienes están buscando una vivienda y se encuentran con una oferta más reducida.

Y aquí aparece una cuestión fundamental.

Si hay menos viviendas disponibles, aumenta la competencia entre quienes las buscan. El precio deja de ser el único mecanismo de ajuste y adquieren mayor importancia la solvencia, las garantías, la estabilidad laboral o, sencillamente, llegar antes que los demás.

El Banco de España también ha advertido de posibles efectos adversos de los controles de alquiler sobre la oferta, especialmente cuando se mantienen en el tiempo sin medidas eficaces para aumentarla.

Por tanto, el debate no debería limitarse a si se controla o no el alquiler, sino a qué efectos produce y para quién.

Porque una política puede aliviar la situación de determinados inquilinos y, al mismo tiempo, dificultar el acceso de otros.

Y si el problema de fondo es que faltan viviendas, parece difícil resolverlo únicamente interviniendo sobre el precio de las que ya existen.

¿Y EL GOBIERNO?

El artículo 47 de la Constitución encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna.

El Gobierno dispone de instrumentos que el propietario particular no tiene: suelo público, presupuesto, capacidad legislativa y empresas públicas.

Puede construir.

Puede rehabilitar.

Puede agilizar licencias.

Puede liberar suelo.

Puede promover vivienda protegida.

Puede crear ese gran parque público que durante años ha prometido.

Por eso resulta legítimo preguntarse si el esfuerzo realizado hasta ahora ha sido suficiente y si el equilibrio entre regulación y creación de nueva oferta es el adecuado.

El propietario particular también forma parte de la solución. Sus viviendas constituyen una parte importante de la oferta disponible y, por tanto, las políticas públicas deberían procurar que resulte razonablemente atractivo ponerlas en alquiler.

El propietario no decide la política migratoria. No decide cuánto suelo se libera. No concede licencias. No fija los costes de construcción. No redacta las leyes.

Y difícilmente puede recaer sobre él la responsabilidad principal de resolver un problema de dimensión nacional.

PROMESAS, CULPABLES Y NINGUNA SOLUCIÓN.

Sánchez prometió 183.000 viviendas.

Sumar prometió dos millones.

Ante esta situación, quizá sería conveniente que el debate dejara de centrarse tanto en buscar responsables y se concentrara en aumentar la oferta.

No se trata de enfrentar al propietario con el inquilino.

Ni al sector público con el privado.

Se trata de conseguir que haya suficientes viviendas para ambos.

Por eso la pregunta que deberían responder quienes gobiernan es bastante sencilla:

Si se cuestiona o se desincentiva a propietarios, ahorradores e inversores, mientras el Estado no construye al ritmo necesario las viviendas asequibles que se han prometido, ¿cómo se afronta el problema y quién aporta la oferta que falta?

Porque si necesitamos más viviendas, necesitamos que alguien las construya, las rehabilite o las ponga en el mercado.

Y eso exige algo más que declaraciones, controles o promesas.

Exige viviendas.

Luis Faraco Roldán.