LA TRAMPA DE LA LEY DE NIETOS Y LA OPERACIÓN GABILONDO.

El Gobierno de Pedro Sánchez no puede modificar por la puerta de atrás lo que las Cortes aprobaron por la puerta principal. Sin embargo, eso es lo que está en el centro de la controversia de la ley de nietos: una instrucción administrativa que amplió la interpretación de sus requisitos, un censo exterior cuyo crecimiento exige explicaciones y una Administración que llega a las puertas de las elecciones sin haber resuelto el problema que ahora pretende convertir en una urgencia constitucional.

La protagonista administrativa de aquella decisión tiene nombre y apellidos: Sofía Puente Santiago, hermana del ministro Óscar Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Fue ella quien firmó el 25 de octubre de 2022 la instrucción que estableció una presunción de exilio para determinados españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955. Esa instrucción, publicada en el BOE al día siguiente, está en el origen de una controversia que ha terminado ante el Tribunal Supremo.

El fondo político es grave: una instrucción administrativa no debería ampliar los efectos de una ley más allá de lo aprobado por las Cortes. La interpretación de los requisitos legales corresponde a las instituciones competentes, pero no puede convertirse en una vía para eludir los límites fijados por el legislador. Cuando los tribunales cuestionan sus consecuencias, quienes tomaron las decisiones deben asumir la responsabilidad correspondiente.

Lo que vino después resulta todavía más preocupante. La Administración alegó que no podía revisar los expedientes a tiempo. El Supremo reprochó a la Abogacía del Estado que no hubiera acreditado suficientemente el cumplimiento de sus órdenes y advirtió de que no cabe invocar una imposibilidad material cuando esta depende de la propia Administración.

La gestión de la revisión, la disponibilidad de medios administrativos y consulares y el cumplimiento de los plazos electorales eran responsabilidades públicas previsibles. El Gobierno no puede presentarse ahora como un espectador de una emergencia a cuya formación ha contribuido su propia gestión. Si hubo falta de previsión, debe explicarla; si la interpretación de la ley excedió sus límites, debe justificarla; y si no se atendieron a tiempo las exigencias judiciales, debe asumir las consecuencias.

Y entonces aparece el Defensor del Pueblo. Ángel Gabilondo presenta un recurso de amparo y solicita medidas urgentes para revertir la decisión del Supremo antes de las elecciones del 29 de noviembre. Su legitimación legal no se cuestiona por el mero hecho de que los afectados residan en el extranjero. Lo que merece una explicación política es el momento de su intervención y el efecto que se pretende obtener.

La secuencia es elocuente: una interpretación administrativa controvertida, un incremento extraordinario del censo exterior, una resolución judicial que exige comprobar los requisitos, una Administración que no acredita suficientemente el cumplimiento de las órdenes y, finalmente, una intervención urgente que busca alterar los efectos prácticos de esa decisión antes de las elecciones.

Esta coincidencia no demuestra por sí sola que el Gobierno y el Defensor hayan coordinado sus actuaciones. Pero tampoco impide examinar los intereses políticos que convergen en esta operación. El Ejecutivo debe dar cuenta de sus decisiones, de sus omisiones y de las razones por las que se pretende resolver ahora, a contrarreloj, un conflicto que exigía previsión y diligencia.

El problema no es que los descendientes de españoles tengan derechos. Los tienen, y deben ser respetados. El problema es utilizar esos derechos para eludir una cuestión previa: si se han cumplido los requisitos legales y si la Administración ha actuado con el rigor que exige la organización de unas elecciones.

Tampoco es aceptable que la urgencia se convierta en una coartada. La falta de previsión administrativa no concede un derecho a exigir que los tribunales resuelvan de cualquier manera. Quien discrepa de una resolución judicial puede recurrirla, pero no puede convertir la demora administrativa en un argumento automático para desactivar sus efectos.

Si el Gobierno considera que la ley debe tener otro alcance, debe acudir a las Cortes y defender allí su propuesta. Si considera equivocada la interpretación del Supremo, puede utilizar los recursos previstos y argumentar jurídicamente su posición. Lo que no debería hacer es ampliar por vía administrativa lo que corresponde decidir al legislador y pretender después que las consecuencias de esa decisión se resuelvan mediante una intervención extraordinaria de última hora.

La democracia no consiste únicamente en contar votos. Consiste también en respetar las reglas, cumplir las resoluciones judiciales y asumir las consecuencias de las decisiones adoptadas. El Ejecutivo no está por encima de la ley ni puede confundir su conveniencia política con el interés general.

La cuestión de fondo es sencilla: si una interpretación administrativa excede lo aprobado por las Cortes, debe corregirse; si hubo falta de diligencia en la gestión del censo, deben exigirse responsabilidades; y si se pretende modificar el escenario electoral mediante una solución de urgencia, el Constitucional debe resolver conforme a Derecho, no bajo la presión del calendario.

Dura lex, sed lex: la ley es dura, pero es la ley. Y obliga, ante todo, a quienes gobiernan.

Luis Faraco Roldán.

LA BATALLA POR EL SENADO: LAS MATEMÁTICAS DEL PODER.

El pacto de la izquierda y la renovación del Constitucional convierten el 29-N en algo más que una batalla electoral.

Hay elecciones que se ganan con un programa convincente, un discurso capaz de movilizar a los ciudadanos y un candidato que transmita confianza. Pero también hay batallas que se deciden con una calculadora. Las elecciones del próximo 29 de noviembre pueden ser un ejemplo paradigmático.

El PSOE y las formaciones del Frente Amplio han acordado presentar candidaturas conjuntas al Senado en buena parte de España. El objetivo es concentrar el voto de la izquierda, aumentar su representación y disputar al Partido Popular la mayoría de la Cámara Alta.

En las circunscripciones provinciales se eligen cuatro senadores y cada elector puede votar hasta tres candidatos. Esta particularidad hace que la distribución territorial del voto resulte decisiva: unos pocos miles de papeletas pueden cambiar el reparto de escaños.

Por eso, las encuestas nacionales del Congreso no bastan para anticipar el resultado del Senado. Hay que estudiar cada provincia, los votos obtenidos por los candidatos en las elecciones anteriores y los posibles cambios en la participación.

La pregunta es inevitable: ¿están PP y Vox analizando esta situación con la profundidad que exige?

Cabe suponer que sus equipos electorales estarán examinando los resultados de 2023 y las consecuencias del pacto de la izquierda. Pero no basta con confiar en que un buen porcentaje nacional se traduzca automáticamente en más senadores. La geografía del voto importa tanto como su volumen.

También merece estudiarse qué ocurriría si parte de los votantes de Vox optara por candidatos del PP en determinadas provincias. No cabe dar por supuesto que todos cambiarían su voto, pero sí calcular distintos escenarios y comprobar cómo afectarían a la representación.

Las elecciones son programas, discurso y matemáticas. Quien no comprende las reglas del sistema puede desperdiciar una parte de sus propios votos.

El verdadero alcance de la batalla.

La importancia de estas elecciones va mucho más allá del reparto de escaños.

El Senado tiene pendiente la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, entre ellos su presidente, Cándido Conde-Pumpido. Sus mandatos expiraron en diciembre de 2025 y la renovación correspondiente a la Cámara Alta continúa pendiente.

La Constitución atribuye al Senado la propuesta de cuatro de los doce magistrados del Constitucional y exige una mayoría de tres quintos para su elección. La composición de la Cámara condicionará, por tanto, las negociaciones necesarias para desbloquear la renovación.

Y aquí aparece la cuestión política más delicada. Si Pedro Sánchez contempla la posibilidad de perder el Gobierno, resulta legítimo preguntarse qué importancia concede a la futura composición del tribunal y qué papel desempeñan estos nombramientos en su estrategia política. Afirmar que pretende controlarlo exigiría pruebas, pero hay una exigencia democrática que no admite matices: el Tribunal Constitucional no puede convertirse en un refugio político para quien abandona el poder ni en una prolongación de la lucha partidista por otros medios.

Los ciudadanos tienen derecho a exigir que las instituciones estén al servicio de la Constitución, no de los intereses de quienes gobiernan o aspiran a gobernar. Cuando los nombramientos judiciales se convierten en otra pieza de la confrontación entre partidos, la responsabilidad de los dirigentes es garantizar la independencia institucional, no alimentar las sospechas sobre ella.

Y los magistrados tampoco están exentos de responsabilidad pública. Sus resoluciones pueden ser discutidas y criticadas con dureza, pero deben sostenerse en argumentos jurídicos sólidos y transparentes. La autoridad de un tribunal no se impone por decreto: se construye con la credibilidad de sus decisiones.

Una lección que no conviene ignorar

El pacto de la izquierda demuestra que sus partidos han identificado una oportunidad en el sistema electoral. La respuesta exige algo más que declaraciones de campaña y expectativas basadas en las encuestas: requiere estudiar provincia por provincia los márgenes entre candidatos y comparar escenarios realistas.

PP y Vox deben tener presente que el Congreso y el Senado funcionan con reglas diferentes. Una misma distribución del voto puede producir resultados muy distintos en cada Cámara. No hay garantías de éxito, pero renunciar a estudiar esas posibilidades sería ignorar una dimensión esencial de cualquier elección.

La democracia necesita programas, debate público y participación ciudadana. También necesita dirigentes capaces de comprender las reglas electorales y de respetar los límites que la Constitución impone al ejercicio del poder.

Porque una cosa es perder unas elecciones y entregar el Gobierno; otra muy distinta es pretender que la influencia política sobreviva a la derrota mediante el control de las instituciones. Esa es precisamente la sospecha que los hechos, los procedimientos y la transparencia deben despejar.

«Quien no acepta que puede perder el poder acaba intentando perpetuar su influencia allí donde nadie le ha elegido para gobernar».

Luis Faraco Roldán.

LA VIVIENDA, LOS «BUITRES» Y LA DESVERGÜENZA POLÍTICA.

El PSOE ha convertido la vivienda en un arma política. Se envuelve en la bandera de los más vulnerables, señala a los propietarios, demoniza a los llamados fondos buitre y utiliza los desahucios como munición electoral. En la Puerta del Sol, sus dirigentes se presentan como defensores de quienes sufren. Pero la política no se mide por las pancartas ni por las lágrimas ante las cámaras, sino por la coherencia y los resultados.

Montse Mínguez, portavoz nacional socialista y una de las voces más beligerantes en defensa de la regulación del alquiler, está en el centro de la polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja, Sergi Vélez, vinculado a Nest Capital Homes.

Las informaciones publicadas sobre su actividad empresarial plantean preguntas que merecen respuestas. Mínguez sostiene que se trata de una empresa familiar que cumple la ley. Perfectamente. Nadie debe ser señalado por tener propiedades o desarrollar una actividad empresarial legal. Pero entonces, ¿por qué esa indulgencia desaparece cuando el propietario no pertenece al entorno político adecuado?

El PSOE convirtió el caso de Maricarmen en una bandera contra los desahucios y calificó de «carroñera» a la empresa propietaria de su vivienda. Sin embargo, cuando se examina la actividad inmobiliaria del entorno de su portavoz, la conversación cambia. **Para los adversarios, escarnio público; para los propios, presunción de normalidad. ¿Dónde queda la ejemplaridad que tanto exigen a los demás?**

Hay, además, informaciones sobre decisiones urbanísticas municipales de 2017, presididas por Mínguez durante su etapa como concejala, en una zona donde su pareja desarrolló posteriormente una promoción inmobiliaria. Eso no prueba ninguna irregularidad, pero exige aclaraciones documentadas. La transparencia no puede ser una obligación exclusiva de quienes no militan en el PSOE.

Y mientras se reparten lecciones, Pedro Sánchez proclama que esta iba a ser la legislatura de la vivienda y promete 184.000 viviendas públicas y asequibles. ¿Cuántas están terminadas, disponibles y entregadas a las familias? No cuántas se anuncian, se movilizan o se contabilizan administrativamente. ¿Cuántas familias han recibido las llaves?

La respuesta importa porque los ciudadanos no viven de expedientes ni pagan el alquiler con propaganda. La Ley de Vivienda de 2023 y las sucesivas medidas de intervención no han eliminado las dificultades de acceso. El Banco de España ha advertido de que la insuficiencia de oferta residencial es uno de los factores centrales del problema. Y el Gobierno sigue encadenando anuncios y decretos, algunos de los cuales ni siquiera han conseguido sobrevivir al examen del Congreso.

Este es el balance que debe exigirse al Gobierno de coalición: menos superioridad moral y más resultados; menos enemigos de cartón y más viviendas disponibles; menos ceremonias políticas en torno al sufrimiento ajeno y más soluciones para quienes no pueden comprar ni alquilar una casa.

Pedro Sánchez mantiene su respaldo a Mínguez como candidata socialista por Lleida, pendiente de la ratificación formal de la lista. Es una decisión legítima, pero también una responsabilidad política. Quien elige a sus portavoces debe asumir el coste de sus contradicciones.

Porque la vivienda no se defiende apropiándose de la bandera de los vulnerables mientras se señala al propietario que conviene señalar. Tampoco convirtiendo cada desahucio en una escenificación partidista y cada decreto en un certificado de virtud.

**Que dejen de envolverse en la bandera de la Puerta del Sol para ocultar sus contradicciones. La vivienda no necesita salvadores de pancarta, sino gobernantes capaces de ofrecer resultados. Y quien pretende dar lecciones de moralidad debe empezar por soportar el mismo examen que impone a los demás.**

- Luis Faraco Roldán.

EL CENSO, LAS EXCUSAS Y LAS SOSPECHAS.

El gato escaldado del agua fría huye. Cuando la confianza en el poder se deteriora, las coincidencias despiertan sospechas y las explicaciones oficiales dejan de ser suficientes. Eso es lo que está ocurriendo con la polémica sobre el censo electoral y los españoles nacionalizados al amparo de la Ley de Nietos.

El Tribunal Supremo ha exigido revisar determinadas inscripciones censales y la Administración alega que no dispone de tiempo suficiente para hacerlo antes de las elecciones del 29 de noviembre. Pero la dificultad administrativa no puede convertirse en una excusa para vaciar de eficacia una resolución judicial.

Hay una pregunta que el Gobierno debe responder con datos: ¿cuántos expedientes se han revisado durante este tiempo, cuántos quedan pendientes y qué irregularidades se han detectado?

Si los registros están informatizados, resulta obligado explicar qué mecanismos se han empleado para identificar los casos que requieren comprobación, qué medios se han movilizado y por qué no se ha ofrecido un balance preciso de las actuaciones realizadas. No basta con invocar la imposibilidad material; hay que demostrar qué se ha hecho para superar las dificultades.

Tampoco puede ignorarse el calendario. La convocatoria electoral para el 29 de noviembre dejó como referencia el censo cerrado el 1 de agosto, antes de las resoluciones judiciales de septiembre. Esta coincidencia no demuestra por sí sola una estrategia deliberada, pero sí justifica exigir explicaciones sobre las decisiones adoptadas y sus consecuencias.

¿Se ha hecho todo lo posible para cumplir la ley o se ha dejado transcurrir el tiempo hasta convertir la falta de plazo en el principal argumento de la Administración? Es una cuestión que debe aclararse con documentos, cifras y hechos verificables.

No se trata de presumir que todos los afectados carecen de derechos. Se trata de garantizar que el censo cumple los requisitos legales y que se respetan tanto el derecho al sufragio de quienes reúnen las condiciones como las garantías de limpieza del proceso electoral.

La controversia llega ahora al terreno constitucional. Recurrir a los tribunales por las vías legales es legítimo; lo que debe quedar fuera de toda duda es la independencia de sus decisiones. Cualquier sospecha de presión política debe investigarse con pruebas, no darse por demostrada de antemano.

El PP tiene ante sí una oportunidad para exigir transparencia y responsabilidades. Para aprovecharla, debe reclamar los datos que faltan, reconstruir la cronología de las actuaciones y exigir al Gobierno que explique cómo ha ejecutado las resoluciones judiciales.

Porque unas elecciones no se legitiman únicamente con el recuento final. Necesitan un censo fiable, reglas claras y el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales.

En democracia, el derecho al voto es sagrado. También lo es la ley que garantiza su ejercicio. Ningún Gobierno puede convertir su propia falta de diligencia en una excusa para eludir el cumplimiento de la ley.

“Somos siervos de las leyes para poder ser libres”.

 -Cicerón.

Luis Faraco Roldán.

PLATÓN, EL BARCO Y LA MEDICINA: ¿QUIÉN SABE GOBERNAR ESPAÑA?

 Hace 2.500 años, Platón planteó una cuestión que sigue vigente: ¿quién debe gobernar? Una pregunta que, contemplando la política española, merece algo más que una reflexión académica.

Para explicarlo recurrió a dos analogías que conservan toda su fuerza: el barco y la medicina.

Imaginemos un barco en plena navegación. Los marineros se disputan el timón y compiten por ganarse al propietario. Todos se consideran capacitados para dirigir la nave, pero ninguno sabe navegar. El verdadero navegante, que conoce las estrellas, los vientos y el rumbo, es despreciado porque no participa en la lucha por el poder.

En *La República*, Platón denuncia esa contradicción: todos quieren gobernar, pero no todos saben hacerlo.

Su segunda analogía es la medicina. Cuando enfermamos, buscamos al profesional mejor preparado, no al que nos promete lo que deseamos escuchar. El buen médico diagnostica y prescribe el tratamiento adecuado, aunque resulte desagradable. Su obligación es curar, no complacer.

En política, sin embargo, confundimos con frecuencia la capacidad para conquistar el poder con la preparación para ejercerlo.

España no es una propiedad del presidente del Gobierno, ni un instrumento al servicio de un partido, ni un patrimonio que pueda repartirse a cambio de apoyos parlamentarios. Pertenece a sus ciudadanos, también a quienes discrepan de quienes gobiernan.

El acceso al Gobierno depende de reunir los apoyos parlamentarios necesarios. Así funciona nuestro sistema democrático. Pero obtener los votos para gobernar no acredita, por sí solo, la capacidad para gobernar bien.

Y España no es un asunto menor. Están en juego el empleo, la vivienda, las pensiones, la sanidad, la seguridad y la confianza en las instituciones. En definitiva, el bienestar presente y el futuro de los españoles.

El problema se agrava cuando conservar el poder se convierte en una prioridad superior al interés general. Los pactos de conveniencia y las concesiones políticas pueden terminar poniendo la supervivencia del Gobierno por delante de las necesidades del país.

Pero existe un límite infranqueable: el Estado no pertenece a quien gobierna.

Cuando aparecen indicios de utilización de estructuras clandestinas para perseguir adversarios, intimidar periodistas, presionar empresarios o interferir en investigaciones judiciales, la cuestión trasciende la disputa partidista. Afecta a las garantías esenciales del Estado de derecho. Las acusaciones concretas deben probarse y las responsabilidades, individualizarse; precisamente por eso, cualquier hecho de esta naturaleza debe investigarse con independencia y rigor.

Un juez que investiga, un periodista que denuncia o un adversario político que fiscaliza al Ejecutivo no son enemigos de España. Son parte de los contrapesos que protegen a los ciudadanos frente a los abusos del poder. Confundir la crítica al Gobierno con un ataque al país es pretender identificar los intereses de un partido con los de toda una nación.

España es mucho más que su Gobierno. Es sus ciudadanos, sus instituciones y una historia compartida que ninguna formación política puede arrogarse en exclusiva. Los gobiernos pasan; el país permanece.

Platón desconfiaba de una democracia en la que la búsqueda del favor popular desplazara al conocimiento y al bien común. Por eso defendió la *aristocracia* en su sentido original: el gobierno de los mejores por su conocimiento, virtud y capacidad, no por sus títulos o privilegios hereditarios.

No se trata de sustituir nuestra democracia constitucional por la propuesta política de Platón, sino de recuperar la exigencia que encierra su pensamiento: quienes ejercen el poder deben estar preparados para asumir esa responsabilidad y orientarla al bien común.

La democracia necesita elecciones libres, pluralismo y alternancia, pero también gobernantes competentes, instituciones independientes, respeto a la ley y controles efectivos. La legitimidad electoral no exime de rendir cuentas ni convierte la mayoría parlamentaria en garantía automática de buen gobierno.

Si nuestra vida dependiera de una operación, buscaríamos al cirujano mejor preparado, no al que más apoyos hubiera conseguido. La dirección de un país exige una responsabilidad de alcance todavía mayor: administrar los recursos públicos, proteger los derechos y preparar el futuro de las próximas generaciones.

Conquistar el poder no es saber gobernar. España no es de quien la gobierna, sino de todos los españoles.

-Luis Faraco Roldán.

¿A QUÉ CALLE ESCUCHA SÁNCHEZ?

 

Cuando Pedro Sánchez afirma que el Parlamento tiene que escuchar a la calle, convendría preguntarle a qué calle se refiere. ¿A los cien o doscientos acampados en la Puerta del Sol, que parecen responder a una estrategia de crispación política, o a los cientos de miles de ciudadanos que sufren las consecuencias de sus políticas de vivienda?

Porque la calle también son los pequeños propietarios que han invertido sus ahorros en comprar un piso, los constructores que necesitan seguridad jurídica para levantar nuevas viviendas y los inquilinos que llevan meses buscando una casa que puedan pagar. Muchos no tienen tiempo ni recursos para acampar en Sol, pero sus problemas son tan reales como los de quienes protestan.

La democracia representativa no consiste en gobernar al dictado de quienes más ruido hacen, sino en atender al conjunto de los ciudadanos. Y la política de vivienda del Gobierno está agravando precisamente aquello que dice combatir.

Los decretos intervencionistas han introducido incertidumbre, han frenado operaciones y han llevado a propietarios e inversores a retirar viviendas del mercado. Cuando alquilar se convierte en una actividad sometida a riesgos crecientes, muchos propietarios optan por no hacerlo. Si disminuye la oferta mientras la demanda continúa aumentando, el resultado es previsible: más dificultades para encontrar vivienda y mayores obstáculos para quienes menos recursos tienen.

El Gobierno pretende enfrentar a propietarios e inquilinos, como si los intereses de unos fueran incompatibles con los de los otros. Pero ambos necesitan que haya viviendas disponibles. Proteger a las familias vulnerables es una obligación pública; trasladar indefinidamente esa responsabilidad al propietario particular es una injusticia. Los servicios sociales y las administraciones deben ofrecer soluciones, no convertir a terceros en responsables de sus propias carencias.

El caso de Mari Carmen nos obliga a reflexionar sobre la vulnerabilidad y el desamparo, pero también sobre la utilización política del sufrimiento. Una tragedia no puede servir para demonizar a los propietarios ni para ocultar la incapacidad de las administraciones para garantizar alternativas habitacionales.

Si Sánchez quiere resolver el problema, debería concentrarse en construir más viviendas, liberar suelo, agilizar licencias, impulsar la inversión y ampliar el parque público. Las casas no se construyen con consignas ni con decretos que desincentivan a quienes pueden ponerlas en el mercado.

Y hay otra pregunta que merece respuesta: ¿qué pinta el PNV en esta estrategia? La posición de la extrema izquierda y de Sánchez responde a una concepción intervencionista de la política que convierte el conflicto social en instrumento de movilización. Pero ¿qué justifica que el partido de Neguri, históricamente vinculado a la defensa de la iniciativa privada y los intereses empresariales vascos, participe en estos acuerdos?

El PNV tiene derecho a negociar y a defender sus prioridades. También tiene la obligación política de explicar qué obtiene a cambio y cómo justifica ante sus electores el apoyo a unas medidas que pueden perjudicar la inversión y reducir la oferta de vivienda. La aritmética parlamentaria explica la necesidad de esos votos, pero no justifica por sí sola las decisiones.

La vivienda no se resolverá enfrentando a propietarios e inquilinos, ni premiando a quienes más protestan. Se resolverá con más oferta, seguridad jurídica y una Administración que asuma sus responsabilidades.

Sánchez dice que hay que escuchar a la calle. De acuerdo. Pero que escuche también a quienes no pueden acampar en Sol, a quienes trabajan, ahorran, construyen, alquilan y buscan una vivienda sin tener detrás una maquinaria política que amplifique su voz.

La calle no tiene dueño. Y la democracia no puede ser rehén de quienes pretenden hablar en nombre de todos.

Luis Faraco Roldán.

CUANDO EL GOBIERNO PRETENDE DOBLEGAR AL PARLAMENTO.

Hay frases que retratan una determinada concepción del poder mucho mejor que cualquier programa político. Pedro Sánchez ha pronunciado esta mañana una de ellas desde las escalinatas de la Moncloa: «Sé que les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos».

La frase merece una reflexión precisamente porque la pronuncia el presidente del Gobierno. El Parlamento no es un obstáculo para la democracia ni una institución ajena a la voluntad popular. Es la expresión institucional de esa voluntad, formada por diputados elegidos por los ciudadanos.

El pasado viernes, el Pleno del Congreso rechazó los dos decretos sobre vivienda presentados por el Gobierno. Los diputados debatieron y votaron. Exactamente lo que establece nuestro sistema constitucional.

Sin embargo, en el relato presidencial parece que cuando el Parlamento rechaza las iniciativas del Gobierno deja de representar a la gente y pasa a convertirse en la institución que «pisotea» sus intereses.

¿Desde cuándo la voluntad popular solamente merece respeto cuando coincide con la voluntad del Gobierno?

La democracia parlamentaria exige que el Ejecutivo se someta al control del Parlamento, acepte sus decisiones y busque las mayorías necesarias para desarrollar su programa.

Y aquí es donde la intervención de esta mañana adquiere especial relevancia.

Según se ha anunciado, mañana el Consejo de Ministros volverá a aprobar medidas de vivienda sustancialmente similares a las rechazadas por el Pleno hace apenas tres días, para intentar que sean convalidadas por la Diputación Permanente.

No afirmo que esa operación sea ilegal. La Constitución contempla la existencia de la Diputación Permanente y sus facultades durante la disolución de las Cortes. Pero que algo pueda hacerse conforme a las reglas jurídicas no significa que no pueda plantear un serio problema político y democrático.

Porque no estamos ante unas medidas que todavía no hayan sido examinadas por el Parlamento. Estamos ante unas medidas que el Pleno acaba de rechazar.

Y ahora el Gobierno pretende volver a aprobarlas y llevarlas a un órgano parlamentario cuya composición y aritmética son diferentes.

Dicho de otra manera: cuando el Gobierno pierde una votación en el Pleno, en lugar de aceptar el resultado y pedir a los españoles la mayoría que necesita, busca una nueva votación en otro órgano antes de que los ciudadanos puedan pronunciarse.

Si los nuevos decretos contienen modificaciones sustanciales, será legítimo analizarlas. Pero si reproducen esencialmente aquello que el Pleno acaba de rechazar, la pregunta resulta inevitable:

¿Estamos ante una nueva iniciativa o ante un intento de sortear políticamente una decisión parlamentaria que no ha gustado al Gobierno?

Aquí aparece la gran contradicción.

Sánchez ha anunciado elecciones para el 29 de noviembre y ha reclamado a los ciudadanos una mayoría suficiente para gobernar. Si considera que el Parlamento actual no le permite desarrollar su programa, tiene una solución democrática: acudir a las urnas y pedir a los españoles una mayoría diferente.

Pero cuesta entender por qué, antes de que los ciudadanos puedan pronunciarse, pretende recuperar mediante otro órgano parlamentario aquello que el Pleno acaba de negarle.

Si quiere una nueva mayoría, que la busque en las urnas, no en una modificación sobrevenida de la aritmética parlamentaria.

No estamos discutiendo aquí si España necesita una política de vivienda. Estamos hablando de algo anterior: el respeto del Gobierno a las decisiones del Poder Legislativo.

Y aquí adquiere especial importancia la posición del PNV.

Los nacionalistas vascos han anunciado que estudiarán en profundidad los nuevos decretos antes de decidir su voto. Su decisión puede ser determinante.

El PNV deberá valorar no solamente el contenido de las medidas, sino también las circunstancias en las que el Gobierno pretende recuperarlas. Si los textos han cambiado sustancialmente, deberá explicar por qué. Si son esencialmente los mismos, tendrá que explicar también por qué deben aprobarse ahora después de que el Pleno los rechazara.

Porque los diputados de la Diputación Permanente no estarán simplemente votando unos decretos de vivienda. Estarán determinando si una derrota parlamentaria puede ser inmediatamente corregida buscando otro escenario parlamentario más favorable.

Y esa responsabilidad corresponde a todos los partidos que decidan respaldar la operación.

La Diputación Permanente es constitucional. Lo que debemos preguntarnos es para qué se utiliza en este caso.

Una cosa es garantizar el funcionamiento del Estado cuando las Cortes están disueltas. Otra muy diferente sería utilizar esa circunstancia para intentar rescatar unas medidas que el Pleno acaba de rechazar.

Y entonces volvemos a las palabras de Sánchez.

El presidente ha dicho que los intereses de «la gente de a pie» son pisoteados en el Parlamento. Pero los diputados que votaron contra sus decretos también representan a ciudadanos. Sus votos no son menos democráticos porque hayan resultado incómodos para el Gobierno.

El Parlamento no deja de representar al pueblo cuando pierde una votación el Ejecutivo. Es precisamente entonces cuando demuestra para qué sirve.

Sánchez ha hablado también de una mayoría progresista con la que «doblegar a las élites». Tiene derecho a defender su programa y pedir el voto de los ciudadanos. Pero hacerlo desde una declaración institucional en La Moncloa difumina la frontera entre el presidente del Gobierno y el candidato electoral.

El viernes habló el Congreso. Hoy ha hablado el presidente. Y el 29 de noviembre hablarán los españoles.

Ese debería ser el orden natural de una democracia.

La democracia no garantiza a ningún Gobierno que sus propuestas sean aprobadas. Le garantiza el derecho a defenderlas, someterlas a votación y, si son rechazadas, intentar convencer a los ciudadanos para obtener una mayoría que permita aprobarlas.

La cuestión no es si el Gobierno puede hacerlo. La cuestión es si debería hacerlo.

Y, sobre todo, si los partidos que lo hagan posible están dispuestos a asumir ante los ciudadanos la responsabilidad política de haberlo permitido.

Luis Faraco Roldán.