¿A quién quiere España: al inmigrante que invierte, trabaja y emprende o al que depende del Estado?
España necesita inmigración. Es una realidad demográfica, económica y laboral que difícilmente puede discutirse.
La cuestión, por tanto, no es «inmigración sí o inmigración no». La verdadera pregunta es otra:
¿Qué inmigración necesita España, en qué cantidad y bajo qué criterios debe favorecerse su llegada, su integración y su permanencia?
Y ahí comienza un debate que, demasiadas veces, se pretende cerrar antes incluso de abrirlo.
¿POR QUÉ SE EXPULSA AL CAPITAL CUANDO FALTA VIVIENDA?
España decidió acabar con las llamadas Golden Visa, los permisos de residencia vinculados a determinadas inversiones extranjeras. La eliminación entró en vigor el 3 de abril de 2025.
El argumento fundamental del Gobierno fue la vivienda.
Entre 2013 y 2023 se concedieron 14.576 Golden Visa vinculadas a inversiones inmobiliarias. El 90% se concentró en seis territorios: Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia. En determinados mercados locales llegaron a representar porcentajes significativos de las compraventas: el 7,1% en Marbella, el 5,3% en Barcelona y hasta el 10% en algunos municipios de Baleares.
Desde 2016 hasta enero de 2024, las inversiones asociadas a estos visados inmobiliarios superaron los 10.014 millones de euros, con una inversión media superior a 950.000 euros.
Es razonable discutir el impacto que este tipo de demanda podía tener en determinados mercados locales.
Pero hay un dato que obliga a poner las cosas en perspectiva.
El Banco de España calcula que entre 2021 y 2025 se acumuló un déficit de aproximadamente 750.000 viviendas, resultado de la diferencia entre la construcción de vivienda residencial terminada y la creación neta de hogares.
Y entonces surge una pregunta incómoda:
Si faltan cientos de miles de viviendas, ¿por qué la respuesta consiste en eliminar compradores solventes en lugar de construir las viviendas que faltan?
Porque hay algo evidente:
Eliminar compradores no construye viviendas.
Y todavía hay otra cuestión.
Si el problema eran las Golden Visa inmobiliarias, ¿por qué se terminó eliminando todo el régimen de inversores, incluidas otras vías vinculadas a inversiones en empresas, fondos, deuda pública, depósitos o determinados proyectos empresariales?
La propia discusión debería distinguir entre inversión inmobiliaria y capital productivo.
Porque no todo el capital extranjero compite por una vivienda.
¿QUÉ INMIGRACIÓN ESTAMOS FAVORECIENDO?
Mientras se cerraba la puerta a determinados inversores, España continuaba experimentando un fuerte crecimiento de su población nacida en el extranjero.
A 1 de julio de 2026 España tenía 49.801.559 habitantes, máximo histórico.
De ellos, 10.291.807 habían nacido en el extranjero.
El INE señala, además, que el crecimiento de la población española se debe al aumento de las personas nacidas fuera de España, mientras disminuye la población nacida en nuestro país.
No estamos hablando, por tanto, de un fenómeno marginal.
Estamos hablando de uno de los principales factores que están transformando la sociedad española.
Al mismo tiempo, la Seguridad Social registraba en agosto 3.551.759 afiliados de nacionalidad extranjera, 482.490 más que un año antes.
Estas dos cifras no son directamente comparables: una se refiere al lugar de nacimiento y la otra a la nacionalidad y a la afiliación. Sería un error utilizar su diferencia para afirmar que millones de inmigrantes «no trabajan» o «no contribuyen».
Pero precisamente por eso hay una pregunta que debería hacerse con absoluta normalidad:
¿Cuál es la situación laboral, contributiva y fiscal del conjunto de las personas nacidas en el extranjero que no aparecen en la cifra de afiliación?
No es una pregunta contra la inmigración.
Es una pregunta sobre el modelo de inmigración.
Porque no es lo mismo incorporar a una sociedad a una persona que llega para trabajar, emprender, invertir, cotizar y construir su proyecto de vida que incorporar a una persona cuya relación con el Estado comienza fundamentalmente alrededor de mecanismos de protección y asistencia.
REGULARIZAR NO ES LO MISMO QUE INTEGRAR
En 2026 España ha puesto en marcha además un proceso extraordinario de regularización.
El plazo terminó el 30 de junio con 1.174.978 solicitudes. El 79,6% correspondía a autorizaciones por arraigo extraordinario y el 20,4% a solicitantes de protección internacional.
Aquí también conviene evitar simplificaciones.
El propio Gobierno reconoce que el 87% de los solicitantes está en edad laboral y que, a 30 de junio, el proceso había generado 159.097 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social. Posteriormente, a 31 de agosto, la cifra de afiliados en alta procedentes del proceso extraordinario ascendía a 337.917.
Es decir:
No sería serio presentar al inmigrante irregular como sinónimo de persona improductiva.
Muchos trabajan. Muchos quieren trabajar. Muchos contribuyen.
Pero eso no elimina la pregunta política.
¿Qué debe presidir una política migratoria?
¿La existencia de empleo?
¿Las necesidades reales del mercado laboral?
¿La cualificación?
¿La inversión?
¿El arraigo?
¿La protección humanitaria?
Probablemente una combinación de varios criterios.
Lo que sí deberíamos discutir es si la vulnerabilidad debe ser una situación que el Estado ayuda a superar o convertirse en un criterio permanente de acceso y permanencia.
Porque una cosa es proteger al vulnerable.
Y otra muy distinta es convertir la vulnerabilidad en un modelo de política migratoria.
¿CASUALIDAD, IDEOLOGÍA O INCENTIVO ELECTORAL?
Y llegamos al asunto más delicado.
¿Puede existir un incentivo electoral para que determinados partidos prefieran una población más dependiente de las políticas públicas?
No porque todos los inmigrantes sean de izquierdas.
No porque todos los pobres voten a la izquierda.
Y, desde luego, no podemos afirmar que exista un plan deliberado para «importar votantes».
Pero negar siquiera la existencia de indicios sería cerrar los ojos ante una cuestión que merece ser investigada.
No podemos afirmar el plan. Sí podemos plantear la sospecha.
Y podemos plantearla a partir de una cuestión elemental: los incentivos importan en política.
Una persona económicamente independiente dispone, en principio, de mayor margen para decidir su voto atendiendo a una pluralidad de intereses: impuestos, vivienda, seguridad, educación, pensiones, empleo, regulación, propiedad o libertad económica.
Una persona cuya situación depende en mayor medida de determinadas políticas públicas puede tener otros incentivos.
Esto no determina su voto.
Pero puede influir.
Y precisamente por eso merece ser estudiado.
La cuestión no es si un inmigrante pobre votará a la izquierda. La cuestión es si una política que aumenta el número de ciudadanos dependientes de determinadas decisiones del Estado puede generar, a largo plazo, un incentivo electoral para quienes controlan esas decisiones.
Es una hipótesis.
Pero es una hipótesis legítima.
EL CIUDADANO AUTÓNOMO Y EL CIUDADANO DEPENDIENTE.
Aquí aparece la verdadera cuestión ideológica.
Buena parte de la izquierda contemporánea ha construido su discurso alrededor de la protección de colectivos considerados vulnerables: trabajadores precarios, personas con bajos ingresos, familias en riesgo de exclusión, minorías o inmigrantes.
Es una concepción política legítima y perfectamente discutible en democracia.
El problema aparece cuando la protección deja de ser un instrumento para recuperar la autonomía y se convierte en una relación permanente entre ciudadano y Estado.
Porque existe una diferencia fundamental entre ayudar a una persona a volver a caminar por sí misma y construir un sistema en el que necesite permanentemente que otro camine por ella.
La tradición liberal parte de una idea diferente.
El ciudadano no es, ante todo, un miembro de un colectivo cuya vida debe ser administrada por el poder.
Es un individuo.
Una persona con derechos, pero también con responsabilidades.
Con libertad, pero también con capacidad de decidir sobre su propio destino.
Con derecho a recibir ayuda cuando realmente la necesita, pero también con el derecho —y la obligación— de intentar vivir sin depender permanentemente de ella.
Y aquí la inmigración deja de ser solamente una cuestión demográfica.
Se convierte en una cuestión de modelo de sociedad.
NO SE TRATA DE CERRAR LAS FRONTERAS.
España necesita inmigrantes.
Necesita médicos, ingenieros, investigadores, empresarios, agricultores, transportistas, profesionales cualificados y trabajadores que quieran ganarse la vida y contribuir al país.
Necesita también una política humanitaria capaz de proteger a quien realmente necesita protección.
Pero necesita, sobre todo, una política migratoria que favorezca el trabajo, la integración, la iniciativa, la propiedad, la responsabilidad y la autonomía personal.
Si España necesita vivienda, construyamos vivienda.
Si necesita trabajadores, atraigamos trabajadores.
Si necesita inversión, facilitemos la inversión.
Si necesita empresarios, investigadores o profesionales cualificados, hagamos que España sea un país atractivo para ellos.
Y si alguien necesita protección, protejámoslo.
Pero no confundamos protección con dependencia.
Porque la libertad y la responsabilidad son inseparables.
Y esa es, probablemente, la pregunta que deberíamos hacernos antes de decidir qué modelo migratorio queremos:
¿Estamos construyendo una sociedad de ciudadanos cada vez más libres, autónomos y responsables de su propio futuro, o una sociedad cada vez más dependiente de un Estado que después decide quién recibe qué?
Porque al final la discusión no es solamente sobre inmigración.
Es sobre qué tipo de ciudadano y qué tipo de sociedad queremos construir.
Luis Faraco Roldán
