Hay una cuestión que debería estar en el centro del debate sobre la vivienda y que, sin embargo, el Gobierno parece empeñado en ocultar: España es, fundamentalmente, un país de pequeños propietarios.
El mercado del alquiler no está dominado por grandes fondos de inversión ni por sociedades inmobiliarias con miles de viviendas. Una parte muy importante de las viviendas alquiladas pertenece a particulares que tienen una, dos o unas pocas propiedades.
Y esto cambia completamente el enfoque del problema.
Cuando se aprueban medidas que aumentan las obligaciones, las limitaciones y la inseguridad jurídica del propietario, no se está afectando únicamente a los grandes tenedores. También al ciudadano que tiene un piso alquilado como complemento de sus ingresos, como ahorro para la jubilación o como patrimonio familiar.
Por eso resulta contradictorio que el Gobierno reclame más vivienda disponible mientras mantiene políticas que pueden llevar a algunos propietarios a retirar sus viviendas del mercado.
El problema de la vivienda no se soluciona enfrentando a propietarios e inquilinos. Se soluciona aumentando la oferta: más suelo disponible, más construcción, menos burocracia, costes razonables y seguridad jurídica.
Lo hemos visto estos días con el caso de Maricarmen. El desahucio de una persona concreta se convirtió en un acontecimiento político nacional. Después llegaron las acampadas, las declaraciones, las acusaciones y los decretos.
Pero el problema sigue siendo el mismo: hacen falta viviendas.
Y aquí aparece la pregunta que debería contestar el Gobierno: ¿cuántas viviendas nuevas han conseguido poner en el mercado sus políticas?
No cuántas declaraciones han hecho. No cuántos decretos han aprobado. Cuántas viviendas.
Porque una norma no construye por sí sola una vivienda. Y si las condiciones para alquilar se vuelven más inciertas, algunos propietarios pueden decidir no hacerlo. Menos oferta no es necesariamente una receta para conseguir alquileres más baratos sino todo lo contrario.
El debate no puede reducirse a una supuesta batalla entre pequeños propietarios y grandes fondos. La estructura de la propiedad inmobiliaria española es mucho más atomizada.
No se puede convertir en legislador ni en Gobierno a un grupo marginal porque haya montado una acampada y tenga cien tiendas Quechua compradas con los «fondos buitre» de la política.
Las democracias representativas tienen instituciones, Parlamentos y gobiernos elegidos en las urnas. Las decisiones no pueden quedar condicionadas por quien consiga hacer más ruido en la calle, ocupar una plaza o convertir un caso particular en un espectáculo político.
Ya lo advirtieron los antiguos griegos: el riesgo de la democracia es la demagogia. Y la demagogia puede terminar desembocando en la oclocracia: el gobierno de la muchedumbre.
La política de vivienda exige algo bastante menos espectacular: construir, facilitar y dar seguridad jurídica.
España es un país de pequeños propietarios. Cualquier política de vivienda que ignore esa realidad corre el riesgo de agravar aquello que pretende resolver.
Luis Faraco Roldán.
