LA IZQUIERDA CAVIAR Y EL NEGOCIO DE LOS PRIVILEGIOS.
La resaca de la fracasada huelga general del 11 de noviembre deja algo más que un mal sabor de boca a sus convocantes. Más que un fracaso de los sindicatos —que también—, estamos ante un fracaso del Gobierno y de la izquierda en su conjunto, que pretendían «mostrar músculo» en las calles de cara al 29-N y, de paso, condicionar a quienes están llamados a conformar el próximo Gobierno tras las elecciones.
Pero el resultado ha sido justamente el contrario.
Por una parte, la convocatoria ha evidenciado la debilidad de una izquierda cada vez más alejada de la realidad económica y social, y cuya sensibilidad hacia los sectores vulnerables parece haberse quedado reducida a discursos, consignas y campañas de propaganda. Porque resulta difícil convencer a quienes sufren el encarecimiento de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y la precariedad de que sus supuestos defensores son quienes disfrutan de sueldos de miles de euros al mes, viviendas de lujo, viajes en primera clase y toda una colección de privilegios sufragados, directa o indirectamente, por los contribuyentes.
La distancia entre el discurso y la vida real se ha convertido en un abismo.
EL NEGOCIO DE LA INDIGNACIÓN.
Esta huelga tenía, además, un origen que merece una reflexión. El llamado Sindicato de Inquilinas, convertido en uno de los principales impulsores de la movilización, se presenta como la voz de quienes padecen el problema de la vivienda. Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto determinados activismos representan realmente a los ciudadanos que dicen defender.
Las informaciones y controversias sobre el perfil social de algunas de sus dirigentes —su formación académica, sus entornos familiares y sus condiciones de vida— plantean una contradicción difícil de ignorar. Para algunos, acampar en una tienda Quechua en la Puerta del Sol puede ser una experiencia reivindicativa, incluso una aventura reconfortante. Para quienes no tienen alternativa habitacional, dormir en una tienda no es una elección ideológica: es una tragedia.
Y esa diferencia es esencial.
El laboratorio de asesores de Moncloa, siempre atento a cualquier oportunidad de convertir un conflicto social en una herramienta política, creyó encontrar un filón en el fenómeno de Maricarmen y en el activismo de las llamadas inquilinas. Quizá llegaron a pensar que ahí se encontraba el futuro político y sindical de España.
De ahí la presión sobre UGT y CCOO para sumarse a una huelga que, a juicio de sus críticos, parecía responder más a una estrategia política que a una reivindicación laboral genuina. Unos sindicatos que, demasiadas veces, han terminado actuando como acompañantes del poder que los sostiene.
CUANDO EL NEGOCIO DEPENDE DEL PODER.
Recuerdo una conversación de hace años con un familiar lejano que se jactaba de haber montado un negocio «exclusivo y superrentable» al amparo de un Ayuntamiento. Según me contaba, él, en connivencia con el alcalde y los concejales, decidía los precios que se pagaban a su propia empresa. El negocio, naturalmente, funcionaba de maravilla.
Le advertí entonces de que aquello no era un verdadero negocio. Cuando la prosperidad depende de la voluntad de los políticos, la riqueza puede parecer sólida, pero es ficticia. Y del mismo modo que el enriquecimiento puede ser fulgurante, la ruina puede llegar en cuanto cambian las circunstancias.
Se rio. Después dejó de hablarme.
El tiempo terminó confirmando mis previsiones.
Algo parecido sucede cuando una estructura política, sindical o económica vive demasiado tiempo a la sombra del poder. Confunde la protección con la fortaleza, la financiación con el respaldo social y la propaganda con la realidad. Pero cuando el negocio empieza a caer, cada movimiento destinado a sostenerlo puede acelerar su derrumbe.
Eso es, precisamente, lo que parece estar ocurriendo con el Gobierno y sus sindicatos.
EL DÍA DESPUÉS.
El futuro Gobierno ya tiene una primera lección: la izquierda de los privilegios puede ser mucho menos poderosa de lo que aparenta. Y los sindicatos que durante años han disfrutado de una posición privilegiada tendrán que afrontar una realidad incómoda: recuperar la confianza de sus afiliados y aprender a vivir de las cuotas de quienes dicen representar.
No faltan ejemplos de organizaciones sindicales que desarrollan su actividad sin depender de la financiación pública. La independencia económica no es una utopía; es, precisamente, una de las condiciones para ejercer una verdadera independencia sindical.
Y, finalmente, los episodios de violencia registrados al término de la jornada en Madrid y Barcelona tampoco pueden interpretarse como una demostración de fuerza. Cuando una convocatoria fracasa, determinados sectores pueden intentar sustituir el respaldo social que no han conseguido por la intimidación o el enfrentamiento. La violencia no convierte una huelga débil en una huelga triunfante.
Quienes peinamos canas y hemos vivido huelgas de todo tipo sabemos que, cuando una movilización alcanza sus objetivos, sus participantes regresan a casa con la satisfacción de haber hecho lo que consideraban correcto, esperando recoger los frutos de su acción. No necesitan convertir el final de la jornada en un escenario de violencia.
La resaca del 11-N deja, por tanto, algo más que una convocatoria fallida. Deja al descubierto una izquierda que ha confundido durante demasiado tiempo el poder con el respaldo popular, los privilegios con la representación y la propaganda con la realidad.
Y quizá la lección más importante sea esta: ningún negocio político, por bien protegido que esté, puede sobrevivir indefinidamente cuando deja de tener detrás a la sociedad que dice representar.
LUIS FARACO ROLDÁN
LIBERTAD SIN MIEDO
Cuando el poder intenta controlar las reglas del juego.
