LA DEMOCRACIA DE LOS CONTRAPESOS.

Cuando el poder intenta controlar las reglas del juego.

«La libertad no consiste en tener un buen amo, sino en no tenerlo».

— Cicerón

Una democracia no se mide exclusivamente por la celebración periódica de elecciones. Se mide, sobre todo, por la fortaleza de sus instituciones, por la independencia de quienes deben fiscalizar al poder y por la capacidad del sistema para impedir que un gobernante termine confundiendo su voluntad con el interés general.

Porque ganar unas elecciones otorga legitimidad para gobernar. No concede el derecho a disponer de las instituciones como si fueran patrimonio propio.

En la España de Pedro Sánchez, la cuestión de los contrapesos democráticos se ha convertido en uno de los grandes debates políticos de nuestro tiempo. No hablamos únicamente de las decisiones de un Gobierno o de las discrepancias de la oposición. Hablamos de la relación entre el poder ejecutivo y aquellos órganos cuya razón de ser consiste precisamente en limitarlo, supervisarlo y exigirle responsabilidades.

La democracia necesita contrapesos. Y los necesita especialmente cuando quienes gobiernan parecen considerar que cualquier obstáculo a sus decisiones constituye una amenaza política.

LA INDEPENDENCIA QUE INCOMODA.

El Poder Judicial, los órganos constitucionales, los organismos de control y las instituciones electorales no están para facilitar la vida al Gobierno de turno. Están para garantizar que el poder se ejerce dentro de los límites establecidos.

Sin embargo, cuando la independencia institucional se convierte en una batalla política permanente, el ciudadano comienza a percibir que las reglas del juego están sometidas a una presión constante.

La cuestión no es que un tribunal dicte una resolución contraria al Gobierno. Eso forma parte de la normalidad democrática. La cuestión es la reacción ante esa resolución: si se acata, se respeta y se asume, o si se transforma al órgano que la dicta en adversario político.

Una democracia madura acepta que sus instituciones pueden contrariar al gobernante. Una democracia debilitada comienza a cuestionarlas cuando dejan de resultar convenientes.

Y ahí reside una de las principales preocupaciones de la España actual.

LA LEY DE NIETOS: UNA CONTROVERSIA QUE EXIGE RESPUESTAS.

La denominada Ley de Nietos, incorporada a la Ley de Memoria Democrática de 2022, abrió una vía para que determinados descendientes de españoles pudieran adquirir la nacionalidad.

El reconocimiento de la nacionalidad a quienes cumplen los requisitos legales no constituye, por sí mismo, ninguna anomalía. El problema político y jurídico surge cuando se cuestiona la forma en que se interpretaron y aplicaron esos requisitos, especialmente en relación con la acreditación del exilio y la incorporación de nuevos ciudadanos al Censo Electoral de Residentes Ausentes, el CERA.

La controversia adquirió una dimensión extraordinaria cuando el Tribunal Supremo acordó suspender cautelarmente determinados efectos electorales de esas inscripciones, reclamando una verificación adecuada de las condiciones exigidas por la normativa.

El Alto Tribunal consideró que la formación del censo debía preservar la exactitud, la veracidad, la igualdad, la objetividad y la transparencia del proceso electoral.

No estamos hablando de ciudadanos que deban ser privados arbitrariamente de sus derechos. Estamos hablando de la obligación del Estado de garantizar que esos derechos se ejercen conforme a la ley y que el censo refleja con rigor a quienes reúnen las condiciones para votar.

La sospecha política de que una ampliación del electorado pudiera favorecer a una determinada formación no equivale a una manipulación electoral judicialmente acreditada. Pero tampoco puede utilizarse esa distinción para eludir la necesidad de investigar, verificar y corregir cualquier irregularidad que pudiera existir.

La democracia no puede permitirse zonas de opacidad en la formación de su cuerpo electoral.

Y menos aún cuando la controversia alcanza una magnitud capaz de afectar a la confianza pública en los procesos electorales.

UN CENSO QUE CRECE Y UNA ADMINISTRACIÓN QUE DEBE RESPONDER.

Los datos permiten dimensionar la controversia.

El CERA pasó de 2.333.056 inscritos en las elecciones generales de julio de 2023 a 2.747.688 en agosto de 2026. Un incremento de 419.427 electores.

Conviene precisar que ese crecimiento no puede atribuirse íntegramente a la Ley de Nietos: también incluye a españoles que trasladaron su residencia al extranjero y a otros ciudadanos que ya tenían la nacionalidad.

Sin embargo, el aumento del censo y la dimensión de los expedientes vinculados a la Ley de Memoria Democrática obligaban a una gestión administrativa rigurosa y transparente.

El 23 de octubre, el Supremo reclamó al Gobierno que identificara a 163.020 afectados. Según los datos comunicados entonces, se habían revisado 31.390 expedientes y expedido 91 certificados de exilio.

Estas cifras, correspondientes a aquella fecha, reflejaban una dificultad administrativa de enorme magnitud a pocas semanas de las elecciones.

Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿cómo puede una Administración llegar a una convocatoria electoral con un procedimiento de semejante relevancia pendiente de una verificación que debía haberse realizado con suficiente antelación?

No basta con invocar la complejidad burocrática. La Administración tiene la obligación de anticiparse, organizarse y garantizar el cumplimiento de la ley.

EL SUPREMO Y LA SEGURIDAD JURÍDICA.

La evolución judicial de las últimas semanas resulta igualmente significativa.

El 9 de noviembre, el Tribunal Supremo rechazó extender la suspensión del voto a los hijos de los nacionalizados por la Ley de Nietos, unos 190.000 ciudadanos, al considerar que la revisión a estas alturas del proceso electoral podía comprometer la seguridad jurídica y la estabilidad electoral.

La decisión mantiene una distinción relevante: por un lado, los nacionalizados afectados por la suspensión cautelar inicial; por otro, sus hijos, cuyo derecho al voto no ha quedado suspendido por esta última resolución.

Esta decisión debe respetarse. Y precisamente por ello conviene subrayar la importancia de que las decisiones sobre el censo se adopten con tiempo, con criterios claros y con plena seguridad jurídica.

La controversia no demuestra por sí misma que exista un plan deliberado de manipulación electoral. Pero pone de manifiesto que una gestión deficiente o insuficientemente transparente de los procedimientos censales puede terminar generando una crisis de confianza en el sistema.

Y esa confianza es demasiado importante como para dejarla a merced de la improvisación.

EL CENSO NO ES PATRIMONIO DE NINGÚN PARTIDO.

La cuestión de fondo es mucho más importante que una disputa entre Gobierno y oposición.

El censo electoral constituye una de las garantías esenciales de la democracia. Su integridad no puede depender de los intereses de quienes aspiran a obtener una mayoría parlamentaria.

Por eso resulta imprescindible que los procedimientos de inscripción sean claros, que las condiciones se apliquen de manera uniforme y que las autoridades competentes actúen con independencia.

La controversia de la Ley de Nietos ha demostrado que, cuando existen dudas sobre la aplicación de una norma con consecuencias electorales, la respuesta institucional debe ser la transparencia absoluta.

Y también ha puesto de manifiesto que los tribunales deben poder intervenir sin que sus decisiones se conviertan automáticamente en una batalla partidista.

El Estado de derecho no consiste en que las instituciones den la razón al Gobierno. Consiste en que puedan quitársela cuando corresponda.

LA ALTERNANCIA COMO GARANTÍA DEMOCRÁTICA.

Existe una tentación peligrosa en determinados proyectos políticos: considerar que su permanencia en el poder es una condición indispensable para la estabilidad del país.

Desde esa perspectiva, la victoria del adversario deja de ser una posibilidad legítima y pasa a presentarse como una amenaza nacional.

Pero la alternancia no es una anomalía. Es una de las garantías fundamentales de la democracia.

Ningún partido tiene derecho a gobernar indefinidamente. Ningún presidente puede considerar que su proyecto político está por encima de las instituciones. Y ningún ciudadano debería tener que aceptar que las reglas electorales se interpreten en función de quién puede beneficiarse de ellas.

La democracia no pertenece a quienes gobiernan. Pertenece a los ciudadanos.

Por eso, la fortaleza institucional no se demuestra cuando todas las instituciones respaldan al Ejecutivo, sino cuando son capaces de actuar con independencia, incluso frente a un Gobierno que dispone de una mayoría parlamentaria.

CUANDO EL PODER SE CONVIERTE EN UNA AMENAZA PARA SUS PROPIOS LÍMITES.

El deterioro institucional no suele producirse de un día para otro. No necesita necesariamente una ruptura abrupta del orden constitucional. Puede avanzar mediante decisiones sucesivas, interpretaciones discutibles, enfrentamientos con los órganos de control y una creciente deslegitimación de quienes ejercen la fiscalización.

Cada episodio, considerado aisladamente, puede presentarse como una discrepancia jurídica o política. El problema aparece cuando se observa el conjunto y se advierte una tensión permanente entre el poder ejecutivo y los mecanismos destinados a limitarlo.

La cuestión que debemos plantearnos es si estamos ante una normalidad democrática saludable o ante una preocupante erosión de la confianza institucional.

Porque cuando la independencia de los contrapesos se convierte en una molestia para el gobernante, el ciudadano tiene motivos para preocuparse.

Y cuando la integridad del censo electoral necesita ser defendida ante los tribunales, la exigencia de transparencia debe ser absoluta.

No se trata de proclamar que toda decisión del Gobierno es ilegítima. Se trata de recordar que ninguna decisión gubernamental está por encima de la ley, que ningún partido es propietario de las instituciones y que ninguna mayoría parlamentaria puede sustituir a los mecanismos de control.

La democracia exige algo más que ganar elecciones.

Exige respetar las reglas, aceptar los límites y asumir que el poder debe estar sometido a una fiscalización permanente.

Porque el día en que las instituciones dejen de controlar al poder y pasen a depender de él, la democracia conservará sus ceremonias, sus discursos y sus urnas.

Pero habrá comenzado a perder aquello que la hace verdaderamente libre.

Luis Faraco Roldán.

LIBERTAD SIN MIEDO.

EL PODER COMO FIN.

Cuando la permanencia en La Moncloa se convierte en la única razón de la acción política.

«El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente».

— Lord Acton.

Hay una diferencia fundamental entre quien aspira al poder para transformar la realidad y quien termina convirtiendo el poder en la razón última de su existencia política. El primero gobierna con un propósito. El segundo hace del propósito una excusa para seguir gobernando.

En la España de Pedro Sánchez, esta distinción adquiere una dimensión preocupante.

La política debería ser el instrumento al servicio de los ciudadanos. Sin embargo, cuando la permanencia en La Moncloa se convierte en la prioridad absoluta, el orden de las cosas se invierte: los ciudadanos dejan de ser el fin de la acción política y pasan a ser una pieza más de la estrategia de supervivencia del gobernante.

Y es entonces cuando comienzan a desaparecer las líneas rojas.

Lo que ayer se consideraba inadmisible hoy se presenta como una necesidad democrática. Lo que ayer se rechazaba solemnemente hoy se justifica en nombre de la estabilidad. Los principios se flexibilizan, las promesas se reinterpretan y las contradicciones se envuelven en discursos destinados a convencer a los propios de que cualquier sacrificio merece la pena si evita una derrota.

El sanchismo ha hecho de esa elasticidad política una de sus principales señas de identidad.

No estamos hablando de que un presidente negocie con otras fuerzas políticas. La negociación es legítima y necesaria en cualquier democracia parlamentaria. Estamos hablando de algo distinto: de la impresión de que cualquier compromiso, cualquier rectificación y cualquier concesión pueden encontrar justificación cuando lo que está en juego es la continuidad del poder.

La pregunta ya no es qué necesita España, sino qué necesita Sánchez para seguir gobernando.

Y esa pregunta es demoledora.

Pero hay algo todavía más preocupante. El único programa electoral que parece sobrevivir a todas las contradicciones del sanchismo es, en esencia, uno: «Que no gobiernen los otros».

Un planteamiento que roza una concepción cuasi autocrática del poder, porque no se limita a combatir al adversario político, sino que lo despoja de su condición de legítimo competidor democrático. Se le cosifica, se le convierte en una amenaza y se le presenta no solo como enemigo propio, sino como enemigo de España.

De este modo, la alternancia deja de concebirse como una posibilidad legítima de la democracia para convertirse en una suerte de catástrofe nacional que debe evitarse a cualquier precio.

Cuando el adversario deja de ser alguien con quien competir y pasa a ser alguien a quien impedir gobernar, la política abandona el terreno de la confrontación democrática para adentrarse en una lógica de exclusión. Ya no se trata de convencer a los ciudadanos de que un proyecto es mejor que otro. Se trata de persuadirlos de que el otro proyecto no debería siquiera tener la oportunidad de gobernar.

Y esa es una deriva política muy seria.

Porque un Gobierno puede perder la confianza de una parte importante de la ciudadanía y seguir siendo legítimo. Puede atravesar crisis, cometer errores y enfrentarse a una oposición feroz. Lo que no debería hacer es confundir la legitimidad de su investidura con una autorización permanente para actuar sin límites políticos ni morales.

La democracia no es una propiedad privada del vencedor electoral.

Tampoco es un cheque en blanco que permita alterar el significado de las instituciones según las necesidades del momento. La mayoría parlamentaria sostiene al Ejecutivo, pero no convierte en virtuosa cualquier decisión. La legalidad no elimina la responsabilidad política, y la responsabilidad política no desaparece porque los socios de Gobierno decidan mantener su apoyo.

En esta lógica de supervivencia, la crítica se presenta como hostilidad; la fiscalización, como persecución; y la exigencia de explicaciones, como parte de una conspiración.

Es una forma de ejercer el poder que alimenta la polarización y deteriora la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Pero existe una paradoja que el sanchismo parece ignorar: cuanto más se aferra un gobernante al poder, más puede terminar debilitando aquello que le permitió alcanzarlo. La confianza pública, la credibilidad de las instituciones y la ejemplaridad no son adornos prescindibles. Son los cimientos de cualquier sistema democrático que aspire a perdurar.

La historia política española conoce demasiados ejemplos de dirigentes que confundieron su proyecto personal con el destino del país. Todos terminaron descubriendo, tarde o temprano, que el poder tiene fecha de caducidad, aunque quienes lo ejercen se resistan a admitirlo.

Pedro Sánchez puede seguir defendiendo que cada una de sus decisiones responde al interés general. Está en su derecho. Pero también los ciudadanos tienen derecho a preguntarse si ese interés general continúa siendo el verdadero motor de su Gobierno o si ha quedado subordinado a una estrategia cuyo objetivo esencial es evitar la salida de La Moncloa.

Esa es la cuestión que debería ocupar el centro del debate político.

No se trata de demonizar a un presidente ni de negar la legitimidad de quienes lo apoyan. Se trata de exigir que el poder conserve su naturaleza instrumental. Que gobernar no se convierta en una obsesión. Que las instituciones no sean utilizadas como prolongaciones de una estrategia partidista. Que los principios no sean mercancía de intercambio parlamentario.

Porque cuando un político considera que perder el poder es peor que sacrificar sus propios principios, el problema deja de ser exclusivamente suyo.

Se convierte en un problema para todos.

La Moncloa no es un destino vitalicio. Es una responsabilidad temporal. Y el verdadero valor de un gobernante no se mide por su capacidad para resistir en el cargo, sino por su disposición a respetar los límites que la democracia le impone.

El poder debería ser siempre un medio para servir.

Cuando se convierte en un fin, el ciudadano deja de ser el protagonista de la democracia y pasa a ser el espectador de una lucha por la supervivencia política.

Y entonces, la pregunta ya no es quién gobierna España.

La pregunta es para quién se gobierna.

Luis Faraco Roldán

LIBERTAD SIN MIEDO

LA MAFIA DE LOS DESPACHOS.

El PSOE prepara su travesía del desierto.

Hay formas de ejercer el poder que resultan especialmente reveladoras. No son las que se exhiben en los grandes discursos, ni las que se anuncian solemnemente ante las cámaras. Son aquellas que se ejecutan en silencio, entre despachos, nombramientos, modificaciones de requisitos y decisiones administrativas que, bajo una apariencia de normalidad, pueden esconder una estrategia mucho más ambiciosa: garantizar que los fieles sigan teniendo acomodo cuando el poder cambie de manos.

La información publicada por The Objective sobre los movimientos del Ministerio de Exteriores que dirige José Manuel Albares vuelve a poner sobre la mesa una cuestión de enorme trascendencia política: ¿se está utilizando la Administración del Estado para proteger posiciones de influencia de determinados cuadros afines al Gobierno?

Si las denuncias sobre estos nombramientos se confirman, no estaríamos ante una simple controversia administrativa. Estaríamos ante una práctica que deteriora la confianza en las instituciones y que alimenta la sospecha de que algunos consideran el Estado una propiedad particular del partido que lo gobierna.

Y eso es precisamente lo que resulta indignante.

El Estado no es el cortijo de nadie.

La Administración pública debe estar al servicio de los ciudadanos, no al servicio de una organización política. Sus puestos deben responder a criterios de capacidad, mérito, profesionalidad y legalidad. No pueden convertirse en premios de consolación, refugios de confianza o mecanismos de supervivencia política.

Sin embargo, cuando se acumulan decisiones que despiertan sospechas sobre la alteración de requisitos o el favorecimiento de determinadas personas, la pregunta resulta inevitable: ¿se está buscando al mejor candidato o se está construyendo una red de protección para los propios?

El problema no es que existan funcionarios que continúen en sus puestos cuando cambia un Gobierno. Eso es normal y necesario. El problema es que se utilicen cargos de especial responsabilidad para perpetuar una influencia política que las urnas podrían haber revocado.

Porque perder el poder no debería significar conservarlo por otras vías.

La travesía del desierto y los peones del sanchismo.

El sanchismo ha demostrado una extraordinaria capacidad para resistir políticamente. Pero toda resistencia tiene un límite: el día en que los ciudadanos deciden que ha llegado la hora de una alternativa.

Y es precisamente ante esa posibilidad cuando debemos prestar especial atención a los movimientos que se producen en las estructuras del Estado.

¿Se están asegurando posiciones para los fieles? ¿Se están consolidando redes de influencia que puedan sobrevivir a una derrota electoral? ¿Se está preparando una Administración paralela, no necesariamente formal, pero sí política, capaz de condicionar al futuro Gobierno?

Son preguntas legítimas. Y merecen respuestas.

No se trata de afirmar que cada nombramiento responde a una conspiración. Se trata de exigir que cada decisión pública pueda justificarse con transparencia, con criterios objetivos y con respeto escrupuloso a la legalidad.

La democracia no puede funcionar bajo la sospecha permanente de que quienes gobiernan están utilizando su posición para garantizarse una retaguardia.

PP y VOX: tomar nota y actuar.

Si el Partido Popular y VOX aspiran a protagonizar una alternativa de Gobierno, deberían estar tomando buena nota de cada uno de estos movimientos.

Porque el cambio político no puede limitarse a sustituir a los ministros y a ocupar los despachos del Consejo de Ministros. El verdadero cambio exige revisar las estructuras, auditar los nombramientos que presenten indicios de irregularidad y comprobar si se han respetado los principios de mérito, capacidad e igualdad.

Y cuando se detecten ilegalidades, actuar con todas las consecuencias.

No se trata de purgar funcionarios por su ideología. Eso sería reproducir exactamente aquello que se critica. Se trata de desmontar los mecanismos de favoritismo, de recuperar la neutralidad institucional y de garantizar que ningún partido pueda convertir la Administración en su refugio particular.

La transparencia debe ser la primera herramienta. La legalidad, la única frontera. Y la responsabilidad política, una obligación ineludible.

La democracia no admite propietarios.

Hay algo profundamente perverso en la idea de que un partido pueda perder las elecciones y, sin embargo, conservar una parte sustancial de su poder mediante posiciones estratégicamente aseguradas dentro de las instituciones.

El Estado pertenece a todos los españoles. No a Pedro Sánchez, no al PSOE y tampoco a quienes hoy se benefician de la confianza del Gobierno.

La alternancia es una de las bases de la democracia. Quien gobierna debe asumir que algún día dejará de hacerlo. Y debe hacerlo sin intentar condicionar al sucesor mediante una red de privilegios o de posiciones de influencia construidas a costa del interés general.

Si el sanchismo está preparando su travesía del desierto, que la haga como cualquier otra fuerza política: desde la oposición, con sus diputados, sus militantes y sus argumentos.

Lo que no puede pretender es llevarse consigo una parte del Estado para seguir ejerciendo un poder que los ciudadanos ya no le hayan otorgado.

Porque una democracia no se degrada únicamente cuando se vulneran las leyes. También se degrada cuando quienes gobiernan empiezan a comportarse como si las instituciones les pertenecieran.

Y cuando llegue el momento de la alternancia, PP y VOX tendrán una responsabilidad histórica: demostrar que el Estado puede recuperar su neutralidad y que España no es el cortijo de ningún partido.

Luis Faraco Roldán
LIBERTAD SIN MIEDO

SIN ESCRÚPULOS.

 

El sanchismo y la degradación de los límites del poder.

Hay ocasiones en las que una expresión resume mejor una realidad política que cientos de páginas de análisis. «Sin escrúpulos» es una de ellas. Y escucharla aplicada al modo de ejercer el poder de Pedro Sánchez, en una televisión colombiana como NTN24, invita a una reflexión que trasciende la polémica partidista.

Porque lo que está sucediendo en España no puede analizarse exclusivamente desde la perspectiva de los escándalos que salpican al Gobierno, al partido que lo sostiene o a su entorno más próximo. El problema es más profundo. Tiene que ver con la concepción misma del poder, con los límites que deben imponérsele y con la resistencia de quien lo ejerce a aceptar que las instituciones democráticas no son patrimonio de nadie.

Pedro Sánchez ha convertido la supervivencia política en una auténtica razón de Estado. Cada dificultad se transforma en una batalla; cada crítica, en una conspiración; cada exigencia de responsabilidad, en un ataque político. Y cada principio que ayer se presentaba como innegociable parece hoy susceptible de ser sacrificado si la aritmética parlamentaria lo exige.

La hemeroteca, en este sentido, resulta demoledora. Las promesas, las líneas rojas y las afirmaciones solemnes han ido cediendo ante las necesidades de una permanencia en el poder que parece justificarlo todo. Lo que antes era inaceptable se convierte en inevitable. Lo que ayer se rechazaba con vehemencia se abraza hoy con entusiasmo. Y lo que se prometió no hacer termina haciéndose con una explicación de conveniencia.

Pero una democracia no puede vivir permanentemente de las excepciones.

El problema no es que un Gobierno negocie. Negociar forma parte de la política. El problema aparece cuando la negociación deja de perseguir el interés general y se convierte en un mecanismo de supervivencia personal; cuando las instituciones se perciben como instrumentos de resistencia; cuando la responsabilidad política se sustituye por una estrategia de comunicación destinada a desacreditar a quien pregunta.

Y es precisamente ahí donde la cuestión de los escrúpulos adquiere su verdadera dimensión.

Los escrúpulos no son una debilidad del gobernante. Son una garantía para el ciudadano. Constituyen ese límite moral que impide confundir la legitimidad electoral con una licencia ilimitada para actuar. Porque ganar unas elecciones otorga el derecho a gobernar, pero no el de desnaturalizar las reglas, despreciar los contrapesos o convertir la conveniencia partidista en norma de conducta.

La democracia no consiste únicamente en votar. También consiste en controlar, fiscalizar, exigir explicaciones y asumir responsabilidades. Una mayoría parlamentaria puede sostener un Gobierno, pero no puede convertir en aceptable cualquier comportamiento. La legalidad es el suelo sobre el que se construye el poder; la ejemplaridad es el mínimo que se espera de quienes lo ejercen.

España necesita recuperar esa distinción.

Y mientras el sanchismo siga confundiendo la resistencia política con la impunidad moral, mientras la permanencia en La Moncloa parezca prevalecer sobre cualquier otra consideración, la pregunta seguirá siendo inevitable: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar un gobernante que considera que perder el poder es un mal mayor que comprometer la confianza de los ciudadanos?

No se trata de una cuestión de derechas o de izquierdas. Se trata de una cuestión de democracia. De dignidad institucional. De respeto a una ciudadanía que merece algo más que explicaciones cambiantes, enfrentamientos calculados y una política convertida en permanente estado de excepción retórico.

La historia no juzga únicamente a los gobernantes por las leyes que aprobaron o por los años que permanecieron en el poder. También los juzga por la forma en que lo ejercieron, por los límites que respetaron y por aquellos que decidieron cruzar.

Y cuando el poder deja de reconocer límites, los escrúpulos dejan de ser una virtud privada para convertirse en una exigencia pública.

Porque gobernar no consiste en hacer todo lo posible para no marcharse. Consiste, sobre todo, en saber que hay cosas que jamás deberían hacerse para quedarse.

Luis Faraco Roldán.

LIBERTAD SIN MIEDO.

PATATAS, PROSTITUTAS Y SOCIALISMO: EL GUION DE TORRENTE QUE NO SE ATREVE A RODAR SANTIAGO SEGURA.

Hay noticias que uno lee dos veces. No porque sean difíciles de entender, sino porque cuesta creer que la realidad pueda superar a la ficción con semejante desparpajo. La exclusiva publicada hoy por El Debate es una de ellas. Y, sinceramente, tiene todos los ingredientes de una película de Torrente. Solo falta Santiago Segura detrás de la cámara.

Según publica el diario, Óscar Puente habría dimitido apenas dos horas después de que Pedro Sánchez recibiera información sobre unas presuntas relaciones comprometedoras entre el ministro y un empresario que, al parecer, le habría invitado a banquetes y fiestas con prostitutas a cambio de su ayuda para conseguir subvenciones públicas.

El empresario en cuestión responde al nombre de Francisco Javier Meléndez Juárez, consejero delegado y propietario de… atención, que aquí viene el detalle que hace que uno tenga que contener la carcajada: ¡Patatas Meléndez!

Sí, patatas. De las de toda la vida. La empresa tiene su sede en un polígono industrial de Medina del Campo. Uno se imagina la escena y no sabe si está leyendo una información política, el argumento de una comedia de destape de los años setenta o el guion de la próxima entrega de Torrente.

Pero el asunto, más allá de lo pintoresco de sus protagonistas, es bastante menos gracioso.

Según el relato de El Debate, Diego Rubio, jefe de gabinete de Pedro Sánchez, habría trasladado al presidente el martes a las siete de la tarde una información relativa a Óscar Puente. El empresario habría solicitado al ministro que intercediera ante el Gobierno para obtener subvenciones para su compañía. A cambio, siempre según la información publicada, Puente habría recibido invitaciones a comidas y fiestas con prostitutas en el domicilio del empresario.

Y aquí aparece la coincidencia temporal que convierte la noticia en un auténtico terremoto político: dos horas después de recibir Sánchez esa información, Óscar Puente anunciaba su dimisión al término de su comparecencia en el Congreso sobre el accidente ferroviario de Adamuz.

Naturalmente, todo ello debe ser investigado y acreditado. No estamos ante hechos judicialmente probados, sino ante acusaciones periodísticas de enorme gravedad. Pero si el relato se confirma, estaríamos ante algo que va mucho más allá de una anécdota de mal gusto.

Porque, de ser cierto, estaríamos hablando de un ministro, de un empresario, de posibles favores a cambio de ayudas públicas y de unas fiestas que, por lo descrito, parecen sacadas de la imaginación más desinhibida de un guionista de cine quinqui.

Y entonces uno no puede evitar acordarse de José Luis Ábalos. Otra vez el PSOE orbitando alrededor de las mismas palabras: empresarios, favores, mordidas, prostitutas. Todo presuntamente, por supuesto. Pero demasiadas coincidencias como para despacharlas con el habitual «no todos somos iguales».

¡Claro que no todos somos iguales! Algunos se pasan la vida predicando ejemplaridad, regeneración democrática y superioridad moral, mientras la realidad les va escribiendo, capítulo a capítulo, una sátira bastante más eficaz que cualquier oposición parlamentaria.

El socialismo español lleva años vendiendo una imagen de solemnidad moral que, a la vista de determinadas informaciones, empieza a parecerse peligrosamente a un decorado de cartón piedra. Mucho discurso sobre la dignidad de las instituciones, mucha condena de la corrupción ajena y mucha pose de ciudadanos ejemplares. Y, entretanto, las noticias que van apareciendo parecen empeñadas en desmontar el escenario.

Lo de Patatas Meléndez, si se confirma, no sería solamente un escándalo político. Sería también una caricatura perfecta de esa política de salón que se proclama austera, progresista y comprometida con los más desfavorecidos, pero que termina protagonizando historias de banquetes, privilegios y supuestos intercambios de favores.

La cuestión ya no es si el guion tiene más o menos gracia. La cuestión es si los ciudadanos pueden confiar en quienes administran el dinero público y en quienes presumen de ser moralmente superiores al resto.

Y mientras esperamos que se esclarezcan los hechos, permitámonos al menos una reflexión: hay películas que envejecen mal, pero hay políticos que parecen empeñados en convertirlas en documentales.

Óscar Puente, el ministro que hizo de la bravuconería un estilo político, de la descalificación un argumento y de la soberbia una forma de comparecer ante los ciudadanos, parece encontrar en esta historia el colofón más grotesco a su vida ministerial.

El hombre que tantas veces se dedicó a repartir lecciones, a desafiar a sus adversarios y a exhibir una indisimulada chulería acabaría despedido de la escena política por un guion que ni el mismísimo Torrente habría sido capaz de escribir.

Hay finales que se escriben solos. Y este, desde luego, tiene aroma a comedia berlanguiana.

¡Dí que sí, no todos somos iguales!

Luis Faraco Roldán.

TRUMP, SÁNCHEZ Y EL ESPEJISMO DE LA INTELIGENCIA ELECTORAL.

Segunda parte: cuando los populistas pierden, la democracia vuelve a ser inteligente

El 7 de noviembre de 2024 publiqué en este blog un artículo titulado «El triunfo de Trump lo identifica más con Sánchez que con Feijóo». Aquel análisis pretendía explicar por qué, más allá de sus diferencias ideológicas, Donald Trump y Pedro Sánchez compartían demasiados rasgos de personalidad política, de concepción del poder y de relación con las instituciones como para que su aparente antagonismo resultara convincente.

Hoy, tras la derrota republicana en las elecciones estadounidenses, considero oportuno retomar aquella reflexión. No tanto por el resultado en sí, sino por la sorprendente reacción de quienes, hace apenas dos años, se apresuraban a descalificar a millones de americanos por haber elegido democráticamente a Donald Trump.

Ahora, esos mismos ciudadanos parecen haber recuperado súbitamente la inteligencia, la madurez y el sentido democrático. Curiosa metamorfosis. Los americanos eran ignorantes, manipulables y extremistas cuando votaban a Trump, pero hoy, cuando le castigan en las urnas, se convierten en un ejemplo de lucidez política.

¿Acaso la inteligencia de los ciudadanos depende de que su voto coincida con las preferencias ideológicas de quienes se arrogan el derecho a juzgarlos?

Para determinados sectores de la izquierda, la democracia parece tener una condición implícita: que los ciudadanos voten correctamente. Y votar correctamente, naturalmente, significa votarles a ellos.

Pero las urnas no conceden certificados de superioridad moral. Los ciudadanos pueden otorgar su confianza a un dirigente y, llegado el momento, retirársela. Esa es precisamente la esencia de la democracia representativa: la posibilidad de corregir las decisiones anteriores sin que nadie pueda arrogarse la propiedad de la voluntad popular.

El populismo no desaparece cuando pierde unas elecciones, ni deja de serlo cuando lo practica alguien con quien simpatizamos.

Esta es, precisamente, la cuestión que me llevó a establecer en 2024 aquel paralelismo entre Trump y Sánchez.

Ambos representan realidades nacionales distintas, con programas y circunstancias que no deben confundirse. Sin embargo, comparten una forma de entender la política que merece ser analizada más allá de las etiquetas ideológicas: la personalización del poder, la confrontación permanente y la división de la sociedad entre partidarios y adversarios.

Trump ha construido su liderazgo sobre la apelación directa a sus seguidores, la desconfianza hacia las instituciones y una permanente confrontación con quienes cuestionan su autoridad. Sánchez, por su parte, ha hecho de la polarización política, de la división entre bloques y de la identificación de sus adversarios con supuestas amenazas a la democracia una de las principales herramientas de su estrategia de supervivencia.

En ambos casos, el debate político corre el riesgo de convertirse en una pugna de lealtades personales, en la que la crítica al dirigente se interpreta como una agresión y el adversario deja de ser alguien con quien discrepar para convertirse en alguien a quien combatir.

No se trata de afirmar que sean idénticos. Sería una simplificación tan injusta como innecesaria. Se trata de reconocer que determinadas prácticas políticas pueden compartir una misma naturaleza, aunque se presenten bajo banderas ideológicas opuestas.

Y hay un elemento todavía más inquietante: la relación de ambos con las instituciones y con los límites que estas deben imponer al poder ejecutivo.

La democracia no consiste únicamente en ganar elecciones. También exige respetar las reglas, la división de poderes, la independencia judicial y los derechos de quienes no comparten las ideas del gobernante. Un dirigente no puede convertir su victoria electoral en una licencia para someter las instituciones a sus intereses personales o partidistas.

En mi artículo de 2024 ya advertía de que el triunfo de Trump no le alejaba necesariamente de Sánchez. Al contrario, ponía de manifiesto algunas de sus similitudes políticas más preocupantes.

Hoy mantengo aquella reflexión. Y la derrota republicana ofrece una nueva oportunidad para comprobar que el populismo, cuando se enfrenta a la realidad de las urnas, puede sufrir el mismo castigo que cualquier otra forma de ejercicio abusivo del poder.

Pero sería un error interpretar este resultado como una absolución general de los demócratas, del mismo modo que la victoria republicana de 2024 no constituía una absolución de Trump. Una derrota electoral no convierte automáticamente al adversario en un modelo de virtud, ni una victoria legitima todas las actuaciones del vencedor.

Los ciudadanos no votan necesariamente por adhesión absoluta. A veces lo hacen por esperanza, otras por rechazo y, en muchas ocasiones, por la necesidad de corregir aquello que consideran equivocado.

La inteligencia de un electorado no se demuestra cuando vota a un partido determinado, sino cuando conserva la libertad de cambiar de opinión.

Y aquí es donde la política americana comienza a ofrecer una lectura especialmente interesante para España.

Pedro Sánchez ha convertido su permanencia en el poder en el eje central de su estrategia política. Los acuerdos con partidos nacionalistas y separatistas, la confrontación con la oposición y la fragmentación parlamentaria le han permitido prolongar una legislatura cuya estabilidad depende de equilibrios cada vez más complejos.

Sin embargo, la resistencia parlamentaria no debe confundirse con el respaldo social. La habilidad para construir mayorías de investidura tampoco equivale a disponer de una mayoría ciudadana dispuesta a renovar indefinidamente su confianza.

La legitimidad institucional es imprescindible, pero no puede utilizarse como argumento para ignorar el desgaste político, la desafección ciudadana o la pérdida de confianza de una parte sustancial del electorado.

El 29-N puede convertirse en un punto de inflexión.

Mi simulación electoral, elaborada a partir de los sondeos ajenos al CIS y de la distribución provincial del voto, apunta a una mayoría suficiente de PP y VOX en el Congreso y a un dominio muy significativo de la derecha en el Senado. Cataluña, con la irrupción de Aliança Catalana, puede introducir variaciones relevantes en ese resultado.

No pretendo presentar una estimación como una certeza. Pero sí advertir de que el escenario de cambio político es suficientemente consistente como para que el Gobierno no pueda descartarlo mediante descalificaciones a sus adversarios o apelaciones a una supuesta superioridad moral.

Si las urnas confirman esta previsión, Sánchez tendrá que enfrentarse a una realidad que hoy sus partidarios parecen ignorar: los ciudadanos no son propiedad de ningún partido.

Y entonces, unos celebrarán que los españoles hayan recuperado la inteligencia, mientras otros volverán a lamentar que el pueblo no sepa votar y se haya equivocado.

Curiosa democracia aquella en la que el ciudadano siempre acierta cuando vota a los nuestros y siempre se equivoca cuando elige a los demás.

La democracia, sin embargo, no consiste en que siempre ganen los nuestros. Consiste en que nadie pueda perpetuarse en el poder contra la voluntad de los ciudadanos.

Porque quien confunde una victoria electoral con la propiedad de la democracia acaba descubriendo que las urnas siempre se reservan la última palabra.

LUIS FARACO ROLDÁN.

EL SACRIFICIO DE ÓSCAR PUENTE.

¿Un ministro en el puesto de mando o un cortafuegos para proteger a Pedro Sánchez?

«The Buck Stops Here» (La responsabilidad termina aquí).

— Harry S. Truman

La crisis ferroviaria ha entrado en una nueva dimensión. Después de las tragedias de Adamuz y Urda, la cuestión ya no es solamente qué ha ocurrido, qué falló en los mecanismos de seguridad o quién deberá responder ante la justicia. Hay otra pregunta que empieza a abrirse paso en el debate político: ¿hasta cuándo piensa Pedro Sánchez mantener a Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes?

Lo significativo es que la exigencia de responsabilidades ya no procede exclusivamente de la oposición. El PNV ha reclamado al presidente que adopte medidas políticas al máximo nivel, incluida la posibilidad del cese o la dimisión del ministro. Ada Colau, desde el Frente Amplio, ha pedido formalmente su renuncia. No son precisamente voces ajenas al espacio parlamentario que ha permitido al Gobierno sacar adelante buena parte de sus iniciativas.

Puente, sin embargo, descarta dimitir. Ha asegurado que su manera de asumir responsabilidades es dar la cara y que cuenta con la confianza de Sánchez. Incluso ha reconocido que puso su cargo a disposición del presidente y que este rechazó su salida por considerarla injusta.

Pero conviene no confundir dos cuestiones. Una cosa es determinar las responsabilidades técnicas, judiciales o penales de los accidentes, y otra muy distinta es valorar la responsabilidad política de quien dirige el departamento del que depende la gestión ferroviaria.

No hace falta esperar a una sentencia para exigir explicaciones políticas.

Y aquí aparece una hipótesis que no deberíamos descartar: que Sánchez esté calculando el momento adecuado para sacrificar a su ministro. Mantenerlo mientras absorbe el desgaste de la crisis y, cuando el coste político y electoral resulte demasiado elevado, cesarlo para transmitir a la opinión pública la imagen de un presidente que escucha, reacciona y exige responsabilidades.

Sería una operación de control de daños. Una inmolación política destinada a proteger al presidente.

El precedente de José Luis Ábalos invita a recordar cómo gestiona Sánchez estas situaciones. En julio de 2021 lo destituyó como ministro sin ofrecer explicaciones públicas sobre los motivos. Entonces Ábalos no estaba investigado por el caso de las mascarillas. Dos años después, el PSOE volvió a incluirlo en sus listas por Valencia y regresó al Congreso. La trama que acabaría llevándolo ante la justicia estalló en 2024.

No estoy equiparando situaciones judiciales diferentes. Estoy recordando un precedente político que merece ser tenido en cuenta.

Si Puente termina saliendo del Ministerio, habrá que observar también qué ocurre con su candidatura al Congreso por Valladolid. Su nombre figura como cabeza de lista socialista para las elecciones del 29 de noviembre. Si deja de ser considerado adecuado para dirigir Transportes, ¿seguirá siendo idóneo para representar al PSOE en las Cortes?

Pero hay algo que todavía está en su mano. El próximo martes comparecerá ante la Diputación Permanente del Congreso. ¿Por qué no adelantarse a esa comparecencia y anunciar personalmente su dimisión?

Sería un gesto de grandeza política. Una decisión que le permitiría asumir personalmente el coste de su salida, en lugar de esperar a que el presidente decida cuándo y cómo prescindir de él. También evitaría que su marcha pareciera una operación diseñada exclusivamente para contener el desgaste electoral del Gobierno.

No parece, por ahora, que esa sea su intención. Sánchez mantiene su respaldo y Puente asegura que no contempla dimitir. Pero la política también está hecha de decisiones inesperadas. Todavía tendría la oportunidad de convertir una salida eventualmente forzada en una decisión propia.

Truman entendía que quien ocupa la máxima responsabilidad no puede limitarse a trasladarla a sus subordinados. Ese principio debería servir también para recordar que un ministro puede responder por su departamento, pero el presidente responde por su Gobierno.

Sánchez puede sacrificar a Óscar Puente. Lo que no puede hacer es pretender que, con su sacrificio, queda saldada la responsabilidad de Moncloa.

Luis Faraco Roldán.