PENSARON QUE CEUTA ESTABA LEJOS.

«No hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige».

SÉNECA

CUANDO UN PUEBLO REACCIONA.

Hay momentos en los que un pueblo reacciona antes que sus gobernantes. Momentos en los que las diferencias políticas, las ideologías y las disputas cotidianas pasan a un segundo plano porque surge algo más profundo.

Eso es lo que ha ocurrido con Ceuta.

Durante demasiado tiempo, el Gobierno pareció confiar en que la crisis pasaría. Que el tiempo terminaría por apagar la indignación. Que los españoles volverían a sus preocupaciones cotidianas y Ceuta quedaría reducida a unas imágenes, unos titulares y unas declaraciones.

Se equivocaron.

Porque esta vez Ceuta no se ha sentido sola. Y, sobre todo, España ha descubierto —o quizá ha vuelto a recordar— que hay sentimientos que no caben en una estrategia de comunicación, ni en una rueda de prensa, ni en los cálculos necesarios para mantenerse en el poder.

EL BUEN GOBERNANTE SE ANTICIPA.

Esa es una de las obligaciones fundamentales de quien tiene la responsabilidad de gobernar: prever los riesgos, prepararse para las crisis y actuar antes de que los problemas estallen.

Y cuando las cosas salen mal, un buen gobernante no se limita a felicitarse por su actuación. Da explicaciones. Reconoce los errores. Asume responsabilidades.

Después de todo lo ocurrido, muchos ceutíes sienten que han sido abandonados. Han vivido la angustia y la tensión en primera persona. Han visto cómo una crisis crecía y terminaba trasladándose a la vida cotidiana de su ciudad.

Y mientras ellos esperan respuestas, desde el Gobierno se insiste en que todo lo realizado ha sido correcto, que la actuación ha sido impecable y que se ha hecho lo que debía hacerse.

LA PREGUNTA QUE SIGUE SIN RESPUESTA.

Pero hay una pregunta que sigue esperando una respuesta clara:

¿QUÉ PASÓ REALMENTE EN CEUTA?

Tres ministros comparecieron en las Cortes. Tres ministros tuvieron la oportunidad de explicar a los españoles cómo se llegó a esta situación.

Y, sin embargo, después de escucharles, la pregunta esencial sigue en pie.

¿Qué información se tenía? ¿Qué falló? ¿Por qué no se anticipó una crisis de semejante magnitud? ¿Y quién asume la responsabilidad?

Porque un Gobierno no puede pretender que la defensa de su propia gestión sustituya a la explicación que deben recibir los ciudadanos.

LA INDIGNACIÓN Y LA LEY.

Lo ocurrido después ha demostrado, además, algo todavía más preocupante: cuando una crisis se prolonga sin una solución eficaz, la tensión termina extendiéndose a la sociedad. La indignación crece, el miedo aparece y la convivencia puede verse amenazada.

Nada de ello justifica la violencia.

LA DEFENSA DE CEUTA, DE ESPAÑA Y DE LOS CEUTÍES DEBE ESTAR SIEMPRE DENTRO DE LA LEY Y DE LOS PRINCIPIOS QUE QUEREMOS DEFENDER.

Precisamente porque un Estado tiene la obligación de proteger sus fronteras y a sus ciudadanos, no puede permitir que la falta de respuestas convierta la frustración en desesperación.

CEUTA NO ESTABA SOLA.

Pero quizá lo más importante de estos días no sea solamente la crisis.

Quizá lo más importante sea la reacción de los españoles.

Quienes creyeron que Ceuta era una cuestión lejana no entendieron lo que representa. No comprendieron que Ceuta no es un punto distante en el mapa ni un problema que pueda contemplarse desde la comodidad de un despacho.

CEUTA ES ESPAÑA.

Y cuando los ceutíes han sentido la inquietud, la tensión y el abandono, muchos españoles han sentido que aquello también les pertenecía.

Por encima de diferencias ideológicas y políticas ha aparecido un sentimiento que algunos parecen incapaces de comprender:

LA CONCIENCIA DE QUE NINGÚN TERRITORIO ESPAÑOL DEBE SENTIRSE SOLO.

LA DISTANCIA VERDADERA.

Tal vez esa haya sido la gran sorpresa para quienes gobiernan desde el cálculo permanente, acostumbrados a medir cada decisión en función de sus consecuencias políticas.

Hay cosas que no se pueden medir así.

Hay sentimientos que no desaparecen porque un Gobierno espere lo suficiente.

Y hay pueblos que, cuando sienten que algo esencial está en juego, son capaces de reaccionar con una fuerza que sorprende a quienes ya no saben escucharlos.

PENSARON QUE CEUTA ESTABA LEJOS.

DESCUBRIERON QUE CEUTA ESTÁ EN EL CORAZÓN DE ESPAÑA.

Y quizá esa sea, al final, la reflexión más importante de todo lo ocurrido: la distancia más grande no es la que separa a Ceuta de la Península.

LA VERDADERA DISTANCIA ES LA QUE PUEDE SEPARAR A QUIENES GOBIERNAN DE LOS SENTIMIENTOS PROFUNDOS DEL PUEBLO AL QUE PRETENDEN REPRESENTAR.

Luis Faraco Roldán.

CEUTA: EL POPULISMO VIVE DE LA CRISPACIÓN.

 

Ione Belarra, portavoz de Podemos, ha afirmado que lo ocurrido con los inmigrantes en Ceuta «no se aceptaría si esas personas fueran blancas» y que «por eso es racismo». Para sostenerlo, compara la llegada de inmigrantes a Ceuta con los millones de turistas que visitan España y con los cientos de miles de ucranianos que han llegado a nuestro país desde el comienzo de la invasión rusa.

Cuanto más leo estas palabras, más me indigna el populismo perverso que encierran.

¿De verdad vamos a comparar turistas, refugiados de una guerra de agresión e inmigración irregular como si fueran la misma realidad?

Los turistas entran legalmente, permanecen temporalmente y regresan a sus países.

Los ucranianos huyeron de una guerra provocada por una invasión. España y la Unión Europea les ofrecieron protección. Muchas mujeres y niños tuvieron que abandonar su país mientras numerosos hombres permanecían allí para combatir y defenderlo.

¿Es comparable esa tragedia con una entrada masiva e irregular en nuestra frontera?

No.

Y decirlo no es xenofobia.

Tampoco se trata de criminalizar a quien llega ni de atribuir a todos las mismas intenciones. Se trata de distinguir entre realidades diferentes: inmigración legal e irregular, refugiados de guerra y migrantes económicos, personas que entran por los cauces establecidos y quienes cruzan ilegalmente una frontera.

Eso no es racismo.

Eso es exigir que un Estado cumpla con sus responsabilidades.

Porque preguntar cuántas personas han entrado, cuántas permanecen, qué ocurrirá con ellas, quién debe hacerse cargo o qué está haciendo Marruecos para impedir que vuelva a suceder no convierte a nadie en racista.

La etiqueta no responde a la pregunta.

Y ahí está la esencia del populismo: transformar un problema complejo en un enfrentamiento entre buenos y malos; convertir al que pregunta en culpable y, una vez colocado el estigma, evitar la obligación de ofrecer soluciones.

Decir «racista», «xenófobo» o «fascista» no resuelve absolutamente nada.

No explica qué hacer con una crisis migratoria. No controla una frontera. No protege a quienes llegan ni a quienes viven en Ceuta.

Pero sí consigue algo: enfrentar a unos españoles con otros.

Y mientras tanto, Ceuta sigue esperando respuestas.

Decenas de miles de personas entraron masivamente desde Marruecos. Una ciudad de apenas unos 80.000 habitantes se vio sometida en muy poco tiempo a una presión extraordinaria.

Y Ceuta sigue sin recibir respuestas claras.

¿Cuántas personas permanecen realmente en Ceuta?

¿Qué va a ocurrir con quienes no tengan derecho a permanecer en España?

¿Qué sabía el Gobierno antes de aquella entrada masiva?

¿Y qué está negociando exactamente España con Marruecos?

Mientras tanto, la respuesta política ha sido difícil de entender.

Pedro Sánchez permaneció de vacaciones. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, tampoco asumió públicamente un papel relevante en la crisis ni acudió a Ceuta. Desde Sumar llegaron incluso a justificar su ausencia diciendo que acudir no era cuestión de «hacerse una foto».

Si ir a Ceuta era “hacerse una foto”, ¿qué fue entonces acudir a los Óscar sin ser ministra de Cultura?

Y ahora sabemos que Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso el 3 de septiembre: treinta y cinco días después de la entrada masiva.

¿Es esa la importancia que el presidente del Gobierno concede a Ceuta?

Pero esta noche hemos llegado a un punto todavía más peligroso: los enfrentamientos entre ciudadanos desesperados y algunos de los acampados en la playa.

Nadie debería tomarse la justicia por su mano. Los ciudadanos no pueden ni deben sustituir al Estado ni a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Precisamente por eso es tan grave que una crisis se haya prolongado hasta generar este nivel de tensión y desesperación.

La obligación del Estado es proteger a todos, garantizar la convivencia, controlar las fronteras y restablecer el orden dentro de la ley.

Cuando no lo hace con eficacia, corre el riesgo de dejar un vacío que la frustración puede intentar ocupar.

Y eso es gravísimo.

También debemos recordar a los muertos.

Detrás de las cifras y de las consignas políticas hay seres humanos que han perdido la vida intentando alcanzar nuestro territorio.

No son cifras. Son personas.

Si hablamos de derechos humanos, deberían importarnos todos: quienes llegan, quienes viven en Ceuta y quienes mueren intentando cruzar una frontera.

No, señora Belarra.

Preguntar no es racismo.

Distinguir no es xenofobia.

Exigir fronteras controladas no es insolidaridad.

Y exigir a un Gobierno que gobierne tampoco lo es.

Porque el populismo no necesita resolver los problemas.

Necesita que los problemas sigan alimentando el enfrentamiento.

Necesita etiquetas para sustituir argumentos, enemigos para sustituir soluciones y crispación para mantener vivo el relato.

Cuando se acaba el argumento, empieza la etiqueta.

Luis Faraco.

CEUTA: UNA CRISIS QUE SÁNCHEZ YA NO CONTROLA.

¿Y si Pedro Sánchez hubiera cometido un error de cálculo de consecuencias imprevisibles?

No hace falta afirmar que exista un pacto secreto con Marruecos para plantear una pregunta mucho más inquietante: ¿creyó Sánchez que podía gestionar la crisis de Ceuta con Rabat y terminó descubriendo que Marruecos tenía su propia agenda?

Los acontecimientos de estos días obligan a hacerse esa pregunta.

Marruecos ha elevado el tono hasta extremos que ya no pueden considerarse declaraciones aisladas. El ministro de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, ha hablado de la «liberación» de Ceuta y Melilla en un acto oficial presidido por Mohamed VI y con el príncipe heredero presente. No es una declaración de un dirigente marginal: es una reivindicación territorial formulada por un miembro del Gobierno marroquí en un acto de Estado.

Y mientras Rabat eleva su discurso, Madrid intenta recuperar el control de una crisis que comenzó hace casi un mes.

Pero ahora el problema está también dentro del Gobierno.

La comparecencia de Margarita Robles ha abierto una fractura de enorme gravedad. La ministra de Defensa sostiene que el CNI había trasladado información sobre la posibilidad de una entrada masiva y que esa información fue compartida con los responsables de seguridad.

Marlaska sostiene lo contrario.

Y la Delegación del Gobierno en Ceuta ha ido todavía más lejos: afirma que no recibió en ningún momento ningún informe que advirtiera de lo que iba a suceder el 30 de julio.

Tres instancias del Estado. Tres versiones que no encajan.

La pregunta es inevitable:

¿Quién dice la verdad?

Porque si Robles tiene razón, alguien recibió información relevante y no actuó adecuadamente. Si Marlaska tiene razón, habrá que explicar por qué la ministra de Defensa sostiene públicamente lo contrario. Y si la Delegación tiene razón, habrá que aclarar qué información llegó realmente al Estado, por qué canales y quién decidió que no exigía una respuesta extraordinaria.

En cualquiera de los casos hay una responsabilidad política.

Y esa responsabilidad tiene un nombre: Pedro Sánchez.

El presidente no puede esconderse detrás de sus ministros cuando son sus propios ministros quienes se contradicen sobre una cuestión que afecta a la seguridad de una ciudad española y a la integridad territorial del Estado.

Ni puede esconderse en Andorra.

Mientras sus ministros comparecen, se contradicen y tratan de explicar qué ocurrió, Sánchez ha retomado sus vacaciones con un viaje privado a Andorra. Una imagen difícil de conciliar con la gravedad de una crisis que el propio Gobierno ha terminado declarando de interés para la Seguridad Nacional y para la que ha creado, casi un mes después, un mando único que coordinará a once ministerios. 

El Gobierno ha tenido además que modificar su respuesta migratoria y aprobar reformas de las leyes de asilo y extranjería en plena crisis de Ceuta, después de que durante semanas la oposición reclamara medidas de mayor control fronterizo.

La realidad ha terminado obligando al Ejecutivo a rectificar.

Mientras tanto, Marruecos no rectifica.

Marruecos eleva el discurso sobre Ceuta y Melilla. España modifica su respuesta migratoria. Y el Gobierno discute internamente sobre quién sabía qué antes de que se produjera la crisis.

¿Quién está marcando entonces el ritmo?

¿Madrid o Rabat?

Tal vez no exista ningún pacto secreto. Pero existe una hipótesis mucho más preocupante: que Sánchez haya confundido una relación privilegiada con Marruecos con una capacidad real para controlar las decisiones de Marruecos.

Y si ese fuera el error, las consecuencias pueden ser mucho mayores que las de una crisis migratoria.

Porque una crisis puede ser gestionada. Puede incluso ser instrumentalizada políticamente.

Lo que ningún Gobierno puede garantizar es que, una vez desencadenada, vaya a comportarse como estaba previsto.

«La victoria tiene cien padres y la derrota es huérfana». — John F. Kennedy

Y si Sánchez creyó que podía controlar a Marruecos, controlar la crisis de Ceuta y controlar las consecuencias políticas dentro de su propio Gobierno, quizá esté descubriendo demasiado tarde que las tres cosas se le están escapando de las manos.

Ya no estamos, por tanto, ante un simple problema migratorio.

Estamos ante una crisis de seguridad nacional, de política exterior y de autoridad del Gobierno.

Y la responsabilidad última, en una democracia parlamentaria, no puede recaer en los ministros.

Recae en quien los dirige.

Luis Faraco Roldán

ORMUZ NOS ENSEÑA EL VALOR DE GIBRALTAR.

La geografía vuelve a mandar.

Ormuz nos está enseñando una lección que Europa no puede permitirse ignorar: quien garantiza la seguridad del Estrecho de Gibraltar no protege solo a España; protege una de las grandes arterias comerciales de Occidente.

Durante demasiado tiempo hemos contemplado los grandes estrechos marítimos como simples accidentes geográficos. No lo son. Son puntos estratégicos cuya seguridad puede determinar el funcionamiento de la economía mundial.

Ormuz acaba de demostrarlo.

Antes de la actual crisis, por este estrecho circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado transportados diariamente en el mundo. El volumen de crudo y productos petrolíferos cayó de una media de 21,6 millones de barriles diarios en el último trimestre de 2025 a solo 4,9 millones en el segundo trimestre de 2026. 

Las consecuencias no se quedan en el golfo Pérsico. Afectan al petróleo, al gas, a los fletes, a los seguros marítimos, a las cadenas de suministro y, finalmente, a la economía de millones de ciudadanos.

Eso es lo que significa poder condicionar una vía marítima estratégica.

Y debería hacernos mirar inmediatamente hacia Gibraltar.

GIBRALTAR NO ES UNA FRONTERA MÁS.

Por el Estrecho de Gibraltar transitan más de 100.000 buques cada año. La propia Estrategia Nacional de Seguridad Marítima española advierte de que un incidente grave que afectase a ese tráfico podría tener serias consecuencias para la economía mundial.

Por aquí se comunican el Atlántico y el Mediterráneo y discurren algunas de las principales rutas comerciales entre Europa, África, América y Asia.

Por eso el Estrecho no puede contemplarse únicamente como una frontera española.

Es una vía esencial para Occidente.

CEUTA, MELILLA Y LAS PLAZAS ESPAÑOLAS.

Desde esta perspectiva debemos contemplar también Ceuta, Melilla, las Chafarinas, Alhucemas, Vélez de la Gomera y Alborán.

No son vestigios de un pasado congelado en los libros de Historia. Son posiciones españolas situadas junto a una de las grandes rutas marítimas del planeta, en un espacio donde confluyen intereses comerciales, energéticos, militares y de seguridad.

Ceuta ocupa una posición excepcional en la entrada occidental del Mediterráneo.

Por eso reducir toda esta cuestión a un simple contencioso bilateral entre España y Marruecos supone perder de vista su verdadera dimensión.

La pregunta que debería hacerse Europa es otra:

¿Quién garantiza la seguridad y la libertad de navegación en esta puerta marítima esencial?

España es una democracia europea, miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Su presencia en esta zona contribuye a la vigilancia y seguridad de una ruta de importancia internacional.

MARRUECOS: UNA REIVINDICACIÓN VIGENTE.

Y aquí debemos hablar con claridad.

Marruecos mantiene una reivindicación territorial sobre Ceuta y Melilla. No es una cuestión histórica académica.

El pasado 21 de agosto, el ministro marroquí de Justicia volvió a afirmar que ambas ciudades constituyen un supuesto “derecho histórico y geográfico” de Marruecos, reclamando incluso un mecanismo de diálogo sobre su futuro. El Gobierno español respondió con un “rechazo tajante”, reafirmando que Ceuta y Melilla forman parte de la soberanía española.

No debemos aceptar, por tanto, el marco que pretende presentar estas ciudades como una cuestión colonial pendiente o como territorios cuyo futuro deba negociarse con Marruecos.

Ceuta y Melilla son españolas. Y, por ello, son también ciudades de la Unión Europea.

Pero hay algo todavía más importante: la reivindicación marroquí no debería conseguir que Europa pierda de vista el verdadero valor estratégico de estas posiciones.

El valor de Ceuta no se mide solamente en kilómetros cuadrados.

UNA RESPONSABILIDAD TAMBIÉN PARA ESPAÑA.

Esta realidad debería exigirnos una política de Estado a la altura de nuestra posición geográfica.

España necesita una política exterior coherente con sus intereses estratégicos, una defensa suficientemente sólida y una política migratoria y demográfica concebida con visión de largo plazo.

No parece prudente convertir la política exterior en una sucesión de gestos contra unos u otros aliados, ni deteriorar las relaciones con Estados Unidos, Israel o nuestros socios europeos por razones de política doméstica o posiciones ideológicas coyunturales cuando están en juego intereses permanentes de seguridad.

Tampoco parece prudente abordar transformaciones demográficas de gran magnitud sin planificación, integración y evaluación rigurosa de sus consecuencias.

La inmigración ordenada, legal e integrada puede contribuir al desarrollo de una sociedad. Pero los cambios demográficos bruscos no son una cuestión electoral: son transformaciones históricas.

Las políticas de regularización, inmigración y acceso a la nacionalidad deben valorar sus consecuencias sobre la vivienda, el empleo, la educación, los servicios públicos, la cohesión social y la sostenibilidad del Estado de bienestar.

Porque el Estado de bienestar no apareció por generación espontánea. Es el resultado de décadas de crecimiento económico, empleo, esfuerzo fiscal e instituciones.

Modificar profundamente esos equilibrios sin una planificación suficiente puede generar una factura cuyo importe tendrán que afrontar generaciones que todavía no han nacido.

LA LECCIÓN DE ORMUZ.

Durante años Europa creyó que la globalización había reducido la importancia de la geografía.

Ucrania, el mar Rojo y ahora Ormuz están demostrando lo contrario.

La geografía ha vuelto.

Las rutas energéticas importan. Los puertos importan. La capacidad para proteger las rutas comerciales importa. Y también importa quién ocupa las posiciones estratégicas desde las que esas rutas pueden ser vigiladas y protegidas.

China lo sabe perfectamente. Washington también.

Europa debería saberlo.

Y España, por encima de todos, debería comprenderlo.

Lo que ocurre en Ormuz nos ofrece una lección que no deberíamos desperdiciar:

una vía marítima internacional puede ser internacional y, sin embargo, extraordinariamente vulnerable.

Por eso Ceuta importa.

Por eso Melilla importa.

Por eso las Chafarinas, Alhucemas, Vélez de la Gomera y Alborán importan.

Y, sobre todo, por eso el Estrecho de Gibraltar importa a Europa.

No estamos hablando simplemente de unos territorios situados frente a las costas de Marruecos.

Estamos hablando de una de las grandes puertas marítimas del mundo.

El Estrecho de Gibraltar no es una frontera española; es una de las puertas estratégicas de Occidente.

Luis Faraco Roldán

MAROCGATE: EL PODER DE MARRUECOS.

«Los Estados no tienen amigos, solo intereses permanentes.»

Lord Palmerston

Hay escándalos que terminan con las detenciones. Y hay otros que, lejos de terminar, abren preguntas mucho más incómodas.

El Marocgate, destapado en diciembre de 2022 en el Parlamento Europeo, pertenece a la segunda categoría.

La investigación judicial belga puso al descubierto una trama de corrupción en la que aparecieron eurodiputados, asistentes parlamentarios, dinero e intermediarios al servicio de intereses extranjeros. En la vertiente marroquí, el objetivo era defender los intereses de Rabat y, especialmente, su posición sobre el Sáhara Occidental.

Y surge una pregunta inevitable:

Si Marruecos fue capaz de construir una red de influencia en el Parlamento Europeo, ¿qué mecanismos utiliza para defender sus intereses en España?

NO ESTAMOS HABLANDO DE UNA DEMOCRACIA OCCIDENTAL.

Antes de seguir, conviene recordar quién es el actor que tenemos delante.

Marruecos es una monarquía autoritaria, con un poder político, religioso y de seguridad extraordinariamente concentrado en la Corona y en el entorno del Majzén.

Las elecciones existen. El Parlamento existe. Los partidos existen.

Pero no confundamos las formas con el fondo.

Marruecos no funciona como una democracia liberal europea.

Y esto es fundamental para entender lo que viene: cuando hablamos de diplomacia, inteligencia, lobby o presión migratoria, estamos hablando de un Estado con una estrategia de poder muy definida y con una enorme concentración de decisiones en torno a la Corona.

SÁNCHEZ: UN GIRO COPERNICANO Y DEMASIADAS PREGUNTAS.

El 18 de marzo de 2022 Pedro Sánchez dio un giro copernicano a la política española sobre el Sáhara.

La propuesta marroquí de autonomía pasó a ser para el Gobierno español «la base más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto.

Marruecos había conseguido lo que llevaba años buscando.

Y lo había conseguido de un Gobierno socialista.

Sánchez ha defendido que aquello no fue una ruptura, sino una evolución de posiciones anteriores. Puede defenderlo.

Pero las preguntas permanecen:

¿Por qué entonces?

¿Por qué después de la crisis de Ceuta?

¿Por qué después del espionaje mediante Pegasus?

Y, sobre todo:

¿Qué recibió España a cambio de abandonar una posición mantenida durante décadas?

Una política exterior puede cambiar. Lo que resulta difícil de entender es que un cambio tan radical parezca no haber tenido un precio político conocido ni una explicación suficientemente convincente.

PEGASUS: LA PIEZA INCÓMODA.

En mayo de 2021, en plena crisis con Marruecos, los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles fueron infectados con Pegasus. Posteriormente se conoció también la infección del teléfono de la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya.

El Gobierno calificó los ataques de externos e ilícitos.

No existe una prueba pública que permita afirmar que Marruecos utilizó Pegasus para chantajear a Sánchez.

Pero tampoco podemos ignorar la secuencia:

crisis con Marruecos → Pegasus → menos de un año después, giro histórico sobre el Sáhara.

Sánchez negó que ambas cuestiones estuvieran relacionadas.

Perfecto. Esa es su explicación.

Pero la pregunta permanece:

¿Qué información fue obtenida mediante Pegasus y pudo influir, directa o indirectamente, en las decisiones posteriores del Gobierno español?

No afirmo una relación directa.

Digo que merece ser investigada.

LA IZQUIERDA Y SU PROPIA CONTRADICCIÓN.

Durante décadas, el Sáhara fue una de las grandes causas internacionales de la izquierda española.

PSOE, PCE, Izquierda Unida y posteriormente Podemos hicieron de la defensa del pueblo saharaui y de su derecho a la autodeterminación una bandera política.

Hasta marzo de 2022.

Sánchez cambió la posición española.

Podemos protestó.

El PCE habló de traición.

El Frente Polisario rompió con el Gobierno español.

¿Y qué hizo Podemos?

Continuó en el Gobierno.

Porque una cosa es denunciar una decisión y otra estar dispuesto a perder el poder por ella.

Podemos no lo estuvo.

En 2023 llegó Sumar. Se negoció un nuevo Gobierno con Sánchez y el Sáhara no fue una condición para gobernar.

Sumar ha seguido defendiendo posteriormente la autodeterminación saharaui. Es cierto.

Pero existe una diferencia fundamental entre mantener una causa en el discurso y convertirla en una condición para ejercer el poder.

Para una parte de la izquierda española, el Sáhara fue una causa irrenunciable mientras estaba en la oposición. Cuando llegó la hora de gobernar, dejó de ser una condición irrenunciable.

LOS AMIGOS ESPAÑOLES DE RABAT.

Después del giro aparecen antiguos dirigentes españoles defendiendo una relación especialmente estrecha con Marruecos.

Zapatero, Bono, Trujillo, Moratinos…

No estamos diciendo que sean agentes marroquíes ni que hayan recibido dinero de Rabat.

Estamos señalando algo mucho más concreto:

Existe una red de relaciones políticas, diplomáticas, empresariales y personales entre determinados sectores de las élites españolas y Marruecos.

Y aparece otra palabra:

lobby.

El Marocgate representa la influencia clandestina: dinero, intermediarios y presunta corrupción.

Pero la influencia también puede ejercerse legalmente.

Aquí aparece Acento, la consultora fundada por José Blanco, con actividad de lobby y vinculaciones profesionales con intereses marroquíes. Su estructura ha contado además con antiguos cargos del PP, como Alfonso Alonso.

Esto demuestra que el fenómeno no puede reducirse a un solo partido.

Y tampoco tiene que ser ilegal para ser poderoso.

La pregunta es:

¿Qué intereses se defienden, ante quién, con qué intensidad y con qué resultados?

Y LLEGAMOS A CEUTA.

Después de la crisis de 2021, España modificó su posición sobre el Sáhara y construyó con Marruecos una relación presentada como estratégica y privilegiada.

Se reforzó la cooperación migratoria y de seguridad.

Y, sin embargo, en 2026 decenas de miles de personas llegaron a Ceuta desde Marruecos, en una avalancha de dimensiones extraordinarias.

Aquí resulta difícil aceptar sin más la explicación de que «nadie lo esperaba».

En esta crisis confluyen Marruecos, España, Estados Unidos e Israel, cuatro países con capacidades de inteligencia y seguridad de primer nivel.

Por eso la pregunta no es:

«¿Por qué no se esperaba la avalancha?»

La pregunta es:

¿Qué sabía el Gobierno español, cuándo lo supo, quién recibió esa información y qué hizo con ella?

Porque las posibilidades son muy diferentes.

Una cosa sería una extraordinaria ineficacia.

Otra, recibir información suficiente y no actuar adecuadamente.

Y otra, infinitamente más grave, que hubiera algún grado de conocimiento, tolerancia o entendimiento previo que todavía no conocemos.

Porque pretender que una avalancha de semejante magnitud podía producirse sin información previa suficiente es pedirnos demasiado.

LA VERDADERA PREGUNTA.

Después de recorrer todo este camino, quizá la pregunta inicial —«¿compra Marruecos políticos?»— sea demasiado simple.

El Marocgate demuestra que Rabat utilizó mecanismos clandestinos de influencia en Bruselas.

Pegasus introdujo una dimensión de espionaje extraordinariamente sensible durante una crisis con Marruecos.

El giro de 2022 modificó radicalmente la posición española sobre el Sáhara.

Podemos y Sumar muestran la contradicción de una izquierda que mantuvo el discurso de apoyo al pueblo saharaui, pero no convirtió esa causa en una condición para continuar gobernando.

El lobby demuestra que la influencia también puede ejercerse dentro de la legalidad.

Y Ceuta 2026 obliga a preguntar qué sabía realmente el Estado español sobre lo que estaba ocurriendo al otro lado de su frontera.

No sabemos si todas estas piezas forman parte de una misma estrategia.

Pero tampoco parece razonable contemplarlas como episodios completamente aislados.

Porque quizá el verdadero éxito de Marruecos no consista en comprar voluntades.

Quizá consista en algo mucho más sofisticado:

Construir relaciones, generar dependencias, ejercer presión y conseguir que sus intereses terminen siendo asumidos como propios por quienes toman las decisiones.

Y si eso fuera así, el Marocgate no sería el final de la historia.

Sería solamente el momento en que descubrimos cómo funciona una parte de ella.

«Cuando un Estado autoritario consigue que una democracia haga su voluntad sin necesidad de ordenárselo, quizá ya no estamos hablando solamente de diplomacia. Estamos hablando de poder.»

Luis Faraco Roldán.

LA ECONOMÍA QUE NO CABE EN LAS ESTADÍSTICAS.

«El presupuesto es el esqueleto del Estado despojado de toda engañosa ideología.»

Rudolf Goldscheid

El 16 de junio de 1975, con dieciséis años recién cumplidos, entré a trabajar en la banca.

No podía imaginar entonces que aquel primer empleo acabaría convirtiéndose en una atalaya desde la que contemplar durante más de medio siglo la transformación económica de España.

Durante los primeros años conocí aquella economía desde el patio de operaciones. Desde principios de los noventa, ya como director de distintas oficinas bancarias, en ciudades y en la capital, la perspectiva cambió. Ya no veía solamente operaciones: veía personas detrás de ellas. Sus nóminas, sus hipotecas, sus préstamos, sus ahorros, sus negocios, sus proyectos y, también, sus dificultades.

He visto pasar por delante de mí varias generaciones de españoles.

He visto una España que salió de la pobreza, que construyó una enorme clase media y que consiguió algo que hoy empieza a parecer menos evidente: que una persona con un trabajo normal pudiera aspirar a una vivienda, comprar un coche, formar una familia, ahorrar y ayudar a sus hijos a comenzar su propia vida.

Por eso observo con cierta distancia el discurso triunfalista con el que los gobiernos suelen presentar la economía.

PIB creciendo. Empleo creciendo. Salarios creciendo. Recaudación creciendo.

Y después están los ciudadanos.

La familia que llega al supermercado. El joven que cobra una nómina y no puede acceder a una vivienda. El matrimonio que aplaza la compra de un coche porque el precio se ha convertido en una decisión financiera de primer orden. El trabajador que mira su nómina y comprueba cuánto ha desaparecido antes incluso de poder disponer de su salario.

Esa es otra economía.

Una economía que no se contempla igual desde un despacho oficial, rodeado de asesores, que desde el patio de operaciones de una oficina bancaria.

Porque la vida real está en otra parte.

Está en el bolsillo del ciudadano.

Y ahí las estadísticas empiezan a quedarse cortas.

La estadística puede decirnos cuánto gana una persona. Pero hay que preguntarse cuánto le queda y, sobre todo, qué puede hacer con lo que le queda.

En 2025, según la OCDE, la llamada cuña fiscal de un trabajador soltero con salario medio alcanzó en España el 41,4 % del coste laboral, frente al 35,1 % de media en la OCDE. Es decir, una parte muy importante del coste de contratar ese trabajo no termina convirtiéndose en renta disponible para quien lo realiza. 

Y después llega la segunda factura fiscal.

Cuando ese dinero entra en el bolsillo, vuelve a encontrarse con impuestos al consumir: electricidad, gas, combustibles, alimentación, transporte, vivienda y toda una larga relación de bienes y servicios necesarios para vivir.

No hablamos de artículos de lujo.

Hablamos de la vida cotidiana.

Y basta con mirar algunos datos para comprender la distancia entre la economía de los despachos y la economía de las familias.

En 1987, una familia necesitaba el equivalente a 2,99 años de su renta bruta para adquirir una vivienda. Hoy necesita alrededor de 7,3 años.

El coche ofrece otro termómetro revelador. El precio medio de un vehículo nuevo en España se situaba en 43.477 euros en el arranque del tercer trimestre de este año. 

No es extraño, por tanto, que aquello que durante décadas simbolizó el acceso de una familia trabajadora a la clase media —una vivienda, un coche, capacidad de ahorro— sea hoy mucho más difícil para buena parte de los jóvenes.

Y aquí aparece una paradoja.

Podemos tener una economía más grande, mejores infraestructuras, más tecnología y un nivel de consumo inimaginable en 1975 y, al mismo tiempo, tener generaciones que encuentran más dificultades para convertir su trabajo en vivienda, patrimonio y seguridad.

No somos necesariamente más pobres.

Pero sí podemos estar siendo menos capaces de convertir nuestro esfuerzo en patrimonio y libertad económica.

Eso debería preocuparnos.

Porque la clase media no es solamente una categoría estadística. También es una forma de vida.

Es poder pagar una vivienda sin dedicar a ella una parte desproporcionada de los ingresos. Es poder cambiar de coche cuando toca. Es ahorrar. Es tener algún margen ante una enfermedad, un despido o un imprevisto. Es poder ayudar a los hijos. Es poder mirar al futuro sin sentir que cualquier contratiempo puede desbaratarlo todo.

Durante buena parte de mi vida laboral vi cómo esas posibilidades se extendían a capas cada vez más amplias de la sociedad española.

Hoy veo que algunas de ellas se alejan.

Y mientras tanto, la política parece hablar un idioma diferente.

El Gobierno presenta cifras y se felicita por ellas. Los ministros las explican. Los asesores las preparan. Los gabinetes de comunicación las convierten en titulares.

Y alrededor de ese mundo están los despachos, los coches oficiales, el Falcon, La Mareta y las moquetas institucionales.

No es que quienes viven ahí desconozcan necesariamente la realidad.

Es que la viven de otra manera.

El político habla de crecimiento.

El ciudadano habla de la hipoteca.

El Gobierno habla de renta.

El ciudadano habla del supermercado.

El ministro habla de recaudación.

El trabajador habla de impuestos.

El político habla de empleo.

El joven pregunta cuándo podrá independizarse.

Son dos idiomas distintos.

Y esa distancia entre la política y la sociedad no es solamente económica.

También es política.

Hace ya más de treinta años, los politólogos Richard Katz y Peter Mair acuñaron el concepto de «partido cartel» para describir la transformación de los partidos y su creciente aproximación al Estado. Su tesis señalaba que los partidos podían terminar actuando como agentes del Estado y utilizando sus recursos para asegurar su propia supervivencia. Décadas después, los propios autores profundizaron en la idea de que los partidos se han ido alejando de la sociedad y acercándose al Estado, dependiendo en mayor medida de sus recursos y difuminando la frontera entre ambos. 

Es una teoría discutida, naturalmente. Pero resulta difícil no reconocer algunos de sus síntomas.

Porque cuanto más dependen los partidos de las estructuras, recursos y presupuestos del Estado, menos imprescindible parece su antigua relación directa con la sociedad.

Y ahí aparece una paradoja inquietante:

el ciudadano financia el Estado; el Estado financia buena parte del sistema político; y el sistema político decide cuánto Estado necesita el ciudadano.

Mientras tanto, los partidos compiten por gobernarlo, pero comparten cada vez más elementos de una misma estructura.

El ciudadano, que debería ser el origen y el destinatario último de la política, corre el riesgo de convertirse simplemente en contribuyente, votante y espectador.

Quizá por eso la distancia se hace cada vez mayor.

Los políticos viven rodeados de estadísticas.

Los ciudadanos viven rodeados de facturas.

Después de cincuenta y un años viendo nóminas, hipotecas, préstamos, ahorros y cuentas corrientes, no necesito una estadística para saber que algo ha cambiado.

He visto crecer los salarios.

Pero también he visto crecer los impuestos.

He visto mejorar el nivel de vida.

Pero también he visto encarecerse aquello que permite mantenerlo.

He visto construir una clase media.

Y ahora veo a muchos de sus hijos preguntarse si podrán alcanzar la seguridad que alcanzaron sus padres.

Por eso sigo creyendo que hay una pregunta mucho más importante que cuánto crece la economía:

¿Qué puede hacer una persona corriente con el fruto de su trabajo?

Porque la estadística cuenta cuánto gana una sociedad.

La vida cotidiana cuenta cuánto puede hacer con lo que gana.

Y esa segunda cuenta se hace en el supermercado, en la gasolinera, delante de una factura de la luz, buscando una vivienda o mirando una nómina.

Ahí es donde realmente se mide la prosperidad.

Y ahí es donde cualquier Gobierno debería mirar antes de felicitarse demasiado por sus propias estadísticas.

Porque una economía puede cuadrar en los despachos.

Pero si no cuadra en la vida de la gente, algo está fallando.

Luis Faraco Roldán.

MIENTRAS ESPAÑA MIRA A CEUTA Y A LAS LLAMAS.

«La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio.»

— Cicerón

Hay momentos en los que la política parece escrita por el azar. Una crisis migratoria en Ceuta, unos incendios devastadores, evacuaciones, menores trasladados a la Península… y, al mismo tiempo, investigaciones judiciales que siguen avanzando y que afectan cada vez más directamente al entorno del poder.

No hace falta pensar que alguien haya provocado las primeras para advertir una evidencia política: cuando las crisis llegan, también pueden convertirse en una formidable herramienta para quien sabe administrar la agenda pública.

Y la pregunta merece hacerse.

Mientras España contempla las imágenes de Ceuta y de los incendios, el caso de Leire Díez continúa avanzando en la Audiencia Nacional. El juez José Luis Pedraz mantiene al frente de la investigación una causa en la que han ido apareciendo nuevas diligencias y nuevos protagonistas. Entre ellos, Juan Manuel Serrano, quien fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez y posteriormente presidente de Correos.

Su teléfono ha sido sometido a un nuevo volcado forense después de que se cuestionaran las garantías del primero. No sabemos todavía qué aparecerá en ese análisis ni sería serio anticiparlo. Pero sí sabemos algo: la Justicia sigue trabajando mientras buena parte de la opinión pública está pendiente de otras urgencias.

Y no es el único frente.

La investigación sobre Plus Ultra y el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero continúa igualmente su recorrido. La UDEF ha intervenido documentación y dispositivos y trata de esclarecer las relaciones económicas y de influencia que rodean a la compañía.

Son investigaciones complejas, difíciles de explicar en un informativo de dos minutos. Requieren documentos, informes policiales, resoluciones judiciales y tiempo para comprenderlas.

Ceuta, en cambio, tiene imágenes.

Los incendios tienen imágenes.

Las llamas, las evacuaciones, las fronteras, las llegadas masivas, los menores, los enfrentamientos políticos… todo eso ocupa inmediatamente la pantalla.

Y ahí está quizá la cuestión más interesante.

No hace falta censurar una noticia para que pierda protagonismo. Basta con inundar la agenda de acontecimientos.

El Gobierno, naturalmente, no controla los incendios. Tampoco podemos afirmar que haya provocado la crisis de Ceuta. Hacer semejante afirmación sería irresponsable.

Pero un Gobierno sí puede decidir dónde coloca su foco político, qué mensajes amplifica, qué debates acepta y cuáles deja que ocupen el espacio público.

Y la crisis de Ceuta tiene, además, una particularidad: obliga al Partido Popular a entrar en un terreno especialmente delicado, el de la inmigración, donde Vox compite por el mismo electorado.

De repente, la discusión deja de girar exclusivamente alrededor de los problemas del Gobierno y pasa a ser otra:

¿qué hacer con los inmigrantes?, ¿qué hacer con los menores?, ¿deben regresar a Marruecos?, ¿deben ser trasladados a la Península?, ¿quién tiene la responsabilidad?

Mientras tanto, el debate sobre los procedimientos judiciales exige mucha más atención y resulta bastante menos televisivo.

Ese es el poder de la agenda.

No es necesario esconder una noticia. Puede bastar con colocar delante otras diez.

Y quizá por eso resulte especialmente significativo que todo esto suceda en agosto.

Porque agosto tiene una característica política muy peculiar: los ciudadanos siguen viviendo las crisis, pero la política institucional parece entrar en cámara lenta.

Los juzgados, sin embargo, no necesariamente.

Los procedimientos continúan.

Los informes siguen llegando.

Los teléfonos se analizan.

Los sumarios crecen.

Las diligencias avanzan.

Y septiembre llegará.

Será entonces cuando sepamos si lo que hoy parece una sucesión caótica de acontecimientos termina formando una fotografía política mucho más nítida.

Quizá estemos simplemente ante una coincidencia temporal. Es perfectamente posible.

Pero también es legítimo hacerse una pregunta:

¿Cuánto puede beneficiarse un Gobierno de que la conversación nacional esté permanentemente ocupada por crisis que desplazan del primer plano aquellas investigaciones que más directamente afectan a su entorno?

No es una acusación.

Es una pregunta.

Y en democracia, las preguntas incómodas también forman parte de la libertad.

Porque las llamas terminarán apagándose.

La frontera de Ceuta volverá algún día a ocupar menos minutos de televisión.

Los políticos regresarán de sus vacaciones.

Y entonces, cuando desaparezca el ruido, quizá descubramos qué había debajo.

«Dicen que la verdad sufre muchas veces, pero nunca puede ser extinguida.»
— Tito Livio

Porque las llamas se apagan. El ruido desaparece. Pero la verdad, cuando llega su hora, vuelve a iluminarlo todo.

Luis Faraco Roldán.