Cuando Pedro Sánchez afirma que el Parlamento tiene que escuchar a la calle, convendría preguntarle a qué calle se refiere. ¿A los cien o doscientos acampados en la Puerta del Sol, que parecen responder a una estrategia de crispación política, o a los cientos de miles de ciudadanos que sufren las consecuencias de sus políticas de vivienda?
Porque la calle también son los pequeños propietarios que han invertido sus ahorros en comprar un piso, los constructores que necesitan seguridad jurídica para levantar nuevas viviendas y los inquilinos que llevan meses buscando una casa que puedan pagar. Muchos no tienen tiempo ni recursos para acampar en Sol, pero sus problemas son tan reales como los de quienes protestan.
La democracia representativa no consiste en gobernar al dictado de quienes más ruido hacen, sino en atender al conjunto de los ciudadanos. Y la política de vivienda del Gobierno está agravando precisamente aquello que dice combatir.
Los decretos intervencionistas han introducido incertidumbre, han frenado operaciones y han llevado a propietarios e inversores a retirar viviendas del mercado. Cuando alquilar se convierte en una actividad sometida a riesgos crecientes, muchos propietarios optan por no hacerlo. Si disminuye la oferta mientras la demanda continúa aumentando, el resultado es previsible: más dificultades para encontrar vivienda y mayores obstáculos para quienes menos recursos tienen.
El Gobierno pretende enfrentar a propietarios e inquilinos, como si los intereses de unos fueran incompatibles con los de los otros. Pero ambos necesitan que haya viviendas disponibles. Proteger a las familias vulnerables es una obligación pública; trasladar indefinidamente esa responsabilidad al propietario particular es una injusticia. Los servicios sociales y las administraciones deben ofrecer soluciones, no convertir a terceros en responsables de sus propias carencias.
El caso de Mari Carmen nos obliga a reflexionar sobre la vulnerabilidad y el desamparo, pero también sobre la utilización política del sufrimiento. Una tragedia no puede servir para demonizar a los propietarios ni para ocultar la incapacidad de las administraciones para garantizar alternativas habitacionales.
Si Sánchez quiere resolver el problema, debería concentrarse en construir más viviendas, liberar suelo, agilizar licencias, impulsar la inversión y ampliar el parque público. Las casas no se construyen con consignas ni con decretos que desincentivan a quienes pueden ponerlas en el mercado.
Y hay otra pregunta que merece respuesta: ¿qué pinta el PNV en esta estrategia? La posición de la extrema izquierda y de Sánchez responde a una concepción intervencionista de la política que convierte el conflicto social en instrumento de movilización. Pero ¿qué justifica que el partido de Neguri, históricamente vinculado a la defensa de la iniciativa privada y los intereses empresariales vascos, participe en estos acuerdos?
El PNV tiene derecho a negociar y a defender sus prioridades. También tiene la obligación política de explicar qué obtiene a cambio y cómo justifica ante sus electores el apoyo a unas medidas que pueden perjudicar la inversión y reducir la oferta de vivienda. La aritmética parlamentaria explica la necesidad de esos votos, pero no justifica por sí sola las decisiones.
La vivienda no se resolverá enfrentando a propietarios e inquilinos, ni premiando a quienes más protestan. Se resolverá con más oferta, seguridad jurídica y una Administración que asuma sus responsabilidades.
Sánchez dice que hay que escuchar a la calle. De acuerdo. Pero que escuche también a quienes no pueden acampar en Sol, a quienes trabajan, ahorran, construyen, alquilan y buscan una vivienda sin tener detrás una maquinaria política que amplifique su voz.
La calle no tiene dueño. Y la democracia no puede ser rehén de quienes pretenden hablar en nombre de todos.
Luis Faraco Roldán.
