Lo de Maricarmen es un drama. Una mujer de 87 años, que llevaba más de setenta viviendo en la misma casa, ha sido desahuciada y ha tenido que salir de su vivienda en camilla. Es difícil no sentir compasión ante una situación así.
Pero una cosa es el drama humano y otra la utilización política del drama.
Porque con Maricarmen hemos asistido a un nuevo episodio de una estrategia que se repite desde que apareció en escena el llamado “ático de Ayuso”: cualquier acontecimiento parece una buena ocasión para volver a colocarlo en el centro del debate.
Ayer ocurrió de nuevo.
Mientras cientos de personas se concentraban frente al inmueble con el lema «El ático de Ayuso para Maricarmen», Pedro Sánchez, desde Nueva York, calificaba el desahucio de “tragedia social” y responsabilizaba políticamente a Ayuso y Almeida.
Y aquí es donde conviene hacer una pregunta muy sencilla:
¿Qué tiene que ver el ático de Ayuso con el desahucio de Maricarmen?
La respuesta parece bastante evidente: jurídicamente, nada.
La historia de Maricarmen comienza muchas décadas antes. El contrato de su vivienda se remonta a 1956, cuando estaba vigente la legislación de arrendamientos urbanos del franquismo, basada en la llamada renta antigua y en la prórroga forzosa.
Pero después llegaron las reformas.
En 1985, un Gobierno socialista aprobó el llamado Decreto Boyer, que eliminó la prórroga forzosa para los nuevos contratos, aunque mantuvo el régimen anterior para los que ya estaban vigentes.
Y en 1994, también bajo un Gobierno socialista, se aprobó la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, que estableció un régimen transitorio para aquellos contratos antiguos y limitó las subrogaciones. En determinados supuestos, cuando el nuevo titular era un hijo, el contrato quedaba extinguido a los dos años, con las excepciones previstas por la propia ley.
Es decir: sí, el origen del régimen de renta antigua está en una legislación de la época de Franco. Pero las dos grandes reformas que empezaron a poner fin a aquel sistema fueron aprobadas por gobiernos socialistas.
Según la información publicada sobre el caso, la madre de Maricarmen falleció en 2005 y la subrogación posterior acabó siendo objeto de litigio. El asunto llegó hasta el Tribunal Supremo, que terminó dando la razón a la propiedad.
Podemos discutir si la legislación es adecuada. Podemos discutir si una persona de 87 años debería disponer de una protección especial. Y podemos exigir a las administraciones que encuentren una solución habitacional digna para una persona vulnerable.
Todo eso es perfectamente legítimo.
Pero otra cosa es presentar el desahucio como si fuera consecuencia de la compra de un ático por la Comunidad de Madrid.
No lo es.
Si mañana la Comunidad de Madrid vendiera ese inmueble, la situación jurídica de Maricarmen seguiría siendo exactamente la misma.
Y aquí aparece otro elemento que conviene no olvidar: la propiedad privada.
Podemos considerar insuficiente la respuesta de las administraciones. Podemos pensar que la empresa propietaria debería haber aceptado alguna de las soluciones planteadas. Pero también hay que reconocer que existe un propietario y que los derechos de ese propietario están protegidos por la ley.
Si se considera injusta la legislación sobre determinados alquileres, cámbiese.
Si una anciana vulnerable necesita protección, proporciónesele.
Si faltan viviendas públicas, constrúyanse.
Pero no confundamos una cosa con otra.
Y hay un dato que resulta especialmente oportuno recordar hoy. Ayer mismo la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó las denuncias de tres particulares contra Ayuso por la compra del ático, al considerar que se basaban en “hipótesis elucubrativas” y que no aportaban datos suficientes para atribuirle una conducta delictiva. Ese archivo no afecta a otras actuaciones que siguen abiertas en Madrid, pero sí forma parte de la actualidad del asunto.
Y, prácticamente al mismo tiempo, el desahucio de Maricarmen volvía a utilizarse para colocar el ático en primer plano.
Quizá deberíamos empezar a separar las cosas.
Maricarmen merece solidaridad. Merece una solución digna. Merece que su drama no sea trivializado.
Pero su situación tiene una historia jurídica concreta y no empezó con Ayuso, ni con Almeida, ni con el famoso ático.
Y quizá esa sea precisamente la cuestión.
Cuando cualquier drama termina sirviendo para volver al mismo asunto, conviene preguntarse si estamos intentando resolver un problema o simplemente utilizando el problema para mantener vivo un relato político.
Luis Faraco Roldán.
