miércoles, 18 de noviembre de 2026

LA INDUSTRIA DE LA INMIGRACIÓN: EL NEGOCIO QUE SE MUEVE DETRÁS DE LA TRAGEDIA.

 




Las mafias cobran por organizar las travesías. Las administraciones financian la acogida. ONG y empresas prestan los servicios. ¿Quién controla todo el dinero?

Cada vez que un cayuco llega a Canarias, la atención se concentra en sus ocupantes, los equipos de rescate y la emergencia humanitaria. Es lógico. Pero hay otra historia que apenas aparece en el debate público: la enorme estructura económica que se mueve alrededor de la inmigración.

Organizar una travesía desde África requiere embarcaciones, motores, combustible, intermediarios, captación de pasajeros y financiación. Alguien cobra, alguien distribuye y alguien obtiene beneficios.

Según estimaciones de Naciones Unidas recogidas por el Consejo de la Unión Europea, las redes de tráfico ilícito de migrantes generan entre 4.700 y 6.000 millones de euros anuales. No hablamos de delincuentes improvisados, sino de organizaciones internacionales que han convertido la desesperación humana en una actividad extraordinariamente lucrativa.

¿Dónde termina ese dinero? ¿Cómo se distribuye? ¿Qué mecanismos se utilizan para ocultar sus beneficios?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha advertido de los riesgos de blanqueo asociados a estas actividades. Y aquí aparece una cuestión que no podemos ignorar: el seguimiento de los movimientos financieros. Los bancos y las entidades de pago tienen obligaciones de prevención del blanqueo y deben comunicar operaciones sospechosas a las autoridades competentes.

Pero las mafias constituyen solamente una parte de esta economía.

Existe otra estructura, de naturaleza distinta, que moviliza importantes cantidades de dinero público: la gestión institucional de la acogida.

Las administraciones financian alojamiento, manutención y atención social mediante subvenciones y contratos con asociaciones, ONG y empresas privadas.

En Andalucía encontramos un ejemplo concreto: en agosto de 2025, la Junta adjudicó a la Asociación Engloba un contrato de acogimiento residencial básico en Huelva por 774.442,40 euros, correspondiente a ocho plazas.

La prestación de estos servicios requiere viviendas, alimentación, personal y proveedores. Todo ello genera una actividad económica financiada con recursos públicos.

¿Quién proporciona las viviendas? ¿Qué empresas suministran los alimentos? ¿Cuánto cuesta realmente cada plaza? ¿Cómo se seleccionan los proveedores y qué controles existen sobre los gastos?

No estamos acusando de irregularidad a ninguna entidad. Estamos reclamando algo mucho más sencillo: transparencia.

Porque no basta con conocer cuánto dinero se adjudica. También debemos saber cómo se gasta, quién lo recibe y qué resultados obtiene la Administración.

La Unión Europea parece haber entendido la importancia de esta cuestión. En marzo de 2026, Europol puso en marcha el Centro Europeo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, reforzando precisamente las investigaciones financieras y la persecución de los beneficios criminales.

La inmigración tiene una dimensión humanitaria que debemos atender, una dimensión criminal que debemos combatir y una dimensión económica que debemos investigar.

La pregunta no es solamente quién conduce los cayucos. Es quién los financia, quién cobra por ellos, quién administra después los recursos públicos y quién controla todo ese circuito.

La solidaridad no puede ser una zona de opacidad. Y el dinero de los contribuyentes debe estar sometido a fiscalización, cualquiera que sea su destino.

No cuestiono a quienes buscan una vida mejor. Cuestiono a quienes se lucran con su desesperación y exijo explicaciones a quienes administran el dinero público.

Si queremos conocer la verdadera dimensión del fenómeno migratorio, debemos dejar de mirar exclusivamente al mar y empezar a seguir el rastro del dinero.


Luis Faraco Roldán.


martes, 17 de noviembre de 2026

LA HISTORIA COMO INSTRUMENTO DE LEGITIMACIÓN.

Defensa rechaza rendir honores militares a un capitán que luchó por la República y murió en la Guerra Civil

Archivo adjunto del usuario Cuando el relato político necesita acomodar el pasado, los documentos históricos pueden convertirse en incómodos testigos de la realidad.

La historia tiene una virtud que algunos políticos parecen olvidar: no está obligada a coincidir con el relato de quienes pretenden utilizarla.

A lo largo del tiempo, numerosos personajes públicos han recurrido a sus antecedentes familiares, a sus genealogías políticas o a determinados episodios del pasado para construir una identidad moral desde la que justificar sus posiciones en el presente. No es un fenómeno nuevo. La utilización política de la memoria ha acompañado al poder desde mucho antes de que existiera la política moderna.

El problema comienza cuando la memoria deja de ser una reconstrucción personal y se convierte en una herramienta de legitimación política. Y resulta todavía más problemático cuando los documentos históricos contradicen el relato.

El caso de Pedro Sánchez y la historia de sus abuelos ofrece un ejemplo que merece una reflexión.

El 21 de julio de 2025, durante su intervención en la cumbre celebrada en Chile bajo el lema «Democracia Siempre», el presidente del Gobierno afirmó que sus cuatro abuelos habían vivido y muerto sin saber leer ni escribir. Añadió que aquella circunstancia había marcado su conciencia y contribuido a explicar su compromiso político con la educación.

Una historia familiar presentada como expresión de las privaciones sufridas por generaciones enteras de españoles.

Sin embargo, el 18 de noviembre de 2025, OKDIARIO publicó una documentación que introduce una contradicción muy significativa en ese relato.

Se trata de la hoja de filiación militar de Mateo Pérez-Castejón Díaz, abuelo materno de Pedro Sánchez, nacido en Lorca el 15 de octubre de 1921.

En el documento, cumplimentado durante su incorporación voluntaria al Ejército republicano, aparecen dos preguntas perfectamente diferenciadas: «¿Sabe leer?» y «¿Y escribir?». En ambas figura una respuesta afirmativa.

No estamos ante un recuerdo transmitido oralmente por un familiar ni ante una interpretación política posterior. Estamos ante un documento administrativo de carácter militar en el que el propio interesado declaró sus conocimientos de lectura y escritura.

La investigación periodística fue más allá de esta ficha y reconstruyó otros episodios de su trayectoria durante la Guerra Civil.

Según la documentación militar publicada, Mateo Pérez-Castejón había servido en el Ejército republicano, fue denunciado por deserción en el frente de Levante y, posteriormente, se incorporó voluntariamente a la Legión del Ejército de Franco. Su hoja de servicios recoge también distintas condecoraciones militares.

La documentación citada por el periódico procede, entre otros fondos, del Archivo General e Histórico de Defensa y del Archivo Intermedio Militar de Ceuta.

Conviene detenerse aquí. No se trata de juzgar a un hombre por haber servido en uno u otro ejército durante una guerra civil. Tampoco de convertir su trayectoria militar en una acusación hereditaria contra sus descendientes. Los actos de un abuelo no constituyen responsabilidad política de un nieto.

La cuestión es otra.

¿Por qué presentar una historia familiar como fundamento de una determinada legitimidad moral cuando existen documentos que obligan, como mínimo, a matizarla?

No estamos hablando de una cuestión trascendental. Saber leer y escribir no convierte a nadie en mejor o peor persona. Tampoco constituye motivo de orgullo o de vergüenza haber nacido en una familia alfabetizada o analfabeta en la España de principios del siglo XX.

Precisamente por eso la contradicción resulta interesante.

¿Qué necesidad existe de simplificar, adornar o presentar de una manera determinada circunstancias familiares que, por sí mismas, no tienen nada de deshonroso?

Y aquí aparece una cuestión de mayor alcance: la construcción retrospectiva de la legitimidad política.

Cuando un dirigente convierte la historia de sus antepasados en un argumento para explicar su compromiso ideológico, deja de hablar exclusivamente de su intimidad familiar. Está utilizando el pasado como parte de su identidad pública. Y, desde ese momento, ese relato también puede y debe ser contrastado.

La memoria y la historia no son conceptos intercambiables. La primera pertenece al ámbito de los recuerdos, las vivencias y las percepciones personales. La segunda exige fuentes, contraste, contextualización y método. La memoria puede ser selectiva; la investigación histórica tiene la obligación de examinar también aquello que incomoda.

No es casualidad que los regímenes políticos, los movimientos ideológicos y numerosos dirigentes hayan intentado apropiarse del pasado. Quien consigue imponer una determinada interpretación de la historia dispone también de una herramienta para condicionar la interpretación del presente.

De ahí la importancia de los archivos, de los documentos originales y de los historiadores. Su función no es proporcionar argumentos a una causa política, sino someter las afirmaciones al contraste con las fuentes.

Y hay otra consideración que no debería pasar inadvertida.

Si un documento administrativo de hace casi noventa años puede introducir una contradicción en una afirmación pública relativamente reciente, ¿cuántas otras simplificaciones del pasado habremos aceptado sin preguntarnos por su fundamento?

No podemos afirmar, sin pruebas, que Pedro Sánchez conociera esta ficha cuando habló de sus abuelos, ni que hubiera decidido conscientemente falsear la historia familiar. Pero sí podemos exigir una explicación sobre la discrepancia y reclamar coherencia entre el relato público y la documentación disponible.

Por lo demás, el episodio permite recordar algo que debería ser elemental: la historia de España no es propiedad de ningún partido, ni de ninguna generación política, ni de quienes pretenden establecer qué recuerdos merecen ser conservados y cuáles deben quedar fuera del relato oficial.

La historia no necesita ser rehabilitada por los políticos. Necesita que los políticos dejen de utilizarla como instrumento de legitimación.

Porque, al final, por lo poco se conoce lo mucho.

Y cuando alguien necesita acomodar incluso los pequeños detalles de su pasado para construir una determinada imagen moral en el presente, la pregunta ya no se limita a esos detalles. Afecta a la credibilidad de quien construye el relato.

La historia no está para proporcionar coartadas morales a quienes gobiernan. Está para recordarles que ni siquiera el poder puede cambiar lo que realmente ocurrió.

Luis Faraco Roldán.

lunes, 16 de noviembre de 2026

EL SOFOCÓN INTERNACIONAL DE YOLANDA DÍAZ.

La ambición política, las falsas expectativas y el inevitable choque con la realidad.

Lo que estaba previsto. Lo que algunos llevábamos tiempo anticipando. Y lo que, finalmente, ha terminado sucediendo.

Yolanda Díaz retira su candidatura a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La vicepresidenta segunda del Gobierno de España, que hace apenas unos días se mostraba convencida de sus posibilidades de alcanzar la cúspide de este organismo internacional, ha tenido que abandonar su particular carrera hacia Ginebra.

Otra «inocente» que, aparentemente, termina cayendo víctima de las maniobras políticas de Pedro Sánchez.

Porque conviene hacerse una pregunta que, a estas alturas, resulta inevitable: ¿había alguien, con media neurona, que pudiera pensar seriamente que Yolanda Díaz reunía los méritos, la trayectoria y el perfil necesarios para dirigir una organización internacional de semejante relevancia?

Una cosa es tener aspiraciones políticas. Otra, muy distinta, es confundir esas aspiraciones con una acreditación de competencia.

Una candidatura que nació con más propaganda que posibilidades.

La candidatura de Yolanda Díaz fue presentada por el Gobierno de Sánchez como una oportunidad histórica para España. Se habló de liderazgo internacional, de derechos laborales, de transformación y de la posibilidad de que una mujer española dirigiera por primera vez la OIT.

Todo muy grandilocuente. Todo muy acorde con esa escenografía política a la que nos tiene acostumbrados el sanchismo.

Pero la política internacional no funciona como un mitin de Sumar, ni como una comparecencia en la que basta con repetir consignas sobre la justicia social para conseguir adhesiones.

La OIT es una institución tripartita en la que intervienen gobiernos, sindicatos y organizaciones empresariales. Su dirección exige capacidad de interlocución, experiencia internacional, solvencia institucional y, sobre todo, un respaldo suficientemente amplio.

Y ahí es donde la candidatura de Díaz comenzó a mostrar sus debilidades.

El respaldo de las principales organizaciones internacionales de empresarios y de la Confederación Sindical Internacional a su rival, Gilbert F. Houngbo, dejó en evidencia la fragilidad de sus expectativas.

La derrota política estaba servida. La retirada ha sido el desenlace.

Sánchez y su particular fábrica de expectativas.

Pero no conviene analizar este episodio exclusivamente desde la figura de Yolanda Díaz.

Pedro Sánchez también tiene mucho que explicar.

¿Con qué fundamento se impulsó esta candidatura? ¿Qué evaluación previa se hizo de los apoyos internacionales? ¿Se trataba realmente de una operación con posibilidades de éxito o de una maniobra destinada a proporcionar una salida política a una vicepresidenta cada vez más incómoda dentro de su propio espacio?

Porque no sería la primera vez que Sánchez utiliza las aspiraciones de sus socios como piezas de su particular tablero de ajedrez.

Díaz ha sido una de las principales colaboradoras del presidente. Ha contribuido a sostener su Gobierno, ha defendido sus políticas y ha participado activamente en la construcción de ese relato de progreso que ambos han vendido durante años.

Y ahora, cuando su aspiración internacional se estrella contra la realidad, cabe preguntarse si Sánchez la ha respaldado de verdad o si, simplemente, ha utilizado su candidatura para sus propios intereses políticos.

No podemos afirmar que haya existido una maniobra deliberada para perjudicarla. Pero sí podemos cuestionar la estrategia, la evaluación de sus posibilidades y la irresponsabilidad de alimentar unas expectativas que terminaron desmoronándose.

¿Y si Yolanda Díaz solo fuera el primer aviso?

Lo sucedido con Yolanda Díaz podría no ser un episodio aislado.

La ministra de Sanidad, Mónica García, también ha aparecido en las informaciones relativas a las aspiraciones españolas de acceder a la dirección general de la Organización Mundial de la Salud. Finalmente, el Gobierno habría optado por María Neira como candidata oficial.

Y Luis Planas, ministro de Agricultura, tiene puesta la mirada en la dirección de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Tres nombres. Tres organismos internacionales. Tres movimientos que, al menos, invitan a reflexionar sobre la estrategia de Pedro Sánchez para proyectar a sus colaboradores más allá de las fronteras nacionales.

¿Estamos ante una política seria de promoción del prestigio de España o ante una operación de supervivencia política destinada a proporcionar nuevas plataformas a determinados miembros del Ejecutivo?

La retirada de Yolanda Díaz debería servir de advertencia.

Porque cuando las aspiraciones políticas se construyen sobre expectativas que no se corresponden con los apoyos reales, el desenlace puede ser tan previsible como incómodo.

Y quizá lo de Yolanda Díaz no sea más que el primer capítulo de una historia que todavía tiene mucho que contar.

La ignorancia también tiene consecuencias.

Siempre se ha dicho que la ignorancia es atrevida.

¡Muy atrevida!

Y en política, cuando la ignorancia se mezcla con la ambición, el resultado puede ser especialmente aparatoso.

Yolanda Díaz parecía convencida de que su trayectoria como vicepresidenta y ministra de Trabajo constituía una carta de presentación suficiente para aspirar a la dirección de una institución internacional de Naciones Unidas.

Sin embargo, la realidad ha demostrado que el mundo no gira necesariamente al ritmo de los discursos pronunciados en Moncloa.

Los apoyos no se improvisan. El prestigio internacional no se decreta. Y las instituciones multilaterales no entregan sus responsabilidades por el simple hecho de que un Gobierno decida presentar a una candidata.

Quizá si hubiera escuchado a quienes advertíamos de la escasa consistencia de esta operación política, se habría ahorrado el sofocón.

Pero escuchar a quienes discrepan nunca ha sido precisamente una de las virtudes de esta izquierda que se considera moralmente superior.

El ridículo no siempre es nacional.

La retirada de Yolanda Díaz deja una pregunta incómoda para el Gobierno español: ¿cuántas operaciones políticas de este tipo se están construyendo sobre expectativas irreales, propaganda y una confianza excesiva en la capacidad de Sánchez para colocar a sus aliados?

La candidatura a la OIT pretendía proyectar una imagen de liderazgo internacional. Ha terminado convirtiéndose en un episodio de frustración política.

Y lo más llamativo es que quienes durante años han repartido certificados de superioridad moral, competencia y solvencia a los demás, parecen tener enormes dificultades para aplicar esos mismos criterios a sus propias aspiraciones.

Al final, la realidad suele ser bastante menos complaciente que la propaganda.

Yolanda Díaz se ha llevado un sofocón internacional. Sánchez pierde una operación que pretendía presentar como un éxito de su política exterior. Y los españoles asistimos, una vez más, a un espectáculo que difícilmente puede calificarse de ejemplar.

Porque hay ambiciones legítimas. Hay candidaturas respetables. Y hay operaciones políticas que nacen condenadas al fracaso.

Esta última parece pertenecer, inequívocamente, a la tercera categoría.

La ignorancia es atrevida. La ambición, a veces, también. Y cuando ambas caminan de la mano, el ridículo termina siendo internacional.

Luis Faraco Roldán.

LIBERTAD SIN MIEDO.

jueves, 12 de noviembre de 2026

DIA DE RESACA DE UNA HUELGA FRACASADA.






LA IZQUIERDA CAVIAR Y EL NEGOCIO DE LOS PRIVILEGIOS.

La resaca de la fracasada huelga general del 11 de noviembre deja algo más que un mal sabor de boca a sus convocantes. Más que un fracaso de los sindicatos —que también—, estamos ante un fracaso del Gobierno y de la izquierda en su conjunto, que pretendían «mostrar músculo» en las calles de cara al 29-N y, de paso, condicionar a quienes están llamados a conformar el próximo Gobierno tras las elecciones.

Pero el resultado ha sido justamente el contrario.

Por una parte, la convocatoria ha evidenciado la debilidad de una izquierda cada vez más alejada de la realidad económica y social, y cuya sensibilidad hacia los sectores vulnerables parece haberse quedado reducida a discursos, consignas y campañas de propaganda. Porque resulta difícil convencer a quienes sufren el encarecimiento de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y la precariedad de que sus supuestos defensores son quienes disfrutan de sueldos de miles de euros al mes, viviendas de lujo, viajes en primera clase y toda una colección de privilegios sufragados, directa o indirectamente, por los contribuyentes.

La distancia entre el discurso y la vida real se ha convertido en un abismo.

EL NEGOCIO DE LA INDIGNACIÓN.

Esta huelga tenía, además, un origen que merece una reflexión. El llamado Sindicato de Inquilinas, convertido en uno de los principales impulsores de la movilización, se presenta como la voz de quienes padecen el problema de la vivienda. Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto determinados activismos representan realmente a los ciudadanos que dicen defender.

Las informaciones y controversias sobre el perfil social de algunas de sus dirigentes —su formación académica, sus entornos familiares y sus condiciones de vida— plantean una contradicción difícil de ignorar. Para algunos, acampar en una tienda Quechua en la Puerta del Sol puede ser una experiencia reivindicativa, incluso una aventura reconfortante. Para quienes no tienen alternativa habitacional, dormir en una tienda no es una elección ideológica: es una tragedia.

Y esa diferencia es esencial.

El laboratorio de asesores de Moncloa, siempre atento a cualquier oportunidad de convertir un conflicto social en una herramienta política, creyó encontrar un filón en el fenómeno de Maricarmen y en el activismo de las llamadas inquilinas. Quizá llegaron a pensar que ahí se encontraba el futuro político y sindical de España.

De ahí la presión sobre UGT y CCOO para sumarse a una huelga que, a juicio de sus críticos, parecía responder más a una estrategia política que a una reivindicación laboral genuina. Unos sindicatos que, demasiadas veces, han terminado actuando como acompañantes del poder que los sostiene.

CUANDO EL NEGOCIO DEPENDE DEL PODER.

Recuerdo una conversación de hace años con un familiar lejano que se jactaba de haber montado un negocio «exclusivo y superrentable» al amparo de un Ayuntamiento. Según me contaba, él, en connivencia con el alcalde y los concejales, decidía los precios que se pagaban a su propia empresa. El negocio, naturalmente, funcionaba de maravilla.

Le advertí entonces de que aquello no era un verdadero negocio. Cuando la prosperidad depende de la voluntad de los políticos, la riqueza puede parecer sólida, pero es ficticia. Y del mismo modo que el enriquecimiento puede ser fulgurante, la ruina puede llegar en cuanto cambian las circunstancias.

Se rio. Después dejó de hablarme.

El tiempo terminó confirmando mis previsiones.

Algo parecido sucede cuando una estructura política, sindical o económica vive demasiado tiempo a la sombra del poder. Confunde la protección con la fortaleza, la financiación con el respaldo social y la propaganda con la realidad. Pero cuando el negocio empieza a caer, cada movimiento destinado a sostenerlo puede acelerar su derrumbe.

Eso es, precisamente, lo que parece estar ocurriendo con el Gobierno y sus sindicatos.

EL DÍA DESPUÉS.

El futuro Gobierno ya tiene una primera lección: la izquierda de los privilegios puede ser mucho menos poderosa de lo que aparenta. Y los sindicatos que durante años han disfrutado de una posición privilegiada tendrán que afrontar una realidad incómoda: recuperar la confianza de sus afiliados y aprender a vivir de las cuotas de quienes dicen representar.

No faltan ejemplos de organizaciones sindicales que desarrollan su actividad sin depender de la financiación pública. La independencia económica no es una utopía; es, precisamente, una de las condiciones para ejercer una verdadera independencia sindical.

Y, finalmente, los episodios de violencia registrados al término de la jornada en Madrid y Barcelona tampoco pueden interpretarse como una demostración de fuerza. Cuando una convocatoria fracasa, determinados sectores pueden intentar sustituir el respaldo social que no han conseguido por la intimidación o el enfrentamiento. La violencia no convierte una huelga débil en una huelga triunfante.

Quienes peinamos canas y hemos vivido huelgas de todo tipo sabemos que, cuando una movilización alcanza sus objetivos, sus participantes regresan a casa con la satisfacción de haber hecho lo que consideraban correcto, esperando recoger los frutos de su acción. No necesitan convertir el final de la jornada en un escenario de violencia.

La resaca del 11-N deja, por tanto, algo más que una convocatoria fallida. Deja al descubierto una izquierda que ha confundido durante demasiado tiempo el poder con el respaldo popular, los privilegios con la representación y la propaganda con la realidad.

Y quizá la lección más importante sea esta: ningún negocio político, por bien protegido que esté, puede sobrevivir indefinidamente cuando deja de tener detrás a la sociedad que dice representar.

LUIS FARACO ROLDÁN

LIBERTAD SIN MIEDO

miércoles, 11 de noviembre de 2026

EL FRACASO DE LA HUELGA POLÍTICA.





LA CALLE DESMONTA LA OPERACIÓN ELECTORAL.


La jornada de hoy está dejando una fotografía que dista mucho de la que, a mi juicio, pretendían proyectar los promotores de esta huelga.


En Huelva, mi ciudad, he podido comprobar personalmente que los comercios y los centros de trabajo están abiertos con absoluta normalidad. La actividad cotidiana continúa y no se percibe esa paralización generalizada que cabría esperar de una convocatoria presentada como una gran demostración de fuerza.


A primera hora de la mañana, cuando todavía numerosos centros de trabajo permanecían a la expectativa, se hablaba de un descenso del consumo eléctrico cercano al 10%. Un dato inicial que, sin constituir un balance definitivo, tampoco apuntaba a una paralización extraordinaria.


Pero hay algo más significativo que las cifras: la realidad de la calle.


Los ciudadanos no parecen haber respondido al llamamiento en la medida que sus promotores esperaban. Y, al menos en Huelva, la normalidad que he podido observar resulta difícil de conciliar con el relato de una movilización de alcance masivo.


LA PARADOJA DE LAS CONSIGNAS.


Hay otro elemento que me llama poderosamente la atención.


Entre las consignas que he podido observar y escuchar durante las movilizaciones figuran expresiones como «Gobierno rentista», «Gobierno traidor» o «Ministra de Vivienda rentista».


Es decir, reproches dirigidos contra el propio Ejecutivo y sus responsables.


La paradoja resulta evidente: una huelga que, en mi interpretación, se ha alentado desde el ámbito gubernamental como instrumento de confrontación contra la oposición termina sirviendo también de altavoz para las críticas contra el Gobierno.


La vivienda, el encarecimiento de la vida y el malestar social son problemas reales. Y quienes los padecen no tienen por qué convertir sus reivindicaciones en un acto de adhesión a ninguna estrategia electoral.


Los trabajadores no son figurantes de una campaña política. Tienen sus propias preocupaciones y, llegado el momento, también su propio criterio para decidir quién debe gobernar.


"Si los promotores pretendían movilizar la calle contra la oposición y parte de esa calle termina coreando consignas contra el Ejecutivo, el resultado político puede ser muy distinto del que habían calculado."


CANAL SUR: LA PANTALLA NEGRA.


Hay una imagen de esta jornada que merece una reflexión aparte.


Canal Sur, la televisión pública de Andalucía, financiada por todos los andaluces, ha interrumpido su emisión y ha dejado la pantalla en negro.


Según las informaciones de Europa Press y EFE, el apagón se produjo durante la emisión de «Despierta Andalucía» y fue consecuencia del seguimiento de la huelga por parte de trabajadores de RTVA. La dirección de la cadena comunicó, asimismo, que no había alcanzado un acuerdo con el comité de huelga para establecer una programación alternativa.


Esa es la explicación de la interrupción. Pero la imagen tiene, a mi juicio, una dimensión política que no puede ignorarse.


Llevo muchos años denunciando la influencia que, en mi opinión, el socialismo andaluz ha ejercido durante décadas sobre Canal Sur, una televisión creada bajo sus gobiernos y cuya independencia editorial considero cuestionable.


No sostengo que el apagón de hoy demuestre por sí mismo una manipulación política. Lo que señalo es que resulta especialmente llamativo que una televisión pública, que debería garantizar un servicio a todos los ciudadanos, termine ofreciendo esta imagen precisamente en una jornada de movilización sindical de indudable trasfondo político.


¿Casualidad? ¿Simple coincidencia?


Cada cual podrá sacar sus propias conclusiones.


"Blanco y en botella."


EL BOOMERANG DE SÁNCHEZ.


Esta huelga puede terminar volviéndose contra quienes la han alentado.


El Gobierno de Sánchez y sus socios han contribuido, con sus declaraciones y llamamientos, a situar esta convocatoria en el terreno de la confrontación política. Pero si el seguimiento no responde a sus expectativas y, además, las consignas de los manifestantes se dirigen contra el propio Ejecutivo, la operación puede acabar produciendo el efecto contrario.


Y no sería extraño que, dentro de unas horas, comenzáramos a escuchar aquello de que «el Gobierno no ha tenido nada que ver con la huelga».


Primero se respalda la movilización y después, si el resultado no acompaña, se intenta tomar distancia.


Es una previsión política, no una afirmación sobre declaraciones que aún no se hayan producido. Pero la hemeroteca de los llamamientos públicos permanece ahí.


Lo verdaderamente revelador de esta jornada no es solo el seguimiento que finalmente pueda contabilizarse. Es la contradicción entre la pretensión de convertir la huelga en un instrumento contra la oposición y la realidad que se observa en la calle.


En Huelva, al menos, los ciudadanos han continuado con su vida cotidiana. Y las consignas que he podido escuchar no se han limitado a señalar a los adversarios del Gobierno.


Quizá quienes pretendían utilizar la huelga como un piquete electoral hayan terminado descubriendo que los trabajadores no están necesariamente dispuestos a seguir el guion que otros les escriben.


La democracia no consiste en movilizar la calle para condicionar el voto. Consiste en aceptar que los ciudadanos son libres de decidir quién debe gobernar.


"El poder no pertenece a Sánchez, ni a sus socios, ni a los sindicatos. Pertenece a los españoles. Y cuando se confunde la movilización política con la voluntad popular, el boomerang puede terminar golpeando a quienes lo lanzaron."


Luis Faraco Roldán.


LIBERTAD SIN MIEDO.

LA HUELGA GENERAL POLÍTICA.

 




CUANDO EL GOBIERNO SE CONVIERTE EN PIQUETE ELECTORAL.

Hay cosas que, por insólitas, deberían provocar una profunda reflexión democrática. Y hay otras que, por su descaro, merecen ser denunciadas sin rodeos.

La huelga general convocada para hoy, 11 de noviembre, pertenece a ambas categorías.

En una democracia consolidada, las huelgas generales suelen constituir una herramienta de presión de los trabajadores frente a las políticas de un Gobierno. Son un mecanismo legítimo de protesta, una expresión de la libertad sindical y un instrumento de reivindicación social.

Pero ¿qué ocurre cuando el Gobierno no es el destinatario de la protesta, sino uno de sus principales impulsores? ¿Qué sucede cuando quienes deberían gestionar los problemas del país se dedican a alentar una movilización contra quienes aspiran a sustituirlos?

Lo que ocurre es que la huelga deja de ser una herramienta de reivindicación laboral para convertirse en un instrumento de confrontación partidista.

Y eso es precisamente lo que estamos viendo en España.

EL GOBIERNO CONTRA LA OPOSICIÓN.

La convocatoria de esta huelga, promovida por las organizaciones sindicales y respaldada abiertamente por miembros del Ejecutivo, llega en un momento que no puede ser más revelador: a escasos días del inicio de la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

No es una coincidencia inocente.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha animado públicamente a secundarla. María Jesús Montero, responsable de la estrategia electoral socialista, ha contribuido a situarla en el terreno de la confrontación política.

Y lo más sorprendente es que el Gobierno pretende presentar esta movilización como una expresión espontánea de malestar social, cuando sus propios integrantes están trabajando para convertirla en una herramienta de movilización electoral.

La pregunta es inevitable: ¿desde cuándo un Gobierno democrático utiliza una huelga general para combatir electoralmente a la oposición?

No se convoca a los trabajadores para exigir responsabilidades al Ejecutivo por sus políticas. Se les convoca, esencialmente, para advertir a quienes podrían gobernar después.

Estamos ante una huelga preventiva contra una alternativa democrática. Una movilización que parece tener más que ver con las urnas que con las fábricas, los centros de trabajo o las nóminas de los españoles.

LOS SINDICATOS, AL SERVICIO DE UNA ESTRATEGIA POLÍTICA.

CCOO y UGT tienen todo el derecho del mundo a convocar huelgas. Lo que no pueden pretender es que los ciudadanos aceptemos sin crítica que su independencia sindical desaparezca precisamente cuando el PSOE se juega su continuidad en el poder.

Durante años, los trabajadores han sufrido el encarecimiento de la vivienda, la pérdida de capacidad adquisitiva, la presión fiscal y las dificultades para llegar a fin de mes.

¿Dónde estaban entonces los grandes sindicatos?

¿Por qué la indignación sindical parece despertar con tanta intensidad cuando se acerca una cita electoral y el adversario político del Gobierno tiene posibilidades de ganar?

La coincidencia entre la convocatoria, el adelanto electoral y las declaraciones de los dirigentes gubernamentales no es una cuestión menor. Es el contexto que permite cuestionar la verdadera finalidad de esta huelga.

Los sindicatos no deberían ser una prolongación de los partidos políticos. Mucho menos convertirse en una suerte de departamento auxiliar de la campaña electoral de un Gobierno.

Porque cuando el sindicalismo pierde su independencia, los trabajadores dejan de ser su prioridad y pasan a ser instrumentos de una estrategia ajena.

LA VIVIENDA COMO COARTADA.

La vivienda es un problema real. Gravísimo. Miles de jóvenes no pueden emanciparse y muchas familias destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler.

Pero utilizar un problema social de semejante magnitud como munición electoral no lo resuelve.

España necesita más vivienda, seguridad jurídica, una política urbanística eficaz, incentivos a la construcción y medidas que permitan ampliar la oferta.

No necesita que se paralice el país para advertir a los ciudadanos de lo que podría ocurrir si votan a una determinada opción política.

La huelga no construye viviendas. No reduce por sí misma el precio de los alquileres. No soluciona la falta de oferta. No sustituye la responsabilidad de gobernar.

Y resulta especialmente paradójico que quienes han tenido la responsabilidad de dirigir las políticas públicas pretendan ahora presentarse como los grandes movilizadores de la protesta social.

El Gobierno no puede eludir sus responsabilidades convirtiendo a la oposición en el enemigo de los trabajadores.

UNA ANOMALÍA DEMOCRÁTICA.

No hace falta cuestionar el derecho constitucional de huelga para denunciar su utilización partidista.

La libertad sindical es una conquista democrática. La huelga es un derecho. Y los ciudadanos que decidan secundarla deben poder hacerlo sin coacciones.

Pero una cosa es ejercer un derecho y otra muy distinta es instrumentalizarlo desde el poder.

La singularidad de esta convocatoria, en vísperas de unas elecciones generales y con el respaldo explícito de miembros del Gobierno contra la alternativa política, resulta extraordinaria en el contexto de las democracias europeas.

No estamos ante una normalidad institucional que debamos aceptar sin reflexión.

Estamos ante un Ejecutivo que, en lugar de asumir el desgaste de su gestión y someterse al veredicto de las urnas, parece dispuesto a utilizar todos los resortes de movilización política a su alcance.

La democracia no consiste en impedir que gobiernen los adversarios. Consiste en aceptar que pueden hacerlo si así lo deciden los ciudadanos.

Y esa es, precisamente, la lección que algunos parecen haber olvidado.

EL VERDADERO PIQUETE.

El 29 de noviembre los españoles tendrán la oportunidad de decidir libremente quién debe gobernar España.

Ese día no habrá sindicatos que puedan sustituir la voluntad popular. No habrá manifestaciones que puedan alterar el resultado de las urnas. No habrá consignas que puedan imponerse a la decisión soberana de los ciudadanos.

La democracia tiene sus mecanismos. Y las elecciones son el más importante de todos ellos.

Por eso esta huelga debería servirnos para reflexionar sobre el papel que están desempeñando determinados actores políticos y sindicales.

Porque el problema no es que los trabajadores protesten. El problema es que quienes gobiernan pretendan dirigir esa protesta contra quienes aspiran legítimamente a gobernar.

Cuando el poder utiliza la calle como prolongación de su campaña electoral, cuando los sindicatos se convierten en aliados de una estrategia partidista y cuando la movilización social se orienta a condicionar el resultado de unas elecciones, algo esencial se está deteriorando.

La democracia no necesita piquetes electorales.

Necesita gobiernos responsables, sindicatos independientes y ciudadanos libres.

Y, sobre todo, necesita que quienes hoy gobiernan comprendan que el poder no les pertenece: se lo han prestado los españoles, y el próximo 29 de noviembre pueden decidir retirárselo.


LUIS FARACO ROLDÁN

LIBERTAD SIN MIEDO


martes, 10 de noviembre de 2026

LA DEMOCRACIA DE LOS CONTRAPESOS.

Madrid: The Capital That Feels Like HomeCuando el poder intenta controlar las reglas del juego.

«La libertad no consiste en tener un buen amo, sino en no tenerlo».

— Cicerón

Una democracia no se mide exclusivamente por la celebración periódica de elecciones. Se mide, sobre todo, por la fortaleza de sus instituciones, por la independencia de quienes deben fiscalizar al poder y por la capacidad del sistema para impedir que un gobernante termine confundiendo su voluntad con el interés general.

Porque ganar unas elecciones otorga legitimidad para gobernar. No concede el derecho a disponer de las instituciones como si fueran patrimonio propio.

En la España de Pedro Sánchez, la cuestión de los contrapesos democráticos se ha convertido en uno de los grandes debates políticos de nuestro tiempo. No hablamos únicamente de las decisiones de un Gobierno o de las discrepancias de la oposición. Hablamos de la relación entre el poder ejecutivo y aquellos órganos cuya razón de ser consiste precisamente en limitarlo, supervisarlo y exigirle responsabilidades.

La democracia necesita contrapesos. Y los necesita especialmente cuando quienes gobiernan parecen considerar que cualquier obstáculo a sus decisiones constituye una amenaza política.

LA INDEPENDENCIA QUE INCOMODA.

El Poder Judicial, los órganos constitucionales, los organismos de control y las instituciones electorales no están para facilitar la vida al Gobierno de turno. Están para garantizar que el poder se ejerce dentro de los límites establecidos.

Sin embargo, cuando la independencia institucional se convierte en una batalla política permanente, el ciudadano comienza a percibir que las reglas del juego están sometidas a una presión constante.

La cuestión no es que un tribunal dicte una resolución contraria al Gobierno. Eso forma parte de la normalidad democrática. La cuestión es la reacción ante esa resolución: si se acata, se respeta y se asume, o si se transforma al órgano que la dicta en adversario político.

Una democracia madura acepta que sus instituciones pueden contrariar al gobernante. Una democracia debilitada comienza a cuestionarlas cuando dejan de resultar convenientes.

Y ahí reside una de las principales preocupaciones de la España actual.

LA LEY DE NIETOS: UNA CONTROVERSIA QUE EXIGE RESPUESTAS.

La denominada Ley de Nietos, incorporada a la Ley de Memoria Democrática de 2022, abrió una vía para que determinados descendientes de españoles pudieran adquirir la nacionalidad.

El reconocimiento de la nacionalidad a quienes cumplen los requisitos legales no constituye, por sí mismo, ninguna anomalía. El problema político y jurídico surge cuando se cuestiona la forma en que se interpretaron y aplicaron esos requisitos, especialmente en relación con la acreditación del exilio y la incorporación de nuevos ciudadanos al Censo Electoral de Residentes Ausentes, el CERA.

La controversia adquirió una dimensión extraordinaria cuando el Tribunal Supremo acordó suspender cautelarmente determinados efectos electorales de esas inscripciones, reclamando una verificación adecuada de las condiciones exigidas por la normativa.

El Alto Tribunal consideró que la formación del censo debía preservar la exactitud, la veracidad, la igualdad, la objetividad y la transparencia del proceso electoral.

No estamos hablando de ciudadanos que deban ser privados arbitrariamente de sus derechos. Estamos hablando de la obligación del Estado de garantizar que esos derechos se ejercen conforme a la ley y que el censo refleja con rigor a quienes reúnen las condiciones para votar.

La sospecha política de que una ampliación del electorado pudiera favorecer a una determinada formación no equivale a una manipulación electoral judicialmente acreditada. Pero tampoco puede utilizarse esa distinción para eludir la necesidad de investigar, verificar y corregir cualquier irregularidad que pudiera existir.

La democracia no puede permitirse zonas de opacidad en la formación de su cuerpo electoral.

Y menos aún cuando la controversia alcanza una magnitud capaz de afectar a la confianza pública en los procesos electorales.

UN CENSO QUE CRECE Y UNA ADMINISTRACIÓN QUE DEBE RESPONDER.

Los datos permiten dimensionar la controversia.

El CERA pasó de 2.333.056 inscritos en las elecciones generales de julio de 2023 a 2.747.688 en agosto de 2026. Un incremento de 419.427 electores.

Conviene precisar que ese crecimiento no puede atribuirse íntegramente a la Ley de Nietos: también incluye a españoles que trasladaron su residencia al extranjero y a otros ciudadanos que ya tenían la nacionalidad.

Sin embargo, el aumento del censo y la dimensión de los expedientes vinculados a la Ley de Memoria Democrática obligaban a una gestión administrativa rigurosa y transparente.

El 23 de octubre, el Supremo reclamó al Gobierno que identificara a 163.020 afectados. Según los datos comunicados entonces, se habían revisado 31.390 expedientes y expedido 91 certificados de exilio.

Estas cifras, correspondientes a aquella fecha, reflejaban una dificultad administrativa de enorme magnitud a pocas semanas de las elecciones.

Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿cómo puede una Administración llegar a una convocatoria electoral con un procedimiento de semejante relevancia pendiente de una verificación que debía haberse realizado con suficiente antelación?

No basta con invocar la complejidad burocrática. La Administración tiene la obligación de anticiparse, organizarse y garantizar el cumplimiento de la ley.

EL SUPREMO Y LA SEGURIDAD JURÍDICA.

La evolución judicial de las últimas semanas resulta igualmente significativa.

El 9 de noviembre, el Tribunal Supremo rechazó extender la suspensión del voto a los hijos de los nacionalizados por la Ley de Nietos, unos 190.000 ciudadanos, al considerar que la revisión a estas alturas del proceso electoral podía comprometer la seguridad jurídica y la estabilidad electoral.

La decisión mantiene una distinción relevante: por un lado, los nacionalizados afectados por la suspensión cautelar inicial; por otro, sus hijos, cuyo derecho al voto no ha quedado suspendido por esta última resolución.

Esta decisión debe respetarse. Y precisamente por ello conviene subrayar la importancia de que las decisiones sobre el censo se adopten con tiempo, con criterios claros y con plena seguridad jurídica.

La controversia no demuestra por sí misma que exista un plan deliberado de manipulación electoral. Pero pone de manifiesto que una gestión deficiente o insuficientemente transparente de los procedimientos censales puede terminar generando una crisis de confianza en el sistema.

Y esa confianza es demasiado importante como para dejarla a merced de la improvisación.

EL CENSO NO ES PATRIMONIO DE NINGÚN PARTIDO.

La cuestión de fondo es mucho más importante que una disputa entre Gobierno y oposición.

El censo electoral constituye una de las garantías esenciales de la democracia. Su integridad no puede depender de los intereses de quienes aspiran a obtener una mayoría parlamentaria.

Por eso resulta imprescindible que los procedimientos de inscripción sean claros, que las condiciones se apliquen de manera uniforme y que las autoridades competentes actúen con independencia.

La controversia de la Ley de Nietos ha demostrado que, cuando existen dudas sobre la aplicación de una norma con consecuencias electorales, la respuesta institucional debe ser la transparencia absoluta.

Y también ha puesto de manifiesto que los tribunales deben poder intervenir sin que sus decisiones se conviertan automáticamente en una batalla partidista.

El Estado de derecho no consiste en que las instituciones den la razón al Gobierno. Consiste en que puedan quitársela cuando corresponda.

LA ALTERNANCIA COMO GARANTÍA DEMOCRÁTICA.

Existe una tentación peligrosa en determinados proyectos políticos: considerar que su permanencia en el poder es una condición indispensable para la estabilidad del país.

Desde esa perspectiva, la victoria del adversario deja de ser una posibilidad legítima y pasa a presentarse como una amenaza nacional.

Pero la alternancia no es una anomalía. Es una de las garantías fundamentales de la democracia.

Ningún partido tiene derecho a gobernar indefinidamente. Ningún presidente puede considerar que su proyecto político está por encima de las instituciones. Y ningún ciudadano debería tener que aceptar que las reglas electorales se interpreten en función de quién puede beneficiarse de ellas.

La democracia no pertenece a quienes gobiernan. Pertenece a los ciudadanos.

Por eso, la fortaleza institucional no se demuestra cuando todas las instituciones respaldan al Ejecutivo, sino cuando son capaces de actuar con independencia, incluso frente a un Gobierno que dispone de una mayoría parlamentaria.

CUANDO EL PODER SE CONVIERTE EN UNA AMENAZA PARA SUS PROPIOS LÍMITES.

El deterioro institucional no suele producirse de un día para otro. No necesita necesariamente una ruptura abrupta del orden constitucional. Puede avanzar mediante decisiones sucesivas, interpretaciones discutibles, enfrentamientos con los órganos de control y una creciente deslegitimación de quienes ejercen la fiscalización.

Cada episodio, considerado aisladamente, puede presentarse como una discrepancia jurídica o política. El problema aparece cuando se observa el conjunto y se advierte una tensión permanente entre el poder ejecutivo y los mecanismos destinados a limitarlo.

La cuestión que debemos plantearnos es si estamos ante una normalidad democrática saludable o ante una preocupante erosión de la confianza institucional.

Porque cuando la independencia de los contrapesos se convierte en una molestia para el gobernante, el ciudadano tiene motivos para preocuparse.

Y cuando la integridad del censo electoral necesita ser defendida ante los tribunales, la exigencia de transparencia debe ser absoluta.

No se trata de proclamar que toda decisión del Gobierno es ilegítima. Se trata de recordar que ninguna decisión gubernamental está por encima de la ley, que ningún partido es propietario de las instituciones y que ninguna mayoría parlamentaria puede sustituir a los mecanismos de control.

La democracia exige algo más que ganar elecciones.

Exige respetar las reglas, aceptar los límites y asumir que el poder debe estar sometido a una fiscalización permanente.

Porque el día en que las instituciones dejen de controlar al poder y pasen a depender de él, la democracia conservará sus ceremonias, sus discursos y sus urnas.

Pero habrá comenzado a perder aquello que la hace verdaderamente libre.

Luis Faraco Roldán.

LIBERTAD SIN MIEDO.