«El presupuesto es el esqueleto del Estado despojado de toda engañosa ideología.»
Rudolf Goldscheid
El 16 de junio de 1975, con dieciséis años recién cumplidos, entré a trabajar en la banca.
No podía imaginar entonces que aquel primer empleo acabaría convirtiéndose en una atalaya desde la que contemplar durante más de medio siglo la transformación económica de España.
Durante los primeros años conocí aquella economía desde el patio de operaciones. Desde principios de los noventa, ya como director de distintas oficinas bancarias, en ciudades y en la capital, la perspectiva cambió. Ya no veía solamente operaciones: veía personas detrás de ellas. Sus nóminas, sus hipotecas, sus préstamos, sus ahorros, sus negocios, sus proyectos y, también, sus dificultades.
He visto pasar por delante de mí varias generaciones de españoles.
He visto una España que salió de la pobreza, que construyó una enorme clase media y que consiguió algo que hoy empieza a parecer menos evidente: que una persona con un trabajo normal pudiera aspirar a una vivienda, comprar un coche, formar una familia, ahorrar y ayudar a sus hijos a comenzar su propia vida.
Por eso observo con cierta distancia el discurso triunfalista con el que los gobiernos suelen presentar la economía.
PIB creciendo. Empleo creciendo. Salarios creciendo. Recaudación creciendo.
Y después están los ciudadanos.
La familia que llega al supermercado. El joven que cobra una nómina y no puede acceder a una vivienda. El matrimonio que aplaza la compra de un coche porque el precio se ha convertido en una decisión financiera de primer orden. El trabajador que mira su nómina y comprueba cuánto ha desaparecido antes incluso de poder disponer de su salario.
Esa es otra economía.
Una economía que no se contempla igual desde un despacho oficial, rodeado de asesores, que desde el patio de operaciones de una oficina bancaria.
Porque la vida real está en otra parte.
Está en el bolsillo del ciudadano.
Y ahí las estadísticas empiezan a quedarse cortas.
La estadística puede decirnos cuánto gana una persona. Pero hay que preguntarse cuánto le queda y, sobre todo, qué puede hacer con lo que le queda.
En 2025, según la OCDE, la llamada cuña fiscal de un trabajador soltero con salario medio alcanzó en España el 41,4 % del coste laboral, frente al 35,1 % de media en la OCDE. Es decir, una parte muy importante del coste de contratar ese trabajo no termina convirtiéndose en renta disponible para quien lo realiza.
Y después llega la segunda factura fiscal.
Cuando ese dinero entra en el bolsillo, vuelve a encontrarse con impuestos al consumir: electricidad, gas, combustibles, alimentación, transporte, vivienda y toda una larga relación de bienes y servicios necesarios para vivir.
No hablamos de artículos de lujo.
Hablamos de la vida cotidiana.
Y basta con mirar algunos datos para comprender la distancia entre la economía de los despachos y la economía de las familias.
En 1987, una familia necesitaba el equivalente a 2,99 años de su renta bruta para adquirir una vivienda. Hoy necesita alrededor de 7,3 años.
El coche ofrece otro termómetro revelador. El precio medio de un vehículo nuevo en España se situaba en 43.477 euros en el arranque del tercer trimestre de este año.
No es extraño, por tanto, que aquello que durante décadas simbolizó el acceso de una familia trabajadora a la clase media —una vivienda, un coche, capacidad de ahorro— sea hoy mucho más difícil para buena parte de los jóvenes.
Y aquí aparece una paradoja.
Podemos tener una economía más grande, mejores infraestructuras, más tecnología y un nivel de consumo inimaginable en 1975 y, al mismo tiempo, tener generaciones que encuentran más dificultades para convertir su trabajo en vivienda, patrimonio y seguridad.
No somos necesariamente más pobres.
Pero sí podemos estar siendo menos capaces de convertir nuestro esfuerzo en patrimonio y libertad económica.
Eso debería preocuparnos.
Porque la clase media no es solamente una categoría estadística. También es una forma de vida.
Es poder pagar una vivienda sin dedicar a ella una parte desproporcionada de los ingresos. Es poder cambiar de coche cuando toca. Es ahorrar. Es tener algún margen ante una enfermedad, un despido o un imprevisto. Es poder ayudar a los hijos. Es poder mirar al futuro sin sentir que cualquier contratiempo puede desbaratarlo todo.
Durante buena parte de mi vida laboral vi cómo esas posibilidades se extendían a capas cada vez más amplias de la sociedad española.
Hoy veo que algunas de ellas se alejan.
Y mientras tanto, la política parece hablar un idioma diferente.
El Gobierno presenta cifras y se felicita por ellas. Los ministros las explican. Los asesores las preparan. Los gabinetes de comunicación las convierten en titulares.
Y alrededor de ese mundo están los despachos, los coches oficiales, el Falcon, La Mareta y las moquetas institucionales.
No es que quienes viven ahí desconozcan necesariamente la realidad.
Es que la viven de otra manera.
El político habla de crecimiento.
El ciudadano habla de la hipoteca.
El Gobierno habla de renta.
El ciudadano habla del supermercado.
El ministro habla de recaudación.
El trabajador habla de impuestos.
El político habla de empleo.
El joven pregunta cuándo podrá independizarse.
Son dos idiomas distintos.
Y esa distancia entre la política y la sociedad no es solamente económica.
También es política.
Hace ya más de treinta años, los politólogos Richard Katz y Peter Mair acuñaron el concepto de «partido cartel» para describir la transformación de los partidos y su creciente aproximación al Estado. Su tesis señalaba que los partidos podían terminar actuando como agentes del Estado y utilizando sus recursos para asegurar su propia supervivencia. Décadas después, los propios autores profundizaron en la idea de que los partidos se han ido alejando de la sociedad y acercándose al Estado, dependiendo en mayor medida de sus recursos y difuminando la frontera entre ambos.
Es una teoría discutida, naturalmente. Pero resulta difícil no reconocer algunos de sus síntomas.
Porque cuanto más dependen los partidos de las estructuras, recursos y presupuestos del Estado, menos imprescindible parece su antigua relación directa con la sociedad.
Y ahí aparece una paradoja inquietante:
el ciudadano financia el Estado; el Estado financia buena parte del sistema político; y el sistema político decide cuánto Estado necesita el ciudadano.
Mientras tanto, los partidos compiten por gobernarlo, pero comparten cada vez más elementos de una misma estructura.
El ciudadano, que debería ser el origen y el destinatario último de la política, corre el riesgo de convertirse simplemente en contribuyente, votante y espectador.
Quizá por eso la distancia se hace cada vez mayor.
Los políticos viven rodeados de estadísticas.
Los ciudadanos viven rodeados de facturas.
Después de cincuenta y un años viendo nóminas, hipotecas, préstamos, ahorros y cuentas corrientes, no necesito una estadística para saber que algo ha cambiado.
He visto crecer los salarios.
Pero también he visto crecer los impuestos.
He visto mejorar el nivel de vida.
Pero también he visto encarecerse aquello que permite mantenerlo.
He visto construir una clase media.
Y ahora veo a muchos de sus hijos preguntarse si podrán alcanzar la seguridad que alcanzaron sus padres.
Por eso sigo creyendo que hay una pregunta mucho más importante que cuánto crece la economía:
¿Qué puede hacer una persona corriente con el fruto de su trabajo?
Porque la estadística cuenta cuánto gana una sociedad.
La vida cotidiana cuenta cuánto puede hacer con lo que gana.
Y esa segunda cuenta se hace en el supermercado, en la gasolinera, delante de una factura de la luz, buscando una vivienda o mirando una nómina.
Ahí es donde realmente se mide la prosperidad.
Y ahí es donde cualquier Gobierno debería mirar antes de felicitarse demasiado por sus propias estadísticas.
Porque una economía puede cuadrar en los despachos.
Pero si no cuadra en la vida de la gente, algo está fallando.
Luis Faraco Roldán.
