LA VIVIENDA: PROMESAS, CULPABLES Y NINGUNA SOLUCIÓN.

 

Prometieron 183.000 viviendas. Sumar llegó a prometer dos millones. Tres años después, el déficit sigue siendo muy elevado y el propietario privado parece haber adquirido un protagonismo que difícilmente debería corresponderle en la solución de un problema de esta magnitud.

Hay una frase atribuida a Henry Ford que dice: «No busques culpables, busca soluciones».

En España, cuando hablamos de vivienda, quizá convendría recordar esa idea.

En las elecciones generales de 2023, Pedro Sánchez prometió 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible, una parte importante destinadas a jóvenes. No fue una ocurrencia de campaña: figuraba en el programa electoral del PSOE y Sánchez volvió a asumirla en su discurso de investidura.

Pero su futuro socio de Gobierno prometía mucho más.

Sumar se comprometió a crear dos millones de viviendas públicas de alquiler asequible en diez años, con una inversión equivalente al 1% del PIB anual.

Dos millones.

No doscientas mil.

Han pasado tres años.

Y la pregunta parece razonable:

¿Dónde están?

No se trata de exigir que dos millones de viviendas aparezcan de la noche a la mañana. Se trata de conocer qué parte de aquella promesa se ha traducido realmente en viviendas construidas, terminadas y disponibles para los ciudadanos.

Porque anunciar viviendas no es lo mismo que construirlas.

Y mientras tanto, el propio Gobierno reconoce que España arrastra un déficit estructural superior a 400.000 viviendas.

MÁS DEMANDA Y UNA OFERTA INSUFICIENTE.

España ha experimentado, además, un fuerte crecimiento demográfico. La población nacida en el extranjero supera ya los diez millones de personas y el número de hogares ha aumentado considerablemente.

No sería riguroso atribuir exclusivamente a la inmigración la crisis de vivienda. Hay otros factores: la creación de nuevos hogares, la concentración de población en determinadas zonas, el turismo, el alquiler temporal, la falta de suelo y los costes de construcción.

Pero tampoco parece razonable ignorar que más población y más hogares suponen una mayor demanda de vivienda.

Y cuando la demanda crece más deprisa que la oferta, resulta difícil que los precios no se vean afectados.

La respuesta parece bastante evidente: aumentar la oferta.

Construir. Rehabilitar. Liberar suelo. Agilizar licencias. Facilitar la inversión. Y, naturalmente, construir vivienda pública.

Pero aquí aparece una de las contradicciones del debate actual.

UNA LEY CUYOS EFECTOS TAMBIÉN DEBEN EVALUARSE.

La Ley de Vivienda de 2023, una de las principales banderas de la política impulsada por Podemos durante su participación en el Gobierno, introdujo, entre otras medidas, mecanismos de control de rentas en las denominadas zonas de mercado residencial tensionado.

El objetivo declarado era contener el precio del alquiler y aliviar el esfuerzo de los hogares que ya estaban arrendando una vivienda.

El problema aparece cuando analizamos qué ha ocurrido con la oferta disponible.

Un estudio del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre los primeros años de aplicación de la ley encuentra en las zonas reguladas una reducción significativa de los anuncios de alquiler y un aumento de la competencia por cada vivienda disponible. En Cataluña, donde el control se aplica de forma generalizada desde marzo de 2024, el estudio estima una reducción de la oferta anunciada superior al 20%; en Barcelona, alrededor del 22%.

Es decir, el control puede beneficiar a quien consigue acceder o permanecer en una vivienda con una renta regulada, pero puede complicar el acceso de quienes están buscando una vivienda y se encuentran con una oferta más reducida.

Y aquí aparece una cuestión fundamental.

Si hay menos viviendas disponibles, aumenta la competencia entre quienes las buscan. El precio deja de ser el único mecanismo de ajuste y adquieren mayor importancia la solvencia, las garantías, la estabilidad laboral o, sencillamente, llegar antes que los demás.

El Banco de España también ha advertido de posibles efectos adversos de los controles de alquiler sobre la oferta, especialmente cuando se mantienen en el tiempo sin medidas eficaces para aumentarla.

Por tanto, el debate no debería limitarse a si se controla o no el alquiler, sino a qué efectos produce y para quién.

Porque una política puede aliviar la situación de determinados inquilinos y, al mismo tiempo, dificultar el acceso de otros.

Y si el problema de fondo es que faltan viviendas, parece difícil resolverlo únicamente interviniendo sobre el precio de las que ya existen.

¿Y EL GOBIERNO?

El artículo 47 de la Constitución encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna.

El Gobierno dispone de instrumentos que el propietario particular no tiene: suelo público, presupuesto, capacidad legislativa y empresas públicas.

Puede construir.

Puede rehabilitar.

Puede agilizar licencias.

Puede liberar suelo.

Puede promover vivienda protegida.

Puede crear ese gran parque público que durante años ha prometido.

Por eso resulta legítimo preguntarse si el esfuerzo realizado hasta ahora ha sido suficiente y si el equilibrio entre regulación y creación de nueva oferta es el adecuado.

El propietario particular también forma parte de la solución. Sus viviendas constituyen una parte importante de la oferta disponible y, por tanto, las políticas públicas deberían procurar que resulte razonablemente atractivo ponerlas en alquiler.

El propietario no decide la política migratoria. No decide cuánto suelo se libera. No concede licencias. No fija los costes de construcción. No redacta las leyes.

Y difícilmente puede recaer sobre él la responsabilidad principal de resolver un problema de dimensión nacional.

PROMESAS, CULPABLES Y NINGUNA SOLUCIÓN.

Sánchez prometió 183.000 viviendas.

Sumar prometió dos millones.

Ante esta situación, quizá sería conveniente que el debate dejara de centrarse tanto en buscar responsables y se concentrara en aumentar la oferta.

No se trata de enfrentar al propietario con el inquilino.

Ni al sector público con el privado.

Se trata de conseguir que haya suficientes viviendas para ambos.

Por eso la pregunta que deberían responder quienes gobiernan es bastante sencilla:

Si se cuestiona o se desincentiva a propietarios, ahorradores e inversores, mientras el Estado no construye al ritmo necesario las viviendas asequibles que se han prometido, ¿cómo se afronta el problema y quién aporta la oferta que falta?

Porque si necesitamos más viviendas, necesitamos que alguien las construya, las rehabilite o las ponga en el mercado.

Y eso exige algo más que declaraciones, controles o promesas.

Exige viviendas.

Luis Faraco Roldán.

MARICARMEN Y EL ÁTICO DE AYUSO: CUÁNDO TODO SIRVE PARA EL MISMO RELATO.

Lo de Maricarmen es un drama. Una mujer de 87 años, que llevaba más de setenta viviendo en la misma casa, ha sido desahuciada y ha tenido que salir de su vivienda en camilla. Es difícil no sentir compasión ante una situación así.

Pero una cosa es el drama humano y otra la utilización política del drama.

Porque con Maricarmen hemos asistido a un nuevo episodio de una estrategia que se repite desde que apareció en escena el llamado “ático de Ayuso”: cualquier acontecimiento parece una buena ocasión para volver a colocarlo en el centro del debate.

Ayer ocurrió de nuevo.

Mientras cientos de personas se concentraban frente al inmueble con el lema «El ático de Ayuso para Maricarmen», Pedro Sánchez, desde Nueva York, calificaba el desahucio de “tragedia social” y responsabilizaba políticamente a Ayuso y Almeida.

Y aquí es donde conviene hacer una pregunta muy sencilla:

¿Qué tiene que ver el ático de Ayuso con el desahucio de Maricarmen?

La respuesta parece bastante evidente: jurídicamente, nada.

La historia de Maricarmen comienza muchas décadas antes. El contrato de su vivienda se remonta a 1956, cuando estaba vigente la legislación de arrendamientos urbanos del franquismo, basada en la llamada renta antigua y en la prórroga forzosa.

Pero después llegaron las reformas.

En 1985, un Gobierno socialista aprobó el llamado Decreto Boyer, que eliminó la prórroga forzosa para los nuevos contratos, aunque mantuvo el régimen anterior para los que ya estaban vigentes.

Y en 1994, también bajo un Gobierno socialista, se aprobó la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, que estableció un régimen transitorio para aquellos contratos antiguos y limitó las subrogaciones. En determinados supuestos, cuando el nuevo titular era un hijo, el contrato quedaba extinguido a los dos años, con las excepciones previstas por la propia ley.

Es decir: sí, el origen del régimen de renta antigua está en una legislación de la época de Franco. Pero las dos grandes reformas que empezaron a poner fin a aquel sistema fueron aprobadas por gobiernos socialistas.

Según la información publicada sobre el caso, la madre de Maricarmen falleció en 2005 y la subrogación posterior acabó siendo objeto de litigio. El asunto llegó hasta el Tribunal Supremo, que terminó dando la razón a la propiedad.

Podemos discutir si la legislación es adecuada. Podemos discutir si una persona de 87 años debería disponer de una protección especial. Y podemos exigir a las administraciones que encuentren una solución habitacional digna para una persona vulnerable.

Todo eso es perfectamente legítimo.

Pero otra cosa es presentar el desahucio como si fuera consecuencia de la compra de un ático por la Comunidad de Madrid.

No lo es.

Si mañana la Comunidad de Madrid vendiera ese inmueble, la situación jurídica de Maricarmen seguiría siendo exactamente la misma.

Y aquí aparece otro elemento que conviene no olvidar: la propiedad privada.

Podemos considerar insuficiente la respuesta de las administraciones. Podemos pensar que la empresa propietaria debería haber aceptado alguna de las soluciones planteadas. Pero también hay que reconocer que existe un propietario y que los derechos de ese propietario están protegidos por la ley.

Si se considera injusta la legislación sobre determinados alquileres, cámbiese.

Si una anciana vulnerable necesita protección, proporciónesele.

Si faltan viviendas públicas, constrúyanse.

Pero no confundamos una cosa con otra.

Y hay un dato que resulta especialmente oportuno recordar hoy. Ayer mismo la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó las denuncias de tres particulares contra Ayuso por la compra del ático, al considerar que se basaban en “hipótesis elucubrativas” y que no aportaban datos suficientes para atribuirle una conducta delictiva. Ese archivo no afecta a otras actuaciones que siguen abiertas en Madrid, pero sí forma parte de la actualidad del asunto.

Y, prácticamente al mismo tiempo, el desahucio de Maricarmen volvía a utilizarse para colocar el ático en primer plano.

Quizá deberíamos empezar a separar las cosas.

Maricarmen merece solidaridad. Merece una solución digna. Merece que su drama no sea trivializado.

Pero su situación tiene una historia jurídica concreta y no empezó con Ayuso, ni con Almeida, ni con el famoso ático.

Y quizá esa sea precisamente la cuestión.

Cuando cualquier drama termina sirviendo para volver al mismo asunto, conviene preguntarse si estamos intentando resolver un problema o simplemente utilizando el problema para mantener vivo un relato político.

Luis Faraco Roldán.

CUANDO EL PODER SE ENFRENTA A LOS JUECES (II).

Cuando la presión política llega hasta el Supremo.

Hay algo que debería estar fuera de toda discusión en una democracia: las resoluciones de los tribunales pueden recurrirse, discutirse y criticarse, pero los jueces no deberían ser objeto de presión política para que cambien sus decisiones.

Y eso es precisamente lo que vuelve a estar sobre la mesa.

El PSOE ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas entre sus militantes para pedir al Tribunal Supremo que revoque la suspensión cautelar de los efectos electorales de determinadas inscripciones vinculadas a la llamada Ley de Nietos. Lo significativo no es que el PSOE discrepe de la decisión del Supremo. Está en su perfecto derecho. Lo significativo es el instrumento elegido: movilizar a sus bases para ejercer, en palabras del propio mensaje enviado por Ferraz, «la presión necesaria» sobre el tribunal.

El Tribunal Supremo no ha eliminado la nacionalidad de nadie. Tampoco ha dictado una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. Ha adoptado una medida cautelar mientras resuelve el procedimiento. Precisamente por eso, estamos ante una decisión susceptible de ser recurrida por las partes.

Y el Gobierno ya ha utilizado esa vía. La Abogacía del Estado ha recurrido la decisión del Supremo y el Ejecutivo ha expresado públicamente su discrepancia. Es perfectamente legítimo. Quien considera que una resolución judicial es incorrecta tiene derecho a recurrirla y a defender sus argumentos ante los tribunales.

El problema aparece cuando, además de utilizar los instrumentos jurídicos previstos por la ley, el partido que sostiene al Gobierno pone en marcha una campaña política cuyo objetivo declarado es ejercer presión sobre el mismo tribunal que debe resolver el asunto.

Porque el Supremo no tiene que escuchar al PSOE. Ni al PP. Ni a Vox. Ni a ninguna organización política. Tiene que escuchar a la ley y decidir conforme a Derecho.

Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con los argumentos del Tribunal Supremo. Se puede considerar excesiva su decisión cautelar. Se puede defender que no existe riesgo alguno para la transparencia electoral. Todo eso forma parte del legítimo debate democrático.

Pero hay una pregunta que merece hacerse:

¿Qué ocurriría si cada vez que una resolución judicial no gustara a un partido político este decidiera movilizar a miles de militantes para presionar públicamente al tribunal que debe resolverla?

¿Aceptaríamos ese comportamiento si el partido fuera otro y el Gobierno fuera distinto?

La independencia judicial no puede funcionar a conveniencia.

El derecho a manifestarse, protestar o recoger firmas está protegido en democracia. Nadie debería discutirlo. Pero cuando el objetivo expresamente anunciado de una campaña política es ejercer presión sobre un tribunal para que revoque una decisión judicial, resulta legítimo preguntarse por sus consecuencias institucionales.

Y esta cuestión adquiere todavía mayor importancia después de las duras críticas que hemos escuchado desde el Gobierno y desde algunos de sus socios contra determinados jueces que investigan asuntos relacionados con dirigentes socialistas o personas de su entorno.

Primero fueron las descalificaciones a determinados magistrados. Después, las acusaciones contra algunas investigaciones. Ahora, una campaña organizada para presionar al Supremo.

Los jueces pueden equivocarse. Naturalmente. Para eso existen los recursos, las apelaciones y los tribunales superiores.

Lo que no deberíamos normalizar es que, cuando una decisión judicial incomoda al poder político, la respuesta sea intentar modificarla mediante presión política.

La Justicia no necesita aplausos. Necesita independencia.

Y el poder político debería recordar que los jueces no están para darle la razón, sino para garantizar que todos, también quienes gobiernan, estén sometidos a la ley.

Hoy el afectado puede ser el PSOE. Mañana puede ser cualquier otro partido.

Por eso la defensa de la independencia judicial no debería ser patrimonio de ninguna ideología.

Porque cuando el poder empieza a presionar a los jueces, la cuestión ya no es quién tiene razón en un determinado procedimiento. La cuestión es quién decide en una democracia: la ley o el poder.

«La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho.»

— Ulpiano

Luis Faraco Roldán.

CUANDO EL PODER SE ENFRENTA A LOS JUECES. (I).

El caso Begoña Gómez y la creciente descalificación de quienes investigan al poder.

Hay una línea que una democracia no debería cruzar nunca: aquella que separa la legítima crítica a una resolución judicial del intento de deslegitimar al juez que la dicta.

Lo ocurrido en las últimas semanas obliga a mirar con preocupación esa frontera. No porque Begoña Gómez sea culpable —eso deberá decidirlo el tribunal—, sino porque el Gobierno y dirigentes del PSOE han reaccionado ante una decisión judicial como si el problema fuera que un juez se haya atrevido a investigar a la esposa del presidente.

El 21 de septiembre, el juez Juan Carlos Peinado decretó la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y contra su asesora, Cristina Álvarez, por malversación. La Fiscalía y las defensas solicitan la absolución, de modo que será el tribunal quien tenga que determinar finalmente si existe o no responsabilidad penal.

Hasta ahí, estamos ante el funcionamiento normal del Estado de Derecho: un juez investiga, las acusaciones sostienen sus posiciones, las defensas ejercen sus derechos y un tribunal juzga.

El problema empieza cuando el poder político convierte la actuación de un juez en un problema político.

Pedro Sánchez afirmó recientemente que Peinado «ha hecho mucho daño a la justicia» y que no será recordado por haber sido un juez imparcial. El ministro Félix Bolaños ha cuestionado públicamente la actuación del sistema judicial y, después de que el CGPJ archivara su queja contra Peinado, atribuyó esa decisión al «conservadurismo» o «corporativismo» del órgano de gobierno de los jueces.

Y la reacción posterior a la apertura del juicio ha sido todavía más contundente. Moncloa calificó la decisión de «injusta», «arbitraria» y parte de una supuesta «persecución judicial». El PSOE llegó a definir el auto como el «último servicio a la patria» del juez antes de su jubilación.

Óscar López, ministro del Gobierno, fue todavía más lejos al calificar la instrucción de «absolutamente inquisitorial», hablar de «cacería» y calificar el caso de «vergüenza desde el minuto uno».

Se puede discrepar de Peinado. Se puede recurrir una resolución. Se puede pedir el archivo de una causa. Se puede defender públicamente la inocencia de una persona. Todo eso forma parte de la democracia.

Lo que resulta mucho más preocupante es convertir sistemáticamente al juez en el problema.

Y esta cuestión no afecta únicamente al caso Begoña Gómez. En paralelo, otros procedimientos judiciales afectan al entorno socialista. En el llamado caso Leire Díez se investigan presuntas maniobras destinadas a obstaculizar causas que afectan al PSOE y al Gobierno; el juez ha investigado, entre otros, a la gerente del PSOE y a personas relacionadas con la trama.

Precisamente por eso la reacción ante los jueces debería ser la contraria: más respeto institucional, más transparencia y menos descalificación personal.

Los jueces no están para agradar al Gobierno, ni a la oposición, ni a los medios de comunicación. Su obligación es aplicar la ley. Y si una resolución es incorrecta, existen recursos y tribunales superiores para corregirla. De hecho, la Audiencia Provincial de Madrid ya ha corregido aspectos de la instrucción de Peinado y ha descartado algunos de los delitos inicialmente investigados.

Eso demuestra precisamente que los controles judiciales funcionan.

Una democracia madura no necesita jueces infalibles. Necesita jueces independientes y procedimientos capaces de corregir sus errores.

Y quienes gobiernan deberían ser los primeros interesados en preservar esa independencia.

Porque mañana puede ser otro Gobierno, otro partido y otro juez.

Cuando un poder político considera intolerable que los jueces investiguen a quienes están cerca del poder, el problema ya no es una determinada instrucción judicial. El problema es mucho más profundo: es la concepción misma del Estado de Derecho.

Los jueces no gobiernan España. Pero tampoco gobierna España quien pretende que los jueces solo sean respetados cuando sus decisiones resultan cómodas.

La Justicia no puede estar sometida al poder. Precisamente para eso existe.

«No hay libertad si el poder de juzgar no está separado del poder legislativo y del ejecutivo.»

— Montesquieu, El espíritu de las leyes.

Luis Faraco Roldán.

CEUTA: BUSCAR CULPABLES EN VEZ DE BUSCAR SOLUCIONES.

«Cuando un Gobierno dedica más esfuerzos a buscar culpables que a resolver los problemas, algo esencial está fallando: la responsabilidad.»

Lo ocurrido hoy en Ceuta debería obligar al Gobierno a hacer algo muy sencillo: explicar sus decisiones, asumir sus responsabilidades y buscar soluciones.

Sin embargo, la impresión que transmite el Ejecutivo es exactamente la contraria: parece empeñado en buscar culpables antes que soluciones.

Las imágenes que hemos visto son suficientemente elocuentes. Una avalancha de personas, en su inmensa mayoría hombres jóvenes, tratando de acceder al dispositivo instalado en el puerto; carreras, empujones, agentes desbordados, heridos y momentos de enorme tensión en una infraestructura especialmente sensible.

Y ante todo esto surge una pregunta elemental: ¿quién decidió que ese era el lugar adecuado para concentrar a cientos o miles de personas?

No fueron los policías que hoy estaban allí. No fueron los guardias civiles que tuvieron que contener las avalanchas. Ellos se limitaron a cumplir las órdenes recibidas.

La decisión política corresponde a quienes gobiernan.

Más aún cuando la utilización del espacio portuario no contaba con el respaldo de la Autoridad Portuaria y cuando los responsables de seguridad habían advertido de los riesgos que podía comportar utilizar una infraestructura de estas características para instalar un campamento de estas dimensiones.

La Audiencia Nacional decidió finalmente no mantener la medida cautelar que impedía la utilización del recinto. Es una decisión judicial que debe respetarse, naturalmente. Pero respetar una resolución judicial no significa que no podamos preguntarnos si la planificación política y operativa posterior fue la adecuada.

Porque hoy hemos visto las consecuencias de una operación que generó una situación extraordinariamente delicada.

Y aquí aparece una segunda cuestión que me preocupa todavía más.

En lugar de concentrar todos los esfuerzos en resolver el problema, el Gobierno parece haber abierto una batalla política contra el presidente de Ceuta, contra el Partido Popular y contra Vox.

Una cosa es discrepar políticamente con Juan Vivas, con el PP o con Vox. Otra muy distinta es convertir cualquier crítica a la actuación del Gobierno en una supuesta maniobra partidista.

Juan Vivas es el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Cuando plantea objeciones sobre una cuestión que afecta directamente a la seguridad de los ciudadanos que representa, el Gobierno debería responder con argumentos y soluciones, no con descalificaciones.

Lo mismo cabe decir de las críticas procedentes de algunos miembros del Ejecutivo, especialmente desde Sumar, contra la actuación de las fuerzas de seguridad.

Conviene recordar algo elemental: los policías y guardias civiles que hoy hemos visto en las imágenes no diseñaron la política migratoria del Gobierno. No decidieron instalar las carpas en el puerto. No establecieron las condiciones del operativo. No decidieron cuántas personas debían ser trasladadas ni cómo hacerlo.

Cumplieron órdenes.

Y cuando un Gobierno tiene que recurrir a sus fuerzas de seguridad para ejecutar una decisión política, resulta difícilmente comprensible que, después, algunos de sus propios miembros terminen poniendo el foco sobre esos mismos agentes.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado merecen algo más que convertirse en el blanco de las críticas cuando una decisión política genera problemas.

También deberíamos exigir información rigurosa sobre quiénes son las personas que están llegando, cuál es su situación jurídica, cuántos son menores, cuántos tienen derecho a protección internacional y cuántos han entrado irregularmente.

La composición mayoritariamente masculina de determinados grupos que estamos viendo merece una explicación basada en datos, no en prejuicios ni en consignas.

Pero hay algo que debería estar por encima de cualquier discusión partidista: la seguridad de Ceuta.

El puerto no es un espacio cualquiera. Es una infraestructura estratégica, esencial para las comunicaciones y el abastecimiento de la ciudad y sometida a especiales exigencias de seguridad.

Por eso resulta legítimo preguntarse qué habría ocurrido si la avalancha hubiese alcanzado zonas restringidas o si se hubiera producido un incidente de mayor gravedad.

No hace falta esperar a una tragedia para reconocer que una decisión puede haber sido mal planificada.

Un Gobierno responsable debería decirnos qué ha ocurrido hoy, qué ha fallado, qué medidas va a adoptar y cómo piensa impedir que vuelva a repetirse.

Eso es gobernar.

Buscar responsables políticos entre quienes denuncian los problemas puede ser útil para el relato partidista, pero no sirve para solucionar una crisis.

Ceuta necesita coordinación entre el Gobierno de España, la Ciudad Autónoma, la Autoridad Portuaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Necesita medios, planificación y una política migratoria clara. Y necesita que sus instituciones trabajen juntas, aunque estén gobernadas por partidos diferentes.

Porque al final hay una pregunta que el Gobierno no puede esquivar:

¿Quién va a asumir la responsabilidad de las decisiones que han conducido hasta aquí?

En democracia, cuando una decisión propia genera problemas, un Gobierno responsable no busca desesperadamente a quién culpar.

Explica. Corrige. Asume. Y busca soluciones.

Ceuta no necesita una guerra política más.

Necesita que el Gobierno gobierne.

Luis Faraco Roldán.

SÁNCHEZ Y LA GEOMETRÍA VARIABLE DEL DERECHO INTERNACIONAL.

 

Trump, Israel, Palestina, Marruecos y el Sáhara: cuando los principios parecen depender de quién esté al otro lado de la mesa.

«La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes».

— Martin Luther King Jr., Carta desde la cárcel de Birmingham, 1963.

TRUMP NO. ISRAEL TAMPOCO.

Hay una palabra que Pedro Sánchez utiliza con frecuencia cuando habla de política internacional: principios.

Derecho internacional, derechos humanos, Naciones Unidas y orden internacional basado en reglas forman parte habitual del discurso del Gobierno.

Con Donald Trump, las discrepancias españolas han sido públicas. Con Israel, todavía más. España reconoció el Estado de Palestina en mayo de 2024 y el Gobierno ha convertido la defensa de la causa palestina en uno de los elementos más visibles de su política exterior.

Todo ello puede defenderse desde una determinada concepción de las relaciones internacionales.

Pero entonces aparece una pregunta incómoda:

¿Se aplican esos mismos principios cuando al otro lado de la mesa está Marruecos?

PALESTINA SÍ. SÁHARA, ¿POR QUÉ NO?

El Sáhara Occidental constituye uno de los ejemplos más difíciles de encajar.

En 2022, Sánchez defendió que la propuesta marroquí de autonomía era «la base más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto, aunque reiteró que la solución debía producirse dentro del marco de Naciones Unidas y ser aceptada por las partes.

No es correcto afirmar que España haya abandonado formalmente el marco de Naciones Unidas. Pero sí es legítimo preguntar por qué el lenguaje empleado respecto del Sáhara resulta diferente del utilizado ante otros conflictos.

Si el derecho internacional es un principio, debería serlo independientemente de quién sea nuestro aliado.

Y ahora el Congreso ha vuelto a colocar la cuestión saharaui en el centro del debate al tramitar una ley destinada a reconocer la nacionalidad española a determinados saharauis nacidos durante la administración española y a sus descendientes.

La paradoja resulta difícil de ignorar.

No se puede ser internacionalista a la carta.

CEUTA: CUANDO LA FRONTERA LLAMA A LA PUERTA.

La entrada masiva de finales de julio convirtió una cuestión migratoria en un asunto de seguridad nacional, relaciones bilaterales y, finalmente, dimensión europea.

El Parlamento Europeo tiene prevista para el 17 de septiembre una votación sobre una resolución cuyo propio título habla de «ataques híbridos» e «instrumentalización de migrantes» en Ceuta y reclama una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea.

La terminología importa.

Y mientras Bruselas prepara el debate, Marruecos ha decidido jugar su propia partida.

El 14 de septiembre, la Misión de Marruecos ante la Unión Europea y la OTAN envió selectivamente a eurodiputados españoles una carta defendiendo la posición de Rabat sobre la crisis. Según Europa Press, la recibieron representantes del PSOE, PNV y ERC, mientras no llegó a miembros de PP, Vox, Sumar, Compromís, Podemos o BNG.

No hay pruebas de que esa carta haya comprado voluntades ni condicionado un voto.

Pero sí existe un hecho documentado:

Rabat está haciendo diplomacia activa para defender su relato ante las instituciones europeas.

Mientras tanto, España tendrá que explicar ante sus socios qué ocurrió en una de sus fronteras exteriores.

LA AMENAZA HÍBRIDA NO ERA CIENCIA FICCIÓN.

Hay otro dato que merece atención.

En 2025, el Curso Internacional de Defensa de Jaca, organizado por la Academia General Militar y la Universidad de Zaragoza, dedicó una edición a la «Amenaza híbrida: la guerra imprevisible».

La documentación oficial explica que una amenaza híbrida puede combinar armas convencionales, tácticas irregulares, terrorismo, delincuencia e información y desinformación para alcanzar objetivos políticos. También señala que estas estrategias buscan explotar las debilidades del adversario y actuar sobre la percepción, los relatos y la opinión pública.

Esto no demuestra que Marruecos organizara la crisis de Ceuta. Tampoco que aquel curso predijera lo sucedido.

Pero demuestra que el uso combinado de instrumentos de presión y manipulación informativa ya formaba parte del análisis español de seguridad.

Y los documentos desclasificados posteriormente han revelado que el CNI alertó antes de la entrada masiva sobre convocatorias en redes para cruzar por mar y por tierra. El Gobierno sostiene que aquellas comunicaciones no permitían anticipar la magnitud extraordinaria de lo que finalmente ocurrió.

Son hechos que exigen explicación, no consignas.

HASTA LOS SOCIALISTAS MARROQUÍES HABLAN DE DESESTABILIZACIÓN.

Hay un episodio todavía más llamativo.

Nabila Mounib, diputada y dirigente del Partido Socialista Unificado marroquí, planteó públicamente que George Soros y organizaciones vinculadas a él podían estar detrás de movimientos destinados a aprovechar el malestar de poblaciones empobrecidas, llegando a relacionar esas hipótesis con la crisis de Ceuta.

Resulta significativo que una dirigente socialista marroquí introdujera en el debate público la hipótesis de utilizar el malestar social y los movimientos migratorios como instrumentos de desestabilización.

No demuestra coordinación ni autoría. Sí demuestra que la instrumentalización de la migración forma parte del debate político generado por la propia crisis.

LA IZQUIERDA ANTE SU PROPIO ESPEJO.

Aquí aparece una cuestión especialmente incómoda para la izquierda española.

Durante décadas ha convertido los derechos humanos, la solidaridad internacional y la defensa de los pueblos vulnerables en una de sus principales señas de identidad.

Pero gobernar implica asumir responsabilidades cuando esos principios chocan con los intereses estratégicos del Estado.

No basta con criticar determinadas actuaciones de Marruecos y regresar después al Gobierno.

La discrepancia que nunca pone en riesgo el poder corre el riesgo de convertirse en escenificación.

Y la cuestión saharaui vuelve a aparecer como una prueba incómoda.

Si se exige respeto al derecho internacional frente a Israel, ¿por qué cambia el lenguaje cuando hablamos del Sáhara?

Si se denuncia la instrumentalización política de los conflictos internacionales, ¿por qué cuesta tanto admitir que la migración también puede ser utilizada como instrumento de presión?

Y si Europa considera suficientemente seria la hipótesis de la instrumentalización de migrantes como para debatirla mañana en su Parlamento, ¿por qué en España cualquier advertencia sobre esa posibilidad se convierte inmediatamente en una batalla partidista?

LA PRUEBA DE LOS PRINCIPIOS.

España necesita una relación estable con Marruecos. La cooperación económica, policial, migratoria y de seguridad es importante.

Precisamente por eso conviene hablar claro.

Una relación estratégica no puede significar que determinadas preguntas dejen de formularse. Una alianza tampoco puede convertir cualquier discrepancia en un asunto que deba ocultarse.

Los principios solo demuestran su valor cuando aplicarlos tiene un coste.

Martin Luther King lo expresó de forma difícil de mejorar:

«La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes».

La frase no pierde valor porque el escenario sea Rabat, Gaza, Jerusalén, Washington o el Sáhara.

Al contrario.

Es precisamente cuando cambia el interlocutor cuando se comprueba si los principios son realmente principios o simplemente instrumentos de la política exterior.

Y esa es la pregunta que Ceuta ha puesto ahora sobre la mesa:

¿Tiene España una política exterior basada en principios o una política exterior basada en excepciones?

La respuesta no debería depender de quién esté al otro lado de la frontera.

Luis Faraco Roldán.

SI EL GOBIERNO ESTÁ SEGURO DE LA LEGALIDAD DE LA LEY DE NIETOS, ¿POR QUÉ ESTÁ TAN NERVIOSO Y AGRESIVO CON EL SUPREMO?

El Tribunal Supremo no está retirando nacionalidades: está pidiendo saber cuántos nuevos electores llegaron al CERA acreditando el exilio y cuántos lo hicieron al amparo de la presunción introducida por Justicia en 2022

Hay preguntas que un Gobierno debería agradecer.

Sobre todo cuando la respuesta puede demostrar que ha actuado correctamente.

Una de ellas es la que ahora plantea el Tribunal Supremo respecto de la llamada Ley de Nietos: ¿cuántas personas han entrado en el censo electoral exterior como consecuencia de esta norma y, sobre todo, cuántas lo hicieron acreditando efectivamente su condición de descendientes de exiliados y cuántas se beneficiaron de la presunción establecida posteriormente por el Ministerio de Justicia?

No es una pregunta menor.

La Junta Electoral Central ya ha acordado ejecutar las medidas cautelares dictadas por el Supremo y ha solicitado información a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares para verificar el vínculo con el exilio de quienes obtuvieron la nacionalidad por esta vía.

Y aquí está la cuestión que conviene explicar con claridad.

El Supremo no está anulando la nacionalidad española de nadie.

Está suspendiendo cautelarmente determinados efectos electorales mientras examina si la aplicación administrativa de la norma se ajustó a la ley. Quienes acrediten su condición de descendientes de españoles exiliados quedan fuera de esa suspensión.

Entonces, ¿qué es exactamente lo que quiere comprobar el Supremo?

La respuesta está en el propio origen de la polémica.

La disposición adicional octava de la Ley 20/2022 estableció que podían optar a la nacionalidad determinados descendientes de españoles de origen cuyos padres o abuelos hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual y, como consecuencia del exilio, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.

Pero apenas unos días después de la entrada en vigor de la ley, el Ministerio de Justicia aprobó una instrucción para desarrollar su aplicación.

Y ahí aparece el elemento esencial de esta historia.

La instrucción estableció que se presumiría la condición de exiliado de quienes hubieran salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, siempre que se acreditara documentalmente la salida.

No estamos diciendo que aquella interpretación sea ilegal. Eso tendrá que determinarlo la Justicia.

Pero sí estamos ante una diferencia interpretativa sustancial: la ley hablaba de exilio y la instrucción estableció una presunción de exilio para quienes hubieran salido de España durante un determinado periodo.

Y ahora el Supremo quiere conocer las consecuencias que tuvo aquella interpretación.

Y LAS CIFRAS SON ENORMES.

Más de 400.000 españoles han obtenido la nacionalidad a través de esta vía, según los datos difundidos en relación con el procedimiento judicial. A 31 de mayo de 2026, más de 333.000 ya figuraban inscritos en el CERA por esta vía.

Estamos hablando, por tanto, de una transformación de enorme dimensión del censo electoral exterior.

Y precisamente por eso el Supremo quiere saber quiénes son, cómo obtuvieron la nacionalidad y bajo qué supuesto fueron incorporados al censo.

La Junta Electoral Central ha comenzado ya a ejecutar ese mandato.

No está haciendo política. Está cumpliendo una resolución judicial.

¿POR QUÉ TANTA AGRESIVIDAD?

Aquí es donde la cuestión jurídica se convierte en cuestión política.

Porque la respuesta del Gobierno no se ha limitado a defender jurídicamente su interpretación de la ley.

El ministro Óscar López calificó el auto del Supremo de «salvajada» y «atropello democrático» y acusó a determinados jueces de actuar como «salvapatrias» y de estar empeñados en «tumbar al Gobierno».

Y entonces surge inevitablemente la pregunta:

Si el Gobierno está convencido de que la aplicación de la Ley de Nietos fue absolutamente legal, ¿qué debería temer de que el Tribunal Supremo quiera conocer los datos?

Si los datos demuestran que todos los nuevos electores cumplen los requisitos legales, esos mismos datos serán la mejor defensa del Gobierno.

Si la instrucción de 2022 fue una interpretación legítima de la voluntad del legislador, que se demuestre.

Si quienes obtuvieron la nacionalidad mediante aquella presunción reunían los requisitos exigidos, que se acredite.

Si el extraordinario crecimiento del CERA responde exclusivamente a ciudadanos que tenían derecho a incorporarse al censo, que se explique.

¿Dónde está entonces el problema de que el Supremo quiera comprobarlo?

Porque el Supremo no ha pedido al Gobierno que reconozca ninguna ilegalidad.

Ha pedido datos.

Y los datos, en democracia, no deberían ser peligrosos para nadie.

LA PREGUNTA INCÓMODA.

Hay además un antecedente que no podemos olvidar.

En octubre de 2022, apenas cinco días después de publicarse la primera instrucción sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, Justicia aprobó una segunda instrucción que desarrolló una interpretación más amplia de sus supuestos.

Aquello ya provocó desconcierto en algunos registros civiles, como documentó entonces ABC.

Cuatro años después, el Supremo quiere saber qué efectos tuvo aquella interpretación sobre el censo electoral exterior.

La JEC ya ha puesto en marcha el procedimiento para averiguarlo.

Y mientras tanto, desde el Gobierno se lanzan durísimas descalificaciones contra el tribunal.

Por eso la pregunta que da título a este artículo no es una acusación.

Es una pregunta.

Si el Gobierno está tan seguro de la legalidad de todas sus actuaciones en la Ley de Nietos, ¿por qué está tan nervioso y agresivo con las investigaciones del Tribunal Supremo?

Que hablen los datos.

Que se conozca cuántos son.

Que se sepa cómo obtuvieron la nacionalidad.

Que se determine cuántos fueron incorporados al CERA.

Que se compruebe bajo qué supuesto accedieron a ella.

Y que finalmente sean los tribunales quienes digan si la Administración actuó conforme a la ley.

Como escribió Antonio Machado:

«¿Tu verdad? No, la Verdad.

Y ven conmigo a buscarla.

La tuya, guárdatela.»

Quizá eso sea exactamente lo que necesitamos ahora: menos consignas y más datos; menos descalificaciones y más verdad.

Porque en un Estado de Derecho, un Gobierno no debería temer que un tribunal revise sus actuaciones.

Y mucho menos debería convertir esa revisión en una guerra contra los jueces.

Si todo se hizo legalmente, la investigación del Supremo no debería ser una amenaza para el Gobierno. Debería ser su mejor oportunidad para demostrar que tenía razón.

Y si alguien tiene miedo de que se conozcan los datos, quizá la pregunta no sea qué está haciendo el Supremo, sino qué pueden terminar demostrando esos datos.

Luis Faraco Roldán