«Cuando un Gobierno dedica más esfuerzos a buscar culpables que a resolver los problemas, algo esencial está fallando: la responsabilidad.»
Lo ocurrido hoy en Ceuta debería obligar al Gobierno a hacer algo muy sencillo: explicar sus decisiones, asumir sus responsabilidades y buscar soluciones.
Sin embargo, la impresión que transmite el Ejecutivo es exactamente la contraria: parece empeñado en buscar culpables antes que soluciones.
Las imágenes que hemos visto son suficientemente elocuentes. Una avalancha de personas, en su inmensa mayoría hombres jóvenes, tratando de acceder al dispositivo instalado en el puerto; carreras, empujones, agentes desbordados, heridos y momentos de enorme tensión en una infraestructura especialmente sensible.
Y ante todo esto surge una pregunta elemental: ¿quién decidió que ese era el lugar adecuado para concentrar a cientos o miles de personas?
No fueron los policías que hoy estaban allí. No fueron los guardias civiles que tuvieron que contener las avalanchas. Ellos se limitaron a cumplir las órdenes recibidas.
La decisión política corresponde a quienes gobiernan.
Más aún cuando la utilización del espacio portuario no contaba con el respaldo de la Autoridad Portuaria y cuando los responsables de seguridad habían advertido de los riesgos que podía comportar utilizar una infraestructura de estas características para instalar un campamento de estas dimensiones.
La Audiencia Nacional decidió finalmente no mantener la medida cautelar que impedía la utilización del recinto. Es una decisión judicial que debe respetarse, naturalmente. Pero respetar una resolución judicial no significa que no podamos preguntarnos si la planificación política y operativa posterior fue la adecuada.
Porque hoy hemos visto las consecuencias de una operación que generó una situación extraordinariamente delicada.
Y aquí aparece una segunda cuestión que me preocupa todavía más.
En lugar de concentrar todos los esfuerzos en resolver el problema, el Gobierno parece haber abierto una batalla política contra el presidente de Ceuta, contra el Partido Popular y contra Vox.
Una cosa es discrepar políticamente con Juan Vivas, con el PP o con Vox. Otra muy distinta es convertir cualquier crítica a la actuación del Gobierno en una supuesta maniobra partidista.
Juan Vivas es el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Cuando plantea objeciones sobre una cuestión que afecta directamente a la seguridad de los ciudadanos que representa, el Gobierno debería responder con argumentos y soluciones, no con descalificaciones.
Lo mismo cabe decir de las críticas procedentes de algunos miembros del Ejecutivo, especialmente desde Sumar, contra la actuación de las fuerzas de seguridad.
Conviene recordar algo elemental: los policías y guardias civiles que hoy hemos visto en las imágenes no diseñaron la política migratoria del Gobierno. No decidieron instalar las carpas en el puerto. No establecieron las condiciones del operativo. No decidieron cuántas personas debían ser trasladadas ni cómo hacerlo.
Cumplieron órdenes.
Y cuando un Gobierno tiene que recurrir a sus fuerzas de seguridad para ejecutar una decisión política, resulta difícilmente comprensible que, después, algunos de sus propios miembros terminen poniendo el foco sobre esos mismos agentes.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado merecen algo más que convertirse en el blanco de las críticas cuando una decisión política genera problemas.
También deberíamos exigir información rigurosa sobre quiénes son las personas que están llegando, cuál es su situación jurídica, cuántos son menores, cuántos tienen derecho a protección internacional y cuántos han entrado irregularmente.
La composición mayoritariamente masculina de determinados grupos que estamos viendo merece una explicación basada en datos, no en prejuicios ni en consignas.
Pero hay algo que debería estar por encima de cualquier discusión partidista: la seguridad de Ceuta.
El puerto no es un espacio cualquiera. Es una infraestructura estratégica, esencial para las comunicaciones y el abastecimiento de la ciudad y sometida a especiales exigencias de seguridad.
Por eso resulta legítimo preguntarse qué habría ocurrido si la avalancha hubiese alcanzado zonas restringidas o si se hubiera producido un incidente de mayor gravedad.
No hace falta esperar a una tragedia para reconocer que una decisión puede haber sido mal planificada.
Un Gobierno responsable debería decirnos qué ha ocurrido hoy, qué ha fallado, qué medidas va a adoptar y cómo piensa impedir que vuelva a repetirse.
Eso es gobernar.
Buscar responsables políticos entre quienes denuncian los problemas puede ser útil para el relato partidista, pero no sirve para solucionar una crisis.
Ceuta necesita coordinación entre el Gobierno de España, la Ciudad Autónoma, la Autoridad Portuaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Necesita medios, planificación y una política migratoria clara. Y necesita que sus instituciones trabajen juntas, aunque estén gobernadas por partidos diferentes.
Porque al final hay una pregunta que el Gobierno no puede esquivar:
¿Quién va a asumir la responsabilidad de las decisiones que han conducido hasta aquí?
En democracia, cuando una decisión propia genera problemas, un Gobierno responsable no busca desesperadamente a quién culpar.
Explica. Corrige. Asume. Y busca soluciones.
Ceuta no necesita una guerra política más.
Necesita que el Gobierno gobierne.
Luis Faraco Roldán.
