EL GOBIERNO CONTRA EL GOBIERNO.

Hay escenas que parecen escritas por un guionista empeñado en llevar el esperpento político hasta sus últimas consecuencias.

Una vicepresidenta del Gobierno alentando a los ciudadanos que acampan en la Puerta del Sol a mantener e intensificar la presión para exigir a su propio Gobierno un decreto de vivienda más contundente.

Pero no es una exageración. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha reclamado que el decreto que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el martes «meta mano» a los fondos de inversión y ha dado la bienvenida a la acampada de Sol, animando a sus participantes a movilizarse «mucho y más». También ha advertido de que Sumar no aceptará cualquier decreto. 

La imagen resulta difícil de mejorar: una parte del Gobierno presionando públicamente a otra parte del Gobierno.

Hay una vieja frase atribuida a John Galsworthy que dice: «Sólo hay una regla para todos los políticos del mundo: no digas en el poder lo que decías en la oposición».

Yolanda Díaz parece haber encontrado la excepción: estar en el poder y hablar desde la oposición.

Porque la cuestión ya no es solamente la protesta de Sol. Lo ocurrido durante este fin de semana ha revelado una pugna mucho más profunda dentro del espacio político que sostiene a Sánchez.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas ha advertido de que, si el martes no sale adelante el decreto en los términos que reclaman, se abrirá una «crisis política muy grande». Y Podemos ha pasado también a la ofensiva. Ione Belarra e Irene Montero han respaldado la acampada y han anunciado un «otoño de movilizaciones que puede cambiarlo todo», reclamando ir «mucho más lejos de lo que quiere el Gobierno». 

Ya no estamos, por tanto, ante una protesta que los partidos observan desde fuera.

Los partidos han entrado en ella.

Y aquí aparece la verdadera batalla: quién representa a la izquierda.

Podemos necesita recuperar el terreno perdido. Sumar necesita consolidar su propio espacio. Y el PSOE necesita conservar una parte importante del electorado situado a su izquierda. Todos compiten, con distintas estrategias, por una zona electoral en la que cada voto puede resultar decisivo.

La vivienda ofrece un terreno extraordinariamente fértil para esa disputa.

No hace falta afirmar que Podemos o Sumar hayan organizado la acampada. Basta con observar lo que está ocurriendo: una reivindicación social ha adquirido una dimensión política, y las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE están intentando convertir esa protesta en una palanca para presionar al Ejecutivo. Podemos, de hecho, ha rechazado las negociaciones del Gobierno con Junts sobre el decreto y ha anunciado que seguirá presionando desde la calle. 

Yolanda Díaz se encuentra en una posición todavía más singular. No habla desde la oposición: forma parte del Consejo de Ministros que tendrá que aprobar el decreto.

Su mensaje, por tanto, tiene una doble lectura. Por un lado, expresa una discrepancia legítima dentro de una coalición. Por otro, transmite a la calle que debe seguir presionando al propio Ejecutivo del que ella forma parte.

Eso coloca a Pedro Sánchez ante un dilema incómodo.

Si el Gobierno aprueba un decreto que satisface ampliamente las exigencias de sus socios y de las organizaciones movilizadas, estos podrán presentar la presión de la calle como un factor decisivo. Si el decreto se queda corto, la protesta tendrá un nuevo argumento para continuar.

Y mientras tanto, Sánchez tiene que negociar con sus socios, con Junts y con el resto de los grupos parlamentarios, intentando evitar que cada concesión se convierta en una derrota política.

Pero hay otra cuestión que no deberíamos perder de vista: el calendario.

Para el presidente, cada semana de legislatura es tiempo para gobernar. Para sus competidores de la izquierda, también puede ser tiempo para reorganizarse, recuperar presencia pública y reconstruir una estructura política que en los últimos años ha perdido buena parte de su fuerza.

Por eso Sol importa más de lo que pueda parecer.

La cuestión no es únicamente el decreto de vivienda. Es si esta protesta consigue mantenerse, extenderse y convertirse en un movimiento capaz de devolver protagonismo a quienes necesitan recuperar espacio frente al PSOE.

Y aquí aparece la paradoja.

Sánchez necesita que sus socios de izquierda permanezcan dentro de su mayoría parlamentaria. Pero esos mismos socios necesitan demostrar ante su electorado que son capaces de presionar a Sánchez.

Necesita gobernar con ellos y, al mismo tiempo, competir con ellos.

Ahí está el verdadero problema.

La derecha intenta desgastar al Gobierno desde fuera. La izquierda alternativa intenta recuperar terreno desde dentro y desde la calle.

Y el presidente queda atrapado entre ambas presiones.

Ayer hablábamos de los fantasmas del 15-M.

Hoy la cuestión es distinta.

Ya no se trata solamente de quién ocupa la Puerta del Sol.

Se trata de quién consigue ocupar el espacio político que hay detrás de ella.

Luis Faraco Roldán.

PUERTA DEL SOL: LOS FANTASMAS HAN VUELTO.

«Los espíritus del pasado» vuelven a ocupar la Puerta del Sol. Quince años después del 15-M, las tiendas de campaña han regresado al corazón de Madrid. ¿Estamos ante una protesta más o ante el intento de reconstruir un movimiento político que necesita volver a encontrar su espacio?

Hay imágenes que tienen memoria. La Puerta del Sol llena de tiendas de campaña vuelve a traer a la memoria colectiva aquella primavera de 2011 en la que el 15-M convirtió esta plaza en el epicentro de una protesta que terminó alterando profundamente el mapa político español.

Quince años después, los fantasmas vuelven a Sol.

Esta vez el detonante ha sido el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, y la protesta contra la situación de la vivienda. La manifestación del sábado desembocó en una acampada que ha continuado durante la madrugada. Centenares de personas han permanecido en la plaza, donde se instalaron tiendas de campaña. 

Pero hay una frase que convierte esta protesta en algo políticamente más interesante: «O cae el rentismo, o cae el Gobierno». No es una interpretación propia. Es el lema con el que el Sindicato de Inquilinas llamó a permanecer en Sol. 

La propia organización ha dejado claro que no considera que esto termine con una manifestación de un día. La acampada continúa y sus convocantes pretenden mantener la presión para que el Gobierno adopte nuevas medidas en materia de vivienda.

Aquí es donde empieza la verdadera cuestión política.

La izquierda alternativa lleva tiempo buscando cómo recuperar un espacio que el PSOE de Pedro Sánchez ha ocupado en buena medida. Podemos, Sumar y otras organizaciones situadas a la izquierda de los socialistas necesitan diferenciarse para mantener una identidad política propia. Y la vivienda ofrece un terreno especialmente fértil para esa reconstrucción.

No hace falta afirmar que exista una conspiración perfectamente organizada detrás de la acampada. Tampoco que todos los participantes respondan a una estrategia partidista. Lo que sí puede observarse es que una reivindicación concreta ha adquirido rápidamente una dimensión política más amplia: se reclama un cambio de modelo de vivienda y se dirige una presión explícita contra el Gobierno.

Eso ya ocurrió, con otras circunstancias, en 2011.

El 15-M tampoco nació como una operación electoral convencional. Pero aquella movilización terminó generando un nuevo espacio político y contribuyó a transformar la relación entre la calle y las instituciones. Ahora, en la misma plaza, vuelve a aparecer una fórmula conocida: protesta, acampada, consignas y presión política.

Karl Marx escribió en El 18 Brumario de Luis Bonaparte que, en determinadas épocas de crisis, los protagonistas «conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado», tomando prestados sus nombres, sus consignas y sus ropajes.

Quizá Sol esté haciendo precisamente eso.

Pero el momento merece también atención.

El Gobierno llega a este otoño sometido a una fuerte presión política por distintos frentes. La crisis de Ceuta y los distintos casos judiciales y acusaciones de corrupción que afectan al entorno del Ejecutivo han aumentado el desgaste político de Sánchez. En ese contexto, la izquierda que teme perder todavía más espacio tiene un incentivo evidente para intentar recuperar iniciativa, presencia pública y capacidad de movilización.

La vivienda puede ser su oportunidad.

Y aquí aparece el problema del calendario para Sánchez.

Cuanto más tiempo permanezca abierto el escenario político, mayor será el margen para que sus competidores a la izquierda reconstruyan organizaciones, liderazgo, discurso y presencia en la calle. Una protesta que hoy tiene como símbolo a Maricarmen puede convertirse mañana en una plataforma mucho más amplia contra la política de vivienda del Gobierno.

Además, el Ejecutivo tiene previsto abordar esta semana nuevas medidas sobre vivienda. La acampada llega, por tanto, justo cuando el Gobierno debe responder políticamente a una movilización que ya le exige resultados.

Sánchez se encuentra así ante una doble presión. A su derecha tiene una oposición que pretende desgastarlo; a su izquierda, unas fuerzas que necesitan recuperar el espacio que el PSOE les ha ido ocupando.

Y cuanto más tiempo pase, más oportunidades tendrán estas últimas para reorganizarse.

Por eso la cuestión no es únicamente qué ocurrirá en Sol.

La verdadera pregunta es cuánto tiempo tendrá esta movilización para crecer, organizarse y encontrar un relato político propio.

En 2011 nadie sabía, cuando aparecieron las primeras tiendas, hasta dónde llegaría aquello.

Ahora tampoco.

Pero los fantasmas tienen memoria.

Y esta vez han vuelto a la Puerta del Sol.

Luis Faraco Roldán.

LA LEY DE NIETOS: CUÁNDO UNA PRESUNCIÓN SE CONVIERTE EN UNA BATALLA DE PODER.

«Para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder.»

Montesquieu

La polémica sobre la llamada Ley de Nietos ha dejado de ser una cuestión meramente administrativa. Hoy afecta directamente a la nacionalidad española, al censo electoral, al derecho de sufragio y, sobre todo, a la relación entre el poder político y el Poder Judicial.

La Ley 20/2022 establece determinadas vías para que descendientes de españoles puedan adquirir la nacionalidad. Entre ellas figura la de quienes acrediten que sus padres o abuelos fueron originariamente españoles y, en determinados supuestos, que tuvieron que exiliarse por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual.

Hasta aquí, ninguna controversia.

El problema aparece al analizar cómo se desarrolló administrativamente esa previsión.

La Instrucción de 25 de octubre de 2022 estableció que se presumiría la condición de exiliado respecto de quienes hubieran salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, siempre que acreditasen documentalmente esa salida.

Y aquí aparece la cuestión fundamental: ¿demuestra la salida de España durante un determinado periodo histórico la causa por la que una persona abandonó el país?

Demuestra que salió. Pero no necesariamente por qué salió.

España vivió durante esos años una guerra civil, una posguerra, una dictadura y también importantes movimientos migratorios. Hubo exiliados políticos, pero también emigrantes económicos, personas que se trasladaron por razones familiares y ciudadanos que abandonaron el país por circunstancias diversas.

Confundir esos conceptos puede tener consecuencias enormes.

Una cosa es utilizar una presunción para facilitar una prueba y otra muy distinta convertirla en sustituto de la prueba del requisito esencial que exige la ley.

Sería como afirmar que una persona que tuvo entre 18 y 25 años durante un determinado periodo debe ser considerada universitaria. La edad demuestra la edad; no demuestra que haya cursado una carrera. Del mismo modo, haber salido de España entre 1936 y 1955 demuestra la salida, pero no acredita por sí mismo que aquella salida obedeciera a un exilio político.

Y no hablamos de una cuestión burocrática menor. Hablamos de la adquisición de la nacionalidad española y, posteriormente, de la inscripción en el censo electoral y del ejercicio del derecho de sufragio.

La magnitud tampoco es menor. La propia Abogacía del Estado ha reconocido que 168.896 personas accedieron a la nacionalidad mediante esta vía basada en la presunción de exilio.

Eso no significa que esas personas sean falsos exiliados ni que hayan obtenido indebidamente la nacionalidad. Pero sí demuestra la dimensión extraordinaria de una cuestión que ahora se encuentra sometida a controversia jurídica.

Y entonces interviene el Tribunal Supremo.

El Alto Tribunal ha cuestionado cautelarmente los efectos de esta interpretación administrativa sobre el censo electoral, al considerar que existía un riesgo que justificaba adoptar medidas mientras se resuelve el fondo del asunto.

Las críticas desde el Gobierno fueron inmediatas y contundentes.

Óscar López calificó la decisión del Supremo de «salvajada» y «atropello democrático» y afirmó que existen jueces que actúan como «salvapatrias» y pretenden «derrocar al Gobierno».

Óscar Puente, por su parte, acusó a algunos jueces de «hacer política» y de «querer gobernar el país por detrás». En relación con la Ley de Nietos llegó a calificar de «inexplicable» la suspensión cautelar del derecho de voto.

Félix Bolaños también expresó públicamente el desacuerdo del Gobierno con la decisión del Supremo.

Pero la reacción no se quedó en las declaraciones públicas.

El secretario general del Partido Comunista y diputado de Sumar, Enrique Santiago, decidió ir un paso más allá.

Registró una enmienda en una ley orgánica de Educación para intentar elevar a rango de ley la presunción establecida en la Instrucción de 2022 y dejar sin efecto las consecuencias de la decisión cautelar del Supremo.

Una cuestión que afecta directamente a la nacionalidad y al derecho de sufragio pretendía introducirse así en una norma cuyo objeto nada tiene que ver con ella.

Y aquí es donde la cuestión deja de ser simplemente jurídica.

Porque si se considera necesario modificar la Ley de Memoria Democrática para garantizar que esa presunción tenga rango legal, lo razonable sería presentar una reforma específica, explicar públicamente su contenido y someterla al debate parlamentario correspondiente.

Lo que resulta difícil de entender es que, justo cuando el Tribunal Supremo está examinando la legalidad de aquella interpretación, se intente blindarla mediante una enmienda introducida en otra ley.

Y no parece tratarse de una iniciativa aislada. Santiago anunció posteriormente que Sumar estaba dispuesto a utilizar cualquier otra ley orgánica en tramitación para conseguir ese objetivo si la enmienda no prosperaba en la Ley de Educación.

No es una cuestión menor. Es una cuestión de procedimiento, de transparencia y de respeto a las reglas del juego democrático.

Los gobiernos gobiernan. Las Cortes legislan. Los jueces juzgan.

Y ninguno de los tres poderes debería pretender ocupar el espacio del otro.

La cuestión de fondo es sencilla: ¿puede una presunción histórica general convertirse en prueba suficiente para adquirir la nacionalidad y ejercer posteriormente el derecho de sufragio?

Y, sobre todo:

¿puede el poder político intentar blindar esa interpretación precisamente cuando los tribunales están examinando su legalidad?

La respuesta no corresponde al Gobierno.

Tampoco a Sumar.

Ni al Partido Comunista.

Corresponde a la ley y, en última instancia, a los tribunales.

Porque eso, precisamente eso, es el Estado de Derecho.

Luis Faraco Roldán.

LA VIVIENDA: PROMESAS, CULPABLES Y NINGUNA SOLUCIÓN.

 

Prometieron 183.000 viviendas. Sumar llegó a prometer dos millones. Tres años después, el déficit sigue siendo muy elevado y el propietario privado parece haber adquirido un protagonismo que difícilmente debería corresponderle en la solución de un problema de esta magnitud.

Hay una frase atribuida a Henry Ford que dice: «No busques culpables, busca soluciones».

En España, cuando hablamos de vivienda, quizá convendría recordar esa idea.

En las elecciones generales de 2023, Pedro Sánchez prometió 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible, una parte importante destinadas a jóvenes. No fue una ocurrencia de campaña: figuraba en el programa electoral del PSOE y Sánchez volvió a asumirla en su discurso de investidura.

Pero su futuro socio de Gobierno prometía mucho más.

Sumar se comprometió a crear dos millones de viviendas públicas de alquiler asequible en diez años, con una inversión equivalente al 1% del PIB anual.

Dos millones.

No doscientas mil.

Han pasado tres años.

Y la pregunta parece razonable:

¿Dónde están?

No se trata de exigir que dos millones de viviendas aparezcan de la noche a la mañana. Se trata de conocer qué parte de aquella promesa se ha traducido realmente en viviendas construidas, terminadas y disponibles para los ciudadanos.

Porque anunciar viviendas no es lo mismo que construirlas.

Y mientras tanto, el propio Gobierno reconoce que España arrastra un déficit estructural superior a 400.000 viviendas.

MÁS DEMANDA Y UNA OFERTA INSUFICIENTE.

España ha experimentado, además, un fuerte crecimiento demográfico. La población nacida en el extranjero supera ya los diez millones de personas y el número de hogares ha aumentado considerablemente.

No sería riguroso atribuir exclusivamente a la inmigración la crisis de vivienda. Hay otros factores: la creación de nuevos hogares, la concentración de población en determinadas zonas, el turismo, el alquiler temporal, la falta de suelo y los costes de construcción.

Pero tampoco parece razonable ignorar que más población y más hogares suponen una mayor demanda de vivienda.

Y cuando la demanda crece más deprisa que la oferta, resulta difícil que los precios no se vean afectados.

La respuesta parece bastante evidente: aumentar la oferta.

Construir. Rehabilitar. Liberar suelo. Agilizar licencias. Facilitar la inversión. Y, naturalmente, construir vivienda pública.

Pero aquí aparece una de las contradicciones del debate actual.

UNA LEY CUYOS EFECTOS TAMBIÉN DEBEN EVALUARSE.

La Ley de Vivienda de 2023, una de las principales banderas de la política impulsada por Podemos durante su participación en el Gobierno, introdujo, entre otras medidas, mecanismos de control de rentas en las denominadas zonas de mercado residencial tensionado.

El objetivo declarado era contener el precio del alquiler y aliviar el esfuerzo de los hogares que ya estaban arrendando una vivienda.

El problema aparece cuando analizamos qué ha ocurrido con la oferta disponible.

Un estudio del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre los primeros años de aplicación de la ley encuentra en las zonas reguladas una reducción significativa de los anuncios de alquiler y un aumento de la competencia por cada vivienda disponible. En Cataluña, donde el control se aplica de forma generalizada desde marzo de 2024, el estudio estima una reducción de la oferta anunciada superior al 20%; en Barcelona, alrededor del 22%.

Es decir, el control puede beneficiar a quien consigue acceder o permanecer en una vivienda con una renta regulada, pero puede complicar el acceso de quienes están buscando una vivienda y se encuentran con una oferta más reducida.

Y aquí aparece una cuestión fundamental.

Si hay menos viviendas disponibles, aumenta la competencia entre quienes las buscan. El precio deja de ser el único mecanismo de ajuste y adquieren mayor importancia la solvencia, las garantías, la estabilidad laboral o, sencillamente, llegar antes que los demás.

El Banco de España también ha advertido de posibles efectos adversos de los controles de alquiler sobre la oferta, especialmente cuando se mantienen en el tiempo sin medidas eficaces para aumentarla.

Por tanto, el debate no debería limitarse a si se controla o no el alquiler, sino a qué efectos produce y para quién.

Porque una política puede aliviar la situación de determinados inquilinos y, al mismo tiempo, dificultar el acceso de otros.

Y si el problema de fondo es que faltan viviendas, parece difícil resolverlo únicamente interviniendo sobre el precio de las que ya existen.

¿Y EL GOBIERNO?

El artículo 47 de la Constitución encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna.

El Gobierno dispone de instrumentos que el propietario particular no tiene: suelo público, presupuesto, capacidad legislativa y empresas públicas.

Puede construir.

Puede rehabilitar.

Puede agilizar licencias.

Puede liberar suelo.

Puede promover vivienda protegida.

Puede crear ese gran parque público que durante años ha prometido.

Por eso resulta legítimo preguntarse si el esfuerzo realizado hasta ahora ha sido suficiente y si el equilibrio entre regulación y creación de nueva oferta es el adecuado.

El propietario particular también forma parte de la solución. Sus viviendas constituyen una parte importante de la oferta disponible y, por tanto, las políticas públicas deberían procurar que resulte razonablemente atractivo ponerlas en alquiler.

El propietario no decide la política migratoria. No decide cuánto suelo se libera. No concede licencias. No fija los costes de construcción. No redacta las leyes.

Y difícilmente puede recaer sobre él la responsabilidad principal de resolver un problema de dimensión nacional.

PROMESAS, CULPABLES Y NINGUNA SOLUCIÓN.

Sánchez prometió 183.000 viviendas.

Sumar prometió dos millones.

Ante esta situación, quizá sería conveniente que el debate dejara de centrarse tanto en buscar responsables y se concentrara en aumentar la oferta.

No se trata de enfrentar al propietario con el inquilino.

Ni al sector público con el privado.

Se trata de conseguir que haya suficientes viviendas para ambos.

Por eso la pregunta que deberían responder quienes gobiernan es bastante sencilla:

Si se cuestiona o se desincentiva a propietarios, ahorradores e inversores, mientras el Estado no construye al ritmo necesario las viviendas asequibles que se han prometido, ¿cómo se afronta el problema y quién aporta la oferta que falta?

Porque si necesitamos más viviendas, necesitamos que alguien las construya, las rehabilite o las ponga en el mercado.

Y eso exige algo más que declaraciones, controles o promesas.

Exige viviendas.

Luis Faraco Roldán.

MARICARMEN Y EL ÁTICO DE AYUSO: CUÁNDO TODO SIRVE PARA EL MISMO RELATO.

Lo de Maricarmen es un drama. Una mujer de 87 años, que llevaba más de setenta viviendo en la misma casa, ha sido desahuciada y ha tenido que salir de su vivienda en camilla. Es difícil no sentir compasión ante una situación así.

Pero una cosa es el drama humano y otra la utilización política del drama.

Porque con Maricarmen hemos asistido a un nuevo episodio de una estrategia que se repite desde que apareció en escena el llamado “ático de Ayuso”: cualquier acontecimiento parece una buena ocasión para volver a colocarlo en el centro del debate.

Ayer ocurrió de nuevo.

Mientras cientos de personas se concentraban frente al inmueble con el lema «El ático de Ayuso para Maricarmen», Pedro Sánchez, desde Nueva York, calificaba el desahucio de “tragedia social” y responsabilizaba políticamente a Ayuso y Almeida.

Y aquí es donde conviene hacer una pregunta muy sencilla:

¿Qué tiene que ver el ático de Ayuso con el desahucio de Maricarmen?

La respuesta parece bastante evidente: jurídicamente, nada.

La historia de Maricarmen comienza muchas décadas antes. El contrato de su vivienda se remonta a 1956, cuando estaba vigente la legislación de arrendamientos urbanos del franquismo, basada en la llamada renta antigua y en la prórroga forzosa.

Pero después llegaron las reformas.

En 1985, un Gobierno socialista aprobó el llamado Decreto Boyer, que eliminó la prórroga forzosa para los nuevos contratos, aunque mantuvo el régimen anterior para los que ya estaban vigentes.

Y en 1994, también bajo un Gobierno socialista, se aprobó la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, que estableció un régimen transitorio para aquellos contratos antiguos y limitó las subrogaciones. En determinados supuestos, cuando el nuevo titular era un hijo, el contrato quedaba extinguido a los dos años, con las excepciones previstas por la propia ley.

Es decir: sí, el origen del régimen de renta antigua está en una legislación de la época de Franco. Pero las dos grandes reformas que empezaron a poner fin a aquel sistema fueron aprobadas por gobiernos socialistas.

Según la información publicada sobre el caso, la madre de Maricarmen falleció en 2005 y la subrogación posterior acabó siendo objeto de litigio. El asunto llegó hasta el Tribunal Supremo, que terminó dando la razón a la propiedad.

Podemos discutir si la legislación es adecuada. Podemos discutir si una persona de 87 años debería disponer de una protección especial. Y podemos exigir a las administraciones que encuentren una solución habitacional digna para una persona vulnerable.

Todo eso es perfectamente legítimo.

Pero otra cosa es presentar el desahucio como si fuera consecuencia de la compra de un ático por la Comunidad de Madrid.

No lo es.

Si mañana la Comunidad de Madrid vendiera ese inmueble, la situación jurídica de Maricarmen seguiría siendo exactamente la misma.

Y aquí aparece otro elemento que conviene no olvidar: la propiedad privada.

Podemos considerar insuficiente la respuesta de las administraciones. Podemos pensar que la empresa propietaria debería haber aceptado alguna de las soluciones planteadas. Pero también hay que reconocer que existe un propietario y que los derechos de ese propietario están protegidos por la ley.

Si se considera injusta la legislación sobre determinados alquileres, cámbiese.

Si una anciana vulnerable necesita protección, proporciónesele.

Si faltan viviendas públicas, constrúyanse.

Pero no confundamos una cosa con otra.

Y hay un dato que resulta especialmente oportuno recordar hoy. Ayer mismo la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó las denuncias de tres particulares contra Ayuso por la compra del ático, al considerar que se basaban en “hipótesis elucubrativas” y que no aportaban datos suficientes para atribuirle una conducta delictiva. Ese archivo no afecta a otras actuaciones que siguen abiertas en Madrid, pero sí forma parte de la actualidad del asunto.

Y, prácticamente al mismo tiempo, el desahucio de Maricarmen volvía a utilizarse para colocar el ático en primer plano.

Quizá deberíamos empezar a separar las cosas.

Maricarmen merece solidaridad. Merece una solución digna. Merece que su drama no sea trivializado.

Pero su situación tiene una historia jurídica concreta y no empezó con Ayuso, ni con Almeida, ni con el famoso ático.

Y quizá esa sea precisamente la cuestión.

Cuando cualquier drama termina sirviendo para volver al mismo asunto, conviene preguntarse si estamos intentando resolver un problema o simplemente utilizando el problema para mantener vivo un relato político.

Luis Faraco Roldán.

CUANDO EL PODER SE ENFRENTA A LOS JUECES (II).

Cuando la presión política llega hasta el Supremo.

Hay algo que debería estar fuera de toda discusión en una democracia: las resoluciones de los tribunales pueden recurrirse, discutirse y criticarse, pero los jueces no deberían ser objeto de presión política para que cambien sus decisiones.

Y eso es precisamente lo que vuelve a estar sobre la mesa.

El PSOE ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas entre sus militantes para pedir al Tribunal Supremo que revoque la suspensión cautelar de los efectos electorales de determinadas inscripciones vinculadas a la llamada Ley de Nietos. Lo significativo no es que el PSOE discrepe de la decisión del Supremo. Está en su perfecto derecho. Lo significativo es el instrumento elegido: movilizar a sus bases para ejercer, en palabras del propio mensaje enviado por Ferraz, «la presión necesaria» sobre el tribunal.

El Tribunal Supremo no ha eliminado la nacionalidad de nadie. Tampoco ha dictado una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. Ha adoptado una medida cautelar mientras resuelve el procedimiento. Precisamente por eso, estamos ante una decisión susceptible de ser recurrida por las partes.

Y el Gobierno ya ha utilizado esa vía. La Abogacía del Estado ha recurrido la decisión del Supremo y el Ejecutivo ha expresado públicamente su discrepancia. Es perfectamente legítimo. Quien considera que una resolución judicial es incorrecta tiene derecho a recurrirla y a defender sus argumentos ante los tribunales.

El problema aparece cuando, además de utilizar los instrumentos jurídicos previstos por la ley, el partido que sostiene al Gobierno pone en marcha una campaña política cuyo objetivo declarado es ejercer presión sobre el mismo tribunal que debe resolver el asunto.

Porque el Supremo no tiene que escuchar al PSOE. Ni al PP. Ni a Vox. Ni a ninguna organización política. Tiene que escuchar a la ley y decidir conforme a Derecho.

Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con los argumentos del Tribunal Supremo. Se puede considerar excesiva su decisión cautelar. Se puede defender que no existe riesgo alguno para la transparencia electoral. Todo eso forma parte del legítimo debate democrático.

Pero hay una pregunta que merece hacerse:

¿Qué ocurriría si cada vez que una resolución judicial no gustara a un partido político este decidiera movilizar a miles de militantes para presionar públicamente al tribunal que debe resolverla?

¿Aceptaríamos ese comportamiento si el partido fuera otro y el Gobierno fuera distinto?

La independencia judicial no puede funcionar a conveniencia.

El derecho a manifestarse, protestar o recoger firmas está protegido en democracia. Nadie debería discutirlo. Pero cuando el objetivo expresamente anunciado de una campaña política es ejercer presión sobre un tribunal para que revoque una decisión judicial, resulta legítimo preguntarse por sus consecuencias institucionales.

Y esta cuestión adquiere todavía mayor importancia después de las duras críticas que hemos escuchado desde el Gobierno y desde algunos de sus socios contra determinados jueces que investigan asuntos relacionados con dirigentes socialistas o personas de su entorno.

Primero fueron las descalificaciones a determinados magistrados. Después, las acusaciones contra algunas investigaciones. Ahora, una campaña organizada para presionar al Supremo.

Los jueces pueden equivocarse. Naturalmente. Para eso existen los recursos, las apelaciones y los tribunales superiores.

Lo que no deberíamos normalizar es que, cuando una decisión judicial incomoda al poder político, la respuesta sea intentar modificarla mediante presión política.

La Justicia no necesita aplausos. Necesita independencia.

Y el poder político debería recordar que los jueces no están para darle la razón, sino para garantizar que todos, también quienes gobiernan, estén sometidos a la ley.

Hoy el afectado puede ser el PSOE. Mañana puede ser cualquier otro partido.

Por eso la defensa de la independencia judicial no debería ser patrimonio de ninguna ideología.

Porque cuando el poder empieza a presionar a los jueces, la cuestión ya no es quién tiene razón en un determinado procedimiento. La cuestión es quién decide en una democracia: la ley o el poder.

«La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho.»

— Ulpiano

Luis Faraco Roldán.

CUANDO EL PODER SE ENFRENTA A LOS JUECES. (I).

El caso Begoña Gómez y la creciente descalificación de quienes investigan al poder.

Hay una línea que una democracia no debería cruzar nunca: aquella que separa la legítima crítica a una resolución judicial del intento de deslegitimar al juez que la dicta.

Lo ocurrido en las últimas semanas obliga a mirar con preocupación esa frontera. No porque Begoña Gómez sea culpable —eso deberá decidirlo el tribunal—, sino porque el Gobierno y dirigentes del PSOE han reaccionado ante una decisión judicial como si el problema fuera que un juez se haya atrevido a investigar a la esposa del presidente.

El 21 de septiembre, el juez Juan Carlos Peinado decretó la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y contra su asesora, Cristina Álvarez, por malversación. La Fiscalía y las defensas solicitan la absolución, de modo que será el tribunal quien tenga que determinar finalmente si existe o no responsabilidad penal.

Hasta ahí, estamos ante el funcionamiento normal del Estado de Derecho: un juez investiga, las acusaciones sostienen sus posiciones, las defensas ejercen sus derechos y un tribunal juzga.

El problema empieza cuando el poder político convierte la actuación de un juez en un problema político.

Pedro Sánchez afirmó recientemente que Peinado «ha hecho mucho daño a la justicia» y que no será recordado por haber sido un juez imparcial. El ministro Félix Bolaños ha cuestionado públicamente la actuación del sistema judicial y, después de que el CGPJ archivara su queja contra Peinado, atribuyó esa decisión al «conservadurismo» o «corporativismo» del órgano de gobierno de los jueces.

Y la reacción posterior a la apertura del juicio ha sido todavía más contundente. Moncloa calificó la decisión de «injusta», «arbitraria» y parte de una supuesta «persecución judicial». El PSOE llegó a definir el auto como el «último servicio a la patria» del juez antes de su jubilación.

Óscar López, ministro del Gobierno, fue todavía más lejos al calificar la instrucción de «absolutamente inquisitorial», hablar de «cacería» y calificar el caso de «vergüenza desde el minuto uno».

Se puede discrepar de Peinado. Se puede recurrir una resolución. Se puede pedir el archivo de una causa. Se puede defender públicamente la inocencia de una persona. Todo eso forma parte de la democracia.

Lo que resulta mucho más preocupante es convertir sistemáticamente al juez en el problema.

Y esta cuestión no afecta únicamente al caso Begoña Gómez. En paralelo, otros procedimientos judiciales afectan al entorno socialista. En el llamado caso Leire Díez se investigan presuntas maniobras destinadas a obstaculizar causas que afectan al PSOE y al Gobierno; el juez ha investigado, entre otros, a la gerente del PSOE y a personas relacionadas con la trama.

Precisamente por eso la reacción ante los jueces debería ser la contraria: más respeto institucional, más transparencia y menos descalificación personal.

Los jueces no están para agradar al Gobierno, ni a la oposición, ni a los medios de comunicación. Su obligación es aplicar la ley. Y si una resolución es incorrecta, existen recursos y tribunales superiores para corregirla. De hecho, la Audiencia Provincial de Madrid ya ha corregido aspectos de la instrucción de Peinado y ha descartado algunos de los delitos inicialmente investigados.

Eso demuestra precisamente que los controles judiciales funcionan.

Una democracia madura no necesita jueces infalibles. Necesita jueces independientes y procedimientos capaces de corregir sus errores.

Y quienes gobiernan deberían ser los primeros interesados en preservar esa independencia.

Porque mañana puede ser otro Gobierno, otro partido y otro juez.

Cuando un poder político considera intolerable que los jueces investiguen a quienes están cerca del poder, el problema ya no es una determinada instrucción judicial. El problema es mucho más profundo: es la concepción misma del Estado de Derecho.

Los jueces no gobiernan España. Pero tampoco gobierna España quien pretende que los jueces solo sean respetados cuando sus decisiones resultan cómodas.

La Justicia no puede estar sometida al poder. Precisamente para eso existe.

«No hay libertad si el poder de juzgar no está separado del poder legislativo y del ejecutivo.»

— Montesquieu, El espíritu de las leyes.

Luis Faraco Roldán.