CUANDO EL GOBIERNO PRETENDE DOBLEGAR AL PARLAMENTO.

Hay frases que retratan una determinada concepción del poder mucho mejor que cualquier programa político. Pedro Sánchez ha pronunciado esta mañana una de ellas desde las escalinatas de la Moncloa: «Sé que les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos».

La frase merece una reflexión precisamente porque la pronuncia el presidente del Gobierno. El Parlamento no es un obstáculo para la democracia ni una institución ajena a la voluntad popular. Es la expresión institucional de esa voluntad, formada por diputados elegidos por los ciudadanos.

El pasado viernes, el Pleno del Congreso rechazó los dos decretos sobre vivienda presentados por el Gobierno. Los diputados debatieron y votaron. Exactamente lo que establece nuestro sistema constitucional.

Sin embargo, en el relato presidencial parece que cuando el Parlamento rechaza las iniciativas del Gobierno deja de representar a la gente y pasa a convertirse en la institución que «pisotea» sus intereses.

¿Desde cuándo la voluntad popular solamente merece respeto cuando coincide con la voluntad del Gobierno?

La democracia parlamentaria exige que el Ejecutivo se someta al control del Parlamento, acepte sus decisiones y busque las mayorías necesarias para desarrollar su programa.

Y aquí es donde la intervención de esta mañana adquiere especial relevancia.

Según se ha anunciado, mañana el Consejo de Ministros volverá a aprobar medidas de vivienda sustancialmente similares a las rechazadas por el Pleno hace apenas tres días, para intentar que sean convalidadas por la Diputación Permanente.

No afirmo que esa operación sea ilegal. La Constitución contempla la existencia de la Diputación Permanente y sus facultades durante la disolución de las Cortes. Pero que algo pueda hacerse conforme a las reglas jurídicas no significa que no pueda plantear un serio problema político y democrático.

Porque no estamos ante unas medidas que todavía no hayan sido examinadas por el Parlamento. Estamos ante unas medidas que el Pleno acaba de rechazar.

Y ahora el Gobierno pretende volver a aprobarlas y llevarlas a un órgano parlamentario cuya composición y aritmética son diferentes.

Dicho de otra manera: cuando el Gobierno pierde una votación en el Pleno, en lugar de aceptar el resultado y pedir a los españoles la mayoría que necesita, busca una nueva votación en otro órgano antes de que los ciudadanos puedan pronunciarse.

Si los nuevos decretos contienen modificaciones sustanciales, será legítimo analizarlas. Pero si reproducen esencialmente aquello que el Pleno acaba de rechazar, la pregunta resulta inevitable:

¿Estamos ante una nueva iniciativa o ante un intento de sortear políticamente una decisión parlamentaria que no ha gustado al Gobierno?

Aquí aparece la gran contradicción.

Sánchez ha anunciado elecciones para el 29 de noviembre y ha reclamado a los ciudadanos una mayoría suficiente para gobernar. Si considera que el Parlamento actual no le permite desarrollar su programa, tiene una solución democrática: acudir a las urnas y pedir a los españoles una mayoría diferente.

Pero cuesta entender por qué, antes de que los ciudadanos puedan pronunciarse, pretende recuperar mediante otro órgano parlamentario aquello que el Pleno acaba de negarle.

Si quiere una nueva mayoría, que la busque en las urnas, no en una modificación sobrevenida de la aritmética parlamentaria.

No estamos discutiendo aquí si España necesita una política de vivienda. Estamos hablando de algo anterior: el respeto del Gobierno a las decisiones del Poder Legislativo.

Y aquí adquiere especial importancia la posición del PNV.

Los nacionalistas vascos han anunciado que estudiarán en profundidad los nuevos decretos antes de decidir su voto. Su decisión puede ser determinante.

El PNV deberá valorar no solamente el contenido de las medidas, sino también las circunstancias en las que el Gobierno pretende recuperarlas. Si los textos han cambiado sustancialmente, deberá explicar por qué. Si son esencialmente los mismos, tendrá que explicar también por qué deben aprobarse ahora después de que el Pleno los rechazara.

Porque los diputados de la Diputación Permanente no estarán simplemente votando unos decretos de vivienda. Estarán determinando si una derrota parlamentaria puede ser inmediatamente corregida buscando otro escenario parlamentario más favorable.

Y esa responsabilidad corresponde a todos los partidos que decidan respaldar la operación.

La Diputación Permanente es constitucional. Lo que debemos preguntarnos es para qué se utiliza en este caso.

Una cosa es garantizar el funcionamiento del Estado cuando las Cortes están disueltas. Otra muy diferente sería utilizar esa circunstancia para intentar rescatar unas medidas que el Pleno acaba de rechazar.

Y entonces volvemos a las palabras de Sánchez.

El presidente ha dicho que los intereses de «la gente de a pie» son pisoteados en el Parlamento. Pero los diputados que votaron contra sus decretos también representan a ciudadanos. Sus votos no son menos democráticos porque hayan resultado incómodos para el Gobierno.

El Parlamento no deja de representar al pueblo cuando pierde una votación el Ejecutivo. Es precisamente entonces cuando demuestra para qué sirve.

Sánchez ha hablado también de una mayoría progresista con la que «doblegar a las élites». Tiene derecho a defender su programa y pedir el voto de los ciudadanos. Pero hacerlo desde una declaración institucional en La Moncloa difumina la frontera entre el presidente del Gobierno y el candidato electoral.

El viernes habló el Congreso. Hoy ha hablado el presidente. Y el 29 de noviembre hablarán los españoles.

Ese debería ser el orden natural de una democracia.

La democracia no garantiza a ningún Gobierno que sus propuestas sean aprobadas. Le garantiza el derecho a defenderlas, someterlas a votación y, si son rechazadas, intentar convencer a los ciudadanos para obtener una mayoría que permita aprobarlas.

La cuestión no es si el Gobierno puede hacerlo. La cuestión es si debería hacerlo.

Y, sobre todo, si los partidos que lo hagan posible están dispuestos a asumir ante los ciudadanos la responsabilidad política de haberlo permitido.

Luis Faraco Roldán.

JUAN ES UN RENTISTA. MARICARMEN ES UNA HEROÍNA.

El señor Juan tiene 83 años y dos pisos.

Trabajó 45 años en una fábrica. Ahorró durante toda su vida, compró una vivienda y heredó otra de sus padres, ya fallecidos. Alquiló esta última para completar una pensión que no siempre llega a fin de mes.

Paga IBI, comunidad, seguro y reparaciones. Cuando se estropea la caldera, paga también. Y cuando hay una avería en el otro piso, vuelve a pagar.

Según el relato de Podemos y de buena parte de la izquierda, Juan es un rentista. Un especulador. Poco menos que un fondo buitre.

Pero Juan representa precisamente al propietario que sostiene el mercado del alquiler. Según el Banco de España, alrededor del 90 % de las viviendas principales alquiladas están en manos de particulares. Los grandes propietarios y las personas jurídicas son una minoría.

Sin embargo, en el relato político Juan no existe. Existe «el fondo buitre».

A Juan le limitan el alquiler, le prolongan los contratos, le dificultan recuperar su vivienda y, si el inquilino deja de pagar, le piden paciencia.

Porque Juan es un rentista.

Y entonces aparece Maricarmen.

Maricarmen se ha convertido en una de las grandes heroínas de la izquierda en su particular batalla por la vivienda. Su caso ha sido utilizado por ministros, dirigentes políticos y organizaciones sociales como símbolo de una supuesta guerra entre propietarios e inquilinos.

Pero mientras se construía ese relato han aparecido documentos que obligan a mirar hacia atrás.

El 13 de junio de 2000, el BOE publicó un edicto judicial en el que María del Carmen Abascal Martín aparecía como demandada en un procedimiento hipotecario promovido por Banco Zaragozano. El procedimiento afectaba a una vivienda unifamiliar situada en Collado Mediano, en la Sierra de Madrid, y el tipo de la primera subasta quedó fijado en 20 millones de pesetas.

No es una acusación ni demuestra ninguna irregularidad. Es un dato documental que forma parte de su historia inmobiliaria y que merece ser conocido antes de convertir un caso particular en un símbolo político nacional.

Y aquí aparece la contradicción.

A Juan, que trabajó 45 años, ahorró, compró una vivienda y heredó otra, se le llama rentista porque alquila una propiedad.

A Maricarmen, cuya trayectoria inmobiliaria anterior incluye aquella operación hipotecaria en Collado Mediano, se la presenta como la víctima perfecta de un sistema dominado por especuladores y fondos buitre.

Juan es el sospechoso.

Maricarmen, la heroína.

¿Por qué?

La vivienda es un derecho. Naturalmente.

Pero también existe el derecho de propiedad. Y una cosa no puede convertirse en la otra.

El derecho a una vivienda no puede transformarse en el derecho a disponer indefinidamente de la vivienda de otra persona.

Porque detrás de cada supuesto «casero» puede haber un Juan.

Un jubilado. Un trabajador. Una viuda. Una familia que heredó una vivienda de sus padres. Alguien que durante décadas ahorró para tener un pequeño patrimonio y que ahora obtiene de él unos ingresos complementarios.

No tienen cientos de viviendas ni fondos de inversión.

Tienen una o dos propiedades.

Y cuando la legislación convierte ese patrimonio en una fuente permanente de riesgos, muchos toman una decisión sencilla: no alquilar.

No necesitan manifestarse. Simplemente sacan la vivienda del mercado o la venden.

Entonces disminuye la oferta, aumentan las dificultades para encontrar vivienda y el Gobierno responde anunciando nuevas medidas contra los «especuladores».

El círculo perfecto.

Se castiga al propietario particular, el propietario abandona el mercado y después se culpa a los fondos de inversión.

Pero Juan no es Blackstone.

No es un fondo buitre.

Es un hombre de 83 años que trabajó durante 45 años y tiene dos pisos.

Y Maricarmen tampoco necesita ser demonizada. Lo que necesita es algo mucho más sencillo: que su historia completa pueda conocerse y contrastarse.

Porque una política de vivienda seria no necesita héroes ni villanos.

Necesita viviendas.

Y para que haya viviendas en alquiler tiene que existir alguien dispuesto a alquilarlas.

Si Juan acaba concluyendo que ser propietario es convertirse en sospechoso, dejará de alquilar.

Y entonces descubriremos que el problema nunca fueron solamente los fondos buitre.

También eran los miles de Juanes a los que se consiguió expulsar del mercado.

LUIS FARACO ROLDÁN.

EL PAÍS DE LOS PEQUEÑOS PROPIETARIOS.

Hay una cuestión que debería estar en el centro del debate sobre la vivienda y que, sin embargo, el Gobierno parece empeñado en ocultar: España es, fundamentalmente, un país de pequeños propietarios.

El mercado del alquiler no está dominado por grandes fondos de inversión ni por sociedades inmobiliarias con miles de viviendas. Una parte muy importante de las viviendas alquiladas pertenece a particulares que tienen una, dos o unas pocas propiedades.

Y esto cambia completamente el enfoque del problema.

Cuando se aprueban medidas que aumentan las obligaciones, las limitaciones y la inseguridad jurídica del propietario, no se está afectando únicamente a los grandes tenedores. También al ciudadano que tiene un piso alquilado como complemento de sus ingresos, como ahorro para la jubilación o como patrimonio familiar.

Por eso resulta contradictorio que el Gobierno reclame más vivienda disponible mientras mantiene políticas que pueden llevar a algunos propietarios a retirar sus viviendas del mercado.

El problema de la vivienda no se soluciona enfrentando a propietarios e inquilinos. Se soluciona aumentando la oferta: más suelo disponible, más construcción, menos burocracia, costes razonables y seguridad jurídica.

Lo hemos visto estos días con el caso de Maricarmen. El desahucio de una persona concreta se convirtió en un acontecimiento político nacional. Después llegaron las acampadas, las declaraciones, las acusaciones y los decretos.

Pero el problema sigue siendo el mismo: hacen falta viviendas.

Y aquí aparece la pregunta que debería contestar el Gobierno: ¿cuántas viviendas nuevas han conseguido poner en el mercado sus políticas?

No cuántas declaraciones han hecho. No cuántos decretos han aprobado. Cuántas viviendas.

Porque una norma no construye por sí sola una vivienda. Y si las condiciones para alquilar se vuelven más inciertas, algunos propietarios pueden decidir no hacerlo. Menos oferta no es necesariamente una receta para conseguir alquileres más baratos sino todo lo contrario.

El debate no puede reducirse a una supuesta batalla entre pequeños propietarios y grandes fondos. La estructura de la propiedad inmobiliaria española es mucho más atomizada.

No se puede convertir en legislador ni en Gobierno a un grupo marginal porque haya montado una acampada y tenga cien tiendas Quechua compradas con los «fondos buitre» de la política.

Las democracias representativas tienen instituciones, Parlamentos y gobiernos elegidos en las urnas. Las decisiones no pueden quedar condicionadas por quien consiga hacer más ruido en la calle, ocupar una plaza o convertir un caso particular en un espectáculo político.

Ya lo advirtieron los antiguos griegos: el riesgo de la democracia es la demagogia. Y la demagogia puede terminar desembocando en la oclocracia: el gobierno de la muchedumbre.

La política de vivienda exige algo bastante menos espectacular: construir, facilitar y dar seguridad jurídica.

España es un país de pequeños propietarios. Cualquier política de vivienda que ignore esa realidad corre el riesgo de agravar aquello que pretende resolver.

Luis Faraco Roldán.

EL FRACASO DE LOS «DECRETOS MARICARMEN».

El Gobierno ha recibido hoy un doble varapalo. El Congreso ha rechazado los dos decretos de vivienda que Pedro Sánchez presentó como respuesta al caso de Maricarmen. El primero por 178 votos frente a 172 y el segundo por 184 frente a 166.

Pero la derrota parlamentaria es solamente una parte del fracaso. Lo ocurrido demuestra también la utilización política de un caso particular para intentar sacar adelante, por la vía del decreto, unas medidas que el Gobierno sabía que no contaban con el respaldo suficiente del Parlamento.

Durante días hemos asistido a una operación perfectamente organizada alrededor de la acampada de la Puerta del Sol. El llamado Sindicato de Inquilinas convirtió el caso Maricarmen en bandera política y trató de trasladar la presión de la calle al Congreso. La Delegación del Gobierno permitió la acampada y TVE le proporcionó una cobertura extraordinaria para una movilización que, a la hora de la verdad, reunió a unas pocas centenas de personas.

La operación ha terminado como tenía que terminar: los decretos han sido rechazados.

Pero hay algo todavía más grave.

Los decretos de hoy constituyen una nueva demostración de la falta de respeto del Gobierno por la división de poderes.

Hace apenas 22 días, el Congreso de los Diputados aprobó por mayoría los ocho puntos de una moción sobre vivienda. Entre ellos estaban la derogación de la Ley de Vivienda, la reforma de la Ley del Suelo, la lucha contra la ocupación ilegal, la reducción del IVA de la primera vivienda nueva al 4 %, la ampliación de avales para jóvenes, la simplificación de licencias y la movilización de suelo público para vivienda asequible y social.

El Parlamento había fijado una posición política mediante una votación democrática. No era una propuesta de los acampados de Sol. No era una reivindicación de un sindicato. Era una decisión del Poder Legislativo.

Y 22 días después, el Gobierno presenta dos reales decretos-ley que van en dirección contraria a buena parte de aquello que el Congreso había aprobado.

Esto no es respetar la división de poderes.

El Gobierno no respeta al Poder Judicial cuando una resolución judicial no le gusta y tampoco respeta al Poder Legislativo cuando una mayoría parlamentaria no coincide con sus intereses.

Gobernar no consiste en aprobar por decreto aquello que no se consigue aprobar en el Parlamento. Para eso está precisamente la división de poderes.

Y lo ocurrido hoy tiene además otra vertiente especialmente preocupante. Hemos visto a ministros y dirigentes de la izquierda señalar con nombres y apellidos a dirigentes y diputados del PP, Vox y Junts por su decisión de votar en contra de los decretos. Sánchez llegó a plantear que esos partidos debían demostrar «de qué lado están» y desde Sumar se llegó a hacer corresponsables a PP, Vox y Junts de posibles muertes y sufrimientos si votaban en contra.

Un diputado no tiene que pedir permiso al Gobierno para votar. Tiene que votar libremente y responder ante sus electores.

Nuestra democracia se construyó precisamente para que el adversario político pueda votar diferente sin ser señalado como enemigo.

Nuestra historia ya conoció demasiadas veces la intimidación política y la negación del adversario como legítimo representante de una parte de la sociedad. No deberíamos volver a ese camino.

En una democracia representativa, la calle protesta. El Parlamento decide.

Las pancartas no sustituyen a las urnas. Las acampadas no sustituyen al Congreso.

Y hoy el Congreso ha decidido. Dos veces. Y dos veces ha dicho no.

El fracaso es doble. Ha fracasado el Gobierno y ha fracasado la operación política del llamado Sindicato de Inquilinas, que pretendía condicionar desde la calle la decisión de los diputados.

También ha quedado en evidencia la distancia entre la dimensión real de la protesta y la enorme repercusión mediática que ha recibido. Durante días parecía que Sol estaba protagonizando una movilización social multitudinaria. Hoy, cuando llegó el momento de contar votos, la realidad fue muy distinta.

Y eso es lo que importa en una democracia parlamentaria: los votos, no las pancartas.

Los decretos tampoco iban a solucionar el problema de la vivienda. No iban a construir las viviendas que faltan, no iban a crear suelo, no iban a conseguir que bajaran los alquileres ni iban a resolver la emancipación de los jóvenes.

Los decretos no construyen casas.

El problema de la vivienda sigue donde estaba.

Y ahora el problema lo tiene Pedro Sánchez.

Porque esta derrota vuelve a demostrar que el Gobierno no dispone de una mayoría parlamentaria estable para sacar adelante su política. Y cuando un Gobierno no puede gobernar porque no consigue los votos necesarios en el Parlamento, tiene dos posibilidades: negociar y aceptar las decisiones de la mayoría parlamentaria o devolver la palabra a los ciudadanos.

Después del fracaso de los «decretos Maricarmen», creo que ha llegado el momento de que Pedro Sánchez tome una decisión.

CONVOCAR ELECCIONES ANTES DE NAVIDAD.

Que sean los españoles quienes decidan.

Porque una legislatura no puede convertirse en una resistencia permanente contra el Parlamento.

Sánchez tiene la palabra. Y los españoles tienen que tener la urna.

Luis Faraco Roldán.

¿QUIÉN DIO LA ORDEN CONTRA LA JUEZA BIEDMA?

LA INVESTIGACIÓN PUEDE ACABAR CON MÁS DE UNO EN LA CÁRCEL.

«La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio.» 

Cicerón.

Lo que estamos conociendo sobre la jueza Beatriz Biedma es mucho más grave que una operación de descrédito.

La UCO está interrogando a personas que aseguran haber sido contactadas para actuar contra ella. La propia Biedma está personada como perjudicada en la causa que instruye Santiago Pedraz.

Y aparece un dato especialmente grave: el supuesto contacto con personas vinculadas a clanes del narcotráfico de Badajoz.

Según los testimonios publicados, se habría proporcionado información privada de la jueza y se habría planteado una actuación contra ella.

Pero hay más.

También se habría ofrecido una contraprestación: beneficios judiciales para quienes colaborasen.

Si esto se confirma, estamos ante algo muy distinto de una campaña política de desprestigio.

Estamos ante una posible operación para interferir en una investigación judicial.

Y entonces la pregunta es inevitable:

¿QUIÉN DIO LA ORDEN?

Hoy esa pregunta ha llegado al Congreso. El PP se la ha planteado directamente al ministro de Justicia: si fue Sánchez, Cerdán o alguien de su entorno quien ordenó actuar contra Biedma.

La respuesta política puede ser la negación.

La respuesta que interesa está en los teléfonos, los audios, los documentos y las declaraciones.

BLANCO Y EN BOTELLA.

Hay una regla elemental en cualquier investigación: hay que averiguar quién se beneficiaba.

Biedma investigaba una causa que afectaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Si alguien pretendía apartarla, ¿quién salía beneficiado?

No significa que el beneficiario sea automáticamente culpable. Pero sí que debe estar en el foco de la investigación.

Y hay otra pregunta todavía más importante:

¿QUIÉN PODÍA PROMETER A UN CLAN DELICTIVO QUE SUS PROBLEMAS CON LA JUSTICIA SE SOLUCIONARÍAN?

Porque si alguien ofreció ese trato, tenía que creer que podía cumplirlo.

Y si podía cumplirlo, hay que saber por qué.

AQUÍ PUEDE ESTAR LA CLAVE.

Los testimonios son importantes.

Los audios pueden ser decisivos.

Si las grabaciones que maneja la UCO confirman lo declarado por quienes recibieron los contactos, la investigación tendrá una base probatoria muy diferente.

Ya no estaríamos ante rumores, interpretaciones o anotaciones.

Estaríamos ante hechos concretos: personas contactadas, una jueza identificada como objetivo, información privada sobre ella y una supuesta contraprestación judicial.

Y entonces habrá que subir un escalón.

De los intermediarios a quienes dieron las instrucciones.

De quienes ejecutaban a quienes ordenaban.

MÁS DE UNO PUEDE ACABAR EN LA CÁRCEL.

Si se acreditan estos hechos, no estamos hablando solamente de responsabilidades políticas.

Podrían existir responsabilidades penales.

Y algunas conductas investigadas podrían llevar aparejadas penas de prisión.

Por eso creo que es perfectamente razonable pensar que más de uno de los protagonistas de esta trama puede acabar en la cárcel si la investigación confirma lo que ahora se está conociendo.

No sabemos todavía quién llegará al final de la cadena.

Pero sí sabemos qué hay que investigar.

QUIÉN CONTACTÓ.

QUIÉN OFRECIÓ.

QUIÉN AUTORIZÓ.

Y QUIÉN DIO LA ORDEN.

Ahí está la cuestión.

Y ahora le corresponde a la Justicia contestarla.

Luis Faraco Roldán.

MARICARMEN: DE UN DESAHUCIO A UNA OPERACIÓN POLÍTICA.

El caso de Maricarmen empezó con una historia humana difícil de discutir: una mujer de 87 años, después de más de setenta años viviendo en la misma vivienda, era desahuciada tras un largo proceso judicial.

Hasta ahí, poco que discutir.

El problema empieza cuando aquel drama personal se convierte en “el caso Maricarmen”, el “decreto Maricarmen” y el eje de una movilización nacional sobre la vivienda.

Porque una cosa es Maricarmen y otra, bastante diferente, es todo lo que se ha construido políticamente alrededor de Maricarmen.

¿Un fondo buitre?

Durante días hemos escuchado hablar de un “fondo buitre”.

Pero ¿quién es realmente el propietario?

Urbagestión Desarrollo e Inversión SL es una sociedad privada dedicada a actividades inmobiliarias. No es un gran fondo internacional de inversión. La propia empresa sostiene, además, que la vivienda de Maricarmen es su única propiedad residencial.

Esto no convierte a Urbagestión en “la buena” de la película. Compró la vivienda y reclamó judicialmente su posesión.

Pero tampoco parece demasiado riguroso sustituir los hechos por una etiqueta.

Y hay otro dato fundamental: el conflicto llegó hasta el Tribunal Supremo y la posición jurídica de la propiedad terminó prevaleciendo.

Conviene recordarlo.

Porque una historia puede ser dramática y, al mismo tiempo, tener antecedentes jurídicos que no pueden desaparecer del relato.

Maricarmen vuelve a casa. ¿Y ahora qué?

Aquí aparece una de las paradojas de esta historia.

El problema concreto de Maricarmen tiene una solución.

Después de más de cuatro horas de negociación, representantes de Maricarmen y Urbagestión alcanzaron un acuerdo, con la mediación del Ayuntamiento de Madrid, para que pueda regresar a su vivienda. El acuerdo queda pendiente de su ratificación. 

Perfecto. Entonces debería haberse acabado el problema Maricarmen.

Pero no. Porque el problema ya no es Maricarmen.

El Sindicato de Inquilinas ha dejado claro que sus reivindicaciones van mucho más allá: contratos indefinidos, regulación de alquileres temporales y por habitaciones, límites a las rentas y mayores garantías frente a los desahucios, entre otras medidas. 

Y aquí está la cuestión:

Maricarmen es una persona.

El decreto Maricarmen es política.

Hacer política es legítimo.

Presentar una agenda política completa como si fuera simplemente la consecuencia de un desahucio es otra cuestión.

LA VIVIENDA: EL PROBLEMA REAL.

España tiene un problema de vivienda. Y es enorme.

Pero precisamente por eso conviene hablar de las causas y no solamente de los eslóganes.

Desde la Ley de Vivienda de 2023 se han introducido mecanismos de prórroga extraordinaria y limitaciones de renta en determinadas zonas tensionadas.

Al mismo tiempo, el Banco de España señala que las restricciones que limitan el crecimiento de la oferta son el principal factor que explica los problemas actuales de acceso a la vivienda, y apunta entre otros problemas a la lentitud en la producción de suelo, el planeamiento y los procedimientos administrativos.

Es decir: tenemos un problema de oferta.

Y una vivienda que no existe no se puede alquilar.

Una vivienda que tarda años en construirse tampoco aparece porque aprobemos otro decreto.

Si queremos viviendas más asequibles necesitamos suelo, construcción, inversión, licencias rápidas y seguridad jurídica.

Más oferta. Mucha más oferta.

Y hay algo más que la gente debería conocer, dos de las figuras más visibles del movimiento tienen trayectorias internacionales que incluyen organizaciones vinculadas documentalmente con Open Society Foundations, la red filantrópica fundada por George Soros. 

Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres de Catalunya, desarrolló actividad como defensora de derechos humanos acompañando a activistas mexicanos y publicó en Open Democracy. Esta última organización ha recibido financiación de Open Society Foundations. Además, documentación de Peace Brigades International México identifica a Open Society Foundations entre sus donantes. 

Valeria Racu, una de las caras visibles del Sindicato de Inquilinas de Madrid, estudió en SOAS y en 2019 fue elegida copresidenta de su sindicato de estudiantes. SOAS fue una de las doce instituciones que participaron en la primera fase de la Open Society University Network, iniciativa anunciada por George Soros en 2020. 

Son hechos. Personas. Organizaciones. Trayectorias. Relaciones institucionales.

No hace falta añadir la conclusión.

Que cada lector valore qué importancia tienen.

EL VERDADERO DEBATE.

El caso Maricarmen ha conseguido colocar la vivienda en el centro del debate.

Pero también ha demostrado algo más: la enorme facilidad con la que un drama individual puede convertirse en una bandera política.

La pregunta debería ser mucho más sencilla:

¿Queremos seguir convirtiendo cada conflicto de vivienda en una batalla entre propietarios e inquilinos?

¿O queremos conseguir que en España se construyan las viviendas que hacen falta, de forma mucho más rápida y con menos burocracia?

Podemos llenar Sol de tiendas de campaña.

Podemos aprobar decretos.

Podemos enfrentarnos unos a otros.

Pero hay una realidad que no admite consignas:

si no construimos viviendas, no habrá viviendas.

Y esa es, probablemente, la parte más importante de toda esta historia.

Luis Faraco Roldán.

EL GOBIERNO CONTRA EL GOBIERNO.

Hay escenas que parecen escritas por un guionista empeñado en llevar el esperpento político hasta sus últimas consecuencias.

Una vicepresidenta del Gobierno alentando a los ciudadanos que acampan en la Puerta del Sol a mantener e intensificar la presión para exigir a su propio Gobierno un decreto de vivienda más contundente.

Pero no es una exageración. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha reclamado que el decreto que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el martes «meta mano» a los fondos de inversión y ha dado la bienvenida a la acampada de Sol, animando a sus participantes a movilizarse «mucho y más». También ha advertido de que Sumar no aceptará cualquier decreto. 

La imagen resulta difícil de mejorar: una parte del Gobierno presionando públicamente a otra parte del Gobierno.

Hay una vieja frase atribuida a John Galsworthy que dice: «Sólo hay una regla para todos los políticos del mundo: no digas en el poder lo que decías en la oposición».

Yolanda Díaz parece haber encontrado la excepción: estar en el poder y hablar desde la oposición.

Porque la cuestión ya no es solamente la protesta de Sol. Lo ocurrido durante este fin de semana ha revelado una pugna mucho más profunda dentro del espacio político que sostiene a Sánchez.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas ha advertido de que, si el martes no sale adelante el decreto en los términos que reclaman, se abrirá una «crisis política muy grande». Y Podemos ha pasado también a la ofensiva. Ione Belarra e Irene Montero han respaldado la acampada y han anunciado un «otoño de movilizaciones que puede cambiarlo todo», reclamando ir «mucho más lejos de lo que quiere el Gobierno». 

Ya no estamos, por tanto, ante una protesta que los partidos observan desde fuera.

Los partidos han entrado en ella.

Y aquí aparece la verdadera batalla: quién representa a la izquierda.

Podemos necesita recuperar el terreno perdido. Sumar necesita consolidar su propio espacio. Y el PSOE necesita conservar una parte importante del electorado situado a su izquierda. Todos compiten, con distintas estrategias, por una zona electoral en la que cada voto puede resultar decisivo.

La vivienda ofrece un terreno extraordinariamente fértil para esa disputa.

No hace falta afirmar que Podemos o Sumar hayan organizado la acampada. Basta con observar lo que está ocurriendo: una reivindicación social ha adquirido una dimensión política, y las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE están intentando convertir esa protesta en una palanca para presionar al Ejecutivo. Podemos, de hecho, ha rechazado las negociaciones del Gobierno con Junts sobre el decreto y ha anunciado que seguirá presionando desde la calle. 

Yolanda Díaz se encuentra en una posición todavía más singular. No habla desde la oposición: forma parte del Consejo de Ministros que tendrá que aprobar el decreto.

Su mensaje, por tanto, tiene una doble lectura. Por un lado, expresa una discrepancia legítima dentro de una coalición. Por otro, transmite a la calle que debe seguir presionando al propio Ejecutivo del que ella forma parte.

Eso coloca a Pedro Sánchez ante un dilema incómodo.

Si el Gobierno aprueba un decreto que satisface ampliamente las exigencias de sus socios y de las organizaciones movilizadas, estos podrán presentar la presión de la calle como un factor decisivo. Si el decreto se queda corto, la protesta tendrá un nuevo argumento para continuar.

Y mientras tanto, Sánchez tiene que negociar con sus socios, con Junts y con el resto de los grupos parlamentarios, intentando evitar que cada concesión se convierta en una derrota política.

Pero hay otra cuestión que no deberíamos perder de vista: el calendario.

Para el presidente, cada semana de legislatura es tiempo para gobernar. Para sus competidores de la izquierda, también puede ser tiempo para reorganizarse, recuperar presencia pública y reconstruir una estructura política que en los últimos años ha perdido buena parte de su fuerza.

Por eso Sol importa más de lo que pueda parecer.

La cuestión no es únicamente el decreto de vivienda. Es si esta protesta consigue mantenerse, extenderse y convertirse en un movimiento capaz de devolver protagonismo a quienes necesitan recuperar espacio frente al PSOE.

Y aquí aparece la paradoja.

Sánchez necesita que sus socios de izquierda permanezcan dentro de su mayoría parlamentaria. Pero esos mismos socios necesitan demostrar ante su electorado que son capaces de presionar a Sánchez.

Necesita gobernar con ellos y, al mismo tiempo, competir con ellos.

Ahí está el verdadero problema.

La derecha intenta desgastar al Gobierno desde fuera. La izquierda alternativa intenta recuperar terreno desde dentro y desde la calle.

Y el presidente queda atrapado entre ambas presiones.

Ayer hablábamos de los fantasmas del 15-M.

Hoy la cuestión es distinta.

Ya no se trata solamente de quién ocupa la Puerta del Sol.

Se trata de quién consigue ocupar el espacio político que hay detrás de ella.

Luis Faraco Roldán.