LOS MUERTOS SIN NOMBRE, LOS NEGOCIOS SIN CUENTAS Y LAS VÍCTIMAS SIN VOZ.

 

Hay tragedias que duran lo que dura una noticia. Después desaparecen de las portadas, de los discursos y, sobre todo, de las preguntas incómodas.

Lo ocurrido en Ceuta no debería ser una de ellas.

Entre el 30 y el 31 de julio, decenas de miles de personas intentaron entrar masivamente en territorio español desde Marruecos. La tragedia dejó 82 muertos en el lado español, y solo seis habían podido ser identificados cuando se hizo público el último balance forense. 

Detrás de cada cadáver hay una persona, una familia y una historia.

Pero también hay una pregunta que alguien tendrá que responder:

¿Quién organizó aquello?

Una investigación de Golden Owl ha identificado una red de reclutamiento, amplificación y coordinación a través de redes sociales y apunta a que aquella movilización no fue simplemente un movimiento espontáneo. 

Si fue organizada, ¿quién la instigó? ¿Quién la coordinó? ¿Quién difundió las convocatorias? ¿Quién pudo financiarla?

No estamos acusando a nadie sin pruebas.

Estamos reclamando que se investigue.

Porque cuando una frontera española es atravesada masivamente y existen indicios de una movilización organizada, saber quién está detrás no es xenofobia ni política partidista.

Es seguridad nacional.

EL NEGOCIO DE LA DESESPERACIÓN

Después aparece otra pregunta: el dinero.

Las mafias del tráfico de personas llevan años convirtiendo la desesperación de miles de personas en un negocio. Cobran miles de euros por organizar desplazamientos clandestinos, cruzar fronteras y trasladar posteriormente a quienes consiguen llegar.

Y entonces surge una pregunta incómoda:

¿De dónde sale ese dinero?

Si hablamos de personas extremadamente vulnerables, ¿cómo consiguen reunir cantidades que pueden alcanzar miles o incluso decenas de miles de euros?

No es una pregunta contra el inmigrante.

Es una pregunta contra quienes hacen negocio con su desesperación.

Porque esos miles de euros pueden representar, en muchos países de origen, años de ingresos familiares o capital suficiente para iniciar una pequeña actividad económica.

¿Por qué no seguimos el dinero?

Y el negocio no termina en la frontera.

Después aparecen los transportes, los alojamientos, los centros de acogida, las subvenciones y los contratos públicos.

No todas las ONG son iguales, naturalmente. Pero precisamente por eso hay que exigir transparencia:

¿Cuánto dinero público mueve todo este sistema? ¿Quién lo recibe? ¿Mediante qué procedimientos? ¿Qué controles existen?

La solidaridad no debería ser nunca un territorio opaco.

¿Y LAS VÍCTIMAS?

Después de la entrada masiva se han registrado numerosas denuncias por agresiones sexuales. La Fiscalía había confirmado 13 denuncias, mientras que fuentes policiales hablaban de 15 agresiones sexuales denunciadas. No son 15 condenas: son denuncias que deben ser investigadas y esclarecidas. 

Pero hay víctimas.

Y entonces resulta inevitable preguntar:

¿Dónde están ahora quienes durante años nos dijeron que había que escuchar siempre a las víctimas?

¿Dónde están las grandes campañas?

¿Dónde están las condenas inequívocas?

No se trata de exigir declaraciones a una persona concreta. Se trata de una cuestión mucho más sencilla:

¿La defensa de una víctima depende de quién sea el presunto agresor?

Espero sinceramente que la respuesta sea no.

Porque una mujer víctima de una agresión sexual merece exactamente la misma solidaridad, protección y justicia independientemente del origen, nacionalidad o situación administrativa de quien presuntamente la haya agredido.

Una víctima es una víctima.

Y AHORA, LAS 500 NIÑAS

Y llegamos a una cuestión especialmente delicada.

El Gobierno prepara el traslado a la Península de unas 500 niñas migrantes no acompañadas, de entre 9 y 17 años, que permanecen en Ceuta después de la entrada masiva. El plan está siendo coordinado por el Ministerio de Juventud e Infancia y contempla mantener la responsabilidad sobre las menores en Ceuta mientras se articula su atención en la Península.

Son menores.

Y precisamente por eso deben estar protegidas.

Pero proteger a una menor también significa hacerse preguntas.

Porque mientras España prepara su traslado a la Península, Bruselas ha defendido que quienes permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados a Marruecos y ha señalado expresamente que el marco europeo contempla también a los menores no acompañados, siempre con las garantías que exige el Derecho de la Unión. La Comisión Europea ha señalado además la necesidad de cooperación entre España y Marruecos para hacer efectivos esos retornos.

Y el propio Gobierno de Ceuta ha defendido el retorno y la reagrupación familiar en Marruecos cuando sea posible y responda al interés de las menores. 

Entonces la pregunta es inevitable:

¿Por qué el Gobierno español opta por trasladar a 500 niñas a la Península?

¿Quién ha tomado esa decisión?

¿Con qué criterios?

¿Se ha estudiado individualmente la situación familiar de cada una?

¿Se ha estudiado la posibilidad de retorno o reagrupación familiar cuando legalmente proceda y sea lo mejor para ellas?

No son preguntas contra las niñas.

Son preguntas sobre una decisión que afecta directamente a su futuro.

Y hay otra pregunta, todavía más incómoda:

¿Es solamente una decisión humanitaria o existe también una dimensión política?

Porque el traslado de estas menores está abriendo un nuevo conflicto entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas gobernadas por el PP, algunas de ellas en coalición con Vox. 

¿Es casualidad que una decisión adoptada precisamente ahora coloque a esos gobiernos autonómicos en el centro de una nueva batalla política?

¿Busca el Ejecutivo resolver una emergencia humanitaria o trasladar el conflicto migratorio a las comunidades autónomas?

No tenemos pruebas para afirmar que exista una estrategia deliberada para dividir gobiernos autonómicos.

Pero la pregunta es legítima.

Y en democracia también tenemos derecho a preguntarnos por qué determinadas decisiones se toman de una determinada manera y precisamente en un determinado momento.

LAS PREGUNTAS QUE NO PUEDEN DESAPARECER

Lo sucedido en Ceuta nos deja demasiadas preguntas abiertas.

Muertos sin nombre.

Una movilización masiva con indicios de organización.

Mafias que convierten la desesperación humana en negocio.

Miles de euros circulando por esas rutas.

Dinero público destinado a la acogida.

Denuncias por agresiones sexuales.

Y ahora, cientos de menores cuyo futuro se pretende resolver mediante su traslado a la Península.

No se trata de escoger entre humanidad y seguridad.

Una sociedad democrática debe defender ambas.

Ayudar al que lo necesita no significa renunciar a controlar las fronteras.

Proteger a un menor no significa renunciar a conocer su origen, su familia y cuál es la solución que mejor responde a su interés superior.

Defender al inmigrante no significa ignorar a una víctima.

Y denunciar a las mafias no significa criminalizar a quienes caen en sus redes.

Lo que no podemos hacer es cerrar los ojos ante las preguntas que incomodan.

Porque detrás de los muertos hay familias.

Detrás de las rutas hay mafias.

Detrás de las mafias hay dinero.

Detrás de las víctimas hay personas.

Y detrás de las decisiones políticas tiene que haber responsabilidades.

Cuando hay muertos, menores, mafias y millones de euros en juego, preguntar quién organiza, quién cobra y quién decide no es xenofobia.

Es democracia.

«La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua.»

— Miguel de Cervantes

LUIS FARACO ROLDÁN

SÁNCHEZ CONTRA LOS LÍMITES DEL PODER.

 

Hay momentos en política en los que una polémica deja de ser una simple polémica y empieza a revelar una estrategia.

Lo ocurrido estos días con los ataques de un ministro al Rey puede ser uno de ellos.

Porque una cosa es criticar al Rey. En democracia, faltaría más. Otra muy diferente es que desde el Gobierno se convierta al Jefe del Estado en un nuevo frente de confrontación política.

Y quizá ahí esté la verdadera cuestión.

Yo siempre me he sentido republicano. Y, sin embargo, hoy me encuentro defendiendo al Rey.

No porque haya cambiado de convicciones, sino porque ser republicano no obliga a aceptar que quien ocupa la Jefatura del Estado sea arrastrado a la batalla partidista.

Puedo preferir una República y, al mismo tiempo, defender al Rey frente a quienes pretenden convertirlo en un adversario político.

Hay, además, una paradoja que quizá no se haya medido bien: cuanto más se intenta desgastar una institución desde el poder, más puede terminar reforzándosela ante la sociedad.

Una parte importante de los ciudadanos puede no sentirse especialmente monárquica y, sin embargo, rechazar que el Gobierno utilice al Rey como pieza de una estrategia de polarización. Incluso dentro del electorado socialista existe un respaldo significativo a la Monarquía: según los datos publicados por El Independiente, alrededor de un tercio de sus votantes la apoya y la valoración de Felipe VI es mayoritariamente positiva.

Por eso convertir al Rey en un nuevo adversario político puede acabar produciendo un efecto inesperado: hacer que ciudadanos que nunca se habían planteado defender la Monarquía terminen defendiendo al Rey.

Pero el problema de fondo no es la Monarquía.

Es el poder.

Pedro Sánchez ha demostrado una extraordinaria capacidad de supervivencia política. Ha sabido construir mayorías difíciles y adaptarse a escenarios cambiantes. Eso forma parte de la política y, por sí mismo, no merece reproche.

La cuestión empieza cuando la conservación del poder deja de ser un medio para aplicar un proyecto político y parece convertirse en el objetivo que condiciona todo lo demás.

Sánchez no llegó al Gobierno en 2023 gracias a una mayoría ideológica homogénea. Llegó gracias a una mayoría parlamentaria extraordinariamente heterogénea, en la que fueron imprescindibles los apoyos de ERC, Junts, EH Bildu y PNV.

Sin esa suma, la investidura no habría sido posible.

Pactar con quien piensa diferente es perfectamente legítimo en democracia. Lo que merece reflexión es que la estabilidad de un Gobierno pueda quedar vinculada a fuerzas cuyo proyecto político cuestiona algunos de los elementos esenciales del Estado constitucional.

Y entonces surge la pregunta que está por encima de cualquier pacto concreto:

¿Dónde están los límites?.

Porque una democracia no se define únicamente por quién gobierna, sino también por aquello que ni siquiera quien gobierna puede hacer.

Cuando las instituciones que ponen límites al poder empiezan a ser tratadas como adversarios, algo cambia. El conflicto deja de desarrollarse únicamente dentro del sistema y comienza a proyectarse sobre los propios pilares que permiten que el sistema funcione.

Es entonces cuando la polarización deja de ser solamente una estrategia electoral y puede convertirse en una forma de ejercer el poder.

El problema no es que un Gobierno tenga adversarios. El problema aparece cuando cada límite al poder acaba presentado como un obstáculo que debe ser neutralizado.

Y ahí el episodio del Rey adquiere una importancia que va mucho más allá de una declaración desafortunada de un ministro.

Porque el Rey puede ser criticado. Puede ser cuestionado. Incluso puede defenderse legítimamente la República.

Lo que no debería ocurrir es que el Jefe del Estado sea utilizado desde el poder ejecutivo como una pieza más de la confrontación partidista.

Las instituciones no son trincheras. Son los límites que protegen a todos cuando cambia el poder.

Y esa diferencia resulta esencial.

Porque Sánchez pasará. Como pasaron todos los presidentes anteriores y pasarán todos los que vengan después.

Lo que permanecerá será el Estado y sus instituciones.

Por eso quizá el verdadero debate no sea si Sánchez es monárquico o republicano. Ni siquiera si desea o no una República.

La cuestión es mucho más incómoda:

¿Está dispuesto a aceptar límites cuando esos límites dificultan su permanencia en el poder?

Si la respuesta fuera negativa, estaríamos ante un problema mucho mayor que una disputa política.

Porque una democracia no puede depender de la capacidad de resistencia de un gobernante.

Necesita que incluso el gobernante más poderoso encuentre límites que no pueda cruzar.

Montesquieu lo formuló hace casi tres siglos con una claridad que conserva toda su vigencia:

«Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder.»

Ese es el verdadero debate.

No Monarquía o República.

No izquierda o derecha.

No Sánchez o el Rey.

Democracia frente a la tentación de un poder sin límites.

Luis Faraco Roldán

EL MATRIMONIO DEL PODER.

Hay comparaciones que escandalizan antes incluso de ser explicadas. Comparar a Pedro Sánchez y Begoña Gómez con Nicolae y Elena Ceaușescu puede parecer, de entrada, una exageración. Y lo sería si pretendiéramos equiparar la España constitucional de hoy con la Rumanía comunista de los años ochenta.

No es eso lo que pretendo.

La comparación está en otro lugar: en determinadas dinámicas del poder cuando este se concentra alrededor de una persona, de su entorno y, finalmente, de su propia familia.

Lord Acton dejó una advertencia que conserva toda su vigencia: «El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente».

CUANDO LA ESPOSA ENTRA EN LA ARQUITECTURA DEL PODER.

Nicolae Ceaușescu convirtió progresivamente su figura en el centro absoluto del sistema rumano. Pero su esposa, Elena, terminó siendo mucho más que la mujer del dictador.

Se convirtió en dirigente político, en figura de enorme influencia y también en una supuesta autoridad científica. Su prestigio académico fue cuidadosamente construido desde el poder, hasta convertirla en una de las personas más poderosas de Rumanía.

No era simplemente una cuestión familiar.

Era la transformación de la pareja en una estructura de poder.

En la España de Pedro Sánchez no existe, naturalmente, casi nada comparable al régimen de Ceaușescu. España es una democracia constitucional, con pluralismo político, elecciones libres y separación de poderes.

Pero sí hemos asistido a un fenómeno que merece ser observado: la creciente dimensión pública de Begoña Gómez, su actividad empresarial y universitaria, su cátedra en la Universidad Complutense y las relaciones institucionales generadas alrededor de su actividad.

Y aquí aparece una pregunta lógica:

¿Dónde termina la legítima actividad profesional de la esposa del presidente y dónde empieza la influencia inevitable que proporciona estar casada con quien ocupa el poder?

Es una pregunta política.

Porque un privilegio no necesita ser ilegal para producir rechazo.

Cuando alrededor del poder aparecen títulos, oportunidades, accesos institucionales o reconocimientos que difícilmente estarían al alcance de cualquier ciudadano en idénticas condiciones, la sociedad tiene derecho a preguntarse si las reglas son realmente iguales para todos.

EL PARTIDO ANTE EL LÍDER.

Pero quizá el paralelismo más interesante no esté en las esposas.

Está en el partido.

La verdadera fortaleza de un partido democrático no consiste en obedecer a su líder. Consiste en tener dirigentes capaces de decirle que no.

Un partido necesita debate, discrepancia, órganos internos con autonomía y dirigentes territoriales capaces de advertir de los errores.

Cuando la lealtad personal comienza a pesar más que la lealtad a las ideas, ocurre algo peligroso: la disciplina empieza a confundirse con sumisión.

Eso fue llevado al extremo por el ceaușismo. El Partido Comunista Rumano terminó completamente subordinado a la voluntad de Ceaușescu. La crítica interna desapareció y la organización perdió progresivamente su autonomía.

El resultado fue paradójico: cuanto más poderoso parecía el régimen, más frágil se había vuelto la estructura que lo sostenía.

Y cuando cayó Ceaușescu, cayó también el partido.

¿Y EL PSOE?.

Aquí debemos detener la comparación.

El PSOE no es el Partido Comunista Rumano.

Pero eso no impide preguntarse si existe un proceso de personalización excesiva del poder alrededor de Pedro Sánchez y si esa personalización puede terminar provocando una implosión interna.

Un líder que interpreta la discrepancia como una amenaza termina rodeándose de quienes menos incomodan y más obedecen.

El resultado puede parecer fortaleza.

Pero no lo es.

Es uniformidad.

Y la uniformidad impuesta no es estabilidad: es fragilidad acumulada.

El PSOE ha sufrido en Andalucía su peor resultado histórico en unas elecciones autonómicas. Y Andalucía no es un territorio cualquiera: durante décadas fue uno de los grandes pilares electorales y orgánicos del socialismo español.

Por eso la pregunta ya no es solamente cuántos votos puede perder el PSOE.

La pregunta es qué queda de un partido cuando su líder se convierte en el centro de gravedad de toda la organización.

LA POSTRACIÓN.

Quizá el verdadero paralelismo entre ambos matrimonios no esté, por tanto, en sus ideologías ni en sus sistemas políticos.

Está en una dinámica mucho más elemental del poder:

cuando el líder se convierte en imprescindible, el partido empieza a postrarse; cuando el partido se postra, deja de corregir al líder; y cuando deja de corregirlo, comienza a destruirse a sí mismo.

Los Ceaușescu llevaron esa lógica hasta el extremo.

España está, afortunadamente, muy lejos de aquella realidad.

Pero la historia política tiene la desagradable costumbre de advertirnos antes de que aprendamos la lección.

Los partidos no mueren cuando pierden unas elecciones. Empiezan a morir cuando sus militantes dejan de preguntarse si su líder tiene razón y empiezan a preguntarse qué deben decir para que el líder tenga razón.

LUIS FARACO ROLDÁN.

OIT, FAO Y LAS CANDIDATURAS QUE MERECEN UNA INVESTIGACIÓN.

¿Cuándo decidió realmente el Gobierno que Yolanda Díaz y Luis Planas serían sus candidatos?

El Partido Popular ha hecho algo lógico: preguntar al Gobierno por las aportaciones económicas realizadas por España a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), coincidiendo con las candidaturas de Yolanda Díaz y Luis Planas para dirigir ambos organismos.

Pero quizá el PP esté mirando solamente una parte del problema.

Porque buena parte de la información que necesita para investigar **no está en archivos secretos del Gobierno**. Está publicada en el BOE, en las referencias del Consejo de Ministros, en las agendas oficiales de los ministros, en las páginas de las organizaciones internacionales y en los registros públicos de vuelos oficiales.

Solo hay que cruzarla.

Y cuando se cruzan las fechas, aparece una sucesión de hechos que, cuando menos, merece una explicación.

JUNIO-JULIO DE 2025: LA FECHA CLAVE.

El punto de partida debería situarse en junio-julio de 2025.

El 11 de junio de aquel año, Yolanda Díaz estaba en Ginebra participando en la Conferencia Internacional del Trabajo y manteniendo una reunión bilateral con **Gilbert Houngbo, director general de la OIT**.

Quince días después, el 26 de junio, Luis Planas viajaba a Roma y se reunía en la sede de la FAO con Qu Dongyu, director general de la organización. Al día siguiente participaba en una conferencia ministerial UE-África y mantenía reuniones con ministros de Agricultura de otros países.

Hasta aquí, podría decirse que no hay nada extraño. Y sería razonable. Una ministra de Trabajo puede viajar a la OIT y un ministro de Agricultura puede reunirse con el director general de la FAO.

Pero entonces aparece el siguiente dato.

El 1 de julio de 2025, Díaz volvía a coincidir con Houngbo, esta vez en Sevilla, y se reunía también con el secretario general de la Confederación Sindical Internacional.

Y el 15 de julio, apenas dos semanas después, el Consejo de Ministros autorizaba contribuciones voluntarias por 1,55 millones de euros a la OIT y 2,925 millones a la FAO.

En total: **4,475 millones de euros**.

¿Es una prueba de que el dinero estaba destinado a financiar las futuras candidaturas?

No.

¿Es una coincidencia que deba investigarse?

Sin duda.

Y EN 2026, LA HISTORIA CONTINÚA.

En marzo de 2026 España anuncia oficialmente la candidatura de Luis Planas a la dirección de la FAO.

El 26 de mayo, Pedro Sánchez viaja a Roma acompañado por Planas y presenta públicamente su candidatura en la propia sede de la FAO.

A partir de entonces comienza una intensa actividad internacional del ministro: reuniones con representantes de distintos países, con la dirección de la FAO y con grupos regionales.

En junio y julio aparecen, entre otros, contactos con representantes de Tanzania, Kenia, India, Estados Unidos, Canadá y diversos países africanos.

El 9 de julio Planas está en Ginebra reunido con representantes del Grupo Regional Africano de la FAO. Días después mantiene reuniones con embajadores ante Naciones Unidas de Eswatini, Laos y Namibia.

Ya no estamos hablando simplemente de la actividad ordinaria de un ministro.

Estamos hablando de la actividad propia de un candidato que necesita conseguir apoyos.

Y entonces volvemos al dinero.

El 7 de julio de 2026 el Consejo de Ministros autoriza nuevas contribuciones:

1,7 millones de euros a la OIT y 3,645 millones a la FAO.

Otros 5,345 millones de euros.

¿YOLANDA DÍAZ?.

El caso de Yolanda Díaz presenta una secuencia igualmente llamativa.

En junio de 2026 realiza nuevos desplazamientos a Ginebra y mantiene reuniones con responsables de máximo nivel de la OIT.

Los registros públicos de vuelos del Grupo 45 permiten identificar, además, desplazamientos oficiales en Falcon en los que figura Díaz como pasajera.

El 3 de junio mantiene contactos con la presidenta del Consejo de Administración de la OIT.

El 9 de junio vuelve a Ginebra y se reúne con responsables de la estructura ejecutiva de la organización y con representantes del Consejo de Administración.

Y el 23 de julio, apenas unas semanas después, el Gobierno anuncia oficialmente su candidatura a la dirección general de la OIT.

De nuevo: esto no demuestra que aquellos viajes fueran exclusivamente electorales.

Pero sí demuestra que la actividad de Díaz ante la OIT se intensificó y que terminó desembocando en una candidatura.

LA PREGUNTA QUE NADIE HA CONTESTADO.

Y aquí está la verdadera cuestión:

¿Cuándo decidió realmente el Gobierno presentar a Yolanda Díaz y Luis Planas?.

¿En 2026, poco antes de hacer públicas las candidaturas?

¿O durante 2025, cuando ambos ya estaban manteniendo contactos de alto nivel con las organizaciones que posteriormente aspirarían a dirigir?

No disponemos de un documento público que permita afirmar categóricamente que la decisión se tomó en junio o julio de 2025.

Pero tampoco necesitamos esperar a que aparezca una confesión.

En política, como en cualquier investigación seria, los indicios importan.

Y aquí no tenemos un único indicio, sino una secuencia:

contactos de alto nivel → viajes internacionales → reuniones con responsables de las organizaciones → contribuciones económicas millonarias → intensificación de contactos con potenciales apoyos → anuncio de las candidaturas.

La cuestión es determinar si todos esos elementos son independientes o forman parte de una misma operación política.

 EL PP NO DEBERÍA ESPERAR A QUE EL GOBIERNO SE LO CUENTE.

Aquí es donde el Partido Popular debería cambiar de estrategia.

Preguntar al Gobierno está bien.

Pero esperar que el Gobierno facilite voluntariamente toda la información relevante puede ser ingenuo.

El PP dispone de diputados, senadores, eurodiputados, asesores y equipos parlamentarios suficientes para hacer algo mucho más eficaz: reconstruir la operación utilizando las fuentes públicas.

El BOE.

Las referencias del Consejo de Ministros.

Las agendas de La Moncloa.

Las agendas de Trabajo y Agricultura.

Las agendas de Exteriores.

Las Representaciones Permanentes españolas ante la OIT y la FAO.

Las agendas de las embajadas.

Las organizaciones internacionales.

Los registros públicos de vuelos oficiales.

Todo está ahí.

Hay que cruzarlo.

Y, de hecho, los datos que permiten iniciar esa investigación están al alcance de cualquiera.

No es necesario esperar a que el Gobierno entregue una documentación que podría ser parcial o interesada. Las resoluciones y acuerdos ya publicados permiten reconstruir buena parte de la cronología.

Y HAY OTRA PREGUNTA: ¿POR QUÉ DÍAZ?

En el caso de Yolanda Díaz existe, además, una dimensión política que tampoco debería ignorarse.

Díaz llegó al Gobierno como una figura esencial del espacio situado a la izquierda del PSOE. Posteriormente lideró Sumar, un proyecto que terminó provocando una profunda ruptura con Podemos y que perdió progresivamente peso electoral y parlamentario.

En junio de 2024 abandonó el liderazgo de Sumar tras los malos resultados de las elecciones europeas.

Mientras tanto, Pedro Sánchez siguió necesitando el apoyo parlamentario de ese espacio político.

Ahora Díaz puede acabar dirigiendo uno de los organismos internacionales más importantes del sistema de Naciones Unidas en materia laboral.

¿Existe alguna relación entre ambas cosas?

No lo sabemos.

Pero sí podemos formular la pregunta:

¿Podría la proyección internacional de Díaz constituir una especie de recompensa política diferida por los servicios prestados al proyecto de Pedro Sánchez?.

No afirmo que así sea.

Digo que, si se quiere despejar cualquier sospecha, hay que investigar cuándo empezó a prepararse esa candidatura y qué papel desempeñó el Gobierno en su promoción.

## NO HAY QUE ACUSAR ANTES DE INVESTIGAR

Conviene ser muy claros.

Las contribuciones a la OIT y a la FAO son legales si están autorizadas conforme al procedimiento correspondiente.

Los viajes oficiales de los ministros también pueden estar plenamente justificados.

Las reuniones internacionales forman parte de sus funciones.

Y una candidatura española a un organismo internacional puede ser perfectamente legítima y beneficiosa para España.

Por eso la cuestión no es afirmar que existe malversación.

La cuestión es mucho más sencilla:

¿Se utilizaron recursos públicos para defender intereses generales de España o para promover candidaturas personales de miembros del Gobierno?

Y para responderla no hacen falta opiniones.

Hacen falta documentos.

## UNA INVESTIGACIÓN QUE YA PUEDE EMPEZAR.

El Partido Popular no necesita esperar a que el Gobierno le entregue las respuestas.

Puede empezar mañana mismo.

Y puede hacerlo con información que ya es pública.

Porque si los datos confirman que la preparación de las candidaturas comenzó realmente en junio-julio de 2025, y que desde entonces se movilizaron recursos diplomáticos, viajes oficiales y aportaciones económicas para conseguir apoyos, estaremos ante una cuestión política de enorme gravedad.

Y si los datos demuestran lo contrario, también será bueno saberlo.

Lo que no parece aceptable es que millones de euros de dinero público, viajes oficiales y gestiones diplomáticas coincidan temporalmente con las aspiraciones internacionales de dos ministros y que nadie se moleste en reconstruir qué ocurrió primero y por qué.

La transparencia no debería ser una concesión del Gobierno.

Debería ser una obligación.

Y cuando existen fechas, documentos, viajes, reuniones y millones de euros que pueden ser contrastados, investigar no es sospechar: **es sencillamente hacer periodismo.**

«La verdad es hija del tiempo, no de la autoridad.»

Francis Bacon.

-Luis Faraco Roldán.

COLOMBIA YA NO ES SOLO COLOMBIA (II).

CUANDO LA TIERRA TIEMBLA, EL ESTADO TIENE QUE ESTAR.

«Los grandes hombres se conocen en las grandes adversidades.»

Séneca.

Antesdeayer terminaba la primera parte de este artículo anunciando que hoy hablaríamos del nuevo tablero en el que Colombia empieza a adquirir una importancia extraordinaria.

Pero esta vez la realidad obliga a cambiar el rumbo.

Colombia ha sufrido una tragedia.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país ha dejado ya, según el último balance conocido, 250 fallecidos, cientos de heridos y decenas de desaparecidos. Hay viviendas destruidas, edificios colapsados y miles de personas que han perdido prácticamente todo. Las labores de rescate continúan y todavía se buscan supervivientes entre los escombros.

Y cuando una tragedia alcanza estas dimensiones, todo lo demás pasa a un segundo plano.

Antes de hablar de política, de gobiernos o de elecciones, quiero expresar mi solidaridad con las familias que han perdido a sus seres queridos, con los heridos, con quienes han perdido sus hogares y con todos los colombianos que están viviendo estas horas de angustia.

Desde España, donde llevo décadas observando y viajando a Colombia, solo puedo decirles una cosa:

mi pensamiento está con Colombia.

CUANDO EL ESTADO TIENE QUE ESTAR.

Abelardo de la Espriella llevaba apenas unos días en la Presidencia cuando la tierra comenzó a temblar.

No ha tenido tiempo para una transición tranquila, para acomodarse en el cargo ni para desarrollar su programa.

La realidad le ha colocado directamente delante de una emergencia nacional.

Y su respuesta ha sido ponerse al frente.

El presidente se desplazó hacia las zonas afectadas, mientras distintos ministros y responsables del Gobierno fueron enviados a los departamentos golpeados por el terremoto.

No se trata de una cuestión menor.

Cuando una catástrofe afecta simultáneamente a distintas regiones, el Estado tiene que llegar allí donde están las víctimas.

No basta con dirigir desde Bogotá.

Hay que coordinar, decidir, movilizar recursos y estar junto a quienes lo han perdido todo.

Hay momentos en los que la presencia importa tanto como las palabras.

Y este es uno de ellos.

ENTRE LOS ESCOMBROS.

Quizá la imagen que mejor resume estas últimas horas no sea la de un presidente pronunciando un discurso.

Sea la de los equipos de rescate trabajando entre los escombros.

Bomberos, militares, policías, sanitarios, voluntarios y perros de rescate buscando señales de vida.

Personas que pasan horas removiendo toneladas de materiales con la esperanza de escuchar una voz.

Y, algunas veces, ocurre el milagro.

Como ocurrió con el rescate de personas que habían permanecido durante horas atrapadas bajo los escombros.

En medio de una tragedia de estas dimensiones, cada vida salvada importa.

Cada superviviente es una victoria.

Cada familia que vuelve a abrazar a uno de los suyos representa una pequeña luz en medio de una catástrofe.

Por eso creo que debemos mirar también a quienes están trabajando allí.

Porque un país no es solamente su Gobierno.

Un país también son sus ciudadanos cuando se ayudan unos a otros.

Y Colombia está demostrando en estas horas que debajo de los edificios derrumbados hay también algo que no ha conseguido derribar el terremoto: la solidaridad.

LA AUTORIDAD NO ES UN DISCURSO.

Abelardo llegó a la Presidencia hablando de autoridad.

Ahora tiene delante una situación en la que la autoridad no se puede proclamar.

Se tiene que demostrar.

Y no solamente frente al narcotráfico, frente a los grupos armados o frente a quienes desafían al Estado.

También cuando un ciudadano necesita ser rescatado.

Cuando una familia necesita ayuda.

Cuando una población necesita alimentos, medicinas, agua, alojamiento y seguridad.

Por eso creo que todavía es demasiado pronto para juzgar la gestión de Abelardo.

La emergencia continúa.

La reconstrucción ni siquiera ha comenzado.

Habrá tiempo para evaluar errores, aciertos, retrasos y decisiones.

Pero sí podemos reconocer una cosa:

el nuevo presidente ha decidido estar al frente de la crisis desde el primer momento.

Y eso es exactamente lo que se espera de quien acaba de asumir la responsabilidad de gobernar un país.

LA AYUDA NO TIENE BANDERAS.

Hay otro asunto que merece una reflexión.

En una catástrofe de esta magnitud, la ayuda internacional puede resultar decisiva.

Distintos países han ofrecido equipos de rescate, personal especializado, material médico y ayuda humanitaria.

En los primeros momentos hubo controversia sobre la aceptación de determinados equipos extranjeros, pero Colombia ha activado posteriormente los mecanismos para recibir ayuda internacional.

Creo que aquí hay una regla que debería estar por encima de cualquier Gobierno:

cuando hay vidas en juego, toda ayuda capaz de salvarlas debe ser bienvenida.

No importa de dónde venga.

No importa quién la ofrezca.

No importa qué bandera lleve.

Si puede sacar a una persona de debajo de los escombros, debe llegar.

Porque ante una tragedia así no existen gobiernos de izquierdas o de derechas.

No existen aliados o adversarios.

Existen seres humanos que necesitan ser salvados.

Y ENTONCES APARECE LA POLÍTICA.

Precisamente por eso me ha llamado la atención la reacción de Gustavo Petro.

El expresidente pidió a los funcionarios de la UNGRD que informaran sobre lo ocurrido en Hidroituango tras el terremoto.

La preocupación por una infraestructura crítica es perfectamente legítima. Un terremoto de esta magnitud obliga a revisar cualquier instalación estratégica.

Pero también importa el momento.

Cuando Colombia está contando sus muertos, buscando desaparecidos y tratando de rescatar personas entre los escombros, uno espera que quienes han gobernado el país durante los últimos cuatro años tengan, ante todo, unas palabras para las víctimas.

No quiero hacer de esta tragedia una batalla partidista.

No sería justo con quienes están sufriendo.

Pero tampoco creo que debamos dejar de observar cómo reaccionan los dirigentes cuando la realidad les coloca delante una crisis que no admite discursos.

AHORA TOCA LEVANTARSE.

Después vendrá la reconstrucción.

Será larga.

Será costosa.

Y exigirá enormes recursos.

Habrá que reconstruir viviendas, carreteras, hospitales, escuelas, infraestructuras y, sobre todo, devolver a miles de familias una normalidad que el terremoto les ha arrebatado en cuestión de segundos.

Y ahí será cuando podamos empezar a juzgar realmente la capacidad del nuevo Gobierno.

Pero hoy no.

Hoy toca rescatar.

Hoy toca ayudar.

Hoy toca acompañar.

Hoy toca estar.

Porque la autoridad no se proclama. Se demuestra cuando llega la hora de estar al frente.

Y quizá esa sea la primera gran lección que este terremoto está dejando al nuevo Gobierno colombiano.

No será la última.

Pero será una de las más importantes.

Colombia tendrá tiempo para discutir de política.

Tendrá tiempo para discutir de economía.

Tendrá tiempo para discutir de Petro, de Abelardo, de izquierdas y de derechas.

Hoy no.

Hoy Colombia necesita algo mucho más sencillo y mucho más importante:

que nadie que pueda ayudar mire hacia otro lado.

Desde aquí, mi solidaridad con las víctimas, con sus familias y con todos los colombianos.

Y mi reconocimiento a quienes, en estas horas terribles, están trabajando entre los escombros para salvar vidas.

Porque cuando la tierra tiembla, las banderas pueden esperar.

Primero están las personas.

— Luis Faraco Roldán

LA TRANSICIÓN QUE ADMIRAN EN COLOMBIA Y DISCUTEN EN ESPAÑA.

La toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, convirtió a la Transición española, al consenso constitucional y a Adolfo Suárez en referentes para el futuro de Colombia. Una mirada desde el otro lado del Atlántico que invita a reflexionar sobre cómo valoramos nuestra propia historia.

Hay discursos que se olvidan cuando terminan los aplausos. Y hay otros que dejan una reflexión que trasciende a quien los pronuncia.

La toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pertenece a esta segunda categoría.

Confieso que me sorprendió escuchar, no una, sino reiteradas referencias a España, a la Transición democrática, al consenso constitucional y a la figura de Adolfo Suárez. Y no sólo en boca del nuevo presidente. También el presidente de la Cámara, ante quien prestó juramento, recurrió a esos mismos referentes para señalar el camino que Colombia aspira a recorrer.

No eran simples citas protocolarias ni gestos de cortesía hacia un país hermano. Eran la reivindicación de un modelo político.

Mientras Colombia mira a la Transición española en busca de inspiración para fortalecer sus instituciones y superar la polarización, en España llevamos años inmersos en un debate permanente sobre aquel mismo proceso histórico. Lo que durante décadas fue estudiado dentro y fuera de nuestras fronteras como un ejemplo de reconciliación política y construcción democrática, hoy se ha convertido, con demasiada frecuencia, en un motivo más de confrontación.

La Transición no fue perfecta. Ninguna obra humana lo es. Cometió errores, dejó cuestiones abiertas y sigue siendo legítimo debatir muchos de sus aspectos. Pero sería profundamente injusto olvidar lo esencial: consiguió que una sociedad profundamente dividida sustituyera el enfrentamiento por el acuerdo; que antiguos adversarios aceptaran convivir bajo unas reglas comunes; que la libertad naciera del consenso y no de la imposición.

Aquella generación comprendió que la democracia no consiste en derrotar definitivamente al adversario, sino en construir instituciones capaces de sobrevivir a las alternancias del poder.

Por eso la figura de Adolfo Suárez continúa despertando admiración más allá de nuestras fronteras. No porque fuera un político perfecto, sino porque simbolizó una forma de entender el liderazgo basada en el diálogo, la generosidad y el sentido de Estado.

Eso fue, precisamente, lo que más me llamó la atención de la ceremonia celebrada en Colombia.

No se evocó a España por su peso económico ni por su influencia internacional. Se evocó a la España que fue capaz de reconciliarse consigo misma. A la España que entendió que el futuro de una nación se construye tendiendo puentes y no levantando trincheras.

Y ahí reside la gran paradoja.

Mientras otros países encuentran en nuestra historia reciente un motivo de inspiración, nosotros parecemos empeñados en convertirla en un motivo permanente de división. Mientras desde el otro lado del Atlántico se reivindica el espíritu del consenso, aquí asistimos demasiadas veces al intento de juzgar el pasado desde las trincheras del presente.

Quizá el mayor homenaje que recibió ayer España no fue el contenido explícito de aquellos discursos pronunciados en Colombia, sino el reconocimiento implícito de que nuestra Transición sigue siendo, casi medio siglo después, un referente para quienes desean fortalecer la democracia y la convivencia.

Tal vez haya llegado el momento de preguntarnos por qué otros siguen viendo en nuestra historia un ejemplo digno de ser estudiado mientras nosotros discutimos, con tanta facilidad, aquello que hizo posible la etapa de mayor libertad, estabilidad y prosperidad de nuestra historia contemporánea.

Porque una nación no se hace más fuerte cuando reniega de su pasado, sino cuando es capaz de comprenderlo, aprender de él y transmitirlo a las nuevas generaciones con espíritu crítico, pero también con justicia.

Las naciones maduras no incendian los puentes que un día les permitieron cruzar el río de la Historia; los conservan para recordar a las generaciones futuras que la concordia siempre es más difícil de construir que el enfrentamiento… y mucho más valiosa cuando se consigue.

Luis Faraco Roldán

 

"Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder."
— Montesquieu

El mayor peligro de mantener a un gobernante débil y sin escrúpulos

El mayor peligro de mantener a un gobernante débil y sin escrúpulos es que altera por completo el funcionamiento normal del sistema político. Cuando la cabeza es débil, las partes menos importantes del "cuerpo" político adquieren un poder y una capacidad de influencia que jamás tendrían en circunstancias normales.

Esa puede ser una de las razones por las que, desde 2018, partidos situados en posiciones ideológicas aparentemente irreconciliables —desde la extrema izquierda hasta el nacionalismo y el independentismo más radical— han respaldado a Pedro Sánchez. Mantener un Gobierno central débil, presidido por un dirigente sin una ideología reconocible, sin escrúpulos y sin límites, facilita la obtención de privilegios y concesiones para quienes anteponen sus propios intereses al interés general de España, que debería ser la prioridad de cualquier gobierno digno de ese nombre.

Durante estos años hemos asistido a cesiones al País Vasco y a Cataluña que, en opinión de numerosos juristas y analistas, debilitan principios esenciales del Estado. Entre ellas destacan medidas que afectan a la Caja Única de la Seguridad Social y otras decisiones que, según esos análisis, cuestionan el principio constitucional de igualdad de todos los españoles, con independencia de su lugar de residencia o de cualquier otra circunstancia personal. La percepción de una parte de la sociedad es que esos principios han quedado seriamente erosionados.

Hay, además, algo que sigo sin comprender. ¿Cómo han podido partidos como el Partido Comunista, Izquierda Unida, Podemos o Sumar asumir sin apenas resistencia una deriva política tan alejada de muchos de los principios que históricamente defendían? Desde una perspectiva sociológica y politológica resulta difícil encontrar una explicación convincente, salvo que la conservación del poder, los cargos institucionales y los privilegios de sus dirigentes haya terminado prevaleciendo sobre cualquier otra consideración.

También provoca una profunda perplejidad la actitud de una parte de la Unión Europea y de la anterior Administración demócrata de Estados Unidos durante estos años. La tolerancia mostrada hacia los continuos deterioros institucionales parece haber respondido a intereses coyunturales que hoy comienzan a revelar un coste político muy elevado. Ese precio puede resultar incalculable y, en algunos aspectos, difícilmente reparable.

Más allá de la polarización interna y del enfrentamiento entre españoles, la actual situación proyecta vulnerabilidad sobre la propia Unión Europea, sobre la OTAN y, en definitiva, sobre el conjunto del mundo occidental. Cuando un Estado miembro debilita deliberadamente sus instituciones, el problema deja de ser exclusivamente nacional para convertirse en un riesgo compartido por todos sus aliados.

Confío en que quienes hicieron posible la continuidad política de Pedro Sánchez sean también conscientes de la responsabilidad histórica que les corresponde y retiren su apoyo antes de que finalice el año. Si no lo hacen, el deterioro institucional seguirá profundizándose y el coste para España será cada vez mayor.

Porque las democracias no suelen morir de golpe. Se desgastan lentamente, concesión tras concesión, cesión tras cesión, hasta que un día los ciudadanos descubren que aquello que daban por garantizado ya ha desaparecido. Reconstruir unas instituciones debilitadas siempre resulta mucho más difícil que haberlas protegido a tiempo. España todavía está a tiempo de evitar ese desenlace, pero el margen para reaccionar se estrecha cada día.

Luis Faraco.