LA MAFIA DE LOS DESPACHOS

El  prepara su travesía del desierto

Hay formas de ejercer el poder que resultan especialmente reveladoras. No son las que se exhiben en los grandes discursos, ni las que se anuncian solemnemente ante las cámaras. Son aquellas que se ejecutan en silencio, entre despachos, nombramientos, modificaciones de requisitos y decisiones administrativas que, bajo una apariencia de normalidad, pueden esconder una estrategia mucho más ambiciosa: garantizar que los fieles sigan teniendo acomodo cuando el poder cambie de manos.

La información publicada por The Objective sobre los movimientos del Ministerio de Exteriores que dirige José Manuel Albares vuelve a poner sobre la mesa una cuestión de enorme trascendencia política: ¿se está utilizando la Administración del Estado para proteger posiciones de influencia de determinados cuadros afines al Gobierno?

Si las denuncias sobre estos nombramientos se confirman, no estaríamos ante una simple controversia administrativa. Estaríamos ante una práctica que deteriora la confianza en las instituciones y que alimenta la sospecha de que algunos consideran el Estado una propiedad particular del partido que lo gobierna.

Y eso es precisamente lo que resulta indignante.

El Estado no es el cortijo de nadie

La Administración pública debe estar al servicio de los ciudadanos, no al servicio de una organización política. Sus puestos deben responder a criterios de capacidad, mérito, profesionalidad y legalidad. No pueden convertirse en premios de consolación, refugios de confianza o mecanismos de supervivencia política.

Sin embargo, cuando se acumulan decisiones que despiertan sospechas sobre la alteración de requisitos o el favorecimiento de determinadas personas, la pregunta resulta inevitable: ¿se está buscando al mejor candidato o se está construyendo una red de protección para los propios?

El problema no es que existan funcionarios que continúen en sus puestos cuando cambia un Gobierno. Eso es normal y necesario. El problema es que se utilicen cargos de especial responsabilidad para perpetuar una influencia política que las urnas podrían haber revocado.

Porque perder el poder no debería significar conservarlo por otras vías.

La travesía del desierto y los peones del sanchismo

El sanchismo ha demostrado una extraordinaria capacidad para resistir políticamente. Pero toda resistencia tiene un límite: el día en que los ciudadanos deciden que ha llegado la hora de una alternativa.

Y es precisamente ante esa posibilidad cuando debemos prestar especial atención a los movimientos que se producen en las estructuras del Estado.

¿Se están asegurando posiciones para los fieles? ¿Se están consolidando redes de influencia que puedan sobrevivir a una derrota electoral? ¿Se está preparando una Administración paralela, no necesariamente formal, pero sí política, capaz de condicionar al futuro Gobierno?

Son preguntas legítimas. Y merecen respuestas.

No se trata de afirmar que cada nombramiento responde a una conspiración. Se trata de exigir que cada decisión pública pueda justificarse con transparencia, con criterios objetivos y con respeto escrupuloso a la legalidad.

La democracia no puede funcionar bajo la sospecha permanente de que quienes gobiernan están utilizando su posición para garantizarse una retaguardia.

PP y VOX: tomar nota y actuar

Si el Partido Popular y VOX aspiran a protagonizar una alternativa de Gobierno, deberían estar tomando buena nota de cada uno de estos movimientos.

Porque el cambio político no puede limitarse a sustituir a los ministros y a ocupar los despachos del Consejo de Ministros. El verdadero cambio exige revisar las estructuras, auditar los nombramientos que presenten indicios de irregularidad y comprobar si se han respetado los principios de mérito, capacidad e igualdad.

Y cuando se detecten ilegalidades, actuar con todas las consecuencias.

No se trata de purgar funcionarios por su ideología. Eso sería reproducir exactamente aquello que se critica. Se trata de desmontar los mecanismos de favoritismo, de recuperar la neutralidad institucional y de garantizar que ningún partido pueda convertir la Administración en su refugio particular.

La transparencia debe ser la primera herramienta. La legalidad, la única frontera. Y la responsabilidad política, una obligación ineludible.

La democracia no admite propietarios

Hay algo profundamente perverso en la idea de que un partido pueda perder las elecciones y, sin embargo, conservar una parte sustancial de su poder mediante posiciones estratégicamente aseguradas dentro de las instituciones.

El Estado pertenece a todos los españoles. No a Pedro Sánchez, no al PSOE y tampoco a quienes hoy se benefician de la confianza del Gobierno.

La alternancia es una de las bases de la democracia. Quien gobierna debe asumir que algún día dejará de hacerlo. Y debe hacerlo sin intentar condicionar al sucesor mediante una red de privilegios o de posiciones de influencia construidas a costa del interés general.

Si el sanchismo está preparando su travesía del desierto, que la haga como cualquier otra fuerza política: desde la oposición, con sus diputados, sus militantes y sus argumentos.

Lo que no puede pretender es llevarse consigo una parte del Estado para seguir ejerciendo un poder que los ciudadanos ya no le hayan otorgado.

Porque una democracia no se degrada únicamente cuando se vulneran las leyes. También se degrada cuando quienes gobiernan empiezan a comportarse como si las instituciones les pertenecieran.

Y cuando llegue el momento de la alternancia, PP y VOX tendrán una responsabilidad histórica: demostrar que el Estado puede recuperar su neutralidad y que España no es el cortijo de ningún partido.

Luis Faraco Roldán
LIBERTAD SIN MIEDO

SIN ESCRÚPULOS.

 

El sanchismo y la degradación de los límites del poder.

Hay ocasiones en las que una expresión resume mejor una realidad política que cientos de páginas de análisis. «Sin escrúpulos» es una de ellas. Y escucharla aplicada al modo de ejercer el poder de Pedro Sánchez, en una televisión colombiana como NTN24, invita a una reflexión que trasciende la polémica partidista.

Porque lo que está sucediendo en España no puede analizarse exclusivamente desde la perspectiva de los escándalos que salpican al Gobierno, al partido que lo sostiene o a su entorno más próximo. El problema es más profundo. Tiene que ver con la concepción misma del poder, con los límites que deben imponérsele y con la resistencia de quien lo ejerce a aceptar que las instituciones democráticas no son patrimonio de nadie.

Pedro Sánchez ha convertido la supervivencia política en una auténtica razón de Estado. Cada dificultad se transforma en una batalla; cada crítica, en una conspiración; cada exigencia de responsabilidad, en un ataque político. Y cada principio que ayer se presentaba como innegociable parece hoy susceptible de ser sacrificado si la aritmética parlamentaria lo exige.

La hemeroteca, en este sentido, resulta demoledora. Las promesas, las líneas rojas y las afirmaciones solemnes han ido cediendo ante las necesidades de una permanencia en el poder que parece justificarlo todo. Lo que antes era inaceptable se convierte en inevitable. Lo que ayer se rechazaba con vehemencia se abraza hoy con entusiasmo. Y lo que se prometió no hacer termina haciéndose con una explicación de conveniencia.

Pero una democracia no puede vivir permanentemente de las excepciones.

El problema no es que un Gobierno negocie. Negociar forma parte de la política. El problema aparece cuando la negociación deja de perseguir el interés general y se convierte en un mecanismo de supervivencia personal; cuando las instituciones se perciben como instrumentos de resistencia; cuando la responsabilidad política se sustituye por una estrategia de comunicación destinada a desacreditar a quien pregunta.

Y es precisamente ahí donde la cuestión de los escrúpulos adquiere su verdadera dimensión.

Los escrúpulos no son una debilidad del gobernante. Son una garantía para el ciudadano. Constituyen ese límite moral que impide confundir la legitimidad electoral con una licencia ilimitada para actuar. Porque ganar unas elecciones otorga el derecho a gobernar, pero no el de desnaturalizar las reglas, despreciar los contrapesos o convertir la conveniencia partidista en norma de conducta.

La democracia no consiste únicamente en votar. También consiste en controlar, fiscalizar, exigir explicaciones y asumir responsabilidades. Una mayoría parlamentaria puede sostener un Gobierno, pero no puede convertir en aceptable cualquier comportamiento. La legalidad es el suelo sobre el que se construye el poder; la ejemplaridad es el mínimo que se espera de quienes lo ejercen.

España necesita recuperar esa distinción.

Y mientras el sanchismo siga confundiendo la resistencia política con la impunidad moral, mientras la permanencia en La Moncloa parezca prevalecer sobre cualquier otra consideración, la pregunta seguirá siendo inevitable: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar un gobernante que considera que perder el poder es un mal mayor que comprometer la confianza de los ciudadanos?

No se trata de una cuestión de derechas o de izquierdas. Se trata de una cuestión de democracia. De dignidad institucional. De respeto a una ciudadanía que merece algo más que explicaciones cambiantes, enfrentamientos calculados y una política convertida en permanente estado de excepción retórico.

La historia no juzga únicamente a los gobernantes por las leyes que aprobaron o por los años que permanecieron en el poder. También los juzga por la forma en que lo ejercieron, por los límites que respetaron y por aquellos que decidieron cruzar.

Y cuando el poder deja de reconocer límites, los escrúpulos dejan de ser una virtud privada para convertirse en una exigencia pública.

Porque gobernar no consiste en hacer todo lo posible para no marcharse. Consiste, sobre todo, en saber que hay cosas que jamás deberían hacerse para quedarse.

Luis Faraco Roldán.

LIBERTAD SIN MIEDO.

PATATAS, PROSTITUTAS Y SOCIALISMO: EL GUION DE TORRENTE QUE NO SE ATREVE A RODAR SANTIAGO SEGURA.

Hay noticias que uno lee dos veces. No porque sean difíciles de entender, sino porque cuesta creer que la realidad pueda superar a la ficción con semejante desparpajo. La exclusiva publicada hoy por El Debate es una de ellas. Y, sinceramente, tiene todos los ingredientes de una película de Torrente. Solo falta Santiago Segura detrás de la cámara.

Según publica el diario, Óscar Puente habría dimitido apenas dos horas después de que Pedro Sánchez recibiera información sobre unas presuntas relaciones comprometedoras entre el ministro y un empresario que, al parecer, le habría invitado a banquetes y fiestas con prostitutas a cambio de su ayuda para conseguir subvenciones públicas.

El empresario en cuestión responde al nombre de Francisco Javier Meléndez Juárez, consejero delegado y propietario de… atención, que aquí viene el detalle que hace que uno tenga que contener la carcajada: ¡Patatas Meléndez!

Sí, patatas. De las de toda la vida. La empresa tiene su sede en un polígono industrial de Medina del Campo. Uno se imagina la escena y no sabe si está leyendo una información política, el argumento de una comedia de destape de los años setenta o el guion de la próxima entrega de Torrente.

Pero el asunto, más allá de lo pintoresco de sus protagonistas, es bastante menos gracioso.

Según el relato de El Debate, Diego Rubio, jefe de gabinete de Pedro Sánchez, habría trasladado al presidente el martes a las siete de la tarde una información relativa a Óscar Puente. El empresario habría solicitado al ministro que intercediera ante el Gobierno para obtener subvenciones para su compañía. A cambio, siempre según la información publicada, Puente habría recibido invitaciones a comidas y fiestas con prostitutas en el domicilio del empresario.

Y aquí aparece la coincidencia temporal que convierte la noticia en un auténtico terremoto político: dos horas después de recibir Sánchez esa información, Óscar Puente anunciaba su dimisión al término de su comparecencia en el Congreso sobre el accidente ferroviario de Adamuz.

Naturalmente, todo ello debe ser investigado y acreditado. No estamos ante hechos judicialmente probados, sino ante acusaciones periodísticas de enorme gravedad. Pero si el relato se confirma, estaríamos ante algo que va mucho más allá de una anécdota de mal gusto.

Porque, de ser cierto, estaríamos hablando de un ministro, de un empresario, de posibles favores a cambio de ayudas públicas y de unas fiestas que, por lo descrito, parecen sacadas de la imaginación más desinhibida de un guionista de cine quinqui.

Y entonces uno no puede evitar acordarse de José Luis Ábalos. Otra vez el PSOE orbitando alrededor de las mismas palabras: empresarios, favores, mordidas, prostitutas. Todo presuntamente, por supuesto. Pero demasiadas coincidencias como para despacharlas con el habitual «no todos somos iguales».

¡Claro que no todos somos iguales! Algunos se pasan la vida predicando ejemplaridad, regeneración democrática y superioridad moral, mientras la realidad les va escribiendo, capítulo a capítulo, una sátira bastante más eficaz que cualquier oposición parlamentaria.

El socialismo español lleva años vendiendo una imagen de solemnidad moral que, a la vista de determinadas informaciones, empieza a parecerse peligrosamente a un decorado de cartón piedra. Mucho discurso sobre la dignidad de las instituciones, mucha condena de la corrupción ajena y mucha pose de ciudadanos ejemplares. Y, entretanto, las noticias que van apareciendo parecen empeñadas en desmontar el escenario.

Lo de Patatas Meléndez, si se confirma, no sería solamente un escándalo político. Sería también una caricatura perfecta de esa política de salón que se proclama austera, progresista y comprometida con los más desfavorecidos, pero que termina protagonizando historias de banquetes, privilegios y supuestos intercambios de favores.

La cuestión ya no es si el guion tiene más o menos gracia. La cuestión es si los ciudadanos pueden confiar en quienes administran el dinero público y en quienes presumen de ser moralmente superiores al resto.

Y mientras esperamos que se esclarezcan los hechos, permitámonos al menos una reflexión: hay películas que envejecen mal, pero hay políticos que parecen empeñados en convertirlas en documentales.

Óscar Puente, el ministro que hizo de la bravuconería un estilo político, de la descalificación un argumento y de la soberbia una forma de comparecer ante los ciudadanos, parece encontrar en esta historia el colofón más grotesco a su vida ministerial.

El hombre que tantas veces se dedicó a repartir lecciones, a desafiar a sus adversarios y a exhibir una indisimulada chulería acabaría despedido de la escena política por un guion que ni el mismísimo Torrente habría sido capaz de escribir.

Hay finales que se escriben solos. Y este, desde luego, tiene aroma a comedia berlanguiana.

¡Dí que sí, no todos somos iguales!

Luis Faraco Roldán.

TRUMP, SÁNCHEZ Y EL ESPEJISMO DE LA INTELIGENCIA ELECTORAL.

Segunda parte: cuando los populistas pierden, la democracia vuelve a ser inteligente

El 7 de noviembre de 2024 publiqué en este blog un artículo titulado «El triunfo de Trump lo identifica más con Sánchez que con Feijóo». Aquel análisis pretendía explicar por qué, más allá de sus diferencias ideológicas, Donald Trump y Pedro Sánchez compartían demasiados rasgos de personalidad política, de concepción del poder y de relación con las instituciones como para que su aparente antagonismo resultara convincente.

Hoy, tras la derrota republicana en las elecciones estadounidenses, considero oportuno retomar aquella reflexión. No tanto por el resultado en sí, sino por la sorprendente reacción de quienes, hace apenas dos años, se apresuraban a descalificar a millones de americanos por haber elegido democráticamente a Donald Trump.

Ahora, esos mismos ciudadanos parecen haber recuperado súbitamente la inteligencia, la madurez y el sentido democrático. Curiosa metamorfosis. Los americanos eran ignorantes, manipulables y extremistas cuando votaban a Trump, pero hoy, cuando le castigan en las urnas, se convierten en un ejemplo de lucidez política.

¿Acaso la inteligencia de los ciudadanos depende de que su voto coincida con las preferencias ideológicas de quienes se arrogan el derecho a juzgarlos?

Para determinados sectores de la izquierda, la democracia parece tener una condición implícita: que los ciudadanos voten correctamente. Y votar correctamente, naturalmente, significa votarles a ellos.

Pero las urnas no conceden certificados de superioridad moral. Los ciudadanos pueden otorgar su confianza a un dirigente y, llegado el momento, retirársela. Esa es precisamente la esencia de la democracia representativa: la posibilidad de corregir las decisiones anteriores sin que nadie pueda arrogarse la propiedad de la voluntad popular.

El populismo no desaparece cuando pierde unas elecciones, ni deja de serlo cuando lo practica alguien con quien simpatizamos.

Esta es, precisamente, la cuestión que me llevó a establecer en 2024 aquel paralelismo entre Trump y Sánchez.

Ambos representan realidades nacionales distintas, con programas y circunstancias que no deben confundirse. Sin embargo, comparten una forma de entender la política que merece ser analizada más allá de las etiquetas ideológicas: la personalización del poder, la confrontación permanente y la división de la sociedad entre partidarios y adversarios.

Trump ha construido su liderazgo sobre la apelación directa a sus seguidores, la desconfianza hacia las instituciones y una permanente confrontación con quienes cuestionan su autoridad. Sánchez, por su parte, ha hecho de la polarización política, de la división entre bloques y de la identificación de sus adversarios con supuestas amenazas a la democracia una de las principales herramientas de su estrategia de supervivencia.

En ambos casos, el debate político corre el riesgo de convertirse en una pugna de lealtades personales, en la que la crítica al dirigente se interpreta como una agresión y el adversario deja de ser alguien con quien discrepar para convertirse en alguien a quien combatir.

No se trata de afirmar que sean idénticos. Sería una simplificación tan injusta como innecesaria. Se trata de reconocer que determinadas prácticas políticas pueden compartir una misma naturaleza, aunque se presenten bajo banderas ideológicas opuestas.

Y hay un elemento todavía más inquietante: la relación de ambos con las instituciones y con los límites que estas deben imponer al poder ejecutivo.

La democracia no consiste únicamente en ganar elecciones. También exige respetar las reglas, la división de poderes, la independencia judicial y los derechos de quienes no comparten las ideas del gobernante. Un dirigente no puede convertir su victoria electoral en una licencia para someter las instituciones a sus intereses personales o partidistas.

En mi artículo de 2024 ya advertía de que el triunfo de Trump no le alejaba necesariamente de Sánchez. Al contrario, ponía de manifiesto algunas de sus similitudes políticas más preocupantes.

Hoy mantengo aquella reflexión. Y la derrota republicana ofrece una nueva oportunidad para comprobar que el populismo, cuando se enfrenta a la realidad de las urnas, puede sufrir el mismo castigo que cualquier otra forma de ejercicio abusivo del poder.

Pero sería un error interpretar este resultado como una absolución general de los demócratas, del mismo modo que la victoria republicana de 2024 no constituía una absolución de Trump. Una derrota electoral no convierte automáticamente al adversario en un modelo de virtud, ni una victoria legitima todas las actuaciones del vencedor.

Los ciudadanos no votan necesariamente por adhesión absoluta. A veces lo hacen por esperanza, otras por rechazo y, en muchas ocasiones, por la necesidad de corregir aquello que consideran equivocado.

La inteligencia de un electorado no se demuestra cuando vota a un partido determinado, sino cuando conserva la libertad de cambiar de opinión.

Y aquí es donde la política americana comienza a ofrecer una lectura especialmente interesante para España.

Pedro Sánchez ha convertido su permanencia en el poder en el eje central de su estrategia política. Los acuerdos con partidos nacionalistas y separatistas, la confrontación con la oposición y la fragmentación parlamentaria le han permitido prolongar una legislatura cuya estabilidad depende de equilibrios cada vez más complejos.

Sin embargo, la resistencia parlamentaria no debe confundirse con el respaldo social. La habilidad para construir mayorías de investidura tampoco equivale a disponer de una mayoría ciudadana dispuesta a renovar indefinidamente su confianza.

La legitimidad institucional es imprescindible, pero no puede utilizarse como argumento para ignorar el desgaste político, la desafección ciudadana o la pérdida de confianza de una parte sustancial del electorado.

El 29-N puede convertirse en un punto de inflexión.

Mi simulación electoral, elaborada a partir de los sondeos ajenos al CIS y de la distribución provincial del voto, apunta a una mayoría suficiente de PP y VOX en el Congreso y a un dominio muy significativo de la derecha en el Senado. Cataluña, con la irrupción de Aliança Catalana, puede introducir variaciones relevantes en ese resultado.

No pretendo presentar una estimación como una certeza. Pero sí advertir de que el escenario de cambio político es suficientemente consistente como para que el Gobierno no pueda descartarlo mediante descalificaciones a sus adversarios o apelaciones a una supuesta superioridad moral.

Si las urnas confirman esta previsión, Sánchez tendrá que enfrentarse a una realidad que hoy sus partidarios parecen ignorar: los ciudadanos no son propiedad de ningún partido.

Y entonces, unos celebrarán que los españoles hayan recuperado la inteligencia, mientras otros volverán a lamentar que el pueblo no sepa votar y se haya equivocado.

Curiosa democracia aquella en la que el ciudadano siempre acierta cuando vota a los nuestros y siempre se equivoca cuando elige a los demás.

La democracia, sin embargo, no consiste en que siempre ganen los nuestros. Consiste en que nadie pueda perpetuarse en el poder contra la voluntad de los ciudadanos.

Porque quien confunde una victoria electoral con la propiedad de la democracia acaba descubriendo que las urnas siempre se reservan la última palabra.

LUIS FARACO ROLDÁN.

EL SACRIFICIO DE ÓSCAR PUENTE.

¿Un ministro en el puesto de mando o un cortafuegos para proteger a Pedro Sánchez?

«The Buck Stops Here» (La responsabilidad termina aquí).

— Harry S. Truman

La crisis ferroviaria ha entrado en una nueva dimensión. Después de las tragedias de Adamuz y Urda, la cuestión ya no es solamente qué ha ocurrido, qué falló en los mecanismos de seguridad o quién deberá responder ante la justicia. Hay otra pregunta que empieza a abrirse paso en el debate político: ¿hasta cuándo piensa Pedro Sánchez mantener a Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes?

Lo significativo es que la exigencia de responsabilidades ya no procede exclusivamente de la oposición. El PNV ha reclamado al presidente que adopte medidas políticas al máximo nivel, incluida la posibilidad del cese o la dimisión del ministro. Ada Colau, desde el Frente Amplio, ha pedido formalmente su renuncia. No son precisamente voces ajenas al espacio parlamentario que ha permitido al Gobierno sacar adelante buena parte de sus iniciativas.

Puente, sin embargo, descarta dimitir. Ha asegurado que su manera de asumir responsabilidades es dar la cara y que cuenta con la confianza de Sánchez. Incluso ha reconocido que puso su cargo a disposición del presidente y que este rechazó su salida por considerarla injusta.

Pero conviene no confundir dos cuestiones. Una cosa es determinar las responsabilidades técnicas, judiciales o penales de los accidentes, y otra muy distinta es valorar la responsabilidad política de quien dirige el departamento del que depende la gestión ferroviaria.

No hace falta esperar a una sentencia para exigir explicaciones políticas.

Y aquí aparece una hipótesis que no deberíamos descartar: que Sánchez esté calculando el momento adecuado para sacrificar a su ministro. Mantenerlo mientras absorbe el desgaste de la crisis y, cuando el coste político y electoral resulte demasiado elevado, cesarlo para transmitir a la opinión pública la imagen de un presidente que escucha, reacciona y exige responsabilidades.

Sería una operación de control de daños. Una inmolación política destinada a proteger al presidente.

El precedente de José Luis Ábalos invita a recordar cómo gestiona Sánchez estas situaciones. En julio de 2021 lo destituyó como ministro sin ofrecer explicaciones públicas sobre los motivos. Entonces Ábalos no estaba investigado por el caso de las mascarillas. Dos años después, el PSOE volvió a incluirlo en sus listas por Valencia y regresó al Congreso. La trama que acabaría llevándolo ante la justicia estalló en 2024.

No estoy equiparando situaciones judiciales diferentes. Estoy recordando un precedente político que merece ser tenido en cuenta.

Si Puente termina saliendo del Ministerio, habrá que observar también qué ocurre con su candidatura al Congreso por Valladolid. Su nombre figura como cabeza de lista socialista para las elecciones del 29 de noviembre. Si deja de ser considerado adecuado para dirigir Transportes, ¿seguirá siendo idóneo para representar al PSOE en las Cortes?

Pero hay algo que todavía está en su mano. El próximo martes comparecerá ante la Diputación Permanente del Congreso. ¿Por qué no adelantarse a esa comparecencia y anunciar personalmente su dimisión?

Sería un gesto de grandeza política. Una decisión que le permitiría asumir personalmente el coste de su salida, en lugar de esperar a que el presidente decida cuándo y cómo prescindir de él. También evitaría que su marcha pareciera una operación diseñada exclusivamente para contener el desgaste electoral del Gobierno.

No parece, por ahora, que esa sea su intención. Sánchez mantiene su respaldo y Puente asegura que no contempla dimitir. Pero la política también está hecha de decisiones inesperadas. Todavía tendría la oportunidad de convertir una salida eventualmente forzada en una decisión propia.

Truman entendía que quien ocupa la máxima responsabilidad no puede limitarse a trasladarla a sus subordinados. Ese principio debería servir también para recordar que un ministro puede responder por su departamento, pero el presidente responde por su Gobierno.

Sánchez puede sacrificar a Óscar Puente. Lo que no puede hacer es pretender que, con su sacrificio, queda saldada la responsabilidad de Moncloa.

Luis Faraco Roldán.

EL FASCISMO SIEMPRE ES EL DE LOS OTROS.

Durante años, la izquierda nos ha repetido la misma consigna: votadnos, porque si gana la derecha perderéis las pensiones, la sanidad, la educación y hasta los derechos más elementales. El miedo como programa electoral y la amenaza como argumento político.

Pero ahora que la alternancia amenaza con llegar, estamos descubriendo la letra pequeña del contrato.

Algunos de los grandes defensores de la democracia parecen aceptarla con una condición: que el pueblo vote correctamente. Si vota a los suyos, es sabio y soberano. Si vota a otros, está manipulado y necesita que alguien le explique su error. Y si las urnas no les dan la razón, siempre queda la calle.

Ahí aparece la revolución de salón: se aplauden las barricadas ajenas, se justifican los destrozos y se bautiza la violencia como indignación social. Naturalmente, la persiana que baja es la del comerciante; el escaparate que se rompe es el suyo y la factura de la revolución también la paga él.

¡Qué generosidad la de quienes predican la transformación social con el negocio de otro!

Manifestarse es un derecho. Hacer huelga, también. Agredir, saquear e incendiar no son derechos, por mucho que se invoquen la justicia social y las causas más nobles. La violencia no se vuelve legítima porque la ejerzan quienes comparten nuestras ideas. Y mucho menos porque alguien encuentre después una explicación ideológica para justificarla.

La contradicción alcanza su apogeo cuando, después de años gobernando, quienes no han resuelto un problema convocan movilizaciones contra quienes todavía no gobiernan. La vivienda es un ejemplo evidente: se exige a la oposición que solucione lo que el Gobierno no ha conseguido resolver, como si la responsabilidad política fuera siempre propiedad del adversario.

Y todavía quedan los revolucionarios de sofá: los que celebran las barricadas mientras no ardan cerca de su casa, defienden la ocupación mientras no ocupen la suya y aplauden los destrozos siempre que el negocio afectado no sea el propio.

Nos prometieron protegernos de todos los males si votábamos a la izquierda. Olvidaron advertirnos de que algunos de sus predicadores acabarían justificando la intolerancia, la violencia y el desprecio a la voluntad popular cuando las urnas amenazaran sus privilegios.

Porque la democracia no consiste en que gobiernen siempre los nuestros. Consiste en aceptar que pueden gobernar los otros. Y quien pretende corregir por la fuerza la voluntad de los ciudadanos no está defendiendo la democracia: está cuestionando sus reglas.

El fascismo siempre es el de los otros. Ese es precisamente el truco: reservarse el monopolio de la virtud y atribuir al adversario todos los males, incluso aquellos que uno está dispuesto a tolerar cuando los cometen los suyos.

Como nos enseñó George Orwell con su crítica del totalitarismo, el poder también aspira a controlar las palabras con las que juzgamos la realidad. Por eso conviene no confundir las etiquetas con los hechos, ni la propaganda con los principios.

Porque el verdadero demócrata no es quien tolera que ganen los suyos, sino quien respeta que puedan ganar los demás.

Luis Faraco Roldán.

LEY DE NIETOS: EL GOBIERNO DEBE DAR EXPLICACIONES.

Hay preguntas que un Gobierno no puede despachar con una excusa administrativa. Y hay órdenes judiciales que no pueden quedar subordinadas a la conveniencia política del Ejecutivo. Lo que está ocurriendo con la llamada Ley de Nietos reúne ambas circunstancias.

El Tribunal Supremo ha exigido al Gobierno que identifique a los afectados por las medidas cautelares que ha dictado sobre el censo electoral exterior, con un requerimiento dirigido a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares. El plazo concedido y las advertencias sobre las posibles consecuencias del incumplimiento han elevado el asunto a una dimensión institucional que ya no puede minimizarse.

No estamos ante una discrepancia política más. Estamos ante un tribunal que exige información a la Administración y reclama que sus resoluciones se cumplan.

Una cifra que exige explicaciones.

Desde el principio he considerado que las cifras ofrecidas por el Gobierno merecían un examen mucho más riguroso. No porque pueda afirmarse, sin pruebas, que sean falsas, sino porque el Ejecutivo debe explicar de dónde salen, qué universo de electores comprenden y cómo se ha llegado a determinar que son precisamente 163.020 las personas afectadas.

La transparencia no consiste en ofrecer una cifra exacta. Consiste en hacer posible que esa cifra sea comprobada.

Y aquí aparece una contradicción difícil de ignorar. El Gobierno ha cuantificado el colectivo afectado, pero el Supremo reclama la relación nominal de esas personas. El tribunal ha cuestionado que no se le haya facilitado esa información, recordando que ha sido la propia Administración la que ha tramitado los expedientes de nacionalidad.

La pregunta es elemental: si el Estado ha concedido esas nacionalidades, ha inscrito a sus titulares y puede cuantificar el colectivo afectado, ¿por qué no entrega al tribunal la información necesaria para identificarlo?

Si la cifra es correcta, debe poder justificarse documentalmente. Si no lo es, hay que explicar dónde está el error. Lo que no resulta aceptable es que una cuestión de esta trascendencia quede envuelta en cifras cuya composición y metodología no se aclaran suficientemente.

La excusa del tiempo.

El argumento gubernamental es que no hay tiempo material para revisar todos los expedientes antes de las elecciones.

Puede haber dificultades administrativas reales. Pero esa explicación no responde a todas las cuestiones planteadas por el Supremo.

Una cosa es comprobar individualmente si cada solicitante cumple los requisitos legales y otra, muy distinta, identificar a las personas cuyos expedientes ha tramitado la propia Administración.

Confundir ambas operaciones permite presentar cualquier exigencia judicial como una tarea imposible. Y no debería ser así.

La Administración puede solicitar aclaraciones, exponer dificultades y proponer soluciones. Lo que no puede hacer es convertir unilateralmente sus limitaciones organizativas en una dispensa para cumplir una resolución judicial vigente.

La falta de tiempo puede explicar una dificultad. No demuestra, por sí sola, que esa dificultad sea inevitable, que se haya actuado con toda la diligencia exigible ni que resulte imposible cumplir el requerimiento concreto del tribunal.

Treinta y un mil expedientes y solo 91 certificados.

Los datos difundidos sobre la revisión de los expedientes añaden otra incógnita. Según la información publicada, se habían revisado 31.390 expedientes y únicamente 91 habían acreditado el exilio exigido por las medidas cautelares.

Son 91 de 31.390: aproximadamente el 0,29 %.

La cifra llama la atención y exige explicaciones. Pero hay que interpretarla correctamente: no demuestra que los restantes solicitantes hayan obtenido fraudulentamente la nacionalidad ni que carezcan necesariamente de derecho al voto. Se refiere al cumplimiento de un requisito específico en el marco de las medidas cautelares.

Lo que sí obliga a preguntar es cómo se está realizando la revisión, qué documentación existe, qué criterios se aplican y por qué el número de certificados expedidos es tan reducido.

Tampoco puede darse por probado que el número real de afectados sea varias veces superior al comunicado por el Gobierno. Para sostenerlo hacen falta datos contrastables. Precisamente por eso resulta indispensable conocer la relación nominal, la metodología de cálculo y la correspondencia entre los registros administrativos y las cifras presentadas ante el tribunal.

La transparencia no puede ser selectiva: debe alcanzar tanto a los expedientes como a los criterios empleados para clasificarlos.

El Estado de derecho no admite excepciones por conveniencia.

La cuestión de fondo es más importante que cualquier disputa partidista.

El Supremo ha dictado unas medidas cautelares que el Gobierno no ha conseguido levantar. Mientras sigan vigentes, deben cumplirse en sus propios términos. Si el Ejecutivo considera que son desproporcionadas, perjudican derechos fundamentales o resultan materialmente imposibles de ejecutar, dispone de los cauces judiciales para defender su posición.

Pero la Administración no puede sustituir al tribunal en la interpretación de sus propias resoluciones.

Hay dos derechos que deben protegerse: el de los ciudadanos a votar conforme a la ley y el de todos los españoles a que el censo electoral se forme con transparencia, objetividad y garantías. Ninguno se defiende ocultando información ni eludiendo las comprobaciones necesarias.

Tampoco se trata de presumir culpabilidades ni de convertir una controversia jurídica en una condena anticipada. Se trata de exigir explicaciones y responsabilidades políticas por la gestión de un asunto que afecta a la credibilidad de las instituciones.

La nacionalidad española es un derecho cuando se obtiene conforme a la ley. El sufragio es un derecho fundamental. Y la legalidad del censo no puede convertirse en una cuestión secundaria frente a la proximidad de unas elecciones.

Las preguntas siguen en pie.

El Gobierno debe explicar cómo ha calculado la cifra de afectados, por qué no ha entregado la información reclamada por el Supremo y qué actuaciones concretas ha realizado para cumplir las medidas cautelares.

También debe aclarar qué parte del trabajo pendiente consiste en identificar a los electores y qué parte exige comprobar individualmente las circunstancias de cada expediente. Esa distinción es esencial para valorar si las dificultades invocadas son reales, inevitables y suficientes para justificar los retrasos.

El requerimiento judicial constituye una oportunidad para despejar las dudas con documentos, datos y explicaciones verificables. No basta con invocar la complejidad del procedimiento ni con repetir que el calendario electoral aprieta.

Un Gobierno puede discrepar de los tribunales. Puede recurrir sus decisiones. Puede defender su interpretación de la ley. Lo que no puede pretender es que la falta de tiempo cierre las preguntas que tiene la obligación de responder.

Cuando un tribunal pregunta quiénes son los afectados, la Administración debe identificarlos. Cuando exige datos, debe aportarlos. Y cuando dicta una orden, el Gobierno debe cumplirla mientras permanezca vigente.

Eso no es una cuestión de ideología. Es una exigencia elemental del Estado de derecho.

Luis Faraco Roldán.