MARLASKA PREGUNTA AHORA A LA POLICÍA.

La crisis de Ceuta que el Gobierno ya no puede esconder

La crisis sufrida por Ceuta los días 30 y 31 de julio no puede quedar sepultada bajo declaraciones contradictorias, comunicados oficiales y nuevas explicaciones.

Hoy conocemos la existencia de informes y análisis policiales previos relacionados con los acontecimientos y vinculados a las actuaciones que se siguen en la Audiencia Nacional.

La pregunta, por tanto, ya no es si existió información.

La verdadera pregunta es:

¿QUIÉN LA CONOCÍA Y QUÉ HIZO CON ELLA?

Las advertencias existían. El análisis de riesgo existía. Y España tiene derecho a saber cuál fue el recorrido de aquella información dentro del Estado.

Lo que ahora debe explicar Marlaska.

La reacción del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de madrugada, ha añadido una nueva y extraordinaria gravedad al asunto.

Marlaska ha pedido explicaciones al director general de la Policía sobre la información conocida y sobre cuándo disponía la Policía de ella.

Pero esa iniciativa, lejos de resolver el problema, plantea una cuestión todavía más inquietante:

¿Cómo es posible que el ministro del Interior tenga que preguntar ahora a la Policía qué sabía la propia Policía sobre unos hechos de semejante trascendencia?

Aquí se abre un dilema político del que resulta difícil escapar.

Si la información estaba en poder de la Policía y no llegó al ministro, alguien debe explicar un fallo de tal gravedad en la cadena de mando y de información.

Y si Marlaska conocía, o debía conocer, aquella información, tendrá que explicar por qué ahora aparece públicamente preguntando por ella.

Porque un ministro puede ignorar un informe. Lo que no puede ignorar son las consecuencias de no haberlo conocido.

La pregunta que queda en el aire es, por tanto, inevitable: ¿qué ha fallado en el Ministerio del Interior y quién debe responder por ello?

El director general de la Policía debe responder si una información de esta trascendencia no fue trasladada al ministro.

El ministro del Interior debe responder si conoció información relevante, si tenía la obligación de conocerla o si sus declaraciones públicas no reflejaron todo lo que se sabía.

Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco puede permanecer al margen.

Una crisis de esta dimensión no puede terminar reducida a una discusión entre un ministro y uno de sus subordinados. Si se ha producido un fallo grave en la cadena de información del Estado, el máximo responsable político del Gobierno debe explicar qué ocurrió.

José Manuel Albares debe aclarar igualmente qué información manejó el Ministerio de Asuntos Exteriores y cuál fue la respuesta diplomática ante unos acontecimientos que afectan directamente a una frontera española.

Ceuta exige respuestas.

La investigación judicial deberá establecer todos los hechos y determinar, en su caso, las responsabilidades jurídicas.

Pero las responsabilidades políticas tienen su propio terreno y no pueden quedar suspendidas indefinidamente.

Los ciudadanos tienen derecho a saber qué ocurrió.

Ceuta tiene derecho a conocer qué información existía antes de aquellos días y qué decisiones se tomaron cuando la ciudad española afrontó una crisis de una dimensión extraordinaria.

Porque Ceuta no es una periferia.

Ceuta es España.

Y los ceutíes tienen el mismo derecho a la seguridad, a la protección y a la defensa del Estado que cualquier ciudadano del resto del territorio nacional.

La cuestión ya no es si habrá responsabilidades.

La cuestión es quién va a asumirlas.

Si el director general de la Policía no informó al ministro de una cuestión de esta gravedad, deberá responder por ello.

Si el ministro conocía, o tenía la obligación de conocer, información relevante y ahora pretende situarse fuera de la cadena de responsabilidades, deberá dar muchas explicaciones.

Y si todo esto revela un fracaso político de mayor dimensión, el presidente del Gobierno no puede permanecer al margen.

Hoy, más que nunca, España necesita saber la verdad.

No nuevas versiones.

No más contradicciones.

La verdad.

CEUTA EXIGE LA VERDAD.

CEUTA EXIGE SEGURIDAD.

CEUTA EXIGE QUE ESPAÑA LA DEFIENDA.

CEUTA NO SE RINDE.

CEUTA SE DEFIENDE.

TODOS SOMOS CEUTA.

Luis Faraco Roldán.

UNA MOCIÓN DE CENSURA EN LAS CALLES CONTRA EL AUTORITARISMO DEL GOBIERNO.

El derecho de los españoles a reunirse y expresar pacíficamente su solidaridad con Ceuta no debería convertirse en una cuestión de permiso político.

La noticia de que la Delegación del Gobierno ha impedido determinadas concentraciones de apoyo a Ceuta merece una reflexión.

Porque la libertad de expresión y el derecho de reunión no son una concesión del Gobierno de turno. Son derechos fundamentales de los españoles.

Y resulta difícil entender la paradoja: mientras ciudadanos de toda España quieren reunirse pacíficamente para decir que Ceuta no está sola, la Administración del Estado encuentra la manera de impedir determinadas convocatorias.

Que se discuta quién tiene capacidad jurídica para convocar un acto es una cuestión administrativa. Pero otra cosa es el mensaje político que termina llegando a los ciudadanos.

¿De verdad el Gobierno cree que la solidaridad con Ceuta debe ser limitada, regulada o discutida en función de quién presenta un escrito?

Ceuta no necesita permiso para ser española.

Y los españoles no deberían sentirse obligados a pedir permiso político para expresar pacíficamente su apoyo a una ciudad española.

Si la convocatoria inicial encuentra obstáculos administrativos, la respuesta democrática no debería ser la resignación.

Debería ser la participación.

Que mañana, en cada pueblo y en cada ciudad donde sea posible, los ciudadanos expresen pacíficamente su solidaridad con Ceuta.

No contra nadie.

No para alimentar el odio.

No para provocar enfrentamientos.

Para decir algo mucho más sencillo: Ceuta no está sola.

Y quizá esa sea la mejor respuesta política que hoy pueden dar los españoles.

Una respuesta cívica, democrática y pacífica.

Una especie de moción de censura popular.

No una moción parlamentaria, porque los ciudadanos no necesitan escaños para expresar lo que piensan.

Una moción de censura en las calles.

La que se produce cuando un Gobierno deja de representar un sentimiento ampliamente compartido y los ciudadanos deciden expresar públicamente que quieren otra actitud, otra firmeza y otra manera de defender aquello que consideran común.

Mañana puede hablar España.

Y cuanto más serena, democrática y masiva sea su respuesta, más difícil será ignorar el mensaje:

¡¡CEUTA NO ESTÁ SOLA!!

Luis Faraco.

EL 2 DE SEPTIEMBRE: CUÁNDO LOS PUEBLOS SE UNEN A PESAR DEL GOBIERNO.

«Los pueblos, a veces, son como las enfermedades: se curan a pesar de los médicos». En este caso, quizá, a pesar del Gobierno.

Hay momentos en los que una sociedad siente que debe reaccionar por sí misma. No porque las instituciones no sean necesarias, sino precisamente porque, cuando percibe que quienes tienen la responsabilidad de actuar parecen más preocupados por dividir, justificar o mirar hacia otro lado, el pueblo acaba ocupando el espacio que otros han dejado vacío.

Eso es, en buena medida, lo que está ocurriendo con Ceuta.

El próximo 2 de septiembre, ciudadanos de muy distintos lugares de España se concentrarán para expresar su solidaridad con una ciudad española que ha vivido una situación excepcional. Y lo harán, además, con un carácter que debería resultar especialmente significativo: muchas de esas convocatorias han surgido desde la sociedad, desde asociaciones, colectivos y ciudadanos, y han terminado reuniendo sensibilidades políticas muy diferentes.

Porque Ceuta no pertenece a un partido.

Ceuta es España.

Y cuando una parte de España se siente desbordada, amenazada o abandonada, lo natural debería ser que el resto del país reaccionara sin preguntar primero quién convoca, quién gobierna el ayuntamiento o qué bandera partidista puede rentabilizar la protesta.

CUANDO LA SOCIEDAD VA POR DELANTE.

Lo más llamativo de estas concentraciones es que el propio discurso político ha quedado, en algunos lugares, desbordado por los ciudadanos.

Ayuntamientos y responsables políticos de distintos signos han terminado expresando su solidaridad con Ceuta. También municipios gobernados por el PSOE han impulsado o respaldado convocatorias. Incluso agrupaciones socialistas han anunciado su presencia en las concentraciones.

Eso demuestra algo elemental: la preocupación por Ceuta ha conseguido atravesar las fronteras partidistas.

Y quizá sea precisamente eso lo que más debería hacer reflexionar al Gobierno.

Porque resulta difícil sostener que una movilización es simplemente «de la extrema derecha» o de un determinado partido cuando alcaldes, militantes y agrupaciones socialistas participan también en ella. Cuando la sociedad civil se mueve, las etiquetas simplistas suelen acabar chocando con la realidad.

La solidaridad con Ceuta no debería tener carné.

CEUTA NO PUEDE CONVERTIRSE EN UN TABÚ.

Naturalmente, es legítimo discutir qué ocurrió, por qué ocurrió y qué responsabilidades existen. De hecho, esa discusión es imprescindible.

No existe, hasta donde se ha hecho público, una prueba concluyente que permita atribuir directamente a las autoridades marroquíes la organización de la entrada masiva en Ceuta. Eso hay que decirlo con claridad.

Pero tampoco existe una información pública, fidedigna y contrastada que permita presentar al Estado marroquí como completamente ajeno a lo ocurrido.

Y, sobre todo, hay una realidad difícil de ignorar: una entrada multitudinaria de esas dimensiones no puede analizarse seriamente sin tener en cuenta el papel que desempeñaron las autoridades encargadas de controlar el territorio desde el que partieron miles de personas.

No se trata de condenar sin pruebas.

Se trata de no exculpar sin pruebas.

La diferencia es importante.

Porque una cosa es afirmar aquello que no está acreditado, y otra muy distinta cerrar los ojos ante los indicios, las circunstancias y las preguntas que todavía siguen sin respuesta.

UNA EXTRAÑA COMPRENSIÓN CON RABAT.

Lo que más sorprende es la actitud del presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez ha adoptado en los últimos tiempos una posición extraordinariamente comprensiva con Marruecos. Hasta el punto de que, ante una crisis de la magnitud de la vivida en Ceuta, su reacción política ha parecido orientada, ante todo, a evitar cualquier confrontación o exigencia incómoda hacia Rabat.

Es legítimo defender la cooperación con Marruecos. España necesita mantener una relación estable con su vecino del sur. Nadie sensato puede discutir la importancia de la colaboración en inmigración, seguridad, lucha antiterrorista, comercio o política exterior.

Pero cooperar no significa callar.

Mantener buenas relaciones no significa renunciar a hacer preguntas.

Y la diplomacia no puede convertirse en una sucesión de concesiones en las que una parte exige, presiona o marca los límites y la otra se limita a comprender.

LA COMPARACIÓN CON NUESTRA PROPIA CORONA.

Hay, además, un contraste que resulta difícil de pasar por alto.

Mientras Sánchez ha mostrado una sensibilidad extraordinaria hacia el rey Mohamed VI y hacia las posiciones del régimen marroquí, su actitud respecto a una eventual visita del rey Felipe VI a Ceuta y Melilla ha resultado mucho más fría, displicente y distante.

Y ahí aparece una pregunta política inevitable.

¿Por qué parece preocupar más al presidente del Gobierno la posible incomodidad de Rabat que la necesidad de que la Corona española esté presente, simbólica y políticamente, en todos los territorios de España?

El Rey no tendría que pedir permiso a nadie para visitar Ceuta o Melilla.

Son ciudades españolas.

Y la presencia del jefe del Estado en cualquier parte del territorio nacional debería considerarse una normalidad institucional, no un problema diplomático que haya que medir en función de la reacción de otro país.

Esa diferencia de trato, esa cautela hacia la sensibilidad de Marruecos y esa aparente incomodidad cuando se habla de la propia Corona española, es políticamente difícil de comprender.

LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN AHÍ.

No sabemos qué teme Pedro Sánchez de Marruecos, si es que teme algo. Y no sería responsable afirmar como hechos hipótesis que no están acreditadas.

Pero sí existen preguntas políticas perfectamente legítimas.

¿Por qué tanta cautela ante Rabat?

¿Por qué una defensa tan cerrada de la posición marroquí incluso cuando dentro del propio espacio político del Gobierno se reclaman explicaciones y mayor firmeza?

¿Por qué parece tan difícil exigir responsabilidades o, sencillamente, pedir explicaciones?

¿Por qué la visita del Rey de España a Ceuta o Melilla puede ser presentada como una cuestión que conviene pensar cuidadosamente, mientras se acepta como normal que Marruecos defienda con absoluta firmeza sus propios intereses y sensibilidades?

España no necesita una política exterior basada en la hostilidad.

Pero tampoco una basada en el temor.

EL 2 DE SEPTIEMBRE

Por eso las concentraciones del 2 de septiembre tienen un significado que va más allá de una simple convocatoria.

Son la expresión de una ciudadanía que quiere decir algo muy sencillo: Ceuta no está sola.

Y quizá también algo más.

Que la defensa de la integridad territorial, de las fronteras y de los ciudadanos españoles no puede depender de la conveniencia política del momento.

Que Ceuta no es del PP.

Ni del PSOE.

Ni de Vox.

Ni de ningún partido.

Ceuta es de España.

Y cuando las instituciones parecen llegar tarde, cuando el debate político intenta apropiarse del sentimiento de la calle o cuando quienes tienen la responsabilidad de dar explicaciones prefieren levantar muros de silencio, los ciudadanos terminan recordando una vieja verdad:

los pueblos, a veces, son como las enfermedades: se curan a pesar de los médicos.

Y, en esta ocasión, quizá España esté demostrando que todavía sabe reaccionar a pesar de su Gobierno.

LUIS FARACO.