miércoles, 26 de agosto de 2026

CEUTA: UNA CRISIS QUE SÁNCHEZ YA NO CONTROLA.






¿Y si Pedro Sánchez hubiera cometido un error de cálculo de consecuencias imprevisibles?


No hace falta afirmar que exista un pacto secreto con Marruecos para plantear una pregunta mucho más inquietante: ¿creyó Sánchez que podía gestionar la crisis de Ceuta con Rabat y terminó descubriendo que Marruecos tenía su propia agenda?


Los acontecimientos de estos días obligan a hacerse esa pregunta.


Marruecos ha elevado el tono hasta extremos que ya no pueden considerarse declaraciones aisladas. El ministro de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, ha hablado de la «liberación» de Ceuta y Melilla en un acto oficial presidido por Mohamed VI y con el príncipe heredero presente. No es una declaración de un dirigente marginal: es una reivindicación territorial formulada por un miembro del Gobierno marroquí en un acto de Estado.


Y mientras Rabat eleva su discurso, Madrid intenta recuperar el control de una crisis que comenzó hace casi un mes.


Pero ahora el problema está también dentro del Gobierno.


La comparecencia de Margarita Robles ha abierto una fractura de enorme gravedad. La ministra de Defensa sostiene que el CNI había trasladado información sobre la posibilidad de una entrada masiva y que esa información fue compartida con los responsables de seguridad.


Marlaska sostiene lo contrario.


Y la Delegación del Gobierno en Ceuta ha ido todavía más lejos: afirma que no recibió en ningún momento ningún informe que advirtiera de lo que iba a suceder el 30 de julio.


Tres instancias del Estado. Tres versiones que no encajan.


La pregunta es inevitable:


¿Quién dice la verdad?


Porque si Robles tiene razón, alguien recibió información relevante y no actuó adecuadamente. Si Marlaska tiene razón, habrá que explicar por qué la ministra de Defensa sostiene públicamente lo contrario. Y si la Delegación tiene razón, habrá que aclarar qué información llegó realmente al Estado, por qué canales y quién decidió que no exigía una respuesta extraordinaria.


En cualquiera de los casos hay una responsabilidad política.


Y esa responsabilidad tiene un nombre: Pedro Sánchez.


El presidente no puede esconderse detrás de sus ministros cuando son sus propios ministros quienes se contradicen sobre una cuestión que afecta a la seguridad de una ciudad española y a la integridad territorial del Estado.


Ni puede esconderse en Andorra.


Mientras sus ministros comparecen, se contradicen y tratan de explicar qué ocurrió, Sánchez ha retomado sus vacaciones con un viaje privado a Andorra. Una imagen difícil de conciliar con la gravedad de una crisis que el propio Gobierno ha terminado declarando de interés para la Seguridad Nacional y para la que ha creado, casi un mes después, un mando único que coordinará a once ministerios. 


El Gobierno ha tenido además que modificar su respuesta migratoria y aprobar reformas de las leyes de asilo y extranjería en plena crisis de Ceuta, después de que durante semanas la oposición reclamara medidas de mayor control fronterizo.


La realidad ha terminado obligando al Ejecutivo a rectificar.


Mientras tanto, Marruecos no rectifica.


Marruecos eleva el discurso sobre Ceuta y Melilla. España modifica su respuesta migratoria. Y el Gobierno discute internamente sobre quién sabía qué antes de que se produjera la crisis.


¿Quién está marcando entonces el ritmo?


¿Madrid o Rabat?


Tal vez no exista ningún pacto secreto. Pero existe una hipótesis mucho más preocupante: que Sánchez haya confundido una relación privilegiada con Marruecos con una capacidad real para controlar las decisiones de Marruecos.


Y si ese fuera el error, las consecuencias pueden ser mucho mayores que las de una crisis migratoria.


Porque una crisis puede ser gestionada. Puede incluso ser instrumentalizada políticamente.


Lo que ningún Gobierno puede garantizar es que, una vez desencadenada, vaya a comportarse como estaba previsto.


«La victoria tiene cien padres y la derrota es huérfana». — John F. Kennedy


Y si Sánchez creyó que podía controlar a Marruecos, controlar la crisis de Ceuta y controlar las consecuencias políticas dentro de su propio Gobierno, quizá esté descubriendo demasiado tarde que las tres cosas se le están escapando de las manos.


Ya no estamos, por tanto, ante un simple problema migratorio.


Estamos ante una crisis de seguridad nacional, de política exterior y de autoridad del Gobierno.


Y la responsabilidad última, en una democracia parlamentaria, no puede recaer en los ministros.


Recae en quien los dirige.


Luis Faraco Roldán

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