Hace 2.500 años, Platón planteó una cuestión que sigue vigente: ¿quién debe gobernar? Una pregunta que, contemplando la política española, merece algo más que una reflexión académica.
Para explicarlo recurrió a dos analogías que conservan toda su fuerza: el barco y la medicina.
Imaginemos un barco en plena navegación. Los marineros se disputan el timón y compiten por ganarse al propietario. Todos se consideran capacitados para dirigir la nave, pero ninguno sabe navegar. El verdadero navegante, que conoce las estrellas, los vientos y el rumbo, es despreciado porque no participa en la lucha por el poder.
En *La República*, Platón denuncia esa contradicción: todos quieren gobernar, pero no todos saben hacerlo.
Su segunda analogía es la medicina. Cuando enfermamos, buscamos al profesional mejor preparado, no al que nos promete lo que deseamos escuchar. El buen médico diagnostica y prescribe el tratamiento adecuado, aunque resulte desagradable. Su obligación es curar, no complacer.
En política, sin embargo, confundimos con frecuencia la capacidad para conquistar el poder con la preparación para ejercerlo.
España no es una propiedad del presidente del Gobierno, ni un instrumento al servicio de un partido, ni un patrimonio que pueda repartirse a cambio de apoyos parlamentarios. Pertenece a sus ciudadanos, también a quienes discrepan de quienes gobiernan.
El acceso al Gobierno depende de reunir los apoyos parlamentarios necesarios. Así funciona nuestro sistema democrático. Pero obtener los votos para gobernar no acredita, por sí solo, la capacidad para gobernar bien.
Y España no es un asunto menor. Están en juego el empleo, la vivienda, las pensiones, la sanidad, la seguridad y la confianza en las instituciones. En definitiva, el bienestar presente y el futuro de los españoles.
El problema se agrava cuando conservar el poder se convierte en una prioridad superior al interés general. Los pactos de conveniencia y las concesiones políticas pueden terminar poniendo la supervivencia del Gobierno por delante de las necesidades del país.
Pero existe un límite infranqueable: el Estado no pertenece a quien gobierna.
Cuando aparecen indicios de utilización de estructuras clandestinas para perseguir adversarios, intimidar periodistas, presionar empresarios o interferir en investigaciones judiciales, la cuestión trasciende la disputa partidista. Afecta a las garantías esenciales del Estado de derecho. Las acusaciones concretas deben probarse y las responsabilidades, individualizarse; precisamente por eso, cualquier hecho de esta naturaleza debe investigarse con independencia y rigor.
Un juez que investiga, un periodista que denuncia o un adversario político que fiscaliza al Ejecutivo no son enemigos de España. Son parte de los contrapesos que protegen a los ciudadanos frente a los abusos del poder. Confundir la crítica al Gobierno con un ataque al país es pretender identificar los intereses de un partido con los de toda una nación.
España es mucho más que su Gobierno. Es sus ciudadanos, sus instituciones y una historia compartida que ninguna formación política puede arrogarse en exclusiva. Los gobiernos pasan; el país permanece.
Platón desconfiaba de una democracia en la que la búsqueda del favor popular desplazara al conocimiento y al bien común. Por eso defendió la *aristocracia* en su sentido original: el gobierno de los mejores por su conocimiento, virtud y capacidad, no por sus títulos o privilegios hereditarios.
No se trata de sustituir nuestra democracia constitucional por la propuesta política de Platón, sino de recuperar la exigencia que encierra su pensamiento: quienes ejercen el poder deben estar preparados para asumir esa responsabilidad y orientarla al bien común.
La democracia necesita elecciones libres, pluralismo y alternancia, pero también gobernantes competentes, instituciones independientes, respeto a la ley y controles efectivos. La legitimidad electoral no exime de rendir cuentas ni convierte la mayoría parlamentaria en garantía automática de buen gobierno.
Si nuestra vida dependiera de una operación, buscaríamos al cirujano mejor preparado, no al que más apoyos hubiera conseguido. La dirección de un país exige una responsabilidad de alcance todavía mayor: administrar los recursos públicos, proteger los derechos y preparar el futuro de las próximas generaciones.
Conquistar el poder no es saber gobernar. España no es de quien la gobierna, sino de todos los españoles.
-Luis Faraco Roldán.
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