El señor Juan tiene 83 años y dos pisos.
Trabajó 45 años en una fábrica. Ahorró durante toda su vida, compró una vivienda y heredó otra de sus padres, ya fallecidos. Alquiló esta última para completar una pensión que no siempre llega a fin de mes.
Paga IBI, comunidad, seguro y reparaciones. Cuando se estropea la caldera, paga también. Y cuando hay una avería en el otro piso, vuelve a pagar.
Según el relato de Podemos y de buena parte de la izquierda, Juan es un rentista. Un especulador. Poco menos que un fondo buitre.
Pero Juan representa precisamente al propietario que sostiene el mercado del alquiler. Según el Banco de España, alrededor del 90 % de las viviendas principales alquiladas están en manos de particulares. Los grandes propietarios y las personas jurídicas son una minoría.
Sin embargo, en el relato político Juan no existe. Existe «el fondo buitre».
A Juan le limitan el alquiler, le prolongan los contratos, le dificultan recuperar su vivienda y, si el inquilino deja de pagar, le piden paciencia.
Porque Juan es un rentista.
Y entonces aparece Maricarmen.
Maricarmen se ha convertido en una de las grandes heroínas de la izquierda en su particular batalla por la vivienda. Su caso ha sido utilizado por ministros, dirigentes políticos y organizaciones sociales como símbolo de una supuesta guerra entre propietarios e inquilinos.
Pero mientras se construía ese relato han aparecido documentos que obligan a mirar hacia atrás.
El 13 de junio de 2000, el BOE publicó un edicto judicial en el que María del Carmen Abascal Martín aparecía como demandada en un procedimiento hipotecario promovido por Banco Zaragozano. El procedimiento afectaba a una vivienda unifamiliar situada en Collado Mediano, en la Sierra de Madrid, y el tipo de la primera subasta quedó fijado en 20 millones de pesetas.
No es una acusación ni demuestra ninguna irregularidad. Es un dato documental que forma parte de su historia inmobiliaria y que merece ser conocido antes de convertir un caso particular en un símbolo político nacional.
Y aquí aparece la contradicción.
A Juan, que trabajó 45 años, ahorró, compró una vivienda y heredó otra, se le llama rentista porque alquila una propiedad.
A Maricarmen, cuya trayectoria inmobiliaria anterior incluye aquella operación hipotecaria en Collado Mediano, se la presenta como la víctima perfecta de un sistema dominado por especuladores y fondos buitre.
Juan es el sospechoso.
Maricarmen, la heroína.
¿Por qué?
La vivienda es un derecho. Naturalmente.
Pero también existe el derecho de propiedad. Y una cosa no puede convertirse en la otra.
El derecho a una vivienda no puede transformarse en el derecho a disponer indefinidamente de la vivienda de otra persona.
Porque detrás de cada supuesto «casero» puede haber un Juan.
Un jubilado. Un trabajador. Una viuda. Una familia que heredó una vivienda de sus padres. Alguien que durante décadas ahorró para tener un pequeño patrimonio y que ahora obtiene de él unos ingresos complementarios.
No tienen cientos de viviendas ni fondos de inversión.
Tienen una o dos propiedades.
Y cuando la legislación convierte ese patrimonio en una fuente permanente de riesgos, muchos toman una decisión sencilla: no alquilar.
No necesitan manifestarse. Simplemente sacan la vivienda del mercado o la venden.
Entonces disminuye la oferta, aumentan las dificultades para encontrar vivienda y el Gobierno responde anunciando nuevas medidas contra los «especuladores».
El círculo perfecto.
Se castiga al propietario particular, el propietario abandona el mercado y después se culpa a los fondos de inversión.
Pero Juan no es Blackstone.
No es un fondo buitre.
Es un hombre de 83 años que trabajó durante 45 años y tiene dos pisos.
Y Maricarmen tampoco necesita ser demonizada. Lo que necesita es algo mucho más sencillo: que su historia completa pueda conocerse y contrastarse.
Porque una política de vivienda seria no necesita héroes ni villanos.
Necesita viviendas.
Y para que haya viviendas en alquiler tiene que existir alguien dispuesto a alquilarlas.
Si Juan acaba concluyendo que ser propietario es convertirse en sospechoso, dejará de alquilar.
Y entonces descubriremos que el problema nunca fueron solamente los fondos buitre.
También eran los miles de Juanes a los que se consiguió expulsar del mercado.
LUIS FARACO ROLDÁN.



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