El pacto de la izquierda y la renovación del Constitucional convierten el 29-N en algo más que una batalla electoral.
Hay elecciones que se ganan con un programa convincente, un discurso capaz de movilizar a los ciudadanos y un candidato que transmita confianza. Pero también hay batallas que se deciden con una calculadora. Las elecciones del próximo 29 de noviembre pueden ser un ejemplo paradigmático.
El PSOE y las formaciones del Frente Amplio han acordado presentar candidaturas conjuntas al Senado en buena parte de España. El objetivo es concentrar el voto de la izquierda, aumentar su representación y disputar al Partido Popular la mayoría de la Cámara Alta.
En las circunscripciones provinciales se eligen cuatro senadores y cada elector puede votar hasta tres candidatos. Esta particularidad hace que la distribución territorial del voto resulte decisiva: unos pocos miles de papeletas pueden cambiar el reparto de escaños.
Por eso, las encuestas nacionales del Congreso no bastan para anticipar el resultado del Senado. Hay que estudiar cada provincia, los votos obtenidos por los candidatos en las elecciones anteriores y los posibles cambios en la participación.
La pregunta es inevitable: ¿están PP y Vox analizando esta situación con la profundidad que exige?
Cabe suponer que sus equipos electorales estarán examinando los resultados de 2023 y las consecuencias del pacto de la izquierda. Pero no basta con confiar en que un buen porcentaje nacional se traduzca automáticamente en más senadores. La geografía del voto importa tanto como su volumen.
También merece estudiarse qué ocurriría si parte de los votantes de Vox optara por candidatos del PP en determinadas provincias. No cabe dar por supuesto que todos cambiarían su voto, pero sí calcular distintos escenarios y comprobar cómo afectarían a la representación.
Las elecciones son programas, discurso y matemáticas. Quien no comprende las reglas del sistema puede desperdiciar una parte de sus propios votos.
El verdadero alcance de la batalla.
La importancia de estas elecciones va mucho más allá del reparto de escaños.
El Senado tiene pendiente la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, entre ellos su presidente, Cándido Conde-Pumpido. Sus mandatos expiraron en diciembre de 2025 y la renovación correspondiente a la Cámara Alta continúa pendiente.
La Constitución atribuye al Senado la propuesta de cuatro de los doce magistrados del Constitucional y exige una mayoría de tres quintos para su elección. La composición de la Cámara condicionará, por tanto, las negociaciones necesarias para desbloquear la renovación.
Y aquí aparece la cuestión política más delicada. Si Pedro Sánchez contempla la posibilidad de perder el Gobierno, resulta legítimo preguntarse qué importancia concede a la futura composición del tribunal y qué papel desempeñan estos nombramientos en su estrategia política. Afirmar que pretende controlarlo exigiría pruebas, pero hay una exigencia democrática que no admite matices: el Tribunal Constitucional no puede convertirse en un refugio político para quien abandona el poder ni en una prolongación de la lucha partidista por otros medios.
Los ciudadanos tienen derecho a exigir que las instituciones estén al servicio de la Constitución, no de los intereses de quienes gobiernan o aspiran a gobernar. Cuando los nombramientos judiciales se convierten en otra pieza de la confrontación entre partidos, la responsabilidad de los dirigentes es garantizar la independencia institucional, no alimentar las sospechas sobre ella.
Y los magistrados tampoco están exentos de responsabilidad pública. Sus resoluciones pueden ser discutidas y criticadas con dureza, pero deben sostenerse en argumentos jurídicos sólidos y transparentes. La autoridad de un tribunal no se impone por decreto: se construye con la credibilidad de sus decisiones.
Una lección que no conviene ignorar
El pacto de la izquierda demuestra que sus partidos han identificado una oportunidad en el sistema electoral. La respuesta exige algo más que declaraciones de campaña y expectativas basadas en las encuestas: requiere estudiar provincia por provincia los márgenes entre candidatos y comparar escenarios realistas.
PP y Vox deben tener presente que el Congreso y el Senado funcionan con reglas diferentes. Una misma distribución del voto puede producir resultados muy distintos en cada Cámara. No hay garantías de éxito, pero renunciar a estudiar esas posibilidades sería ignorar una dimensión esencial de cualquier elección.
La democracia necesita programas, debate público y participación ciudadana. También necesita dirigentes capaces de comprender las reglas electorales y de respetar los límites que la Constitución impone al ejercicio del poder.
Porque una cosa es perder unas elecciones y entregar el Gobierno; otra muy distinta es pretender que la influencia política sobreviva a la derrota mediante el control de las instituciones. Esa es precisamente la sospecha que los hechos, los procedimientos y la transparencia deben despejar.
«Quien no acepta que puede perder el poder acaba intentando perpetuar su influencia allí donde nadie le ha elegido para gobernar».
Luis Faraco Roldán.
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