El gato escaldado del agua fría huye. Cuando la confianza en el poder se deteriora, las coincidencias despiertan sospechas y las explicaciones oficiales dejan de ser suficientes. Eso es lo que está ocurriendo con la polémica sobre el censo electoral y los españoles nacionalizados al amparo de la Ley de Nietos.
El Tribunal Supremo ha exigido revisar determinadas inscripciones censales y la Administración alega que no dispone de tiempo suficiente para hacerlo antes de las elecciones del 29 de noviembre. Pero la dificultad administrativa no puede convertirse en una excusa para vaciar de eficacia una resolución judicial.
Hay una pregunta que el Gobierno debe responder con datos: ¿cuántos expedientes se han revisado durante este tiempo, cuántos quedan pendientes y qué irregularidades se han detectado?
Si los registros están informatizados, resulta obligado explicar qué mecanismos se han empleado para identificar los casos que requieren comprobación, qué medios se han movilizado y por qué no se ha ofrecido un balance preciso de las actuaciones realizadas. No basta con invocar la imposibilidad material; hay que demostrar qué se ha hecho para superar las dificultades.
Tampoco puede ignorarse el calendario. La convocatoria electoral para el 29 de noviembre dejó como referencia el censo cerrado el 1 de agosto, antes de las resoluciones judiciales de septiembre. Esta coincidencia no demuestra por sí sola una estrategia deliberada, pero sí justifica exigir explicaciones sobre las decisiones adoptadas y sus consecuencias.
¿Se ha hecho todo lo posible para cumplir la ley o se ha dejado transcurrir el tiempo hasta convertir la falta de plazo en el principal argumento de la Administración? Es una cuestión que debe aclararse con documentos, cifras y hechos verificables.
No se trata de presumir que todos los afectados carecen de derechos. Se trata de garantizar que el censo cumple los requisitos legales y que se respetan tanto el derecho al sufragio de quienes reúnen las condiciones como las garantías de limpieza del proceso electoral.
La controversia llega ahora al terreno constitucional. Recurrir a los tribunales por las vías legales es legítimo; lo que debe quedar fuera de toda duda es la independencia de sus decisiones. Cualquier sospecha de presión política debe investigarse con pruebas, no darse por demostrada de antemano.
El PP tiene ante sí una oportunidad para exigir transparencia y responsabilidades. Para aprovecharla, debe reclamar los datos que faltan, reconstruir la cronología de las actuaciones y exigir al Gobierno que explique cómo ha ejecutado las resoluciones judiciales.
Porque unas elecciones no se legitiman únicamente con el recuento final. Necesitan un censo fiable, reglas claras y el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales.
En democracia, el derecho al voto es sagrado. También lo es la ley que garantiza su ejercicio. Ningún Gobierno puede convertir su propia falta de diligencia en una excusa para eludir el cumplimiento de la ley.
“Somos siervos de las leyes para poder ser libres”.
-Cicerón.
Luis Faraco Roldán.
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