Encapuchados, comunismo y violencia política contra la libertad democrática
Cuando al adversario se le intenta silenciar por la fuerza, la democracia empieza a perder terreno.
El derecho a hablar no se negocia.
Los incidentes registrados el 21 de octubre durante la visita de Santiago Abascal a A Coruña dejaron una imagen preocupante: enfrentamientos con la Policía, agentes heridos, detenciones y nuevos disturbios al término de las protestas. La movilización contra Vox terminó convirtiéndose, al menos en parte, en un escenario de violencia.
Manifestarse contra un partido es un derecho democrático. Impedir que ese partido se exprese mediante amenazas, agresiones o intimidación es otra cosa. La frontera es inequívoca: la protesta es legítima; la coacción, no.
Quienes se presentan como defensores de la democracia deberían ser los primeros en comprenderlo. Ninguna ideología concede el monopolio de la libertad ni el derecho a decidir qué opciones políticas pueden hablar en público.
La estética de la intimidación.
Rostros cubiertos, vestimenta uniformada, banderas rojas y consignas revolucionarias componen una escenografía que no puede despacharse como un simple detalle estético. Las tradiciones totalitarias, tanto fascistas como comunistas, recurrieron históricamente a símbolos, uniformes y acción colectiva para exhibir fuerza y amedrentar al adversario.
Eso no convierte automáticamente a cada manifestante en un totalitario. Pero tampoco obliga a ignorar el significado político de una movilización cuando una parte de sus participantes recurre a la violencia.
Entre las organizaciones presentes figuraban colectivos de la izquierda radical, como la Coordenadora da Mocidade Socialista. Su trayectoria y sus planteamientos merecen análisis riguroso, sin confundir afinidades ideológicas, genealogías políticas y vínculos orgánicos que deban probarse por separado.
Lo esencial no requiere etiquetas: ningún grupo tiene derecho a imponer por la fuerza quién puede hacer campaña y quién debe abandonar la calle.
«No habrá paz en las calles».
La frase pronunciada por Manuela Bergerot, de Más Madrid, el pasado 8 de octubre —«en las calles de Madrid no va a haber paz»— provocó una polémica. Bergerot negó que se tratara de una amenaza física y sostuvo que se refería a la ausencia de paz social mientras persistiera el problema de la vivienda.
Las palabras deben interpretarse en su contexto. Pero, en un clima de creciente confrontación, quienes tienen responsabilidades políticas deberían medir sus declaraciones. La movilización social es legítima; presentar la calle como un espacio de combate permanente contribuye a degradar la convivencia.
La responsabilidad no consiste en atribuir automáticamente a un dirigente cada acto cometido por sus simpatizantes. Consiste en condenar sin ambigüedades la violencia y evitar discursos que puedan alentar la escalada.
Una huelga en plena precampaña.
Los sindicatos han registrado una huelga general para el 11 de noviembre, dos días antes del comienzo de la campaña electoral prevista para las elecciones del 29 de noviembre. Sus promotores alegan reivindicaciones laborales y relacionadas con la vivienda.
La coincidencia temporal no demuestra por sí sola una operación partidista. Pero hace legítimo preguntar qué papel desempeñará la movilización sindical en un escenario de intensa confrontación política.
La huelga es un derecho. También lo es cuestionar sus objetivos, sus apoyos y sus consecuencias. Lo que no cabe es convertir la protesta social en una patente de corso para intimidar al adversario.
La calle es de todos.
La democracia no se mide por la capacidad de una multitud para llenar una plaza, sino por la libertad de quienes piensan distinto para ocuparla también.
Las autoridades deben garantizar la seguridad de los actos políticos, investigar las agresiones y exigir responsabilidades a quienes hayan cometido delitos. Los organizadores tienen la obligación de rechazar la violencia sin excusas. Y los representantes públicos deben dejar claro que ningún adversario político es un enemigo al que haya que expulsar de la vida pública.
Quienes pretenden presentarse como guardianes de la democracia no pueden reservarse el derecho a decidir quién habla y quién calla.
La calle es de todos. La libertad política también. Y ningún grupo tiene derecho a decidir, mediante la intimidación, quién puede ejercerla.
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