LA VIVIENDA, LOS «BUITRES» Y LA DESVERGÜENZA POLÍTICA.

El PSOE ha convertido la vivienda en un arma política. Se envuelve en la bandera de los más vulnerables, señala a los propietarios, demoniza a los llamados fondos buitre y utiliza los desahucios como munición electoral. En la Puerta del Sol, sus dirigentes se presentan como defensores de quienes sufren. Pero la política no se mide por las pancartas ni por las lágrimas ante las cámaras, sino por la coherencia y los resultados.

Montse Mínguez, portavoz nacional socialista y una de las voces más beligerantes en defensa de la regulación del alquiler, está en el centro de la polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja, Sergi Vélez, vinculado a Nest Capital Homes.

Las informaciones publicadas sobre su actividad empresarial plantean preguntas que merecen respuestas. Mínguez sostiene que se trata de una empresa familiar que cumple la ley. Perfectamente. Nadie debe ser señalado por tener propiedades o desarrollar una actividad empresarial legal. Pero entonces, ¿por qué esa indulgencia desaparece cuando el propietario no pertenece al entorno político adecuado?

El PSOE convirtió el caso de Maricarmen en una bandera contra los desahucios y calificó de «carroñera» a la empresa propietaria de su vivienda. Sin embargo, cuando se examina la actividad inmobiliaria del entorno de su portavoz, la conversación cambia. **Para los adversarios, escarnio público; para los propios, presunción de normalidad. ¿Dónde queda la ejemplaridad que tanto exigen a los demás?**

Hay, además, informaciones sobre decisiones urbanísticas municipales de 2017, presididas por Mínguez durante su etapa como concejala, en una zona donde su pareja desarrolló posteriormente una promoción inmobiliaria. Eso no prueba ninguna irregularidad, pero exige aclaraciones documentadas. La transparencia no puede ser una obligación exclusiva de quienes no militan en el PSOE.

Y mientras se reparten lecciones, Pedro Sánchez proclama que esta iba a ser la legislatura de la vivienda y promete 184.000 viviendas públicas y asequibles. ¿Cuántas están terminadas, disponibles y entregadas a las familias? No cuántas se anuncian, se movilizan o se contabilizan administrativamente. ¿Cuántas familias han recibido las llaves?

La respuesta importa porque los ciudadanos no viven de expedientes ni pagan el alquiler con propaganda. La Ley de Vivienda de 2023 y las sucesivas medidas de intervención no han eliminado las dificultades de acceso. El Banco de España ha advertido de que la insuficiencia de oferta residencial es uno de los factores centrales del problema. Y el Gobierno sigue encadenando anuncios y decretos, algunos de los cuales ni siquiera han conseguido sobrevivir al examen del Congreso.

Este es el balance que debe exigirse al Gobierno de coalición: menos superioridad moral y más resultados; menos enemigos de cartón y más viviendas disponibles; menos ceremonias políticas en torno al sufrimiento ajeno y más soluciones para quienes no pueden comprar ni alquilar una casa.

Pedro Sánchez mantiene su respaldo a Mínguez como candidata socialista por Lleida, pendiente de la ratificación formal de la lista. Es una decisión legítima, pero también una responsabilidad política. Quien elige a sus portavoces debe asumir el coste de sus contradicciones.

Porque la vivienda no se defiende apropiándose de la bandera de los vulnerables mientras se señala al propietario que conviene señalar. Tampoco convirtiendo cada desahucio en una escenificación partidista y cada decreto en un certificado de virtud.

**Que dejen de envolverse en la bandera de la Puerta del Sol para ocultar sus contradicciones. La vivienda no necesita salvadores de pancarta, sino gobernantes capaces de ofrecer resultados. Y quien pretende dar lecciones de moralidad debe empezar por soportar el mismo examen que impone a los demás.**

- Luis Faraco Roldán.