Las mafias cobran por organizar las travesías. Las administraciones financian la acogida. ONG y empresas prestan los servicios. ¿Quién controla todo el dinero?
Cada vez que un cayuco llega a Canarias, la atención se concentra en sus ocupantes, los equipos de rescate y la emergencia humanitaria. Es lógico. Pero hay otra historia que apenas aparece en el debate público: la enorme estructura económica que se mueve alrededor de la inmigración.
Organizar una travesía desde África requiere embarcaciones, motores, combustible, intermediarios, captación de pasajeros y financiación. Alguien cobra, alguien distribuye y alguien obtiene beneficios.
Según estimaciones de Naciones Unidas recogidas por el Consejo de la Unión Europea, las redes de tráfico ilícito de migrantes generan entre 4.700 y 6.000 millones de euros anuales. No hablamos de delincuentes improvisados, sino de organizaciones internacionales que han convertido la desesperación humana en una actividad extraordinariamente lucrativa.
¿Dónde termina ese dinero? ¿Cómo se distribuye? ¿Qué mecanismos se utilizan para ocultar sus beneficios?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha advertido de los riesgos de blanqueo asociados a estas actividades. Y aquí aparece una cuestión que no podemos ignorar: el seguimiento de los movimientos financieros. Los bancos y las entidades de pago tienen obligaciones de prevención del blanqueo y deben comunicar operaciones sospechosas a las autoridades competentes.
Pero las mafias constituyen solamente una parte de esta economía.
Existe otra estructura, de naturaleza distinta, que moviliza importantes cantidades de dinero público: la gestión institucional de la acogida.
Las administraciones financian alojamiento, manutención y atención social mediante subvenciones y contratos con asociaciones, ONG y empresas privadas.
En Andalucía encontramos un ejemplo concreto: en agosto de 2025, la Junta adjudicó a la Asociación Engloba un contrato de acogimiento residencial básico en Huelva por 774.442,40 euros, correspondiente a ocho plazas.
La prestación de estos servicios requiere viviendas, alimentación, personal y proveedores. Todo ello genera una actividad económica financiada con recursos públicos.
¿Quién proporciona las viviendas? ¿Qué empresas suministran los alimentos? ¿Cuánto cuesta realmente cada plaza? ¿Cómo se seleccionan los proveedores y qué controles existen sobre los gastos?
No estamos acusando de irregularidad a ninguna entidad. Estamos reclamando algo mucho más sencillo: transparencia.
Porque no basta con conocer cuánto dinero se adjudica. También debemos saber cómo se gasta, quién lo recibe y qué resultados obtiene la Administración.
La Unión Europea parece haber entendido la importancia de esta cuestión. En marzo de 2026, Europol puso en marcha el Centro Europeo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, reforzando precisamente las investigaciones financieras y la persecución de los beneficios criminales.
La inmigración tiene una dimensión humanitaria que debemos atender, una dimensión criminal que debemos combatir y una dimensión económica que debemos investigar.
La pregunta no es solamente quién conduce los cayucos. Es quién los financia, quién cobra por ellos, quién administra después los recursos públicos y quién controla todo ese circuito.
La solidaridad no puede ser una zona de opacidad. Y el dinero de los contribuyentes debe estar sometido a fiscalización, cualquiera que sea su destino.
No cuestiono a quienes buscan una vida mejor. Cuestiono a quienes se lucran con su desesperación y exijo explicaciones a quienes administran el dinero público.
Si queremos conocer la verdadera dimensión del fenómeno migratorio, debemos dejar de mirar exclusivamente al mar y empezar a seguir el rastro del dinero.
Luis Faraco Roldán.



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