LA HUELGA GENERAL POLÍTICA.

 

CUANDO EL GOBIERNO SE CONVIERTE EN PIQUETE ELECTORAL.

Hay cosas que, por insólitas, deberían provocar una profunda reflexión democrática. Y hay otras que, por su descaro, merecen ser denunciadas sin rodeos.

La huelga general convocada para hoy, 11 de noviembre, pertenece a ambas categorías.

En una democracia consolidada, las huelgas generales suelen constituir una herramienta de presión de los trabajadores frente a las políticas de un Gobierno. Son un mecanismo legítimo de protesta, una expresión de la libertad sindical y un instrumento de reivindicación social.

Pero ¿qué ocurre cuando el Gobierno no es el destinatario de la protesta, sino uno de sus principales impulsores? ¿Qué sucede cuando quienes deberían gestionar los problemas del país se dedican a alentar una movilización contra quienes aspiran a sustituirlos?

Lo que ocurre es que la huelga deja de ser una herramienta de reivindicación laboral para convertirse en un instrumento de confrontación partidista.

Y eso es precisamente lo que estamos viendo en España.

EL GOBIERNO CONTRA LA OPOSICIÓN.

La convocatoria de esta huelga, promovida por las organizaciones sindicales y respaldada abiertamente por miembros del Ejecutivo, llega en un momento que no puede ser más revelador: a escasos días del inicio de la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

No es una coincidencia inocente.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha animado públicamente a secundarla. María Jesús Montero, responsable de la estrategia electoral socialista, ha contribuido a situarla en el terreno de la confrontación política.

Y lo más sorprendente es que el Gobierno pretende presentar esta movilización como una expresión espontánea de malestar social, cuando sus propios integrantes están trabajando para convertirla en una herramienta de movilización electoral.

La pregunta es inevitable: ¿desde cuándo un Gobierno democrático utiliza una huelga general para combatir electoralmente a la oposición?

No se convoca a los trabajadores para exigir responsabilidades al Ejecutivo por sus políticas. Se les convoca, esencialmente, para advertir a quienes podrían gobernar después.

Estamos ante una huelga preventiva contra una alternativa democrática. Una movilización que parece tener más que ver con las urnas que con las fábricas, los centros de trabajo o las nóminas de los españoles.

LOS SINDICATOS, AL SERVICIO DE UNA ESTRATEGIA POLÍTICA.

CCOO y UGT tienen todo el derecho del mundo a convocar huelgas. Lo que no pueden pretender es que los ciudadanos aceptemos sin crítica que su independencia sindical desaparezca precisamente cuando el PSOE se juega su continuidad en el poder.

Durante años, los trabajadores han sufrido el encarecimiento de la vivienda, la pérdida de capacidad adquisitiva, la presión fiscal y las dificultades para llegar a fin de mes.

¿Dónde estaban entonces los grandes sindicatos?

¿Por qué la indignación sindical parece despertar con tanta intensidad cuando se acerca una cita electoral y el adversario político del Gobierno tiene posibilidades de ganar?

La coincidencia entre la convocatoria, el adelanto electoral y las declaraciones de los dirigentes gubernamentales no es una cuestión menor. Es el contexto que permite cuestionar la verdadera finalidad de esta huelga.

Los sindicatos no deberían ser una prolongación de los partidos políticos. Mucho menos convertirse en una suerte de departamento auxiliar de la campaña electoral de un Gobierno.

Porque cuando el sindicalismo pierde su independencia, los trabajadores dejan de ser su prioridad y pasan a ser instrumentos de una estrategia ajena.

LA VIVIENDA COMO COARTADA.

La vivienda es un problema real. Gravísimo. Miles de jóvenes no pueden emanciparse y muchas familias destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler.

Pero utilizar un problema social de semejante magnitud como munición electoral no lo resuelve.

España necesita más vivienda, seguridad jurídica, una política urbanística eficaz, incentivos a la construcción y medidas que permitan ampliar la oferta.

No necesita que se paralice el país para advertir a los ciudadanos de lo que podría ocurrir si votan a una determinada opción política.

La huelga no construye viviendas. No reduce por sí misma el precio de los alquileres. No soluciona la falta de oferta. No sustituye la responsabilidad de gobernar.

Y resulta especialmente paradójico que quienes han tenido la responsabilidad de dirigir las políticas públicas pretendan ahora presentarse como los grandes movilizadores de la protesta social.

El Gobierno no puede eludir sus responsabilidades convirtiendo a la oposición en el enemigo de los trabajadores.

UNA ANOMALÍA DEMOCRÁTICA.

No hace falta cuestionar el derecho constitucional de huelga para denunciar su utilización partidista.

La libertad sindical es una conquista democrática. La huelga es un derecho. Y los ciudadanos que decidan secundarla deben poder hacerlo sin coacciones.

Pero una cosa es ejercer un derecho y otra muy distinta es instrumentalizarlo desde el poder.

La singularidad de esta convocatoria, en vísperas de unas elecciones generales y con el respaldo explícito de miembros del Gobierno contra la alternativa política, resulta extraordinaria en el contexto de las democracias europeas.

No estamos ante una normalidad institucional que debamos aceptar sin reflexión.

Estamos ante un Ejecutivo que, en lugar de asumir el desgaste de su gestión y someterse al veredicto de las urnas, parece dispuesto a utilizar todos los resortes de movilización política a su alcance.

La democracia no consiste en impedir que gobiernen los adversarios. Consiste en aceptar que pueden hacerlo si así lo deciden los ciudadanos.

Y esa es, precisamente, la lección que algunos parecen haber olvidado.

EL VERDADERO PIQUETE.

El 29 de noviembre los españoles tendrán la oportunidad de decidir libremente quién debe gobernar España.

Ese día no habrá sindicatos que puedan sustituir la voluntad popular. No habrá manifestaciones que puedan alterar el resultado de las urnas. No habrá consignas que puedan imponerse a la decisión soberana de los ciudadanos.

La democracia tiene sus mecanismos. Y las elecciones son el más importante de todos ellos.

Por eso esta huelga debería servirnos para reflexionar sobre el papel que están desempeñando determinados actores políticos y sindicales.

Porque el problema no es que los trabajadores protesten. El problema es que quienes gobiernan pretendan dirigir esa protesta contra quienes aspiran legítimamente a gobernar.

Cuando el poder utiliza la calle como prolongación de su campaña electoral, cuando los sindicatos se convierten en aliados de una estrategia partidista y cuando la movilización social se orienta a condicionar el resultado de unas elecciones, algo esencial se está deteriorando.

La democracia no necesita piquetes electorales.

Necesita gobiernos responsables, sindicatos independientes y ciudadanos libres.

Y, sobre todo, necesita que quienes hoy gobiernan comprendan que el poder no les pertenece: se lo han prestado los españoles, y el próximo 29 de noviembre pueden decidir retirárselo.

LUIS FARACO ROLDÁN

LIBERTAD SIN MIEDO