LA DEMOCRACIA DE LOS CONTRAPESOS.

Cuando el poder intenta controlar las reglas del juego.

«La libertad no consiste en tener un buen amo, sino en no tenerlo».

— Cicerón

Una democracia no se mide exclusivamente por la celebración periódica de elecciones. Se mide, sobre todo, por la fortaleza de sus instituciones, por la independencia de quienes deben fiscalizar al poder y por la capacidad del sistema para impedir que un gobernante termine confundiendo su voluntad con el interés general.

Porque ganar unas elecciones otorga legitimidad para gobernar. No concede el derecho a disponer de las instituciones como si fueran patrimonio propio.

En la España de Pedro Sánchez, la cuestión de los contrapesos democráticos se ha convertido en uno de los grandes debates políticos de nuestro tiempo. No hablamos únicamente de las decisiones de un Gobierno o de las discrepancias de la oposición. Hablamos de la relación entre el poder ejecutivo y aquellos órganos cuya razón de ser consiste precisamente en limitarlo, supervisarlo y exigirle responsabilidades.

La democracia necesita contrapesos. Y los necesita especialmente cuando quienes gobiernan parecen considerar que cualquier obstáculo a sus decisiones constituye una amenaza política.

LA INDEPENDENCIA QUE INCOMODA.

El Poder Judicial, los órganos constitucionales, los organismos de control y las instituciones electorales no están para facilitar la vida al Gobierno de turno. Están para garantizar que el poder se ejerce dentro de los límites establecidos.

Sin embargo, cuando la independencia institucional se convierte en una batalla política permanente, el ciudadano comienza a percibir que las reglas del juego están sometidas a una presión constante.

La cuestión no es que un tribunal dicte una resolución contraria al Gobierno. Eso forma parte de la normalidad democrática. La cuestión es la reacción ante esa resolución: si se acata, se respeta y se asume, o si se transforma al órgano que la dicta en adversario político.

Una democracia madura acepta que sus instituciones pueden contrariar al gobernante. Una democracia debilitada comienza a cuestionarlas cuando dejan de resultar convenientes.

Y ahí reside una de las principales preocupaciones de la España actual.

LA LEY DE NIETOS: UNA CONTROVERSIA QUE EXIGE RESPUESTAS.

La denominada Ley de Nietos, incorporada a la Ley de Memoria Democrática de 2022, abrió una vía para que determinados descendientes de españoles pudieran adquirir la nacionalidad.

El reconocimiento de la nacionalidad a quienes cumplen los requisitos legales no constituye, por sí mismo, ninguna anomalía. El problema político y jurídico surge cuando se cuestiona la forma en que se interpretaron y aplicaron esos requisitos, especialmente en relación con la acreditación del exilio y la incorporación de nuevos ciudadanos al Censo Electoral de Residentes Ausentes, el CERA.

La controversia adquirió una dimensión extraordinaria cuando el Tribunal Supremo acordó suspender cautelarmente determinados efectos electorales de esas inscripciones, reclamando una verificación adecuada de las condiciones exigidas por la normativa.

El Alto Tribunal consideró que la formación del censo debía preservar la exactitud, la veracidad, la igualdad, la objetividad y la transparencia del proceso electoral.

No estamos hablando de ciudadanos que deban ser privados arbitrariamente de sus derechos. Estamos hablando de la obligación del Estado de garantizar que esos derechos se ejercen conforme a la ley y que el censo refleja con rigor a quienes reúnen las condiciones para votar.

La sospecha política de que una ampliación del electorado pudiera favorecer a una determinada formación no equivale a una manipulación electoral judicialmente acreditada. Pero tampoco puede utilizarse esa distinción para eludir la necesidad de investigar, verificar y corregir cualquier irregularidad que pudiera existir.

La democracia no puede permitirse zonas de opacidad en la formación de su cuerpo electoral.

Y menos aún cuando la controversia alcanza una magnitud capaz de afectar a la confianza pública en los procesos electorales.

UN CENSO QUE CRECE Y UNA ADMINISTRACIÓN QUE DEBE RESPONDER.

Los datos permiten dimensionar la controversia.

El CERA pasó de 2.333.056 inscritos en las elecciones generales de julio de 2023 a 2.747.688 en agosto de 2026. Un incremento de 419.427 electores.

Conviene precisar que ese crecimiento no puede atribuirse íntegramente a la Ley de Nietos: también incluye a españoles que trasladaron su residencia al extranjero y a otros ciudadanos que ya tenían la nacionalidad.

Sin embargo, el aumento del censo y la dimensión de los expedientes vinculados a la Ley de Memoria Democrática obligaban a una gestión administrativa rigurosa y transparente.

El 23 de octubre, el Supremo reclamó al Gobierno que identificara a 163.020 afectados. Según los datos comunicados entonces, se habían revisado 31.390 expedientes y expedido 91 certificados de exilio.

Estas cifras, correspondientes a aquella fecha, reflejaban una dificultad administrativa de enorme magnitud a pocas semanas de las elecciones.

Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿cómo puede una Administración llegar a una convocatoria electoral con un procedimiento de semejante relevancia pendiente de una verificación que debía haberse realizado con suficiente antelación?

No basta con invocar la complejidad burocrática. La Administración tiene la obligación de anticiparse, organizarse y garantizar el cumplimiento de la ley.

EL SUPREMO Y LA SEGURIDAD JURÍDICA.

La evolución judicial de las últimas semanas resulta igualmente significativa.

El 9 de noviembre, el Tribunal Supremo rechazó extender la suspensión del voto a los hijos de los nacionalizados por la Ley de Nietos, unos 190.000 ciudadanos, al considerar que la revisión a estas alturas del proceso electoral podía comprometer la seguridad jurídica y la estabilidad electoral.

La decisión mantiene una distinción relevante: por un lado, los nacionalizados afectados por la suspensión cautelar inicial; por otro, sus hijos, cuyo derecho al voto no ha quedado suspendido por esta última resolución.

Esta decisión debe respetarse. Y precisamente por ello conviene subrayar la importancia de que las decisiones sobre el censo se adopten con tiempo, con criterios claros y con plena seguridad jurídica.

La controversia no demuestra por sí misma que exista un plan deliberado de manipulación electoral. Pero pone de manifiesto que una gestión deficiente o insuficientemente transparente de los procedimientos censales puede terminar generando una crisis de confianza en el sistema.

Y esa confianza es demasiado importante como para dejarla a merced de la improvisación.

EL CENSO NO ES PATRIMONIO DE NINGÚN PARTIDO.

La cuestión de fondo es mucho más importante que una disputa entre Gobierno y oposición.

El censo electoral constituye una de las garantías esenciales de la democracia. Su integridad no puede depender de los intereses de quienes aspiran a obtener una mayoría parlamentaria.

Por eso resulta imprescindible que los procedimientos de inscripción sean claros, que las condiciones se apliquen de manera uniforme y que las autoridades competentes actúen con independencia.

La controversia de la Ley de Nietos ha demostrado que, cuando existen dudas sobre la aplicación de una norma con consecuencias electorales, la respuesta institucional debe ser la transparencia absoluta.

Y también ha puesto de manifiesto que los tribunales deben poder intervenir sin que sus decisiones se conviertan automáticamente en una batalla partidista.

El Estado de derecho no consiste en que las instituciones den la razón al Gobierno. Consiste en que puedan quitársela cuando corresponda.

LA ALTERNANCIA COMO GARANTÍA DEMOCRÁTICA.

Existe una tentación peligrosa en determinados proyectos políticos: considerar que su permanencia en el poder es una condición indispensable para la estabilidad del país.

Desde esa perspectiva, la victoria del adversario deja de ser una posibilidad legítima y pasa a presentarse como una amenaza nacional.

Pero la alternancia no es una anomalía. Es una de las garantías fundamentales de la democracia.

Ningún partido tiene derecho a gobernar indefinidamente. Ningún presidente puede considerar que su proyecto político está por encima de las instituciones. Y ningún ciudadano debería tener que aceptar que las reglas electorales se interpreten en función de quién puede beneficiarse de ellas.

La democracia no pertenece a quienes gobiernan. Pertenece a los ciudadanos.

Por eso, la fortaleza institucional no se demuestra cuando todas las instituciones respaldan al Ejecutivo, sino cuando son capaces de actuar con independencia, incluso frente a un Gobierno que dispone de una mayoría parlamentaria.

CUANDO EL PODER SE CONVIERTE EN UNA AMENAZA PARA SUS PROPIOS LÍMITES.

El deterioro institucional no suele producirse de un día para otro. No necesita necesariamente una ruptura abrupta del orden constitucional. Puede avanzar mediante decisiones sucesivas, interpretaciones discutibles, enfrentamientos con los órganos de control y una creciente deslegitimación de quienes ejercen la fiscalización.

Cada episodio, considerado aisladamente, puede presentarse como una discrepancia jurídica o política. El problema aparece cuando se observa el conjunto y se advierte una tensión permanente entre el poder ejecutivo y los mecanismos destinados a limitarlo.

La cuestión que debemos plantearnos es si estamos ante una normalidad democrática saludable o ante una preocupante erosión de la confianza institucional.

Porque cuando la independencia de los contrapesos se convierte en una molestia para el gobernante, el ciudadano tiene motivos para preocuparse.

Y cuando la integridad del censo electoral necesita ser defendida ante los tribunales, la exigencia de transparencia debe ser absoluta.

No se trata de proclamar que toda decisión del Gobierno es ilegítima. Se trata de recordar que ninguna decisión gubernamental está por encima de la ley, que ningún partido es propietario de las instituciones y que ninguna mayoría parlamentaria puede sustituir a los mecanismos de control.

La democracia exige algo más que ganar elecciones.

Exige respetar las reglas, aceptar los límites y asumir que el poder debe estar sometido a una fiscalización permanente.

Porque el día en que las instituciones dejen de controlar al poder y pasen a depender de él, la democracia conservará sus ceremonias, sus discursos y sus urnas.

Pero habrá comenzado a perder aquello que la hace verdaderamente libre.

Luis Faraco Roldán.

LIBERTAD SIN MIEDO.