EL PODER COMO FIN.

Cuando la permanencia en La Moncloa se convierte en la única razón de la acción política.

«El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente».

— Lord Acton.

Hay una diferencia fundamental entre quien aspira al poder para transformar la realidad y quien termina convirtiendo el poder en la razón última de su existencia política. El primero gobierna con un propósito. El segundo hace del propósito una excusa para seguir gobernando.

En la España de Pedro Sánchez, esta distinción adquiere una dimensión preocupante.

La política debería ser el instrumento al servicio de los ciudadanos. Sin embargo, cuando la permanencia en La Moncloa se convierte en la prioridad absoluta, el orden de las cosas se invierte: los ciudadanos dejan de ser el fin de la acción política y pasan a ser una pieza más de la estrategia de supervivencia del gobernante.

Y es entonces cuando comienzan a desaparecer las líneas rojas.

Lo que ayer se consideraba inadmisible hoy se presenta como una necesidad democrática. Lo que ayer se rechazaba solemnemente hoy se justifica en nombre de la estabilidad. Los principios se flexibilizan, las promesas se reinterpretan y las contradicciones se envuelven en discursos destinados a convencer a los propios de que cualquier sacrificio merece la pena si evita una derrota.

El sanchismo ha hecho de esa elasticidad política una de sus principales señas de identidad.

No estamos hablando de que un presidente negocie con otras fuerzas políticas. La negociación es legítima y necesaria en cualquier democracia parlamentaria. Estamos hablando de algo distinto: de la impresión de que cualquier compromiso, cualquier rectificación y cualquier concesión pueden encontrar justificación cuando lo que está en juego es la continuidad del poder.

La pregunta ya no es qué necesita España, sino qué necesita Sánchez para seguir gobernando.

Y esa pregunta es demoledora.

Pero hay algo todavía más preocupante. El único programa electoral que parece sobrevivir a todas las contradicciones del sanchismo es, en esencia, uno: «Que no gobiernen los otros».

Un planteamiento que roza una concepción cuasi autocrática del poder, porque no se limita a combatir al adversario político, sino que lo despoja de su condición de legítimo competidor democrático. Se le cosifica, se le convierte en una amenaza y se le presenta no solo como enemigo propio, sino como enemigo de España.

De este modo, la alternancia deja de concebirse como una posibilidad legítima de la democracia para convertirse en una suerte de catástrofe nacional que debe evitarse a cualquier precio.

Cuando el adversario deja de ser alguien con quien competir y pasa a ser alguien a quien impedir gobernar, la política abandona el terreno de la confrontación democrática para adentrarse en una lógica de exclusión. Ya no se trata de convencer a los ciudadanos de que un proyecto es mejor que otro. Se trata de persuadirlos de que el otro proyecto no debería siquiera tener la oportunidad de gobernar.

Y esa es una deriva política muy seria.

Porque un Gobierno puede perder la confianza de una parte importante de la ciudadanía y seguir siendo legítimo. Puede atravesar crisis, cometer errores y enfrentarse a una oposición feroz. Lo que no debería hacer es confundir la legitimidad de su investidura con una autorización permanente para actuar sin límites políticos ni morales.

La democracia no es una propiedad privada del vencedor electoral.

Tampoco es un cheque en blanco que permita alterar el significado de las instituciones según las necesidades del momento. La mayoría parlamentaria sostiene al Ejecutivo, pero no convierte en virtuosa cualquier decisión. La legalidad no elimina la responsabilidad política, y la responsabilidad política no desaparece porque los socios de Gobierno decidan mantener su apoyo.

En esta lógica de supervivencia, la crítica se presenta como hostilidad; la fiscalización, como persecución; y la exigencia de explicaciones, como parte de una conspiración.

Es una forma de ejercer el poder que alimenta la polarización y deteriora la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Pero existe una paradoja que el sanchismo parece ignorar: cuanto más se aferra un gobernante al poder, más puede terminar debilitando aquello que le permitió alcanzarlo. La confianza pública, la credibilidad de las instituciones y la ejemplaridad no son adornos prescindibles. Son los cimientos de cualquier sistema democrático que aspire a perdurar.

La historia política española conoce demasiados ejemplos de dirigentes que confundieron su proyecto personal con el destino del país. Todos terminaron descubriendo, tarde o temprano, que el poder tiene fecha de caducidad, aunque quienes lo ejercen se resistan a admitirlo.

Pedro Sánchez puede seguir defendiendo que cada una de sus decisiones responde al interés general. Está en su derecho. Pero también los ciudadanos tienen derecho a preguntarse si ese interés general continúa siendo el verdadero motor de su Gobierno o si ha quedado subordinado a una estrategia cuyo objetivo esencial es evitar la salida de La Moncloa.

Esa es la cuestión que debería ocupar el centro del debate político.

No se trata de demonizar a un presidente ni de negar la legitimidad de quienes lo apoyan. Se trata de exigir que el poder conserve su naturaleza instrumental. Que gobernar no se convierta en una obsesión. Que las instituciones no sean utilizadas como prolongaciones de una estrategia partidista. Que los principios no sean mercancía de intercambio parlamentario.

Porque cuando un político considera que perder el poder es peor que sacrificar sus propios principios, el problema deja de ser exclusivamente suyo.

Se convierte en un problema para todos.

La Moncloa no es un destino vitalicio. Es una responsabilidad temporal. Y el verdadero valor de un gobernante no se mide por su capacidad para resistir en el cargo, sino por su disposición a respetar los límites que la democracia le impone.

El poder debería ser siempre un medio para servir.

Cuando se convierte en un fin, el ciudadano deja de ser el protagonista de la democracia y pasa a ser el espectador de una lucha por la supervivencia política.

Y entonces, la pregunta ya no es quién gobierna España.

La pregunta es para quién se gobierna.

Luis Faraco Roldán

LIBERTAD SIN MIEDO