Cuando el relato político necesita acomodar el pasado, los documentos históricos pueden convertirse en incómodos testigos de la realidad.
La historia tiene una virtud que algunos políticos parecen olvidar: no está obligada a coincidir con el relato de quienes pretenden utilizarla.
A lo largo del tiempo, numerosos personajes públicos han recurrido a sus antecedentes familiares, a sus genealogías políticas o a determinados episodios del pasado para construir una identidad moral desde la que justificar sus posiciones en el presente. No es un fenómeno nuevo. La utilización política de la memoria ha acompañado al poder desde mucho antes de que existiera la política moderna.
El problema comienza cuando la memoria deja de ser una reconstrucción personal y se convierte en una herramienta de legitimación política. Y resulta todavía más problemático cuando los documentos históricos contradicen el relato.
El caso de Pedro Sánchez y la historia de sus abuelos ofrece un ejemplo que merece una reflexión.
El 21 de julio de 2025, durante su intervención en la cumbre celebrada en Chile bajo el lema «Democracia Siempre», el presidente del Gobierno afirmó que sus cuatro abuelos habían vivido y muerto sin saber leer ni escribir. Añadió que aquella circunstancia había marcado su conciencia y contribuido a explicar su compromiso político con la educación.
Una historia familiar presentada como expresión de las privaciones sufridas por generaciones enteras de españoles.
Sin embargo, el 18 de noviembre de 2025, OKDIARIO publicó una documentación que introduce una contradicción muy significativa en ese relato.
Se trata de la hoja de filiación militar de Mateo Pérez-Castejón Díaz, abuelo materno de Pedro Sánchez, nacido en Lorca el 15 de octubre de 1921.
En el documento, cumplimentado durante su incorporación voluntaria al Ejército republicano, aparecen dos preguntas perfectamente diferenciadas: «¿Sabe leer?» y «¿Y escribir?». En ambas figura una respuesta afirmativa.
No estamos ante un recuerdo transmitido oralmente por un familiar ni ante una interpretación política posterior. Estamos ante un documento administrativo de carácter militar en el que el propio interesado declaró sus conocimientos de lectura y escritura.
La investigación periodística fue más allá de esta ficha y reconstruyó otros episodios de su trayectoria durante la Guerra Civil.
Según la documentación militar publicada, Mateo Pérez-Castejón había servido en el Ejército republicano, fue denunciado por deserción en el frente de Levante y, posteriormente, se incorporó voluntariamente a la Legión del Ejército de Franco. Su hoja de servicios recoge también distintas condecoraciones militares.
La documentación citada por el periódico procede, entre otros fondos, del Archivo General e Histórico de Defensa y del Archivo Intermedio Militar de Ceuta.
Conviene detenerse aquí. No se trata de juzgar a un hombre por haber servido en uno u otro ejército durante una guerra civil. Tampoco de convertir su trayectoria militar en una acusación hereditaria contra sus descendientes. Los actos de un abuelo no constituyen responsabilidad política de un nieto.
La cuestión es otra.
¿Por qué presentar una historia familiar como fundamento de una determinada legitimidad moral cuando existen documentos que obligan, como mínimo, a matizarla?
No estamos hablando de una cuestión trascendental. Saber leer y escribir no convierte a nadie en mejor o peor persona. Tampoco constituye motivo de orgullo o de vergüenza haber nacido en una familia alfabetizada o analfabeta en la España de principios del siglo XX.
Precisamente por eso la contradicción resulta interesante.
¿Qué necesidad existe de simplificar, adornar o presentar de una manera determinada circunstancias familiares que, por sí mismas, no tienen nada de deshonroso?
Y aquí aparece una cuestión de mayor alcance: la construcción retrospectiva de la legitimidad política.
Cuando un dirigente convierte la historia de sus antepasados en un argumento para explicar su compromiso ideológico, deja de hablar exclusivamente de su intimidad familiar. Está utilizando el pasado como parte de su identidad pública. Y, desde ese momento, ese relato también puede y debe ser contrastado.
La memoria y la historia no son conceptos intercambiables. La primera pertenece al ámbito de los recuerdos, las vivencias y las percepciones personales. La segunda exige fuentes, contraste, contextualización y método. La memoria puede ser selectiva; la investigación histórica tiene la obligación de examinar también aquello que incomoda.
No es casualidad que los regímenes políticos, los movimientos ideológicos y numerosos dirigentes hayan intentado apropiarse del pasado. Quien consigue imponer una determinada interpretación de la historia dispone también de una herramienta para condicionar la interpretación del presente.
De ahí la importancia de los archivos, de los documentos originales y de los historiadores. Su función no es proporcionar argumentos a una causa política, sino someter las afirmaciones al contraste con las fuentes.
Y hay otra consideración que no debería pasar inadvertida.
Si un documento administrativo de hace casi noventa años puede introducir una contradicción en una afirmación pública relativamente reciente, ¿cuántas otras simplificaciones del pasado habremos aceptado sin preguntarnos por su fundamento?
No podemos afirmar, sin pruebas, que Pedro Sánchez conociera esta ficha cuando habló de sus abuelos, ni que hubiera decidido conscientemente falsear la historia familiar. Pero sí podemos exigir una explicación sobre la discrepancia y reclamar coherencia entre el relato público y la documentación disponible.
Por lo demás, el episodio permite recordar algo que debería ser elemental: la historia de España no es propiedad de ningún partido, ni de ninguna generación política, ni de quienes pretenden establecer qué recuerdos merecen ser conservados y cuáles deben quedar fuera del relato oficial.
La historia no necesita ser rehabilitada por los políticos. Necesita que los políticos dejen de utilizarla como instrumento de legitimación.
Porque, al final, por lo poco se conoce lo mucho.
Y cuando alguien necesita acomodar incluso los pequeños detalles de su pasado para construir una determinada imagen moral en el presente, la pregunta ya no se limita a esos detalles. Afecta a la credibilidad de quien construye el relato.
La historia no está para proporcionar coartadas morales a quienes gobiernan. Está para recordarles que ni siquiera el poder puede cambiar lo que realmente ocurrió.
Luis Faraco Roldán.
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