El Tribunal Supremo no está retirando nacionalidades: está pidiendo saber cuántos nuevos electores llegaron al CERA acreditando el exilio y cuántos lo hicieron al amparo de la presunción introducida por Justicia en 2022
Hay preguntas que un Gobierno debería agradecer.
Sobre todo cuando la respuesta puede demostrar que ha actuado correctamente.
Una de ellas es la que ahora plantea el Tribunal Supremo respecto de la llamada Ley de Nietos: ¿cuántas personas han entrado en el censo electoral exterior como consecuencia de esta norma y, sobre todo, cuántas lo hicieron acreditando efectivamente su condición de descendientes de exiliados y cuántas se beneficiaron de la presunción establecida posteriormente por el Ministerio de Justicia?
No es una pregunta menor.
La Junta Electoral Central ya ha acordado ejecutar las medidas cautelares dictadas por el Supremo y ha solicitado información a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares para verificar el vínculo con el exilio de quienes obtuvieron la nacionalidad por esta vía.
Y aquí está la cuestión que conviene explicar con claridad.
El Supremo no está anulando la nacionalidad española de nadie.
Está suspendiendo cautelarmente determinados efectos electorales mientras examina si la aplicación administrativa de la norma se ajustó a la ley. Quienes acrediten su condición de descendientes de españoles exiliados quedan fuera de esa suspensión.
Entonces, ¿qué es exactamente lo que quiere comprobar el Supremo?
La respuesta está en el propio origen de la polémica.
La disposición adicional octava de la Ley 20/2022 estableció que podían optar a la nacionalidad determinados descendientes de españoles de origen cuyos padres o abuelos hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual y, como consecuencia del exilio, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.
Pero apenas unos días después de la entrada en vigor de la ley, el Ministerio de Justicia aprobó una instrucción para desarrollar su aplicación.
Y ahí aparece el elemento esencial de esta historia.
La instrucción estableció que se presumiría la condición de exiliado de quienes hubieran salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, siempre que se acreditara documentalmente la salida.
No estamos diciendo que aquella interpretación sea ilegal. Eso tendrá que determinarlo la Justicia.
Pero sí estamos ante una diferencia interpretativa sustancial: la ley hablaba de exilio y la instrucción estableció una presunción de exilio para quienes hubieran salido de España durante un determinado periodo.
Y ahora el Supremo quiere conocer las consecuencias que tuvo aquella interpretación.
Y LAS CIFRAS SON ENORMES.
Más de 400.000 españoles han obtenido la nacionalidad a través de esta vía, según los datos difundidos en relación con el procedimiento judicial. A 31 de mayo de 2026, más de 333.000 ya figuraban inscritos en el CERA por esta vía.
Estamos hablando, por tanto, de una transformación de enorme dimensión del censo electoral exterior.
Y precisamente por eso el Supremo quiere saber quiénes son, cómo obtuvieron la nacionalidad y bajo qué supuesto fueron incorporados al censo.
La Junta Electoral Central ha comenzado ya a ejecutar ese mandato.
No está haciendo política. Está cumpliendo una resolución judicial.
¿POR QUÉ TANTA AGRESIVIDAD?
Aquí es donde la cuestión jurídica se convierte en cuestión política.
Porque la respuesta del Gobierno no se ha limitado a defender jurídicamente su interpretación de la ley.
El ministro Óscar López calificó el auto del Supremo de «salvajada» y «atropello democrático» y acusó a determinados jueces de actuar como «salvapatrias» y de estar empeñados en «tumbar al Gobierno».
Y entonces surge inevitablemente la pregunta:
Si el Gobierno está convencido de que la aplicación de la Ley de Nietos fue absolutamente legal, ¿qué debería temer de que el Tribunal Supremo quiera conocer los datos?
Si los datos demuestran que todos los nuevos electores cumplen los requisitos legales, esos mismos datos serán la mejor defensa del Gobierno.
Si la instrucción de 2022 fue una interpretación legítima de la voluntad del legislador, que se demuestre.
Si quienes obtuvieron la nacionalidad mediante aquella presunción reunían los requisitos exigidos, que se acredite.
Si el extraordinario crecimiento del CERA responde exclusivamente a ciudadanos que tenían derecho a incorporarse al censo, que se explique.
¿Dónde está entonces el problema de que el Supremo quiera comprobarlo?
Porque el Supremo no ha pedido al Gobierno que reconozca ninguna ilegalidad.
Ha pedido datos.
Y los datos, en democracia, no deberían ser peligrosos para nadie.
LA PREGUNTA INCÓMODA.
Hay además un antecedente que no podemos olvidar.
En octubre de 2022, apenas cinco días después de publicarse la primera instrucción sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, Justicia aprobó una segunda instrucción que desarrolló una interpretación más amplia de sus supuestos.
Aquello ya provocó desconcierto en algunos registros civiles, como documentó entonces ABC.
Cuatro años después, el Supremo quiere saber qué efectos tuvo aquella interpretación sobre el censo electoral exterior.
La JEC ya ha puesto en marcha el procedimiento para averiguarlo.
Y mientras tanto, desde el Gobierno se lanzan durísimas descalificaciones contra el tribunal.
Por eso la pregunta que da título a este artículo no es una acusación.
Es una pregunta.
Si el Gobierno está tan seguro de la legalidad de todas sus actuaciones en la Ley de Nietos, ¿por qué está tan nervioso y agresivo con las investigaciones del Tribunal Supremo?
Que hablen los datos.
Que se conozca cuántos son.
Que se sepa cómo obtuvieron la nacionalidad.
Que se determine cuántos fueron incorporados al CERA.
Que se compruebe bajo qué supuesto accedieron a ella.
Y que finalmente sean los tribunales quienes digan si la Administración actuó conforme a la ley.
Como escribió Antonio Machado:
«¿Tu verdad? No, la Verdad.
Y ven conmigo a buscarla.
La tuya, guárdatela.»
Quizá eso sea exactamente lo que necesitamos ahora: menos consignas y más datos; menos descalificaciones y más verdad.
Porque en un Estado de Derecho, un Gobierno no debería temer que un tribunal revise sus actuaciones.
Y mucho menos debería convertir esa revisión en una guerra contra los jueces.
Si todo se hizo legalmente, la investigación del Supremo no debería ser una amenaza para el Gobierno. Debería ser su mejor oportunidad para demostrar que tenía razón.
Y si alguien tiene miedo de que se conozcan los datos, quizá la pregunta no sea qué está haciendo el Supremo, sino qué pueden terminar demostrando esos datos.
Luis Faraco Roldán
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